Los Servicios de Salud Correccional del Condado de San Mateo prevén un ahorro de aproximadamente 2 millones de dólares anuales en costos de atención médica en cárceles gracias a su participación en el programa CalAIM.
Los Servicios de Salud Correccional del Condado de San Mateo prevén un ahorro de aproximadamente 2 millones de dólares anuales en costos de atención médica para personas encarceladas, gracias a su participación en el programa estatal California Advancing and Innovating Medi-Cal (CalAIM).
Esta iniciativa, lanzada en 2022 por el Departamento de Servicios de Atención Médica de California, busca mejorar el acceso a la salud para beneficiarios de Medi-Cal y reducir la carga financiera en los gobiernos locales.
Actualmente, el condado cubre el costo total de la atención médica para las personas privadas de libertad en sus instalaciones, recibiendo reembolsos limitados solo en casos de hospitalizaciones que superan las 24 horas. Sin embargo, con la incorporación de CalAIM, se ampliarán los reembolsos por servicios médicos prestados a adultos elegibles para Medi-Cal mientras se encuentran encarcelados.
Los dos centros penitenciarios del condado atienden a unos 1,000 pacientes diariamente, y cerca del 46 por ciento de ellos calificarán para estos nuevos reembolsos. El costo promedio por paciente asciende a mil 100 dólares, mientras que el gasto en medicamentos oscila entre los 500 y 900 dólares por persona.
Con los ahorros generados, el condado planea reinvertir en personal clínico y administrativo para mejorar la atención médica dentro de las cárceles.
“La iniciativa CalAIM es un paso significativo para garantizar que las personas encarceladas reciban la atención médica que necesitan, a la vez que reduce la carga financiera de los gobiernos locales”, declaró Michael del Rosario, director de Servicios de Salud Correccional.
“Estos ahorros proyectados nos permitirán invertir en personal adicional, lo que, en última instancia, mejorará la calidad y la continuidad de la atención”.
Una de las piezas clave del programa es la Iniciativa de Reingreso con Participación Judicial, que permitirá brindar servicios médicos y de salud mental durante los 90 días previos a la liberación de personas encarceladas. Esta medida busca asegurar la continuidad del tratamiento en un periodo crítico, cuando los riesgos de recaída, reincidencia o uso de servicios de emergencia suelen aumentar.
Además, equipos como el de Tratamiento Médico Integrado Asistido (IMAT) del Departamento de Servicios de Salud Conductual y Recuperación (BHRS, por sus siglas en inglés) trabajarán de forma anticipada con personas próximas a salir de prisión para ofrecerles apoyo en su proceso de recuperación.
San Mateo se suma así a otros condados de California en la implementación de CalAIM, una estrategia que busca cerrar las brechas de atención médica y conductual para las personas encarceladas, al tiempo que promueve la equidad y eficiencia en los servicios de salud pública.
Ley Visible, una iniciativa que impulsa el senador de California Alex Padilla, la cual exige que los funcionarios de inmigración muestren una identificación, además de que prohíbe que se cubran la cara sin fines médicos.
El senador de California, Alex Padilla, orgulloso hijo de inmigrantes mexicanos, ha presentado la “Ley Visible”, la cual exige que los funcionarios de inmigración muestren una identificación, además de que prohíbe que se cubran la cara sin fines médicos, pues las comunidades se han mostrado preocupadas por la falta de control y legalidad en los procesos de detención.
The One Big, Beautiful Bill “añade 170 mil millones de dólares adicionales al presupuesto para la agenda de deportaciones masivas de Trump, una intensificación de su campaña de terror”, dijo el senador Alex Padilla durante una sesión informativa realizada por American Community Media (ACoM).
“Estamos enfrentando recortes drásticos en el presupuesto, es preocupante, pues tenemos un billón de dólares recortados a Medicaid, 17 millones de estadounidenses se quedarán sin cobertura médica; pero también se pierde el progreso histórico que logramos en la transición hacia la energía limpia”, destacó Padilla.
A ello, agregó que el único rubro del presupuesto que registró verdaderas inversiones fue el del Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). “Así que están preparando el terreno para algo más que una continuación”.
Ante este panorama, el senador de California se ha mostrado preocupado por la comunidad y pide que se mantengan unidos e informados: “cuando hablamos de la comunidad inmigrante, la gente asume que son todos latinos, pero no, conozco muy bien a la comunidad inmigrante de California y es muy diversa, hay mucha gente de países asiáticos, africanos, europeos, literalmente de todo el mundo”.
“Una de las razones por las que presenté la Ley Visible, es porque se han reportado casos, no solo en California, sino en todo el país, de personas que se hacen pasar por agentes del ICE, lo cual es muy fácil de hacer cuando no están obligados a identificarse. Los casos que hemos visto son de secuestro, robo y hurto”.
Padilla agregó: “el riesgo de que ocurran este tipo de cosas aumenta cuando no existen medidas de rendición de cuentas para las fuerzas del orden. Y lo que pedimos con la Ley Visible no es nada nuevo”.
“Seguiré haciendo todo lo posible para que esta administración rinda cuentas, por eso presenté, la Ley Visible, para exigir a los agentes de inmigración identificarse y prohibir el uso de mascarillas no médicas, porque nadie debería tener que despertarse una mañana y temer a que los estén secuestrando unos enmascarados”, puntualizó el senador.
El senador Alex Padilla, fue detenido durante una conferencia de prensa en Los Ángeles
Sumado a eso, compartió su experiencia al ser detenido al tratar de hacer una pregunta en una conferencia de prensa en Los Ángeles: “No solo me obligaron a salir de la habitación, me arrestaron y esposaron sin ninguna explicación”.
“No me sorprende que la administración Trump haya decidido mentir sobre lo sucedido, pero afortunadamente hubo un video que todos pudieron ver por sí mismos”, continuó.
Ante la pregunta: ¿Es posible realizar futuros cambios en el Senado y Congreso? Padilla contestó que sí, pero hasta el próximo año: “si podemos conseguir una mayoría demócrata, entonces podremos hacer que los presupuestos del futuro año fiscal sean muy, muy diferentes”.
Padilla menconó que parte del desafío de este año, no es sólo lo que Donald Trump está o no haciendo, también es la falta de republicanos en el Congreso para hacer su trabajo con igualdad de poderes y exigir responsabilidades a esta Administración.
Ante las detenciones y las personas desaparecidas por los operativos del ICE, comentó que es importante informar y no perder la fe, así como seguir comunicando.
El senador de California aseguró que buscará la oportunidad de visitar algún centro de detención, pues es importante asegurarse de que las instalaciones cumplan con los estándares requeridos y ver si cuentan con las condiciones necesarias.
“Si, planeo visitarlos para garantizar que todo lo que está sucediendo cumpla con la ley federal y los estándares federales”.
Finalmente reiteró: “Conozcan sus derechos. Independientemente de su estatus migratorio, todos tienen derecho al debido proceso en Estados Unidos. Esta administración ha tratado de no respetar esos derechos y como parte de nuestro trabajo es exigirle cuentas”.
“Es necesario recordarle a la gente que existen muchas organizaciones de defensa que brindan apoyo y asesoramiento legal, no podemos perder la fe, vale la pena luchar por este país y nuestra democracia, por eso hago lo que hago”, puntualizó el Senador.
Corpus refutó firmemente la idea de poner a un sargento en licencia indebidamente o como algún tipo de represalia, calificando tales sugerencias de “claramente falsas”. Foto: Bay City News
By Kiley Russell. Bay City News. Peninsula 360 Press.
Un sargento veterano de la Oficina del Sheriff del Condado de San Mateo, que es testigo en los procedimientos contra la Sheriff Christina Corpus, ha sido puesto en licencia administrativa, según el abogado del sargento.
El sargento Joe Fava fue puesto bajo licencia sin explicación la semana pasada, según el abogado Charles Stone.
“Como sabemos, la sargento Fava fue identificada recientemente como testigo clave en el proceso de destitución contra el sheriff Corpus debido a que sus propios abogados no presentaron documentos confidenciales ante el tribunal”, declaró Stone el lunes.
“Dada esa reciente revelación, sé que a mucha gente le parece interesante, como mínimo, el momento en que se tomó esta decisión sobre la licencia administrativa”, dijo Stone.
El lunes, Corpus refutó firmemente la idea de que Fava fue puesto en licencia indebidamente o como algún tipo de represalia, calificando tales sugerencias de “claramente falsas”.
El último giro en la saga de acusaciones y contrademandas que involucran a Corpus comenzó a fines de junio, cuando varios documentos que se suponía debían permanecer confidenciales fueron presentados públicamente en el Tribunal Superior del Condado de San Mateo por los abogados de Corpus.
Uno de esos documentos es un informe derivado de una investigación independiente del bufete de abogados Keker, Van Nest & Peters que alega que existen motivos para destituir a Corpus de su cargo basándose en múltiples factores, incluido el testimonio de Fava.
El lunes, la Organización de Sargentos del Sheriff del Condado de San Mateo dijo que estaba preocupada de que la decisión de poner a Fava en licencia estuviera relacionada con su papel en el informe Keker.
“Como colaborador clave en la investigación de Keker, ayudó a revelar graves violaciones de la política, incluyendo represalias y nepotismo”, declararon funcionarios de la OSS en un comunicado de prensa. “Sin transparencia, esta decisión parece reflejar un patrón más amplio de represalias contra quienes denuncian”.
Corpus dijo en un comunicado de prensa el lunes que tales afirmaciones son parte de un patrón más amplio que involucra a sus críticos que utilizan “la prensa o las quejas internas al servicio de agendas políticas”.
“El Sargento Fava no fue puesto en licencia por ningún motivo indebido ni como represalia. Su licencia administrativa temporal no tiene ninguna relación con los comentarios ni la cooperación que haya brindado en el informe Keker”, declaró Corpus. “Cualquier sugerencia en contrario es irresponsable e imprudente, y socava la integridad de los procesos de asuntos internos que rigen a todo el personal de seguridad pública”.
Corpus ha sido acusada de abuso de poder, represalias, uso de insultos raciales y homofóbicos, nepotismo y colocar a su jefe de gabinete -supuestamente su pareja romántica- en un puesto bien remunerado.
En marzo, los votantes aprobaron la Medida A, que modifica la carta constitutiva del condado para otorgar a la Junta de Supervisores de San Mateo la facultad de destituir a la sheriff con causa justificada mediante una votación por mayoría cualificada. En junio, la junta aceptó por unanimidad la recomendación del director de Libertad Condicional, John Keene, de destituirla, lo que marcó la primera aplicación de esta disposición en la historia de California.
Corpus también es objeto de una investigación del Gran Jurado Civil del Condado de San Mateo, que la acusa de tener un conflicto de intereses relacionado con la contratación y supervisión del ex director ejecutivo de administración de su departamento, Victor Aenlle.
El gran jurado también acusó a Corpus de tres cargos de represalia, relacionados con el despido del ex asistente del sheriff Ryan Monaghan, el traslado del capitán Brian Philip y el arresto del agente Carlos Tapia, presidente de la asociación de ayudantes del sheriff.
Corpus ha negado haber actuado mal, ha calificado las acusaciones en su contra de motivaciones políticas, ha demandado al condado y ha prometido luchar mediante apelaciones.
Un juez federal de Los Ángeles otorgó el pasado viernes una orden de restricción temporal contra la agresiva redada de los agentes de inmigración. Foto: Bay City News
Por Wendy Fry y Sergio Olmos. CalMatters. Peninsula 360 Press.
Un juez federal de Los Ángeles otorgó el pasado viernes una orden de restricción temporal contra la agresiva redada migratoria de un mes de duración llevada a cabo por el gobierno federal en el sur de California.
Una coalición de agencias de derechos civiles, derechos de los inmigrantes y del gobierno local solicitó la orden, argumentando que las redadas han violado las protecciones constitucionales contra registros e incautaciones irrazonables al realizar detenciones sin orden judicial a personas que simplemente parecen ser latinas, y los derechos del debido proceso para acceder a un abogado en la detención de inmigrantes, donde dicen que los detenidos enfrentan “condiciones similares a las de una mazmorra”.
En una orden de 52 páginas emitida el viernes por la noche, la jueza federal de distrito Maame Ewusi-Mensah Frimpong escribió que las dos preguntas ante el tribunal eran si era probable que los demandantes lograran demostrar que el gobierno “está realizando patrullas itinerantes sin sospecha razonable y negando el acceso a abogados” y “¿qué se debe hacer al respecto?”.
El fallo podría tener implicaciones de gran alcance para los planes de deportación masiva de la administración Trump.
Durante el último mes, agentes de inmigración fuertemente armados, a menudo con máscaras y uniformes de combate, han estado deteniendo agresivamente a inmigrantes y ciudadanos estadounidenses en tiendas Home Depot, lavaderos de autos y mercados latinos de Los Ángeles. Trump y otros líderes han prometido implementar redadas similares en otras ciudades importantes de Estados Unidos.
Frimpong escribió: “Las personas y organizaciones que han interpuesto esta demanda han presentado una solicitud bastante modesta: que este tribunal ordene al gobierno federal que cese”. Frimpong escribió: “El tribunal concede su solicitud”.
La orden prohíbe a los agentes federales realizar detenciones en el distrito a menos que tengan una “sospecha razonable” de que la persona detenida está infringiendo la ley de inmigración de Estados Unidos.
La orden prohíbe a los agentes basarse únicamente en cuatro factores, ya sea individualmente o en combinación, que incluyen: raza o etnia aparente, hablar español o inglés con acento, presencia en un lugar específico (por ejemplo, parada de autobús, lavadero de autos, depósito de grúas, punto de recogida de jornaleros, sitio agrícola, etc.) y el tipo de trabajo que realiza.
“Sin importar el color de su piel, el idioma que hablen o dónde trabajen, todos tienen garantizados los derechos constitucionales que los protegen de detenciones ilegales”, declaró Mohammad Tajsar, abogado principal de la Fundación ACLU del Sur de California.
“Si bien no hace falta un juez federal para reconocer que bandas de matones enmascarados y armados con rifles han estado violando los derechos de la gente común en todo el sur de California, esperamos que el fallo de hoy sea un paso hacia la rendición de cuentas por la flagrante ilegalidad del gobierno federal que todos hemos presenciado”. Agregó.
Un segundo fallo ordena al gobierno federal permitir que los inmigrantes que han sido detenidos tengan acceso a un abogado, y reitera preocupaciones sobre las condiciones en las que han sido detenidos.
“Hay personas… recluidas en pequeñas habitaciones sin ventanas junto con docenas o más de detenidos en espacios reducidos. Además, se les priva sistemáticamente de alimentos, y a algunos ni siquiera se les ha dado agua, salvo la que sale del lavabo y el inodoro de la sala de detención colectiva”, indica la orden.
“¿Es ilegal impedir que las personas tengan acceso a abogados que puedan ayudarlas en un tribunal de inmigración? Sí, lo es”, escribió el juez, describiendo un incidente en el que agentes federales utilizaron agentes químicos contra familiares, abogados y representantes que buscaban acceder a personas detenidas.
En un sótano destinado únicamente al procesamiento temporal de inmigrantes, se ha retenido a personas durante largos periodos sin acceso a la atención médica ni a los medicamentos necesarios. “El centro no puede proporcionar a las detenidas la higiene básica; las personas que menstrúan han tenido que esperar largos periodos antes de recibir toallas sanitarias, si es que las reciben”, escribió Frimpong.
En una audiencia judicial celebrada el jueves sobre la orden, los abogados del Departamento de Seguridad Nacional argumentaron que los demandantes debían presentar una fianza de 30 millones de dólares para financiar la capacitación de los agentes y cumplir con la orden judicial. Frimpong denegó la solicitud, argumentando que su orden de alejamiento “no exige ninguna desviación de la capacitación ni de las políticas aparentemente vigentes, sino el cumplimiento de la ley vigente”.
La denuncia, presentada por la ACLU y una serie de otros grupos de derechos humanos, calificó las redadas como una “redada antimigratoria” inconstitucional, impulsada por cuotas de arrestos en lugar de una causa probable o evidencia creíble.
La Patrulla Fronteriza llevó a cabo un operativo similar, aunque de menor escala, en el condado de Kern en enero. Agentes de la Patrulla arrestaron a trabajadores agrícolas y jornaleros tras pinchar neumáticos, romper ventanas, sacar a personas de sus vehículos y tirar a una abuela al suelo. Un juez federal también suspendió el operativo por motivos similares.
En respuesta a esa demanda, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que volvería a capacitar a unos 900 agentes de la Patrulla Fronteriza sobre la Constitución y el cumplimiento de la Cuarta Enmienda.
Las redadas en el área de Los Ángeles comenzaron hace más de un mes, con agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional ejecutando órdenes de arresto en la fábrica y tienda de Ambiance Apparel el 6 de junio; decenas de personas fueron detenidas. Desde entonces, el DHS afirma haber arrestado a 2792 inmigrantes no autorizados en el área de Los Ángeles.
Esas redadas se tornaron mortales el viernes cuando un trabajador agrícola cayó varios pisos desde un invernadero durante una operación a gran escala del jueves en una granja de marihuana en Camarillo, según United Farm Workers.
“Los trabajadores agrícolas se levantan antes del amanecer para alimentar a este país; no hay trabajo más digno”, dijo Teresa Romero, presidenta de la Unión de Trabajadores Agrícolas. “Nadie debería ser objeto de discriminación, perfil ni aterrorizado por ser moreno y trabajar duro. Nos complace que el tribunal haya reconocido lo que está en juego: el derecho fundamental a vivir y trabajar sin miedo. Seguiremos luchando hasta que ese derecho esté plenamente protegido para todos los trabajadores agrícolas”.
La ACLU y Public Counsel presentaron la demanda en nombre de varios inmigrantes arrestados en paradas de autobús del área de Los Ángeles y dos ciudadanos estadounidenses que también fueron atrapados en lo que los demandantes argumentan que fueron “redadas indiscriminadas”.
El gobierno federal argumenta que los agentes están realizando operativos altamente selectivos, lo que indica que están arrestando a personas específicas. El líder del operativo de Los Ángeles, el Jefe del Sector de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, hizo la misma afirmación sobre el operativo del Condado de Kern, que él dirigió. Sin embargo, documentos de la Patrulla Fronteriza demostraron posteriormente que no tenía antecedentes de 77 de las 78 personas arrestadas.
La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, continuó planteando el mismo argumento en respuesta a la decisión del juez.
“Un juez de distrito está socavando la voluntad del pueblo estadounidense”, dijo. “Los valientes hombres y mujeres de Estados Unidos están expulsando a asesinos, pandilleros de la MS-13, pedófilos, violadores; sin duda, lo peor de lo peor de las comunidades del Estado Dorado”.
El fallo no impide que el gobierno federal obtenga órdenes de allanamiento ni continúe con los allanamientos en lugares de trabajo. Se espera una audiencia en las próximas semanas para determinar si la orden de restricción temporal debe extenderse a una medida cautelar.
Fiscales del condado de Alameda presentaron cargos contra un hombre acusado de un crimen de odio en una estación de BART, informó este lunes la Oficina del Fiscal de Distrito.
Michael Sprague, de 45 años, presuntamente blandió un arma contra un pasajero de BART que esperaba un tren en Fremont el jueves y le dijo a la persona que “regresara a su país”.
La denuncia contra Sprague contiene un agravante de delito de odio, alegando que cometió el delito debido a las “características reales y percibidas de la víctima con respecto a la raza y la etnia” y que supuestamente lo hizo de manera “grosera, enojada o amenazante”.
La comparecencia de Sprague fue programada para el martes en el East County Hall of Justice en Dublín.
El fiscal general de California, Rob Bonta, presentó una demanda contra la administración del presidente Trump por congelar fondos educativos federales.
California Attorney General, Rob Bonta, presentó una demanda contra la administración del presidente Donald Trump por la decisión de congelar, de forma abrupta e inconstitucional, miles de millones de dólares en subvenciones educativas federales, a pocas semanas del inicio del ciclo escolar 2025-2026.
Según la demanda, el Departamento de Educación de EE. UU. bloqueó la entrega de fondos correspondientes a seis programas clave de educación, afectando solo en California un estimado de 939 millones de dólares.
La medida amenaza con paralizar programas esenciales como clases de verano, apoyo a estudiantes migrantes y de inglés, capacitación docente y acceso a tecnología en las aulas.
“Sin ton ni son, la Administración Trump congeló abruptamente miles de millones de dólares en fondos para la educación tan solo unas semanas antes del inicio del año escolar”, declaró Bonta. “Al hacerlo, ha puesto en peligro programas fundamentales para la formación de millones de estudiantes. Esta decisión es manifiestamente ilegal y confiamos en que el tribunal así lo determinará”.
La demanda fue presentada en coordinación con una coalición de 23 fiscales generales y dos estados, incluidos Colorado, Massachusetts, Rhode Island, Kentucky y Pensilvania. Argumentan que la congelación de fondos viola leyes federales como la Ley Antideficiencia, la Ley de Control de Embargos, la Ley de Procedimientos Administrativos, y contraviene principios constitucionales como la separación de poderes y la Cláusula de Presentación.
Durante décadas, estos fondos han sido utilizados por los estados para financiar programas educativos dirigidos a poblaciones vulnerables, mejorar la infraestructura escolar y ofrecer servicios extracurriculares.
Legalmente, el Departamento de Educación debía liberar un 25 por ciento de los fondos el 1 de julio, como ha ocurrido en años anteriores. Sin embargo, el 30 de junio de 2025, notificó a los estados que no obligaría los recursos.
La suspensión ha provocado caos inmediato. Las autoridades escolares ya habían aprobado presupuestos, contratado personal y planificado servicios. Ahora, sin los recursos garantizados, se ven forzadas a cancelar programas, afectando a familias trabajadoras que dependen de servicios como las escuelas de verano y los centros comunitarios de aprendizaje.
Bonta enfatizó que el poder sobre el presupuesto corresponde exclusivamente al Congreso, no al Poder Ejecutivo.
“La Constitución no permite al presidente negarse unilateralmente a gastar recursos aprobados por ambas cámaras. Eso es precisamente lo que está haciendo la administración Trump, y por eso estamos actuando”, puntualizó.
La demanda busca que la Corte declare ilegal la medida y ordene al gobierno federal liberar los fondos de inmediato. Esta acción se suma a otras demandas multistatales en las que tribunales han bloqueado decisiones similares del Ejecutivo por considerarlas extralimitaciones del poder presidencial.
Dos tercios de la energía de California provienen de fuentes limpias, lo que convierte al estado la economía más grande del mundo en operar con energía limpia.
California se ha convertido en la economía más grande del mundo en operar con dos tercios de energía limpia, anunció el gobernador Gavin Newsom al presentar datos que consolidan al estado como líder global en la transición energética.
De acuerdo con cifras publicadas este lunes, en 2023, 67 por ciento de las ventas minoristas de electricidad en California provino de fuentes renovables o sin emisiones de carbono, como la solar, eólica, hidroeléctrica, nuclear, geotérmica y biomasa. Esto representa un notable salto respecto al 61 por ciento registrado en 2022 y al 41 por ciento de hace una década.
“Mientras el gobierno federal da la espalda a la innovación y al sentido común, California está haciendo realidad nuestro futuro energético limpio”, declaró Newsom. “La cuarta economía más grande del mundo funciona con dos tercios de energía limpia (…) Desde la Revolución Industrial no habíamos visto una transformación tan rápida”, añadió.
En 2024, California incorporó 7 mil megavatios (MW) de nueva capacidad de energía limpia a su red eléctrica, el mayor incremento anual en su historia. Es el tercer año consecutivo en que el estado rompe su propio récord en este rubro.
La energía solar lidera la generación renovable con más de 21 mil MW instalados, mientras que otros 19 mil MW provienen de sistemas solares residenciales y comerciales. Además, la capacidad de almacenamiento en baterías superó los 15 mil MW, un crecimiento del mil 944 por ciento desde 2019, lo que permite aprovechar al máximo la energía solar generada durante el día para cubrir la demanda nocturna.
“Las últimas cifras muestran cómo nuestro estado está demostrando que la energía limpia es una prioridad y ha llegado para quedarse”, aseguró David Hochschild, presidente de la Comisión de Energía de California (CEC).
A la par de este crecimiento energético, las emisiones de gases de efecto invernadero en California han disminuido 20 por ciento desde el año 2000, mientras su PIB aumentó 78 por ciento. Solo las emisiones del sector eléctrico se han reducido a la mitad desde 2009.
La presidenta de la Comisión de Servicios Públicos, Alice Reynolds, subrayó que el despliegue de energía renovable avanza “a una escala y un ritmo sin precedentes”, impulsado por empresas de servicios públicos y agregadores comunitarios.
Actualmente, 43 por ciento de la matriz energética del estado proviene de tecnologías elegibles bajo el Estándar de Cartera de Renovables, mientras que la energía hidroeléctrica y nuclear representan cada una el 12 por ciento adicional.
En lo que va de 2025, California ha operado con electricidad 100 por ciento limpia durante al menos una parte del día en más del 90 por ciento de los días.
En promedio, el estado ha funcionado con energía 100 por ciento limpia durante 7 horas al día. Esto equivale a más de 51 días completos con electricidad limpia, un incremento del 750 por ciento respecto a 2022.
Además, el estado cuenta con más de medio millón de empleos verdes, superando en siete veces los empleos generados por los combustibles fósiles. Las industrias de energía solar, eólica y almacenamiento lideran este crecimiento laboral.
California continúa consolidándose como referente mundial en acción climática, y con una meta de alcanzar 148 mil MW de nueva energía limpia para 2045, todo indica que el estado mantendrá el liderazgo en la revolución energética global.
La salud y el medio ambiente serán sumamente afectados por la ley “The One Big, Beautiful Bill”, pues los presupuestos son reducidos y las consecuencias serán grandes en los proximos años.
La ley fiscal “The One Big, Beautiful Bill” del presidente Donald Trump, incluye varios recortes que afectarán principalmente a la salud con Medicaid y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), pero también acelerará los efectos del cambio climático, pues impulsa el presupuesto a las industrias de combustibles fósiles y a la seguridad fronteriza, dejando de lado las necesidades de las comunidades más vulnerables.
Donald Trump promulgó el pasado 4 de julio la ley “The One Big, Beautiful Bill”, durante una ceremonia en la Casa Blanca donde dijo: “Es un buen momento”, mientras firmaba el documento.
Con la proclamación de esta ley, se espera que el déficit nacional aumente 3 trillones de dólares durante la próxima década, dejando consecuencias a largo plazo sobre la salud y el medio ambiente. Así lo mencionaron expertos durante una sesión informativa realizada por American Community Media (ACoM).
Larry Levitt, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Kaiser Family, organización independiente sobre políticas de salud, explicó que la ley representa un retroceso enorme en el sistema de salud estadounidense, pues refirió que se estima que 4.8 millones de personas van a perder la cobertura médica por el proceso de hacer reportes y papeleo.
Sin embargo, dijo, su mayor preocupación es para los hospitales y proveedores sanitarios, afectando mayormente a los servicios rurales, y que sin los recursos necesarios se verán obligados a cerrar.
Por el momento, informó que se cuenta con un fondo temporal de salud rural de 50 mil millones de dólares, aunque no es una solución, pues el fondo es temporal y los recortes son permanentes.
“Este es uno de los cambios más grandes que han sucedido en el sector sanitario. Algo similar paso en el 2021 por la administración Trumpista pero, en este momento, millones están preocupados por quedarse sin servicio médico”, detalló Levitt.
A ello, agregó que los cambios de este proyecto de ley no van a suceder de un día para otro, sino en los años que están por venir: “no es que despertemos un día y tengamos 5 millones de personas sin seguro, el impacto se verá en la próxima década”.
Natasha Sarin, catedrática de la Facultad de Derecho y la Escuela de Gestión de Yale, comentó que se estima que 11 millones de personas pueden perder la cobertura médica en los próximos 10 años, por lo que llamó a preguntarse en que se están invirtiendo ese dinero, considerando que el 40 por ciento del impacto económico afectará principalmente a las comunidades más vulnerables.
“Todo va a ser impactado por esta legislación, el costo de todo va a aumentar desde la perspectiva de la economía familiar; entonces, en la próxima década nos conduciremos a una economía más pequeña”, expresó la catedrática.
Existe gente que aun piensa que esta ley ayudará al país, sin embargo, Sarin dijo: “no encuentro ninguna métrica que pueda hacer que el país sea espectacular y lo único que se puede decir, es que para las personas que ganan mucho dinero hay beneficios y el resto de la población está siendo masivamente lastimada y esa es la realidad”.
Bill McKibben, escritor, ecologista y fundador de Third Act, que colabora para actuar contra el cambio climático, explicó sobre los impactos del proyecto de ley serán muy grandes para el medio ambiente, teniendo en cuenta que el planeta se esta calentando rápidamente y existen consecuencias desastrosas como las inundaciones en Texas.
“Ahora estamos hablando de recortes fiscales para baterías, electricidad eólica, solar; esto era parte del proyecto de ley de Biden y supuestamente tendrían que durar una década, pero van a ser disminuidos con el tiempo”, dijo McKibben.
El ecologista se mostró preocupado por el término de los apoyos para energías limpias como la adquisición de vehículos eléctricos que terminan en el mes de septiembre, además de otros apoyos que serán cancelados, lo que conducirá a que muchos negocios cierren.
Otro punto a considerar, explicó, son los retrasos para frenar la combustión en el aire que lastima a los pulmones, estimando que una de cada cinco muertes tiene que ver con el aire que se respira.
“Las personas más afectadas serán las de bajos recursos; cada que venga una inundación, incendio o algún desastre natural, las comunidades vulnerables serán las más afectadas”, agregó el fundador de Third Act.
La ciudad de Half Moon Bay enfrenta una crisis de recolección de basura que ha generado creciente frustración entre residentes y comerciantes.
La ciudad de Half Moon Bay, en California, enfrenta una compleja situación sanitaria y operativa debido a una disputa laboral que ha interrumpido los servicios de recolección de basura de Republic Services, la empresa contratada para esta labor. La situación ha generado creciente frustración entre residentes y comerciantes, quienes llevan días sin servicio regular de recolección.
En un comunicado dirigido a la comunidad, el gobierno local reconoció las dificultades enfrentadas durante la última semana ante la falta de información clara sobre el conflicto laboral que afecta a Republic Services.
Si bien el municipio ha estado en contacto constante con la empresa para obtener detalles, hasta ahora no se ha proporcionado una fecha definitiva para la reanudación del servicio.
“Escuchamos la frustración de los residentes y continuaremos trabajando estrechamente con Republic hasta que se resuelva la interrupción”, declaró el Ayuntamiento.
Ante la prolongada ausencia de servicios, la ciudad ha comenzado a explorar opciones alternativas de recolección. No obstante, ha reconocido limitaciones importantes, como la falta de personal municipal con la certificación y experiencia necesarias para operar camiones de basura de manera legal y segura.
Mientras se identifican soluciones más viables, la ciudad ha instalado contenedores comunitarios temporales en distintos puntos para facilitar el desecho de basura doméstica (no reciclables ni orgánicos):
Depósito histórico del tren: 110 Higgins Canyon Road
Planta SAM: 1000 Cabrillo Highway North
Detrás del Ayuntamiento: 504 Johnston Street
El acceso a estos contenedores está limitado a clientes residenciales afectados o negocios del centro de la ciudad.
“Pedimos a la comunidad que haga un uso consciente de estos recursos limitados”, agregó el gobierno local.
Además, se pidió a los residentes que retiren sus botes de basura de la vía pública durante el fin de semana, y los vuelvan a colocar el domingo por la noche o el lunes por la mañana, con la esperanza de una posible reanudación del servicio a partir del lunes 14 de julio.
La ciudad, en colaboración con el Departamento de Salud del Condado de San Mateo, compartió medidas preventivas para reducir riesgos sanitarios en los hogares durante esta contingencia: enjuagar contenedores de alimentos antes de reciclarlos; y cerrar completamente las tapas de los botes para evitar acceso de insectos y roedores.
Asimismo, usar pesos o correas para mantener los contenedores cerrados; colocar la basura excedente en bolsas gruesas o doble bolsa para reducir olores; almacenar la basura lejos de las entradas de viviendas o negocios; y continuar separando reciclables y residuos orgánicos.
La ciudad informó que las tarifas correspondientes al periodo de interrupción del servicio serán prorrateadas o reembolsadas, como parte del compromiso para garantizar una solución justa a la comunidad.
El Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, oficina del Área Metropolitana de Los Ángeles (CAIR-LA), condenó enérgicamente las redadas migratorias en California. Foto: cair.com
El Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, oficina del Área Metropolitana de Los Ángeles (CAIR-LA), condenó enérgicamente las redadas federales de inmigración realizadas el jueves 10 de julio en dos granjas del condado de Ventura, las cuales dejaron un saldo devastador: un trabajador agrícola muerto, varios heridos y aproximadamente 200 personas detenidas.
La organización calificó las acciones como “militarizadas, caóticas e inconstitucionales”, y denunció un uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos durante lo que podría ser la mayor operación de control migratorio en un solo día en la historia del estado.
Las redadas se llevaron a cabo en Glass House Farms, en Camarillo, y en otra granja ubicada en Carpintería. De acuerdo con la Unión de Trabajadores Agrícolas, la operación federal sembró el caos entre los trabajadores, muchos de los cuales fueron detenidos sin previo aviso.
Informes preliminares indican que un trabajador perdió la vida tras caer de una altura de 30 pies, sufriendo una lesión cerebral fatal.
La situación generó una fuerte protesta en el sitio de Camarillo, donde cientos de personas se congregaron en rechazo a los operativos. La tensión escaló cuando agentes federales utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes, lo que obligó a los paramédicos a instalar un centro de triaje en el lugar para atender a múltiples personas heridas.
“Estas operaciones, cada vez más descaradas, caóticas, violentas e inconstitucionales, constituyen un uso vergonzoso e inaceptable de la violencia estatal contra algunas de las personas más vulnerables de nuestra sociedad”, declaró Amr Shabaik, director jurídico de CAIR-LA, en un comunicado.
“Es evidente que estas acciones buscan generar miedo en las comunidades inmigrantes, incluyendo a los trabajadores agrícolas, en todo el país”, agregó.
CAIR-LA también lamentó profundamente la muerte del trabajador agrícola y expresó sus condolencias a la familia de la víctima.
“No hay lugar para la violencia y el terrorismo patrocinados por el Estado en nuestra sociedad, y exigimos plena rendición de cuentas por el daño que ha causado ICE”, enfatizó Shabaik.
La organización informó que está colaborando con aliados locales para brindar asistencia legal, recursos informativos sobre derechos civiles y apoyo comunitario a las personas afectadas por la redada. También llamó a la comunidad a mantenerse alerta, documentar cualquier abuso y contactar a organizaciones confiables en caso de necesitar ayuda.
Para quienes hayan sido afectados por la actividad reciente de ICE o por acciones policiales, CAIR-LA puso a disposición su Departamento de Inmigración para recibir apoyo.
