Apenas seis días después de la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo migratorio en Houston, Texas, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) volvió a utilizar fuerza letal, esta vez contra un inmigrante colombiano de 26 años, quien murió tras recibir disparos durante una operación federal en Biddeford, Maine.
El caso ha reavivado las críticas sobre el uso de la fuerza por parte de la agencia migratoria y ha generado exigencias de una investigación independiente y transparente.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el operativo se realizó la mañana de este lunes 13 de julio como parte de una acción dirigida a detener a una persona con una orden final de deportación. La dependencia sostuvo que el conductor intentó huir y utilizó su vehículo como arma contra los agentes, por lo que uno de ellos disparó “por temor a la seguridad pública”.
Sin embargo, conforme avanzó la jornada surgieron versiones que contradicen parcialmente el relato oficial.
El senador independiente por Maine, Angus King, informó que, tras conversar con el secretario del DHS, Markwayne Mullin, conoció que el hombre abatido podría no haber sido el objetivo original del operativo, un dato que posteriormente también fue reportado por medios públicos de Maine.
Ante ello, King pidió una investigación “completa, transparente y abierta” y cuestionó que los agentes involucrados no portaran cámaras corporales, lo que dificulta esclarecer lo ocurrido.
Organizaciones defensoras de migrantes identificaron a la víctima como un ciudadano colombiano de 26 años que contaba con autorización para trabajar en Estados Unidos y tenía un número de Seguro Social, por lo que rechazaron que su muerte sea tratada como un incidente rutinario.
La Maine Immigrants’ Rights Coalition y Presente! Maine calificaron el hecho como una tragedia para la comunidad inmigrante y exigieron responsabilidades.
Videos difundidos por medios locales muestran parte del operativo, aunque no permiten confirmar la versión del DHS sobre una colisión entre vehículos.
En tanto, testigos entrevistados por la prensa señalaron que escucharon al joven gritar antes de desplomarse y afirmaron que el automóvil se desplazaba lentamente momentos antes de los disparos.
La investigación quedó en manos del FBI y de la Fiscalía General de Maine, mientras que el agente involucrado fue separado temporalmente de sus funciones conforme al protocolo estatal.
La gobernadora Janet Mills reconoció que el caso ha generado alarma entre la población y pidió esperar el resultado de las investigaciones, al tiempo que aseguró que las autoridades estatales colaborarán para esclarecer los hechos.
La muerte del joven colombiano ocurrió menos de una semana después de que agentes del ICE dispararan contra el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, durante un operativo en Houston, Texas.
En ese caso, el DHS afirmó que Salgado Araujo intentó embestir con su camioneta a un agente federal, argumento utilizado para justificar el uso de fuerza letal. Sin embargo, familiares, testigos y organizaciones civiles han cuestionado esa versión. Su hijo, Ronaldo Salgado, declaró públicamente que reconoció a su padre por la voz al ver videos difundidos en redes sociales, ya que —aseguró— la familia nunca fue notificada oficialmente antes de enterarse del fallecimiento por internet y los medios de comunicación.
Legisladores como la congresista Sylvia García también solicitaron una investigación independiente y transparente.
Las similitudes entre ambos casos han intensificado el escrutinio sobre los protocolos de actuación del ICE. En los dos operativos, la agencia sostuvo que los conductores utilizaron sus vehículos como armas; en ambos, familiares, testigos y organizaciones cuestionan la narrativa oficial y exigen que toda la evidencia sea preservada y revisada por autoridades independientes.
Las muertes también han provocado protestas tanto en Houston como en Biddeford, donde decenas de personas salieron a las calles para exigir justicia y mayor supervisión sobre las operaciones migratorias.
El nuevo caso se suma a la creciente preocupación por el incremento de operativos migratorios y el uso de la fuerza por parte de agentes federales durante la actual política migratoria de Estados Unidos, un escenario que mantiene bajo creciente presión a comunidades inmigrantes, organizaciones de derechos civiles y autoridades locales que demandan mayor transparencia y rendición de cuentas.
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