En una muestra inédita de unidad regional, las 20 ciudades del condado de San Mateo se sumaron a la demanda presentada por el propio condado contra el Estado de California, al que acusan de retener ilegalmente casi 38 millones de dólares en fondos destinados a gobiernos locales.
La demanda, presentada originalmente en agosto de 2025, señala que los gobiernos municipales y el condado recibieron solo 76.5 millones de dólares de los 114.3 millones que les correspondían este año por mandato estatal.
Aunque un esfuerzo de cabildeo permitió recuperar dos tercios del monto para 2025, existe alta probabilidad de que los recursos vuelvan a ser excluidos en el presupuesto del próximo año.
“En un momento en que el condado y nuestras ciudades trabajan para sostener servicios críticos frente a desafíos fiscales, es esencial que el estado mantenga el financiamiento local que casi todas las demás jurisdicciones en California siguen recibiendo”, afirmó la supervisora Lisa Gauthier.
A la acción legal también se sumaron los condados rurales de Mono y Alpine, que enfrentan problemas similares con el mecanismo estatal de distribución.
El alcalde de Redwood City, Elmer Martínez Saballos, destacó que la decisión refleja la manera en que las autoridades locales responden ante amenazas presupuestales: “Cuando enfrentamos un desafío significativo, nuestros líderes se unen para encontrar soluciones y defender a los residentes”.
Por su parte, el director ejecutivo del condado, Michael Callagy, señaló que residentes de San Mateo han sido tratados de manera distinta a los de otros 55 condados que sí reciben el monto completo.
“Es fundamental que cada persona entienda el impacto real de este recorte y nos acompañe en la lucha por mantener nuestros impuestos trabajando aquí”, dijo.
La disputa surge del incumplimiento del llamado “VLF Swap”, un acuerdo de 2004 mediante el cual las ciudades y condados cedieron ingresos del impuesto vehicular a cambio de fondos compensatorios anuales a través del Vehicle License Fee Adjustment Amount (VLFAA).
Según la demanda, fallas técnicas en el mecanismo han reducido injustamente los pagos a San Mateo, mientras el resto del estado recibe su financiamiento completo sin objeciones.
Alcaldes de diversas ciudades advirtieron del impacto ya visible, pues en San Mateo, el alcalde Rob Newsom detalló que la pérdida de 2.2 millones de dólares afecta servicios esenciales y programas barriales.
Desde East Palo Alto, la alcaldesa Martha Barragan señaló que cada dólar “es vital para programas juveniles y seguridad comunitaria”. En Pacifica, su alcaldesa Sue Beckmeyer alertó que los fondos son indispensables para los servicios de emergencia en una ciudad atravesada por la autopista 1.
La demanda, que nombra como demandados al Estado de California y al director de finanzas de la administración Newsom, Joe Stephenshaw, exige el pago completo del monto adeudado y garantías de financiamiento futuro sin depender de negociaciones presupuestarias anuales.
El caso se encuentra en proceso ante la Corte Superior de California en el Condado de San Francisco, y se espera que el Estado responda formalmente en enero.
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