Por Adam Echelman. CalMatters
Bajo la lupa de legisladores estatales y federales, los colegios comunitarios de California intentan combatir el fraude en la ayuda financiera. Los estafadores se han infiltrado cada vez más en los 116 colegios comunitarios del estado, haciéndose pasar por estudiantes para robar ayuda financiera del gobierno estatal y federal.
En una reunión celebrada el martes, la junta que supervisa los colegios comunitarios de California votó a favor de exigir a todos los estudiantes la verificación de identidad, lo cual actualmente es opcional para la mayoría de los solicitantes. La junta también consideró solicitar a la Legislatura la aprobación para cobrar a los estudiantes una tarifa de solicitud nominal, que según muchos no debería superar los 10 dólares. Sin embargo, tras más de dos horas de debate, la junta rechazó la propuesta y, en su lugar, pidió al personal que “explorara” una política de tarifas.
“Algunos de ustedes se preguntaban: ‘¿Por qué está sucediendo esto tan rápido?'”, dijo la rectora de los Colegios Comunitarios de California, Sonya Christian. “Porque el 8 de abril, CalMatters publicó un artículo que tuvo repercusión nacional. ¿Adivinen qué pasó después? Nueve de nuestros líderes del Congreso enviaron correos electrónicos al Secretario de Educación de los Estados Unidos y al Fiscal General pidiéndoles que iniciaran una investigación sobre los Colegios Comunitarios de California”.
Representantes estatales de ambos partidos han solicitado desde entonces una auditoría del proceso de ayuda financiera del sistema de colegios comunitarios. Christian afirmó que es probable que dichas auditorías se lleven a cabo. “Estamos en el escenario nacional ahora mismo”.
Estudiantes de todo el estado manifestaron a los miembros de la junta que se oponían a la imposición de una cuota, y compartieron historias de momentos en que eran tan pobres que no tenían cuenta bancaria ni $10 para comprar el almuerzo. Muchos contaban experiencias personales con estudiantes falsos.
“Una vez, un bot me quitó el asiento en una clase que necesitaba para graduarme y transferirme. Ese fraude casi me cuesta el futuro”, dijo Flo Cudal, estudiante de Santiago Canyon College en el Condado de Orange. “Entiendo la necesidad de protecciones sólidas, pero no deben ir en detrimento de la exclusión de un estudiante real”.
Cuando Love Adu, estudiante y miembro de la junta directiva, intentó matricularse en Moorpark College, comentó que no pudo verificar su identidad en línea, por lo que tuvo que conducir cinco horas para presentar sus documentos en persona. Estudiantes encarcelados, indocumentados, sin hogar y menores de 18 años tienen dificultades con el software actual de verificación de identidad, afirmó. “Estas propuestas dificultarían que los estudiantes accedan a la educación que les ofrecemos”.
Tarifa de solicitud retrasada
Los colegios comunitarios de California tienen la misión de servir a todos los californianos y se financian principalmente con base en el número de estudiantes que matriculan. Al solicitar admisión, los estudiantes firman una declaración jurada que confirma que su información personal es veraz. Además, solo unos pocos distritos universitarios exigen la verificación de identidad en línea. La solicitud de admisión a un colegio comunitario es gratuita y la matrícula es gratuita para estudiantes de bajos recursos. Una vez matriculado, un estudiante puede obtener miles de dólares en ayuda financiera, dinero que puede utilizarse para cubrir el costo de libros, alojamiento, comida y transporte.
Esa ayuda se ha convertido en un blanco fácil para los estafadores, quienes a menudo presentan decenas o incluso cientos de solicitudes a la vez, utilizando direcciones y números de Seguro Social reales de California para crear cuentas universitarias fraudulentas. El mes pasado, CalMatters informó que aproximadamente un tercio de los solicitantes de colegios comunitarios eran falsos. La oficina del rector estatal afirmó haber eliminado a todos los solicitantes fraudulentos que detectó, pero muchos estafadores evadieron la detección y robaron dinero de los contribuyentes. Solo en los últimos 12 meses, las universidades han perdido más de $10 millones en ayuda federal por fraude y $3 millones en ayuda estatal, según informes estatales, que CalMatters obtuvo mediante una solicitud de registros públicos.
Permitir que el fraude siga aumentando es “irresponsable”, declaró Amy Costa, miembro de la junta, antes de votar a favor de la propuesta de Christian. Estos “bots” buscan programas gubernamentales de prestaciones sociales, como las Becas Pell y las Becas Cal, y es responsabilidad del estado ayudar a administrar el uso de ese dinero de los contribuyentes, afirmó. “Necesitamos que alguien diga ‘Soy una persona real’, y el pago es una de las maneras de lograrlo”.
En la propuesta, Christian afirmó que su oficina consideraría reembolsar o acreditar la cuota de solicitud a cualquier estudiante con dificultades económicas comprobadas. Aproximadamente el 40 % de los estudiantes de colegios comunitarios de California califican para la matrícula gratuita porque se les considera de bajos ingresos, según datos estatales.
Incluso si la propuesta de tarifas se hubiera aprobado, Christian aún necesitaría la aprobación de la Legislatura. Habría llevado un año y habría implicado muchas más discusiones, incluso a nivel de la junta, dijo Christian.
Pero si los legisladores siguen atentos a este asunto, aún podrían producirse cambios, afirmó Chris Ferguson, vicerrector ejecutivo de la oficina del canciller estatal. “Si el fraude en la ayuda financiera continúa aumentando, les aseguro que, en algún momento, se nos aplicarán medidas, ya sea a nivel estatal o federal”.
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