Por Joyce Chu. San Jos\u00e9 Spotlight.<\/p>\n
Legisladores estatales y federales de Silicon Valley se est\u00e1n preparando para contrarrestar la aplicaci\u00f3n de las leyes de inmigraci\u00f3n en sus distritos de origen y m\u00e1s all\u00e1.<\/p>\n
Varios legisladores del \u00c1rea de la Bah\u00eda han presentado leyes este a\u00f1o para reducir la actividad del Servicio de Inmigraci\u00f3n y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) imponiendo m\u00e1s impuestos a los centros de detenci\u00f3n de inmigrantes, reforzando la supervisi\u00f3n y garantizando que las personas puedan demandar a los agentes federales por da\u00f1os monetarios.<\/p>\n
El asamble\u00edsta Alex Lee, quien representa a zonas de San Jos\u00e9, Milpitas, Fremont, Newark y Sunol, present\u00f3 el Proyecto de Ley 1675 para garantizar que los contratistas de ICE, como las prisiones privadas, no reciban exenciones fiscales. El proyecto de ley se present\u00f3 este mes.<\/p>\n
“Creo que, en un momento como este, cuando ICE est\u00e1 asesinando a ciudadanos estadounidenses a plena luz del d\u00eda, secuestrando ni\u00f1os peque\u00f1os y allanando hogares, es importante que las empresas tomen la decisi\u00f3n correcta”, declar\u00f3 Lee a San Jos\u00e9 Spotlight. “Esta es una herramienta financiera para que lo hagan”.<\/p>\n
El mes pasado, agentes del ICE asesinaron a dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis mientras observaban la actividad del ICE. Esta agencia federal ha llevado a cabo operativos a gran escala en ciudades como Los \u00c1ngeles y San Francisco desde que el presidente Donald Trump asumi\u00f3 el cargo el a\u00f1o pasado.<\/p>\n
Si bien acciones de cumplimiento masivo como el despliegue federal en Minneapolis no han ocurrido en el condado de Santa Clara, la regi\u00f3n ya es una de las \u00e1reas m\u00e1s impactadas por operaciones espec\u00edficas de ICE, seg\u00fan Huy Tran, director ejecutivo de Servicios, Derechos de los Inmigrantes y Red de Educaci\u00f3n (SIREN). La organizaci\u00f3n es parte de la Red de Respuesta R\u00e1pida, un grupo de voluntarios que documenta la actividad de ICE, env\u00eda alertas a la comunidad y brinda asistencia legal de emergencia gratuita para inmigrantes.<\/p>\n
Tran dijo anteriormente que la l\u00ednea directa de la red recibe m\u00e1s de 120 llamadas algunos d\u00edas. El temor al ICE ha impedido que los estudiantes de San Jos\u00e9 asistan a clases y ha ralentizado el tr\u00e1fico peatonal en los negocios de propiedad latina. Algunos residentes indocumentados han optado por auto deportarse.<\/p>\n
Las corporaciones en California, incluyendo a los contratistas de ICE, reciben alrededor de 40 mil millones de d\u00f3lares en exenciones fiscales subsidiadas por los contribuyentes, seg\u00fan datos proporcionados por la oficina de Lee. Adem\u00e1s de las prisiones privadas, entre las industrias que se benefician de los contratos de ICE se encuentran empresas de software, servicios de seguridad armados y compa\u00f1\u00edas de transporte, entre otras.<\/p>\n
\u201cEsperamos que las corporaciones pongan fin a toda complicidad con el ICE y dejen de abastecer a la fuerza paramilitar que es el ICE”, dijo Lee. “As\u00ed que, si desaparece por completo, se ver\u00e1n enormemente inhibidas de llevar a cabo su campa\u00f1a de terror”.<\/p>\n
A nivel federal, el congresista Ro Khanna ha presentado un plan de 10 puntos para reforzar las medidas de seguridad del ICE. El distrito de Khanna abarca el norte de San Jos\u00e9, Cupertino, Santa Clara, Sunnyvale, Milpitas y partes del condado de Alameda.<\/p>\n
Su proyecto de ley “Acabar con el Abuso del ICE”, o HR 1030, implica despojar al ICE de su financiaci\u00f3n, iniciar audiencias de destituci\u00f3n contra la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, y la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, garantizar que los centros de detenci\u00f3n de inmigrantes sean humanos mediante inspecciones independientes, atenci\u00f3n m\u00e9dica y requisitos de presentaci\u00f3n de informes, entre otros. El proyecto de ley acaba de ser presentado y ser\u00e1 analizado por el Comit\u00e9 Judicial de la C\u00e1mara de Representantes pr\u00f3ximamente.<\/p>\n
“No autorizar\u00e9 ni un d\u00f3lar adicional para ICE”, dijo Khanna en un comunicado.<\/p>\n
Pomaikai Neil, enfermero de Kaiser Permanente en Santa Clara y miembro de la Asociaci\u00f3n de Enfermeras de California, apoya el plan de Khanna.<\/p>\n
“Esos fondos asignados a ICE y (Aduanas y Protecci\u00f3n Fronteriza de EE. UU.), los $75 mil millones que se gastan en militarizar nuestras comunidades, deber\u00edan destinarse a Medicaid, Medicare, la inseguridad alimentaria y la educaci\u00f3n”, declar\u00f3 Neil a San Jos\u00e9 Spotlight. “Deber\u00edan destinarse a apoyar la infraestructura de nuestras comunidades”.<\/p>\n
En una reciente conferencia de prensa, Khanna se comprometi\u00f3 a rechazar futuras donaciones de la empresa de software Palantir Technologies, que ha contratado al ICE para crear una plataforma de rastreo y seguimiento de inmigrantes. Khanna acept\u00f3 casi 50 mil d\u00f3lares en contribuciones de campa\u00f1a de Palantir desde 2011, incluyendo casi 7 mil d\u00f3lares el a\u00f1o pasado, seg\u00fan un sitio web que registra donaciones. Khanna afirm\u00f3 que donar\u00e1 el dinero a organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes.<\/p>\n
“Ro (Khanna) es el primer miembro del \u00c1rea de la Bah\u00eda que se compromete a rechazar todas las futuras contribuciones individuales de Palantir”, dijo la portavoz de Khanna, Sarah Drory, a San Jose Spotlight.<\/p>\n
El senador estatal Scott Wiener, de San Francisco, present\u00f3 el Proyecto de Ley Senatorial 747, la “Ley Sin Reyes”, que permitir\u00e1 demandar al ICE por da\u00f1os y perjuicios, incluyendo violaciones de la Primera Enmienda. El proyecto de ley fue aprobado por el Senado y se encuentra en tr\u00e1mite en la Asamblea.<\/p>\n
Tambi\u00e9n propuso el Proyecto de Ley Senatorial 627, la “Ley de No a la Polic\u00eda Secreta”, que exige a los agentes federales que no usen m\u00e1scaras, y fue coautor del Proyecto de Ley Senatorial 805, la “Ley de No a los Vigilantes”, que exige a las fuerzas del orden usar placas. Aunque el gobernador Gavin Newsom promulg\u00f3 estas pol\u00edticas en septiembre, est\u00e1n bloqueadas en un tribunal federal.<\/p>\n
A principios de este mes, el Ayuntamiento de San Jos\u00e9 vot\u00f3 a favor del Proyecto de Ley 1633 de la Asamblea, presentado por el asamble\u00edsta de San Francisco Matt Haney. Esta pol\u00edtica busca imponer un impuesto del 50 por ciento sobre las ganancias obtenidas por empresas privadas que operan centros de detenci\u00f3n de inmigrantes. El oto\u00f1o pasado se inaugur\u00f3 un nuevo centro de detenci\u00f3n en el condado de Kern, administrado por la empresa privada de prisiones CoreCivic. Este centro, con 2560 camas, es el mayor centro de detenci\u00f3n del ICE en California.<\/p>\n
“Si un modelo de detenci\u00f3n se basa en lucrar con el encarcelamiento, no deber\u00eda beneficiarse tambi\u00e9n de incentivos fiscales”, declar\u00f3 Miriam Arif, portavoz de SIREN, a San Jos\u00e9 Spotlight. “Estas iniciativas legislativas demuestran que nuestra regi\u00f3n se toma en serio la alineaci\u00f3n de la pol\u00edtica fiscal con nuestros valores y la garant\u00eda de que las comunidades inmigrantes sean tratadas con justicia, transparencia y respeto”.<\/p>\n