Por Ryan Sabalow. Bay City News.
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¿Debería la ley exigir a los médicos que notifiquen a la policía inmediatamente si sospechan que un paciente es víctima de violencia doméstica?
Esa pregunta dividió a tres médicos que ocupaban escaños en la Asamblea de California cuando se sometió a votación esta semana.
Según la ley actual, los proveedores de atención médica enfrentan cargos por delitos menores si no denuncian sospechas de abuso a la policía, incluso si los pacientes no quieren que la policía se involucre.
En los últimos años, algunos defensores de los sobrevivientes de violencia doméstica dicen que los requisitos obligatorios de presentación de informes han impedido que las víctimas busquen tratamiento.
Los defensores dicen que las víctimas temen que, si llaman a la policía, las acusarán, les quitarán a sus hijos o, en el caso de inmigrantes indocumentados, sus familias correrán el riesgo de ser deportadas.
“Hemos visto las formas en que los requisitos médicos obligatorios de presentación de informes para todas las lesiones violentas han impedido a los sobrevivientes buscar la atención médica necesaria en primer lugar, han hecho que los sobrevivientes sientan que nunca podrían volver a recibir atención médica después de enterarse de los requisitos, o han hecho sienten que no pueden compartir el motivo o el alcance de ciertas lesiones o problemas de salud con su proveedor”, dijo el mes pasado la autora del proyecto de ley, la asambleísta demócrata Tina McKinnor de Inglewood, al Comité de Seguridad Pública de la Asamblea.
El proyecto de ley de McKinnor requeriría que los médicos y otros proveedores de atención médica denuncien a la policía sólo los actos de violencia que requieran tratamiento para salvar la vida del paciente.
En otros casos sospechosos de abuso, si el paciente no quiere denunciar el delito, el proveedor de atención médica deberá derivarlo a servicios de defensa de víctimas. El proyecto de ley todavía requiere que los médicos informen sobre sospechas de abuso de niños y ancianos.
McKinnor presentó un proyecto de ley similar el año pasado. Murió en el Senado estatal tras pasar por la Asamblea. El lunes, el proyecto de ley de este año apenas logró aprobarse en el pleno de la Asamblea. Un proyecto de ley necesita 41 votos para ser aprobado en el pleno. Éste tenía 42.
El asambleísta demócrata Joaquín Arámbula, ex médico de urgencias de Fresno, fue uno de los 42 legisladores, todos demócratas, que votaron a favor del proyecto de ley.
Le dijo a CalMatters el jueves que votó a favor del último proyecto de ley porque requeriría que los médicos informen sobre lesiones potencialmente mortales. El proyecto de ley anterior, por el que no votó, no incluía ese requisito.
“No quería perder eso, ya que deberíamos centrarnos en aquellos que corren mayor riesgo para la vida”, dijo. “Y creo que este es un enfoque bueno y mesurado”.
El otro médico de la Asamblea que votó a favor del proyecto de ley fue el asambleísta Akilah Weber de La Mesa, obstetra y ginecólogo. Ella no respondió a las solicitudes de entrevista de CalMatters.
La asambleísta Jasmeet Bains, médica de familia de Bakersfield, estuvo entre los tres asambleístas demócratas que votaron “no”, junto con 12 republicanos.
Ella le dijo a CalMatters el jueves que cree que sus compañeros médicos regularmente impiden que continúe el abuso cuando presentan informes policiales. Le preocupa que las familias sufran si los médicos ya no están obligados a informar.
“Me preocupan las estructuras familiares”, dijo. “Me preocupa el entorno en el que crecen los niños si los perpetradores no rinden cuentas, porque a veces es esa pieza la que rompe el círculo de violencia en los hogares”.
Veintitrés miembros bipartidistas de la Asamblea no votaron sobre el proyecto de ley de McKinnor. No votar cuenta lo mismo que votar “no”.
Como informó CalMatters, los legisladores regularmente se niegan a votar para evitar declararse en contra de un proyecto de ley controvertido.
El proyecto de ley pasa ahora al Senado. El proyecto de ley del año pasado murió después de ser aprobado por el Comité de Seguridad Pública del Senado.
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