Por Pamela Cruz con información de Reuters. Península 360 Press.
El gobierno de Estados Unidos ha iniciado formalmente deportaciones de migrantes a terceros países, incluyendo destinos en África, tras un reciente fallo de la Corte Suprema que autorizó esta práctica. Uno de los primeros vuelos bajo esta nueva política aterrizó en Esuatini, una nación del sur del continente africano, según informó este martes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
“Un vuelo seguro de deportación a un tercer país con destino a Esuatini ha aterrizado. Este vuelo transportó a individuos tan singularmente bárbaros que sus países de origen se negaron a recibirlos de regreso”, declaró Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, a través de la red social X.
Según reportó la agencia Reuters, los migrantes deportados en este vuelo eran originarios de Vietnam, Jamaica, Laos, Cuba y Yemen, y habían sido condenados por delitos graves como violación infantil y asesinato. No se detalló cuántas personas fueron trasladadas ni las condiciones del viaje.
Esta acción sigue a la decisión tomada por la Corte Suprema a finales de junio, que permite al gobierno del presidente Donald Trump deportar a migrantes a países distintos de su nación de origen sin que estos puedan demostrar los posibles riesgos que enfrentarían. El fallo es visto como una victoria significativa para la política migratoria de Trump, quien ha intensificado su campaña de deportaciones masivas desde el inicio de su segundo mandato.
De acuerdo con un memorando interno fechado el 9 de julio, citado por Reuters, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ahora puede realizar deportaciones a terceros países con tan solo seis horas de aviso, siempre y cuando se brinde a los migrantes la oportunidad de hablar con un abogado. Previamente, el protocolo requería un aviso mínimo de 24 horas.
El documento señala además que las deportaciones pueden realizarse a países que hayan ofrecido garantías de no perseguir ni torturar a los deportados, sin requerir trámites adicionales.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado preocupación por la falta de garantías de debido proceso en esta política, así como por los riesgos que representa enviar a migrantes a países donde podrían enfrentarse a condiciones peligrosas. Los críticos afirman que la medida prioriza la política sobre la seguridad y bienestar de las personas migrantes.
Mientras tanto, la administración Trump defiende la política como una herramienta para reforzar la seguridad interna y reducir la inmigración irregular, aunque sigue generando intensas críticas dentro y fuera del país.
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