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Donald Trump es aspirante en las elecciones presidenciales de Estados Unidos este 2024, el cual plantea un plan migratorio que preocupa a expertos, pues el republicano pondría en práctica deportaciones masivas, recorte a presupuestos de planes que apoyan a migrantes, entre otras duras políticas contra las personas indocumentadas.
El ex mandatario ejerció como presidente de Estados Unidos en el 2017, y durante durante su administración tuvo grandes cambios en el plan migratorio, pues separó familias en la frontera, impuso una “prohibición musulmana” y canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños, que va dirigido a aquellas personas que no pueden regresar a su país de origen debido a un peligro como un conflicto armado o desastre natural.
A su vez, limitó la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) una política que permite solicitar una licencia de conducir, un número de seguro social y un permiso de trabajo a “dreamers”, y lanzó obstáculos sobre la inmigración legal y el sistema de asilo, acciones en su mayoría deshechas por Biden.
En 2025 se espera una serie de reformas en todas las agencias del gobierno federal, por lo que en febrero de este año el Centro Niskanen publicó un informe que habla de los 175 cambios migratorios que el gobierno realizaría de ganar Donald Trump las elecciones presidenciales, informó Cecilia Esterline, analista de investigación sobre investigación de la misma organización en una conferencia informativa realizada por Ethnic Media Services.
“El plan (de Donald Trump) no refleja lo que los estadounidenses quieren ver en un sistema seguro de migración, que sea controlado y eficaz”, señaló.
Esterline puso como ejemplo el tema de las visas H-2A y H-2B, las cuales permiten a los empleadores estadounidenses traer extranjeros a Estados Unidos para ocupar empleos agrícolas y no agrícolas temporales. Cada año el gobierno federal publica una lista de países elegibles que pueden utilizar dichas visas, con base en métricas de riesgo para mantener la seguridad migratoria.
“El proyecto 2025 pretende utilizar la financiación para intimidar a los estados y a las localidades, para que cumplan con las prioridades políticas de la administración, por ejemplo: el tema de ayuda financiera para los estudiantes”, agregó la también licenciada en Estudios Internacionales.
De igual manera, mencionó que solo personas que tienen Green Card y ciudadanos estadounidenses pueden optar por la ayuda financiera estudiantil, sin embargo, los criterios para la matrícula se determinan por estado, los cuales tienen distintas necesidades.
26 estados más Washington D. C. han optado por permitir a los beneficiarios que califiquen para la Ayuda Federal para Estudiantes; en tanto, 23 estados han optado por permitir que los migrantes indocumentados realicen la solicitud de apoyos federales, pero en un intento para obligarlos a cambiar este tipo de políticas, el proyecto 2025 le ordena al Departamento de Educación denegar el acceso a préstamos a los estudiantes incluyendo a ciudadanos estadounidenses.
De llevarse a cabo, 67 por ciento de los universitarios podrían perder el acceso a la ayuda federal, lo que representaría un golpe devastador a la educación, finalizó Cecilia Esterline.
David J. Bier, director de Estudios sobre Inmigración del Instituto Cato, explicó que muchas de las propuestas que tenía Trump en su mandato van a regresar en caso de ser elegido como presidente, por lo que todos podrían tener un panorama general de lo que ocurriría.
Bier comentó que un ejemplo muy claro de lo que va a cambiar es el plan de refugiados, el cual se vio afectado 90 por ciento, y se espera que el presupuesto llegue solo a 100 mil dólares.
Para implementar el plan de Trump, también se deben considerar varios factores. En 2019 eran detenidas alrededor de 20 mil personas diariamente, por lo que deportar a millones, bajo las condiciones actuales, sería un trabajo muy complejo, comentó el director de Estudios sobre Inmigración del Instituto Cato.
“Sus planes de traer al ejército, de tener campamentos de detención y todas esas cosas, son inconstitucionales, es decir, ilegales. En la administración pasada de Trump trataron de detener a las personas en la frontera en condiciones totalmente ilegales”, agregó el también asesor político.
Bier mostró su preocupación por el plan de Trump, ya que no se tienen los recursos ni los espacios para detener a tantas personas como quieren hacerlo; se necesita movilizar, cuidar y vincular a todos los que lleguen para regresarlos, y en ese lapso se les debe proporcionar una cama, alimentos y servicios de salud, entre otros.
Zachary Mueller, director de investigación de America’s Voice Education Fund, explicó que la agenda migratoria de Trump presenta 3 principales amenazas interrelacionadas en forma de deportación masiva, violencia política y a la democracia estadounidense.
Entre lo más preocupante, dijo, es que se considera llevar a cabo campañas activas para reunir y detener de 15 a 30 millones de personas, dirigidas por tropas de la Guardia Nacional; además de que se afectarán a 80 por ciento de las personas que han llamado a Estados Unidos su hogar, ya que Trump ha dicho que no solo volteará a ver a los recién llegados, por lo que todos están en peligro, llegando a la deportación masiva.
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