El presidente Donald Trump ha fomentado las deportaciones masivas como una manera de hacer al país un lugar más seguro, eliminando a los inmigrantes criminales, pero la aplicación de la ley ha afectado a residentes legales, personas con visa, turistas e incluso solicitantes de asilo.
Bajo el discurso de detener y deportar a criminales o personas que dañan la nación se han detenido cientos de personas sin darles la oportunidad de defenderse, se han revocado protecciones humanitarias como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y la libertad condicional, con lo que muchas personas corren el riesgo de ser deportadas a sus países de origen de los que huyeron para salvar sus vidas.
Así, cientos de personas han sido trasladadas en secreto a terceros países como El Salvador y Panamá, lo que los expertos denominan “entregas ilegales”, que han provocado batallas legales y abusos de derechos humanos, señalaron expertos durante una sesión informativa realizada por Ethnic Media Services.
Zenobia Lai, directora ejecutiva de Houston Immigration Legal Services Collaborative, explicó que las políticas migratorias se encuentran operando con tres principios fundamentales: no dejar adentro a nadie, echar a todo el mundo y cerrar la puerta.
Durante el primer día de la Administración Trump, hubo 26 órdenes ejecutivas que se deben llevar a cabo, por lo menos 7 de ellas se enfocan en la inmigración; todo esto se justifica en una emergencia nacional por un incremento en el número de inmigrantes, comentó Lai.
Por la parte de echar a todo el mundo fuera, la abogada indicó que, se están reuniendo a varias personas en algunos centros de detención para regresarlas a sus países, también se lleva a cabo detenciones y movilizaciones rápidas de algunas personas sin darles oportunidad de demostrar su residencia o estatus migratorio.
Ahora hasta los lugares llamados de fe, como funerales, bodas o eventos son utilizados para realizar detenciones.
Sumado a esto, se tiene una suspensión de apoyos para estudiantes, además de que espera un ataque contra el buffets de abogados de inmigración, ello como parte de sacar a más gente del país, comentó la directora ejecutiva de Houston Immigration Legal Services Collaborative.
Zenobia Lai expresó que, en este mismo marco, se pretende despedir a cientos de empleados que brindan servicios humanitarios y apoyos legales, además de negar la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos; en conjunto son una serie de medidas que se están utilizando para sembrar miedo.
Todd Schulte, presidente de la organización FWD.us, que aboga por la inmigración y justicia penal, habló de aquellos que cuentan con un documento que avala su residencia legal, pero que hoy no les asegura nada, pues se están obstruyendo las opciones legales y alargando los trámites burocráticos con el fin de cerrar fronteras.
“Este tema de la criminación es una trampa, lo que tenemos que hacer para volver a nuestro sistema migratorio es mostrarle a la gente un camino que funcione, el público no estaba contento con este desorden en la frontera, entonces tenemos que asegurar el sistema migratorio”, aseguró Schulte.
David Leopold, ex presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, habló de la Ley de Enemigos Extranjeros, la cual fue utilizada por última vez en la segunda guerra mundial. En ese momento hizo que se detuvieran personas que contaban con ciudadanía legal en el país.
“Se está usando esta ley, pues hicieron una promesa. El presidente dijo que iba a remover a los venezolanos criminales, deportarlos porque eran pandilleros y lo único que se está haciendo es ignorar el proceso judicial del país”, expresó el abogado.
Leopold indicó que muchas personas son deportadas y llevadas a una cárcel, solo porque se les acusa de pertenecer a una pandilla delictiva, pero “no se les da el derecho de defenderse, entonces es una manera unilateral por parte del presidente, solo busca ejercer su rechazo a los grupos que no quiere, sacándolos”.
Finalmente comentó que, “se están utilizando estos términos como maras, pandillas, delincuentes, para privar a la gente de sus derechos, nadie quiere que las personas delictivas estén en este país, pero la gente tiene derecho a defenderse y tiene el derecho de garantías legales y judiciales”.
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