Conocíamos la importancia de la solidaridad internacional
y su necesidad,
pero sabíamos que la garantía de nuestra lucha
estaba en nuestras propias fuerzas
Roque Dalton, “Hablan los muertos de Vietnam”
Por Samuel Cortés Hamdan
La polémica gestión de Nayib Bukele al frente de El Salvador volvió a abrir otro frente de disputa social, ahora por la reactivación de la minería metálica.
En diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa —que también ha tenido sus relaciones tensas con el presidente, incluso una vez envalentonado para entrar al recinto acompañado de militares— avanzó la ley de minería metálica, que revierte una prohibición de 2017.
En la víspera, Bukele etiquetó de absurda la negativa a explotar el oro salvadoreño y aseveró que “estudios realizados en sólo el 4% del área potencial” hallaron 50 millones de onzas de oro en suelo salvadoreño, que podrían traducirse en más de 131 mil millones de dólares, un 380% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Con 57 de 60 votos posibles, pues, se aprobó explotar el oro salvadoreño al cierre del 2024, con el argumento de que se alcanzará desarrollo económico y se generarán empleos.
El Salvador, defendió el poder parlamentario en la nota informativa correspondiente, “se ubica en el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas más ricas en recursos minerales gracias a su actividad volcánica: habría depósito de litio, cobalto, níquel, que sirven para hacer baterías de almacenamiento de energías renovables”.
Amenazas ambientales, de derechos humanos, de violencia
El mismo día que se aprobó la ley de minería metálica salvadoreña, 23 de diciembre de 2024, el Instituto de Estudios en Política (IPS, por su sigla inglesa) de Estados Unidos publicó un artículo donde advertía amenazas ambientales para el país centroamericano.
En contrasentido a las promesas oficiales de desarrollo sustentable, el organismo aseveró que el avance de este modelo extractivo agrava los riesgos ambientales que actualmente desafían a El Salvador, además que probablemente conllevarán violaciones a los derechos humanos, contaminación y amenazas a la salud pública.
“Y tendrán un impacto económico adverso en industrias importantes, como la agricultura y el turismo. El Salvador no puede socavar su ruta hacia el cuidado del agua, comunidades saludables y barrios sustentables. Es una contradicción en los términos”, apuntaron los autores del análisis, Robin Broad, John Cavanagh, Jan Morrill y Manuel Pérez-Rocha.
En su desarrollo de argumentos, los evaluadores consideraron que, según una encuesta de opinión elaborada por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, 59% de los salvadoreños consideran que el país no es apto para la minería industrial.
A su vez, subrayan que el oro salvadoreño es extremadamente fino, no se presenta en pepitas macizas, por lo que se requieren enormes cantidades de agua para su filtrado, con un gasto de hasta 18 mil litros por cada onza diferenciada del metal.
“El Salvador tiene el menor índice de recursos hídricos per cápita de Centroamérica y se encuentra entre los menores en todo el hemisferio. La minería de oro amenaza tanto la cantidad como la calidad del suministro de agua”, subrayan.
Además, apuntaron riesgos en torno a la violencia y la seguridad, que ha sido una de las banderas más visibles de la gestión de Bukele. Su combate al pandillerismo, flagelo social en El Salvador desde los años de la guerra civil, le ha ganado altos índices de popularidad ciudadana y el ejecutivo suele recurrir al argumento de la pacificación para avanzar su agenda política.
En contrasentido, no obstante, los analistas del IPS advirtieron que los intereses en torno a la minería tienden a aumentar casos de corrupción, a través de la compra local de autoridades a cambio de favores financieros.
Recordaron, además, que en 2009 fueron asesinados tres defensores del agua, mientras que en 2023 a nivel mundial la minería fue el ámbito más vinculado al asesinato de los activistas ambientales.
“Honduras, Guatemala y Nicaragua suelen estar entre los diez países con más violaciones contra los defensores ambientales”, distinguieron.
La movilización ciudadana
Este domingo 19 de enero de 2025 diferentes organizaciones civiles, estudiantes y la diputada Claudia Ortiz, adscrita al partido Vamos, se manifestaron en el centro histórico de El Salvador para exigirles al presidente Bukele y a la Asamblea Legislativa la derogación de la ley de minería metálica.
Agrupados en torno al lema “Sí a la vida, no a la minería”, los inconformes procuraron la recolección de firmas contra la medida extractiva.
“El Salvador no es un país apropiado para la minería, pone en grave riesgo los ecosistemas y la salud. Quien lo ignore va en contra de la voluntad de la mayoría de la población. Aquí elegimos la vida, por eso decimos no a la minería”, apuntó la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).
En tanto, la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (Acafremin) argumentó que la contaminación minera de los ríos puede ser irreversible, lo que golpea tanto a la diversidad como el derecho humano de acceso al agua.
“La contaminación que deja en las cuencas también afecta con enfermedades crónicas a la población, como la insuficiencia renal y cáncer”, apuntó.
“El agua vale más que el oro”, “Los ríos no gritan, pero yo sí”, “Bukele, que tu oro sea el bitcóin, nuestro oro son los bosques y ríos”, “El oro de El Salvador es verde” fueron algunas de las proclamas expresadas por los manifestantes en pancartas.
“Algo está despertándose en los salvadoreños, los creyentes recogen firmas, los jóvenes se movilizan, más gente alza la voz con valentía. El pueblo no quiere que nos regresen al pasado, por eso hay esperanza de futuro. ¡Avanzemos!”, escribió la parlamentaria Ortiz en su cuenta de X.
Te puede interesar: La guerra de Trump contra los inmigrantes, una amenaza para la salud pública
