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Guatemala se aproxima a un choque de trenes entre el poder ejecutivo y los diputados corruptos del Congreso que se niegan a declarar el estado de calamidad que le permitiría al presidente, Bernardo Arévalo, enfrentar la destrucción de la infraestructura vial causada por las fuertes lluvias, la falta de mantenimiento y la pésima calidad de los materiales utilizados en obras muchas veces inconclusas.
Se están poniendo en evidencia, por lo menos ochenta gandules encabezados por el expresidente del Congreso y diputado por Sololá, Allan Rodríguez, que junto a las “clicas” en el Ministerio Público y en las cortes forman el nervio motor de la cleptocracia y la narcopolítica, que intenta desgastar al gobierno de Arévalo y a sus ministros, con citatorios excesivos y simulaciones de fiscalización que nunca hicieron durante los gobiernos anteriores.
Mientras que durante la administración de Alejandro Giammattei aprobaron once estados de calamidad; ahora, como el ejecutivo no les ofrece dinero debajo de la mesa, se niegan a decretar el estado de calamidad para atender la emergencia.
El presidente Arévalo ha ordenado al Ministerio de la Defensa y al Batallón de Ingenieros del Ejército que trabajen en el restablecimiento de las vías de comunicación colapsadas por las intensas lluvias.
Por largos años, el raterismo de cuello blanco y el empresariado oligárquico, saquearon el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, y ahora a través de argucias leguleyas y desinformación, señalan al presidente y a su partido, Movimiento Semilla, de negarse a negociar y carecer de oficio político.
Arévalo les ha salido al paso haciendo pública su declaración patrimonial y veremos si al paso de los días este intento por entorpecer la gobernabilidad del país, no resulta en otra encerrona a los “dipu-ratas”, como ya sucedió en años recientes.
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