El fiscal general de California, Rob Bonta, presentó una demanda contra la administración del presidente Donald Trump por la decisión de congelar, de forma abrupta e inconstitucional, miles de millones de dólares en subvenciones educativas federales, a pocas semanas del inicio del ciclo escolar 2025-2026.
Según la demanda, el Departamento de Educación de EE. UU. bloqueó la entrega de fondos correspondientes a seis programas clave de educación, afectando solo en California un estimado de 939 millones de dólares.
La medida amenaza con paralizar programas esenciales como clases de verano, apoyo a estudiantes migrantes y de inglés, capacitación docente y acceso a tecnología en las aulas.
“Sin ton ni son, la Administración Trump congeló abruptamente miles de millones de dólares en fondos para la educación tan solo unas semanas antes del inicio del año escolar”, declaró Bonta. “Al hacerlo, ha puesto en peligro programas fundamentales para la formación de millones de estudiantes. Esta decisión es manifiestamente ilegal y confiamos en que el tribunal así lo determinará”.
La demanda fue presentada en coordinación con una coalición de 23 fiscales generales y dos estados, incluidos Colorado, Massachusetts, Rhode Island, Kentucky y Pensilvania. Argumentan que la congelación de fondos viola leyes federales como la Ley Antideficiencia, la Ley de Control de Embargos, la Ley de Procedimientos Administrativos, y contraviene principios constitucionales como la separación de poderes y la Cláusula de Presentación.
Durante décadas, estos fondos han sido utilizados por los estados para financiar programas educativos dirigidos a poblaciones vulnerables, mejorar la infraestructura escolar y ofrecer servicios extracurriculares.
Legalmente, el Departamento de Educación debía liberar un 25 por ciento de los fondos el 1 de julio, como ha ocurrido en años anteriores. Sin embargo, el 30 de junio de 2025, notificó a los estados que no obligaría los recursos.
La suspensión ha provocado caos inmediato. Las autoridades escolares ya habían aprobado presupuestos, contratado personal y planificado servicios. Ahora, sin los recursos garantizados, se ven forzadas a cancelar programas, afectando a familias trabajadoras que dependen de servicios como las escuelas de verano y los centros comunitarios de aprendizaje.
Bonta enfatizó que el poder sobre el presupuesto corresponde exclusivamente al Congreso, no al Poder Ejecutivo.
“La Constitución no permite al presidente negarse unilateralmente a gastar recursos aprobados por ambas cámaras. Eso es precisamente lo que está haciendo la administración Trump, y por eso estamos actuando”, puntualizó.
La demanda busca que la Corte declare ilegal la medida y ordene al gobierno federal liberar los fondos de inmediato. Esta acción se suma a otras demandas multistatales en las que tribunales han bloqueado decisiones similares del Ejecutivo por considerarlas extralimitaciones del poder presidencial.
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