El Concejo Municipal de East Palo Alto aprobó el presupuesto para el año fiscal 2026-2027 con un déficit estimado de 4.7 millones de dólares que será cubierto mediante el uso de reservas municipales, una medida que permitirá mantener los servicios y programas comunitarios, pero que plantea desafíos para la sostenibilidad financiera de la ciudad en los próximos años.
El presupuesto contempla utilizar 3.5 millones de dólares de la reserva del Fondo General y 1.2 millones del Fondo de Proyectos de Tecnologías de la Información, lo que reducirá las reservas disponibles a aproximadamente 14.3 millones de dólares para mediados de 2027.
El plan financiero, aprobado durante una reunión especial del Concejo Municipal, incluye además el Programa de Mejoras de Capital para los próximos dos años y mantiene a la vivienda asequible como la principal prioridad de inversión.
En total, la ciudad destinará 19.1 millones de dólares a programas de vivienda, de los cuales 12 millones estarán dirigidos a la construcción de nuevas unidades habitacionales.
Tras escuchar a residentes y organizaciones comunitarias, el Concejo también aprobó aproximadamente 316 mil dólares adicionales para fortalecer diversos programas locales.
La mayor parte de esos recursos se destinará a mantener el financiamiento del YMCA y del EPA Center, así como a ampliar el presupuesto para eventos comunitarios, incluido el Día de Mama Dee, una celebración dedicada a las familias originarias de Hawái y de las Islas del Pacífico.
Solo 5 mil dólares fueron asignados a un fondo para la adquisición de vestimenta oficial del Concejo Municipal.
Las autoridades señalaron que recurrir a las reservas permitirá equilibrar el presupuesto de este año, aunque advirtieron que en el futuro será necesario incrementar ingresos o realizar ajustes al gasto para mantener finanzas saludables.
Durante la misma sesión, el Concejo aprobó el límite anual de apropiación establecido por la Constitución de California, conocido como Límite Gann.
Para el próximo ejercicio fiscal, el techo autorizado será de 40.3 millones de dólares, mientras que las apropiaciones sujetas a dicho límite ascienden a 35.8 millones, lo que mantiene a la ciudad aproximadamente 20.9 por ciento por debajo del máximo permitido.
El Concejo también aprobó una nueva política para regular el desarrollo de las reuniones públicas y cumplir con la fecha límite establecida por la ley estatal SB 707, que entra en vigor el 1 de julio.
La medida establece procedimientos para restablecer el acceso remoto en caso de fallas técnicas, fija un tiempo estándar de dos minutos para la participación ciudadana —que podrá reducirse a un minuto cuando haya 20 o más oradores inscritos— y otorga al presidente de la sesión la facultad de organizar el orden de las intervenciones.
Asimismo, adopta la regla de “una persona, un letrero”, que exige que cada participante sostenga su propio cartel y evita que estos obstruyan pasillos, asientos o salidas durante las reuniones.
En los comentarios públicos, residentes expresaron su respaldo a programas como el YMCA y Epicenter, solicitaron mayor atención a los problemas de tráfico y calidad del aire sobre University Avenue, participaron en un homenaje a una reconocida líder comunitaria y opinaron sobre la nueva política de reuniones y las prioridades presupuestarias de la ciudad.
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