{"id":26495,"date":"2024-11-13T10:55:42","date_gmt":"2024-11-13T17:55:42","guid":{"rendered":"https:\/\/peninsula360press.com\/?p=26495"},"modified":"2024-11-13T12:05:04","modified_gmt":"2024-11-13T19:05:04","slug":"california-empowered-immigrants-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/peninsula360press.com\/en\/california-empowered-immigrants-2\/","title":{"rendered":"California empowered immigrants to speak out at work. Trump could end its protections"},"content":{"rendered":"
\"California
California empoder\u00f3 a inmigrantes a hablar en el trabajo. Trump podr\u00eda terminar con sus protecciones. Foto: Trabajadoras agr\u00edcolas en Tulelake, California. Cr\u00e9dito: Manuel Ortiz P360P<\/figcaption><\/figure>\n

By Jeanne Kuang. CalMatters<\/a> via Bay City News<\/a>. <\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

Listen to this note:<\/p>\nhttps:\/\/peninsula360press.com\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Viviana-5753488.mp3<\/a><\/audio>\n

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Durante sus 30 a\u00f1os en Estados Unidos, Alejandro Gamez acept\u00f3 cualquier trabajo que pudo como trabajador indocumentado: en restaurantes de comida r\u00e1pida, f\u00e1bricas, lavaderos de autos y conduciendo camiones, incluso cuando las condiciones eran malas.<\/span><\/p>\n

“No ten\u00eda ning\u00fan estatus”, dijo. “No ten\u00eda opciones”.<\/span><\/p>\n

Pero despu\u00e9s de hablar en 2017 sobre los salarios impagos en un lavadero de autos de Inglewood, su suerte cambi\u00f3. Como parte de una investigaci\u00f3n estatal sobre las pr\u00e1cticas laborales de ese empleador, Gamez este a\u00f1o se convirti\u00f3 en elegible para cuatro a\u00f1os de protecci\u00f3n contra la deportaci\u00f3n, y un permiso de trabajo temporal que pareci\u00f3 abrirle puertas de la noche a la ma\u00f1ana.\u00a0<\/span><\/p>\n

El residente de Hawthorne, de 51 a\u00f1os, dijo que puede solicitar trabajos mejores y estables que pagan m\u00e1s y brindan beneficios. Ahora tiene un puesto representado por un sindicato en la cocina de una universidad y un n\u00famero de Seguro Social para construir su cr\u00e9dito.<\/span><\/p>\n

\u201cMe cambi\u00f3 la vida\u201d, dijo. \u201cMe est\u00e1 dando muchas oportunidades laborales, de estar mejor econ\u00f3micamente y de darle una mejor vida a mi familia\u201d.<\/span><\/p>\n

Sus oportunidades se deben a un reciente programa federal que otorga estatus legal temporal a los trabajadores involucrados en ciertas investigaciones laborales. Con algunas de las leyes laborales m\u00e1s estrictas del pa\u00eds, pero con preocupaciones generalizadas de represalias por parte de los empleadores, California ha emitido m\u00e1s de 200 solicitudes al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pidiendo que otorgue estatus legal a los trabajadores que denuncien violaciones.<\/span><\/p>\n

Pero apenas unos meses despu\u00e9s de que Gamez consiguiera su indulto, el programa podr\u00eda estar al borde de la eliminaci\u00f3n: el presidente electo Donald Trump y sus asesores han prometido deportaciones masivas, el regreso de las redadas de inmigraci\u00f3n en los lugares de trabajo y la revocaci\u00f3n de programas similares de protecci\u00f3n temporal.<\/span><\/p>\n

La abogada de Gamez, Yvonne Medrano, dijo que espera que el programa sea cancelado poco despu\u00e9s de que Trump asuma el cargo el 20 de enero. Su firma, Bet Tzedek Legal Services, con sede en Los \u00c1ngeles, ya no est\u00e1 buscando nuevos casos bajo el programa despu\u00e9s de representar a trabajadores que buscan protecci\u00f3n en 15 investigaciones laborales diferentes.<\/span><\/p>\n

“Quitar esta protecci\u00f3n devolver\u00e1 a los trabajadores a un momento en el que temen ser deportados por pedir el salario m\u00ednimo, sus cheques de pago o cualquier otra protecci\u00f3n que tengan”, dijo Medrano.<\/span><\/p>\n

Otros abogados de inmigraci\u00f3n en California ya hab\u00edan dejado de presentar nuevas solicitudes antes del d\u00eda de las elecciones. Dijeron que esperan que el Departamento de Seguridad Nacional respete las pr\u00f3rrogas de cuatro a\u00f1os que ya ha concedido, pero no est\u00e1n seguros de qu\u00e9 ocurrir\u00e1 a continuaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

“Este es un programa discrecional”, dijo Jessie Hahn, asesora principal de pol\u00edticas laborales y de empleo del Centro Nacional de Derecho Migratorio, un grupo de defensa. “No prevemos que, si Trump fuera elegido, continuar\u00eda con el programa”.<\/span><\/p>\n

Un portavoz de la campa\u00f1a de Trump no respondi\u00f3 a una solicitud de comentarios sobre sus intenciones para el programa.<\/span><\/p>\n

Ha creado otro grupo de inmigrantes a quienes se les ha concedido permiso temporal para estar en Estados Unidos a medida que las posibilidades de una reforma migratoria federal son cada vez m\u00e1s escasas, lo que hace que sus perspectivas dependan en gran medida del vaiv\u00e9n de cada administraci\u00f3n presidencial.<\/span><\/p>\n

El programa, uno de varios esfuerzos de la administraci\u00f3n Biden para impulsar la aplicaci\u00f3n de las leyes laborales, tiene como objetivo dar a los investigadores estatales un acceso m\u00e1s f\u00e1cil a los testigos que de otro modo podr\u00edan temer represalias por presentar quejas en el lugar de trabajo.<\/span><\/p>\n

Es similar al programa de Acci\u00f3n Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en ingl\u00e9s) de la era Obama, que otorgaba permisos de trabajo y protecciones temporales contra la deportaci\u00f3n a inmigrantes que hab\u00edan sido tra\u00eddos a Estados Unidos sin autorizaci\u00f3n cuando eran ni\u00f1os.\u00a0<\/span><\/p>\n

Unos 500 mil residentes tienen esa forma de estatus legal, pero el programa ha dejado de conceder nuevas solicitudes tras impugnaciones en los tribunales federales. Trump intent\u00f3 rescindir el programa en su \u00faltimo mandato; Stephen Miller, un asesor cercano de Trump, dijo que lo volver\u00e1 a hacer, seg\u00fan inform\u00f3 el New York Times.<\/span><\/p>\n

La Acci\u00f3n Diferida para la Aplicaci\u00f3n de la Ley Laboral es mucho m\u00e1s limitada: 7 mil 700 trabajadores se han beneficiado de ella desde enero de 2023. Cualquier persona que no sea ciudadana estadounidense puede solicitarla si puede demostrar que trabajaba para un empleador bajo investigaci\u00f3n. Primero, una agencia laboral estatal o federal debe enviar una carta al Departamento de Seguridad Nacional indicando que necesita la cooperaci\u00f3n de los trabajadores testigos en cada investigaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Los beneficiarios de la acci\u00f3n diferida quedan protegidos de la deportaci\u00f3n y pueden trabajar legalmente durante cuatro a\u00f1os, pero no existe un camino hacia la residencia permanente. Algunos beneficiarios la ven como una manera de ganar dinero legalmente y conseguir empleos mejor remunerados fuera de la econom\u00eda sumergida. Otros dicen que les da tiempo -y un camino mucho m\u00e1s r\u00e1pido hacia un permiso de trabajo- mientras sus otros casos relacionados con la inmigraci\u00f3n avanzan a trav\u00e9s de la burocracia federal.<\/span><\/p>\n

Los abogados y defensores de inmigraci\u00f3n dicen que, si bien algunos solicitantes buscan obtener indultos en sus casos de deportaci\u00f3n activos, la mayor\u00eda ha estado viviendo y trabajando sin papeles sin ser detectados, lo que significa que se han presentado ante las autoridades federales de inmigraci\u00f3n por primera vez.<\/span><\/p>\n

No est\u00e1 claro cu\u00e1ntos de esos trabajadores se encuentran en California. Un portavoz de Seguridad Nacional no dio a conocer cifras por estado, citando “investigaciones en curso”.<\/span><\/p>\n

Pero California participa con entusiasmo en el programa; la administraci\u00f3n del gobernador Gavin Newsom dice que fue el primer estado en presentar una carta en apoyo a las protecciones para los trabajadores. El estado alberga a casi 1.5 millones de trabajadores que son inmigrantes indocumentados, lo que representa m\u00e1s del 7 por ciento de la fuerza laboral.<\/span><\/p>\n

Estos trabajadores son un foco frecuente de las investigaciones laborales del estado, y los defensores laborales dicen que los trabajadores indocumentados rutinariamente temen perder sus empleos y ser denunciados ante las autoridades de inmigraci\u00f3n por quejarse de violaciones en el lugar de trabajo.<\/span><\/p>\n

“Este temor puede impedirles cooperar plenamente con las agencias de cumplimiento de la ley laboral para denunciar y corroborar las violaciones de la ley”, dijo Daniel L\u00f3pez, portavoz de la Oficina del Comisionado Laboral del estado, en un comunicado. “En \u00faltima instancia, la falta de protecciones socava a los trabajadores y afecta a los empleadores responsables”.<\/span><\/p>\n

En los \u00faltimos dos a\u00f1os, la oficina, que investiga el robo de salarios, ha enviado cartas apoyando las protecciones contra la deportaci\u00f3n en 136 investigaciones laborales que afectan potencialmente a cientos de trabajadores.\u00a0<\/span><\/p>\n

La Divisi\u00f3n de Seguridad y Salud Ocupacional ha enviado al menos 12 cartas. La Junta de Relaciones Laborales Agr\u00edcolas, que supervisa los derechos de los trabajadores agr\u00edcolas, ha enviado 10, y el Departamento de Derechos Civiles, que investiga las denuncias de discriminaci\u00f3n en el lugar de trabajo, ha enviado 60, dijeron los portavoces.<\/span><\/p>\n

El estado incluso ha pagado para ayudar a los inmigrantes a obtener permisos de trabajo. El a\u00f1o pasado, Newsom anunci\u00f3 4.5 millones de d\u00f3lares para pagar servicios jur\u00eddicos gratuitos para ayudar a los trabajadores agr\u00edcolas que est\u00e1n involucrados en investigaciones laborales a solicitar la acci\u00f3n diferida. El dinero, asignado hasta mediados de 2026, ha ayudado hasta ahora a evaluar la elegibilidad de m\u00e1s de 500 trabajadores y 175 han solicitado el programa.<\/span><\/p>\n

En California hay unos 800 mil trabajadores agr\u00edcolas estacionales y permanentes; se cree que al menos la mitad son indocumentados.<\/span><\/p>\n

“Las regiones agr\u00edcolas tienen un acceso muy limitado a los servicios legales de inmigraci\u00f3n”, dijo Jason Montiel, portavoz del Departamento de Servicios Sociales, que administra la subvenci\u00f3n a cinco grupos de asistencia legal en todo el estado. “Ofrecer a los trabajadores agr\u00edcolas acceso directo a los servicios legales de inmigraci\u00f3n cuando se violan sus derechos laborales aumenta la probabilidad de que presenten reclamos laborales y colaboren con las agencias laborales”.<\/span><\/p>\n

Los portavoces de Newsom no respondieron a una pregunta sobre qu\u00e9 pasar\u00e1 con el programa de subvenciones estatales si cambian las reglas federales.<\/span><\/p>\n

Nicole Gorney, abogada supervisora \u200b\u200bde VIDAS Legal Services, que recibe una subvenci\u00f3n estatal, dijo que tiene 12 clientes trabajadores agr\u00edcolas que esperan que se les conceda la acci\u00f3n diferida. Ella esperaba que el estado ampliara el programa para incluir a trabajadores de otras industrias.<\/span><\/p>\n

“Todav\u00eda hay muchos trabajadores que podr\u00edan calificar, pero realmente no quieren salir de las sombras”, dijo la ma\u00f1ana despu\u00e9s de la elecci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

La acci\u00f3n diferida de Gamez se concedi\u00f3 en relaci\u00f3n con las denuncias por represalias que \u00e9l y sus compa\u00f1eros de trabajo presentaron contra Century Car Wash en 2018. Ese a\u00f1o, tambi\u00e9n hab\u00edan presentado denuncias por robo de salario ante la Oficina del Comisionado Laboral del estado. Seg\u00fan los registros estatales, le dijeron a la oficina que sus gerentes los obligaban a llegar antes y salir m\u00e1s tarde del horario de apertura de los negocios, pero sus planillas de horas no coincid\u00edan con todas las horas que trabajaron. Los copropietarios del lavadero de autos negaron las denuncias y le dijeron al estado que las planillas de horas eran precisas.<\/span><\/p>\n

Despu\u00e9s de exigir el pago a sus gerentes, Gamez dijo que lo despidieron y le dijeron que se fuera frente a los clientes. Seg\u00fan los registros estatales, \u00e9l y sus compa\u00f1eros de trabajo ganaron los reclamos salariales en 2021; un oficial de audiencias estatal dictamin\u00f3 que a Gamez se le deb\u00edan m\u00e1s de 20 mil d\u00f3lares. Pero el estado todav\u00eda est\u00e1 investigando las denuncias de que los trabajadores fueron despedidos e interrogados sobre su estatus migratorio en represalia por hablar. El a\u00f1o pasado, a pedido del abogado de Gamez, la Oficina del Comisionado Laboral envi\u00f3 una carta al Departamento de Seguridad Nacional para solicitar protecci\u00f3n contra la deportaci\u00f3n para los trabajadores.<\/span><\/p>\n

“La investigaci\u00f3n en curso… est\u00e1 siendo realizada por nuestra unidad de Investigaci\u00f3n de Quejas por Represalias y requiere la cooperaci\u00f3n y el testimonio de los trabajadores”, escribi\u00f3 la Comisionada Laboral Lilia Garc\u00eda-Brower en la carta.<\/span><\/p>\n

Cuando se contact\u00f3 por tel\u00e9fono a uno de los propietarios de Century Car Wash, \u00e9ste le remiti\u00f3 el asunto al copropietario, quien no respondi\u00f3 a una solicitud de comentarios.<\/span><\/p>\n

Gamez se\u00f1al\u00f3 que su estatus de acci\u00f3n diferida lo mantuvo tranquilo la semana pasada mientras muchos inmigrantes tem\u00edan por su futuro bajo una segunda administraci\u00f3n de Trump.<\/span><\/p>\n

Otros que recibieron protecci\u00f3n siguen teniendo miedo.<\/span><\/p>\n

Alejandra Montoya lleg\u00f3 a Estados Unidos hace cinco a\u00f1os huyendo de “problemas familiares”, dijo, y encontr\u00f3 trabajo en los campos del Valle Central. Estudi\u00f3 administraci\u00f3n de empresas en su natal M\u00e9xico y dijo que nunca tuvo la intenci\u00f3n de ser una inmigrante indocumentada. Pero ten\u00eda un hijo y se qued\u00f3 a criarlo en Bakersfield.<\/span><\/p>\n

Montoya dijo que disfruta del trabajo agr\u00edcola, a pesar de los duros d\u00edas que pasa de rodillas recogiendo y amontonando zanahorias por 3.05 d\u00f3lares la caja. En un buen d\u00eda, cuando las condiciones del campo son indulgentes, puede llevarse a casa 150 d\u00f3lares o m\u00e1s, dijo.<\/span><\/p>\n

Montoya, que trabajaba para un contratista contratado por Grimmway Farms, dijo que mantuvo la cabeza gacha hasta que un d\u00eda de septiembre pasado una compa\u00f1era de trabajo, Rosa S\u00e1nchez, fue atropellada por un cami\u00f3n y muri\u00f3 en el campo junto al suyo. Montoya dijo que los trabajadores hab\u00edan expresado su preocupaci\u00f3n por ese conductor y que cre\u00eda que el accidente se pod\u00eda haber evitado. A algunos de los trabajadores se les dijo que siguieran trabajando cerca del cuerpo de S\u00e1nchez, dijo. Aturdida, y ahora sabiendo qu\u00e9 m\u00e1s hacer, lo hizo.<\/span><\/p>\n

Fue “traum\u00e1tico”, dijo a trav\u00e9s de un traductor. “Inhumano”.<\/span><\/p>\n

En marzo, la agencia de seguridad laboral del estado emiti\u00f3 m\u00e1s de 65 mil d\u00f3lares en multas contra Grimmway, el contratista Esparza Enterprises y otro contratista que empleaba al conductor, alegando graves violaciones de seguridad por permitir que los empleados trabajaran “muy cerca de un cami\u00f3n comercial que se conduc\u00eda de manera insegura”, seg\u00fan los archivos obtenidos a trav\u00e9s de una solicitud de registros p\u00fablicos. Los registros federales y estatales muestran que el conductor estaba dando marcha atr\u00e1s cuando el cami\u00f3n golpe\u00f3 a S\u00e1nchez.<\/span><\/p>\n

La empresa y sus contratistas han impugnado las citaciones. Esparza no respondi\u00f3 a una solicitud de comentarios. En una declaraci\u00f3n, la portavoz de Grimmway, Dana Brennan, escribi\u00f3 que la empresa tiene pol\u00edticas estrictas que proh\u00edben las represalias contra los empleados o los empleados de los contratistas que denuncien problemas en el trabajo.<\/span><\/p>\n

“Contamos con una l\u00ednea directa confidencial, an\u00f3nima y biling\u00fce donde los empleados pueden denunciar inquietudes \u00e9ticas”, escribi\u00f3 Brennan. “Como lo hemos hecho desde que nos enteramos de este tr\u00e1gico accidente, nos comprometemos a trabajar con las autoridades durante toda la investigaci\u00f3n y extendemos nuestras m\u00e1s profundas condolencias a la familia de la Sra. S\u00e1nchez y a sus compa\u00f1eros de trabajo por esta dolorosa p\u00e9rdida”.<\/span><\/p>\n

Como posible testigo del accidente, Montoya solicit\u00f3 una acci\u00f3n diferida con la ayuda de United Farm Workers, y desde entonces se ha vuelto m\u00e1s activo con la organizaci\u00f3n, alentando a sus compa\u00f1eros de trabajo a presentar sus solicitudes y hablando en una convenci\u00f3n sindical en septiembre.<\/span><\/p>\n

Al d\u00eda siguiente de las elecciones, dijo que se sent\u00eda aliviada por haber obtenido su permiso de trabajo este a\u00f1o y temerosa de haber dado su informaci\u00f3n a las autoridades federales de inmigraci\u00f3n. En los campos, la mayor\u00eda de los trabajadores hablaban sobre la victoria de Trump, “sobre lo que pasar\u00e1 con nosotros ahora”.<\/span><\/p>\n

“Nos protege de la deportaci\u00f3n”, dijo sobre el programa. “Aun as\u00ed, el miedo existe… Cuando \u00e9l quiera, nos lo puede quitar”.<\/span><\/p>\n

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