Los esfuerzos por impedir la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo en Guatemala y el litigio malicioso conducido por sus opositores en las cortes, la Junta Directiva del Congreso y el Ministerio Público los han catalogado de un golpe de Estado en cámara lenta.
Las cortes no tienen jurisdicción electoral, pero deciden suspender al partido Semilla y el Congreso deja entonces sin partido a los miembros de su bancada, de manera que ya en condición de independientes no puedan acceder a cargos en la Junta Directiva controlada por los corruptos.
El presidente Giammattei apareció ante las cámaras reconociendo el triunfo de Arévalo, pero insinuó que el 14 de enero de 2024 le entregará la banda presidencial no al ganador de las elecciones, sino a sus compinches en el Congreso, que nombrarían a un presidente provisional y convocarían a nuevas elecciones.
A cargo de la operación están, entre otros, la Fundación contra el Terrorismo, la fiscal Consuelo Porras, alias «doctora comosiama», y el fiscal Rafael Curruchiche, encargados de cubrir las raterías de Giammattei y de su concubino Miguel Martínez.
Nerviosos por el fantasma del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, extraditado a los Estados Unidos, Martínez y Giammattei fueron sorprendidos en una conversación telefónica en la cual, angustiado, Martínez llama «vieja puta» a la «doctora comosiama», e «indio cerote» al fiscal Curruchiche.
Ese es el nivel del deterioro institucional del Estado, y evidencia del desgaste sufrido por un modelo de dominación que está viviendo sus últimos días.
Es difícil que la «clica» de oligarcas, militares, narcopolíticos y pastores evangélicos, ceda y acepte civilizadamente el triunfo de Arévalo. A ellos parece importarles poco la incertidumbre e irritación social generadas por el litigio malicioso que podría terminar convirtiéndose en ira popular.
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