Tuesday, July 15, 2025

Juez señala que agentes de inmigración deben detener “patrullajes itinerantes” que han cambiado el sur de California

Un juez federal de Los Ángeles otorgó el pasado viernes una orden de restricción temporal contra la agresiva redada de los agentes de inmigración. Foto: Bay City News
Un juez federal de Los Ángeles otorgó el pasado viernes una orden de restricción temporal contra la agresiva redada de los agentes de inmigración. Foto: Bay City News

Por Wendy Fry y Sergio Olmos. CalMatters. Peninsula 360 Press.

Un juez federal de Los Ángeles otorgó el pasado viernes una orden de restricción temporal contra la agresiva redada migratoria de un mes de duración llevada a cabo por el gobierno federal en el sur de California.

Una coalición de agencias de derechos civiles, derechos de los inmigrantes y del gobierno local solicitó la orden, argumentando que las redadas han violado las protecciones constitucionales contra registros e incautaciones irrazonables al realizar detenciones sin orden judicial a personas que simplemente parecen ser latinas, y los derechos del debido proceso para acceder a un abogado en la detención de inmigrantes, donde dicen que los detenidos enfrentan “condiciones similares a las de una mazmorra”.

En una orden de 52 páginas emitida el viernes por la noche, la jueza federal de distrito Maame Ewusi-Mensah Frimpong escribió que las dos preguntas ante el tribunal eran si era probable que los demandantes lograran demostrar que el gobierno “está realizando patrullas itinerantes sin sospecha razonable y negando el acceso a abogados” y “¿qué se debe hacer al respecto?”.

El fallo podría tener implicaciones de gran alcance para los planes de deportación masiva de la administración Trump. 

Durante el último mes, agentes de inmigración fuertemente armados, a menudo con máscaras y uniformes de combate, han estado deteniendo agresivamente a inmigrantes y ciudadanos estadounidenses en tiendas Home Depot, lavaderos de autos y mercados latinos de Los Ángeles. Trump y otros líderes han prometido implementar redadas similares en otras ciudades importantes de Estados Unidos.

Frimpong escribió: “Las personas y organizaciones que han interpuesto esta demanda han presentado una solicitud bastante modesta: que este tribunal ordene al gobierno federal que cese”. Frimpong escribió: “El tribunal concede su solicitud”.

La orden prohíbe a los agentes federales realizar detenciones en el distrito a menos que tengan una “sospecha razonable” de que la persona detenida está infringiendo la ley de inmigración de Estados Unidos. 

La orden prohíbe a los agentes basarse únicamente en cuatro factores, ya sea individualmente o en combinación, que incluyen: raza o etnia aparente, hablar español o inglés con acento, presencia en un lugar específico (por ejemplo, parada de autobús, lavadero de autos, depósito de grúas, punto de recogida de jornaleros, sitio agrícola, etc.) y el tipo de trabajo que realiza.

“Sin importar el color de su piel, el idioma que hablen o dónde trabajen, todos tienen garantizados los derechos constitucionales que los protegen de detenciones ilegales”, declaró Mohammad Tajsar, abogado principal de la Fundación ACLU del Sur de California. 

“Si bien no hace falta un juez federal para reconocer que bandas de matones enmascarados y armados con rifles han estado violando los derechos de la gente común en todo el sur de California, esperamos que el fallo de hoy sea un paso hacia la rendición de cuentas por la flagrante ilegalidad del gobierno federal que todos hemos presenciado”. Agregó.

Un segundo fallo ordena al gobierno federal permitir que los inmigrantes que han sido detenidos tengan acceso a un abogado, y reitera preocupaciones sobre las condiciones en las que han sido detenidos.

“Hay personas… recluidas en pequeñas habitaciones sin ventanas junto con docenas o más de detenidos en espacios reducidos. Además, se les priva sistemáticamente de alimentos, y a algunos ni siquiera se les ha dado agua, salvo la que sale del lavabo y el inodoro de la sala de detención colectiva”, indica la orden.

“¿Es ilegal impedir que las personas tengan acceso a abogados que puedan ayudarlas en un tribunal de inmigración? Sí, lo es”, escribió el juez, describiendo un incidente en el que agentes federales utilizaron agentes químicos contra familiares, abogados y representantes que buscaban acceder a personas detenidas.

En un sótano destinado únicamente al procesamiento temporal de inmigrantes, se ha retenido a personas durante largos periodos sin acceso a la atención médica ni a los medicamentos necesarios. “El centro no puede proporcionar a las detenidas la higiene básica; las personas que menstrúan han tenido que esperar largos periodos antes de recibir toallas sanitarias, si es que las reciben”, escribió Frimpong.

En una audiencia judicial celebrada el jueves sobre la orden, los abogados del Departamento de Seguridad Nacional argumentaron que los demandantes debían presentar una fianza de 30 millones de dólares para financiar la capacitación de los agentes y cumplir con la orden judicial. Frimpong denegó la solicitud, argumentando que su orden de alejamiento “no exige ninguna desviación de la capacitación ni de las políticas aparentemente vigentes, sino el cumplimiento de la ley vigente”.

La denuncia, presentada por la ACLU y una serie de otros grupos de derechos humanos, calificó las redadas como una “redada antimigratoria” inconstitucional, impulsada por cuotas de arrestos en lugar de una causa probable o evidencia creíble.

La Patrulla Fronteriza llevó a cabo un operativo similar, aunque de menor escala, en el condado de Kern en enero. Agentes de la Patrulla arrestaron a trabajadores agrícolas y jornaleros tras pinchar neumáticos, romper ventanas, sacar a personas de sus vehículos y tirar a una abuela al suelo. Un juez federal también suspendió el operativo por motivos similares.

En respuesta a esa demanda, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que volvería a capacitar a unos 900 agentes de la Patrulla Fronteriza sobre la Constitución y el cumplimiento de la Cuarta Enmienda.

Las redadas en el área de Los Ángeles comenzaron hace más de un mes, con agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional ejecutando órdenes de arresto en la fábrica y tienda de Ambiance Apparel el 6 de junio; decenas de personas fueron detenidas. Desde entonces, el DHS afirma haber arrestado a 2792 inmigrantes no autorizados en el área de Los Ángeles.

Esas redadas se tornaron mortales el viernes cuando un trabajador agrícola cayó varios pisos desde un invernadero durante una operación a gran escala del jueves en una granja de marihuana en Camarillo, según United Farm Workers.

“Los trabajadores agrícolas se levantan antes del amanecer para alimentar a este país; no hay trabajo más digno”, dijo Teresa Romero, presidenta de la Unión de Trabajadores Agrícolas. “Nadie debería ser objeto de discriminación, perfil ni aterrorizado por ser moreno y trabajar duro. Nos complace que el tribunal haya reconocido lo que está en juego: el derecho fundamental a vivir y trabajar sin miedo. Seguiremos luchando hasta que ese derecho esté plenamente protegido para todos los trabajadores agrícolas”.

La ACLU y Public Counsel presentaron la demanda en nombre de varios inmigrantes arrestados en paradas de autobús del área de Los Ángeles y dos ciudadanos estadounidenses que también fueron atrapados en lo que los demandantes argumentan que fueron “redadas indiscriminadas”.

El gobierno federal argumenta que los agentes están realizando operativos altamente selectivos, lo que indica que están arrestando a personas específicas. El líder del operativo de Los Ángeles, el Jefe del Sector de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, hizo la misma afirmación sobre el operativo del Condado de Kern, que él dirigió. Sin embargo, documentos de la Patrulla Fronteriza demostraron posteriormente que no tenía antecedentes de 77 de las 78 personas arrestadas.

La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, continuó planteando el mismo argumento en respuesta a la decisión del juez.

“Un juez de distrito está socavando la voluntad del pueblo estadounidense”, dijo. “Los valientes hombres y mujeres de Estados Unidos están expulsando a asesinos, pandilleros de la MS-13, pedófilos, violadores; sin duda, lo peor de lo peor de las comunidades del Estado Dorado”.

El fallo no impide que el gobierno federal obtenga órdenes de allanamiento ni continúe con los allanamientos en lugares de trabajo. Se espera una audiencia en las próximas semanas para determinar si la orden de restricción temporal debe extenderse a una medida cautelar.

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