José Santos Alfaro Ayala, un líder comunitario en el cantón de Guarjila, Chalatenango, al norte de El Salvador, y quien fuera arrestado arbitrariamente el 12 de enero por supuestamente tener relación con agrupaciones ilícitas, sigue preso pese a tener una absolución del cargo firmada por un juez, pues la prisión donde se encuentra dijo querer “hacer su propia investigación”.
Santos, como lo conoce la comunidad que lo extraña y necesita, lleva casi 90 días en el Centro Penal de Izalco en Sonsonate, aunque ayer, 8 de abril, el Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado Juez 1, emitió que a las 16:00 horas una resolución a favor del imputado.
“PÓNGASE INMEDIATAMENTE EN LIBERTAD al imputado JOSÉ SANTOS ALFARO AYALA, para lo cual, LÍBRENSE los oficios respectivos al Centro Penal donde guarda detención el referido imputado”, refiere la sentencia del Tribunal.
Ante la noticia, recibida el domingo, su familia, abogada y representantes de organizaciones, acudieron por la noche a recibirlo. Se quedaron esperando, asombrados y tristes se retiraron de nuevo a sus hogares, cuando les fue informado que Santos no saldría esa noche debido a que, dijeron funcionarios del Penal, ellos harán su propia investigación para reafirmar la inocencia de Santos Alfaro.
“Santos no está libre porque falta otro proceso afuera del juzgado, aunque fue declaro inocente, el penal dijo que investigaría sino tiene algo más”, dijo John Guiliano, fundador y director ejecutivo de la Fundación Tamarindo durante una entrevista con Manuel Ortiz en el programa Península 360 Radio en colaboración con Marcos Gutiérrez de «Hecho en California».
Esta falta de transparencia y congruencia se ha dado en el marco del Régimen de Excepción emprendido por el presidente Nayib Bukele, que si bien en un inició sirvió para sacar de las calles a las pandillas, hoy, de acuerdo con defensores de Derechos Humanos, es solo un instrumento de opacidad que ha llevado a detenciones arbitrarias en contra de líderes comunitarios.
Ante ello, organizaciones civiles y de defensoría de Derechos Humanos, medios de comunicación independientes, y población civil, exigen la liberación correspondiente de Santos Alfaro, recordando que este es un líder necesario para su comunidad, donde tras realizar su trabajo, que es para el propio gobierno de El Salvador, realiza labores de enseñanza en la fundación donde fungía como director de recreación.
El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, realizó una declaración esta mañana, exigiendo la liberación del líder comunitario.
#Urgente 🚨 | El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado ha ordenado la liberación de José Santos Alfaro, líder comunal de Guarjila, Chalatenango.
Solicitamos a las autoridades de @PenalesSV que cumplan con la orden judicial para hacer efectiva su liberación. pic.twitter.com/59v7cWG5HZ
— Idhuca (@idhuca) April 9, 2024
Así mismo la organización Cristosal, con más de 20 años de experiencia defendiendo Derechos Humanos en El Salvador, comunicó la resolución del Tribunal y pidió, a través de sus redes sociales, la liberación de Santos Alfaro.
#DefendámonosJuntxs | José Santos Alfaro Ayala, reconocido líder comunal y presidente de la Fundación Tamarindo, fue capturado arbitrariamente en enero. Este lunes, un juez ordenó su libertad de forma inmediata, pero continúa bajo prisión. ¡Exigimos su liberación! pic.twitter.com/TKFmB6sPqw
— Cristosal (@Cristosal) April 9, 2024
“Necesitamos a Santos en las comunidades para que pueda seguir con su trabajo en favor de las comunidades, en favor de los jóvenes”, comentó John Guiliano.
Ya se han presentado cartas de apoyo de diferentes medios y organizaciones que exigen respeto a los procesos legales para el caso de Santos Alfaro, exigiendo la liberación de un líder comunitario que se dedica a llevar el deporte a su comunidad.
Este caso, ha dejado a la luz muchos más, personas que han sido detenidas baja el Régimen de Excepción y que su proceso legal jamás es llevado a cabo, o bien, existe gente que es declarada libre y sin cargos, pero se encuentra encerrada esperando hasta un año para ser libres, por órdenes de las autoridades del penal donde se encuentran.
Escuche la entrevista completa en Península 360 Press o de clic aquí.
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