El año cierra con una herida abierta para millones de mexicanos en Estados Unidos. No es nueva, pero volvió a sangrar con fuerza. El endurecimiento del discurso y de las políticas anti inmigratorias asociadas a Donald Trump reactivó un sentimiento conocido: el miedo. Miedo a salir de casa, a manejar, a ir al trabajo, a que una puerta toque de madrugada y lo que se construyó durante años se derrumbe en minutos.
Trump nunca ocultó su postura. “They’re bringing drugs. They’re bringing crime. They’re rapists” (Traen drogas. Traen crimen. Son violadores), dijo en 2015 al anunciar su primera campaña presidencial. Años después, el mensaje sigue intacto.
Durante su paso por la Casa Blanca ha impulsado redadas, separaciones familiares y la expansión de centros de detención. En su actual narrativa, con casi un año de regreso en el poder, Trump ha prometido “the largest deportation operation in American history” (la más larga operación de deportación en la historia americana), una frase que volvió a circular en 2025 y que pesa como amenaza cotidiana en comunidades migrantes.
Ese lenguaje tiene consecuencias reales. Organizaciones civiles y académicas han documentado cómo, ante anuncios de redadas o endurecimiento de controles, cae la asistencia escolar, se reducen visitas médicas y aumenta el aislamiento social de los inmigrantes. El miedo se vuelve política pública sin necesidad de una sola orden escrita.
Frente a ese escenario, México ha intentado ocupar un papel de contención. Desde su red consular —la más grande que un país tiene en Estados Unidos— el mensaje ha sido reiterado: “No están solos”. No es una frase menor. Es una línea de defensa simbólica y práctica para quienes enfrentan procesos migratorios, detenciones o deportaciones.
En 2025, el gobierno mexicano reforzó la asistencia legal, la orientación consular y los programas de apoyo a connacionales retornados. La lógica es clara: si la incertidumbre se instala del otro lado de la frontera, el Estado mexicano debe amortiguar el golpe. No siempre alcanza. Pero importa.
El cierre de año también deja una paradoja: mientras el discurso antiinmigrante se radicaliza, la economía estadounidense sigue dependiendo de la mano de obra mexicana. Agricultura, construcción, servicios, cuidado de personas mayores. Sectores enteros sostienen su funcionamiento sobre trabajadores que viven con el temor de ser expulsados del país que también ayudan a sostener.
Mirar hacia 2026 no disipa la angustia. Los mexicanos en Estados Unidos se enfrentan a un escenario de mayor vigilancia, posibles deportaciones masivas, cambios legales restrictivos y un clima político cada vez más hostil. Pero también a una certeza: están arraigados. Tienen hijos, hipotecas, historias, comunidad. No son una estadística móvil.
México, por su parte, encara el reto de convertir la protección consular en una política de Estado más robusta, y no solo reactiva. Defender derechos, acompañar procesos legales y, sobre todo, sostener la dignidad de quienes cruzaron una frontera para sobrevivir.
Al cerrar el año, la pregunta no es solo qué pasará con la política migratoria de Estados Unidos, sino cuánto dolor más puede normalizarse. Porque detrás de cada cifra hay una familia, y detrás de cada discurso hay vidas suspendidas.
Más de la autora: Día Internacional del Migrante: cuando la política endurece las cifras y borra los rostros
