En medio del agua revuelta del litigio malicioso para burlar la voluntad popular e impedir la toma de posesión del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, el próximo 14 de enero, el bloque más podrido de diputados en el Congreso de la República está intentando aprobar una “ley para el fortalecimiento de la paz”, que pretende otorgar amnistía a militares acusados y enjuiciados por delitos de desaparición forzada, tortura y genocidio.
De un plumazo, intentan borrar las demandas en contra de los responsables de más de doscientos mil asesinatos, seiscientas masacres y, por lo menos, cuarenta y cinco mil desaparecidos.
Aunque las dimensiones del genocidio en Guatemala rebasan con mucho a las atrocidades cometidas en Chile, Argentina y Uruguay, en donde por ley se sigue investigando y condenando a los responsables, en el país centroamericano los beneficiarios de la impunidad aprovechan el caos provocado por ellos mismos para cubrir con el manto del olvido ese oscuro tramo de la historia nacional.
Las fuerzas regresivas estiman que el gobierno de Arévalo difícilmente aceptará el borrón y cuenta nueva que favorece a los perpetradores y, cual si fuera una venganza premeditada, continúan destituyendo y encarcelando a funcionarios honestos como las abogadas Claudia González y Vicenta Laparra, que por años han luchado en contra de la impunidad.
Por lo menos, 42 jueces de rango mayor han salido al exilio y Giammattei y sus operadores en el Ministerio Público por cuarta vez allanaron el Tribunal Supremo Electoral para secuestrar las actas que certifican el resultado de la elección.
Guatemala vive días tenaces por la obstinación de narco-políticos, militares y oligarcas que temen perder los privilegios acumulados tras largos años sin fiscalización ni vigilancia ciudadana y, a lo descarado, ahora muy patriotas llaman a defender la soberanía mientras consuman nuevos atracos.
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