Ravneel Chaudhary, residente de East Palo Alto, presentó una queja formal en la que acusa múltiples violaciones a la Ley Ralph M. Brown de California durante la sesión especial del Concejo Municipal celebrada el pasado 10 de septiembre de 2025.
El documento fue remitido a la alcaldesa, vicealcalde, miembros del concejo, así como al abogado, gerente y secretario de la ciudad, y exige que se anule la reciente acción de censura y remoción de un concejal de juntas regionales, además de implementar reformas para garantizar la participación pública.
De acuerdo con la queja, la manera en que el Concejo manejó el proceso restringió los derechos legales de los residentes a participar en la toma de decisiones gubernamentales, al convocar la reunión justo antes de una sesión de la Junta de Rentas, lo que impuso un límite de tiempo estricto y redujo los espacios de intervención ciudadana.
La denuncia señala que inicialmente se otorgaron solo 10 minutos en total para debatir un tema central; posteriormente el tiempo se amplió a 20 minutos, pero decenas de asistentes no pudieron intervenir, pese a haber entregado solicitudes o levantar la mano en Zoom.
También acusa que la alcaldesa dio prioridad primero a los participantes en línea, limitando a quienes acudieron de manera presencial. Luego cambió al esquema de alternancia, pero impuso un tope de cinco oradores en Zoom, lo que dejó a varios residentes, incluidos adultos mayores y personas con discapacidad, sin posibilidad de expresarse.
Asimismo, Chaudhary argumenta que las recomendaciones y materiales presentados por la alcaldesa Lisa Barragán, el vicealcalde Dinan y la declaración del concejal Lincoln sugieren que al menos tres integrantes ya habían definido su postura antes de la audiencia, lo que plantea preocupaciones de decisión anticipada ilegal bajo la Ley Brown.
De igual manera, añadió que la inclusión del tema en una reunión especial con límite de tiempo, en lugar de un encuentro regular, redujo aún más las oportunidades de participación ciudadana.
La queja solicita al Concejo “remediar y corregir” estas violaciones anulando la acción de censura, garantizando que todos los residentes que entreguen solicitudes puedan hablar y asegurando igualdad de acceso para quienes participen en línea. Según el Código de Gobierno § 54960.1, se requiere una respuesta escrita en un plazo de 30 días.
“La Ley Brown existe para asegurar transparencia, equidad y una participación pública significativa. Aunque el concejo pueda argumentar un cumplimiento técnico, el espíritu de la ley fue claramente violado. La conducta de esta reunión negó a los residentes de East Palo Alto su derecho a ser escuchados”, expresó Chaudhary.
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