{"id":28906,"date":"2025-04-02T11:56:31","date_gmt":"2025-04-02T18:56:31","guid":{"rendered":"https:\/\/peninsula360press.com\/?p=28906"},"modified":"2025-04-02T11:56:31","modified_gmt":"2025-04-02T18:56:31","slug":"ninos-en-asuntos-de-inmigracion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/peninsula360press.com\/en\/ninos-en-asuntos-de-inmigracion\/","title":{"rendered":"Lawyers representing children in immigration matters advocate for continued funding"},"content":{"rendered":"
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Un juez federal en San Francisco escuch\u00f3 argumentos sobre emitir una orden para mantener el flujo de fondos federales a un programa que proporciona abogados para representar a ni\u00f1os en asuntos de inmigraci\u00f3n. Foto: Canva<\/figcaption><\/figure>\n

Por Joe Dworetzky. Bay City News<\/a>.<\/strong><\/p>\n

Un juez federal en San Francisco escuch\u00f3 argumentos el martes sobre si emitir una orden de restricci\u00f3n temporal para mantener el flujo de fondos federales a un programa que proporciona abogados para representar a ni\u00f1os no acompa\u00f1ados en asuntos de inmigraci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Despu\u00e9s de casi dos horas de discusi\u00f3n, la jueza federal de distrito Araceli Mart\u00ednez-Olgu\u00edn dijo que quer\u00eda m\u00e1s informaci\u00f3n legal y orden\u00f3 a las partes presentar sus documentos antes del 8 de abril, enfatizando que “esto debe resolverse”.<\/span><\/p>\n

La demanda fue presentada por 11 organizaciones de servicios legales sin fines de lucro despu\u00e9s de recibir notificaci\u00f3n de que se hab\u00eda cancelado la financiaci\u00f3n federal para la representaci\u00f3n legal de ni\u00f1os no acompa\u00f1ados en asuntos de inmigraci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Los ni\u00f1os no acompa\u00f1ados son menores nacidos en el extranjero que llegan a Estados Unidos sin padres o cuidadores, a menudo en circunstancias tr\u00e1gicas.<\/span><\/p>\n

El Congreso otorg\u00f3 a los ni\u00f1os no acompa\u00f1ados protecciones legales especiales debido a su edad, las dificultades para navegar el sistema de inmigraci\u00f3n del pa\u00eds y porque son especialmente vulnerables “a la trata, el abuso bajo custodia del gobierno y las injusticias en el sistema legal de inmigraci\u00f3n”.<\/span><\/p>\n

Reconociendo que sin representaci\u00f3n legal, los ni\u00f1os no acompa\u00f1ados no estar\u00edan en condiciones de aprovechar esas protecciones, el Congreso orden\u00f3 al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. que organizara la representaci\u00f3n legal de los ni\u00f1os “en la mayor medida posible”.<\/span><\/p>\n

Para ello, el gobierno contrat\u00f3 al Centro Acacia para la Justicia, que a su vez subcontrat\u00f3 el trabajo a una red de 89 organizaciones de servicios legales en 159 oficinas en todo el pa\u00eds. Los demandantes se encuentran entre las organizaciones subcontratadas que realizan el trabajo.<\/span><\/p>\n

Para obtener una orden de restricci\u00f3n temporal, los demandantes deben demostrar, entre otras cosas, que tienen una probabilidad sustancial de \u00e9xito en los m\u00e9ritos de su caso y que sufrir\u00e1n da\u00f1os irreparables sin la orden.<\/span><\/p>\n

Los demandantes en este caso dicen que, si bien el Congreso asign\u00f3 fondos para el trabajo hasta septiembre de 2027, recibieron “\u00f3rdenes de cancelaci\u00f3n” del Departamento del Interior de los EE. UU. el 21 de marzo orden\u00e1ndoles que detuvieran de inmediato el trabajo de representaci\u00f3n de ni\u00f1os no acompa\u00f1ados en casos de inmigraci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, afirman que, sin representaci\u00f3n legal, los menores \u2014muchos de ellos con un dominio limitado del ingl\u00e9s\u2014 no podr\u00e1n comprender sus derechos ni presentar su situaci\u00f3n ante las autoridades. Esto no solo les causar\u00e1 graves perjuicios, sino que tambi\u00e9n debilitar\u00e1 las organizaciones de los demandantes y agravar\u00e1 considerablemente la acumulaci\u00f3n de casos y la carga de trabajo de los jueces de inmigraci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

El abogado del gobierno, Jonathan Ross, plante\u00f3 una serie de argumentos que buscaban socavar la idea de que los demandantes pudieran prosperar en la demanda. En primer lugar, argument\u00f3 que los demandantes eran solo subcontratistas y no ten\u00edan derecho a demandar en virtud del contrato. En segundo lugar, que, en cualquier caso, el contrato expir\u00f3 en sus propios t\u00e9rminos a finales de marzo. En tercer lugar, que el Congreso otorg\u00f3 al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) discreci\u00f3n para decidir c\u00f3mo prestar servicios legales a los menores sin representaci\u00f3n legal, y que el tribunal no ten\u00eda la facultad de interferir en el ejercicio de dicha discreci\u00f3n por parte de su cliente.<\/span><\/p>\n

El juez Mart\u00ednez-Olgu\u00edn, designado por Biden en 2022, pregunt\u00f3 al abogado de los demandantes si estaban tratando de hacer cumplir el contrato y, de ser as\u00ed, c\u00f3mo pod\u00edan hacerlo si no eran parte.<\/span><\/p>\n

La abogada de los demandantes present\u00f3 un argumento matizado: no pretend\u00edan hacer cumplir el contrato, sino obligar al gobierno a gestionar la representaci\u00f3n legal de los menores no acompa\u00f1ados, tal como lo exig\u00eda el Congreso. Afirm\u00f3 que el gobierno no tiene por qu\u00e9 recurrir a los subcontratistas existentes, pero tampoco puede dejar a los menores sin representaci\u00f3n legal.<\/span><\/p>\n

Ross dijo que el HHS espera proporcionar algunos servicios legales para los ni\u00f1os no acompa\u00f1ados, pero no la “representaci\u00f3n directa” que los demandantes han estado brindando.<\/span><\/p>\n

En una declaraci\u00f3n adjunta a la presentaci\u00f3n del gobierno, un funcionario del HHS se\u00f1al\u00f3 que los servicios que se prestar\u00edan a los ni\u00f1os sin representaci\u00f3n legal de forma continua costar\u00edan alrededor de 27 millones de d\u00f3lares, en comparaci\u00f3n con los casi 800 millones de d\u00f3lares del contrato rescindido. El funcionario explic\u00f3 que \u00abcontinuar financiando servicios que no son legalmente obligatorios no cumple con los objetivos de pol\u00edtica de esta Administraci\u00f3n de reducir el gasto p\u00fablico innecesario\u00bb.<\/span><\/p>\n

Enfatiz\u00f3 que el gobierno no busca impedir la representaci\u00f3n pro bono (es decir, voluntaria y no remunerada) de menores no acompa\u00f1ados, pero afirm\u00f3 que las agencias no desean gastar fondos p\u00fablicos en representaci\u00f3n directa. A\u00f1adi\u00f3 que al gobierno le preocupa que los grandes contratos multimillonarios creen un mercado para que los proveedores de servicios legales remunerados se hagan cargo de los casos, lo que desincentiva la contrataci\u00f3n y el voluntariado de abogados pro bono.<\/span><\/p>\n

La jueza no dio indicios sobre su decisi\u00f3n, pero afirm\u00f3 que segu\u00eda teniendo dudas sobre si la medida cautelar solicitada podr\u00eda reparar adecuadamente el perjuicio que alegaron los demandantes. Inst\u00f3 a los abogados a centrarse en esta cuesti\u00f3n en su informe complementario.<\/span><\/p>\n

En una conferencia de prensa posterior a los argumentos afuera del tribunal, Carson Scott, uno de los abogados de los demandantes, abord\u00f3 la cuesti\u00f3n de si era realista pensar que se encontrar\u00edan abogados pro bono para representar a decenas de miles de ni\u00f1os no acompa\u00f1ados.<\/span><\/p>\n

Scott afirm\u00f3 que ser\u00eda “incre\u00edblemente irrealista”. A\u00f1adi\u00f3 que ese enfoque “ya se ha probado antes y no ha funcionado”.<\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que esa fue la raz\u00f3n por la que el Congreso asign\u00f3 los fondos para el trabajo que est\u00e1n haciendo los demandantes.<\/span><\/p>\n

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