Por Pamela Cruz y Emma García. Península 360 Press.
La Ley Laken Riley, que permitiría al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) detener a inmigrantes indocumentados acusados de robo y delitos violentos, está a un paso de ser aprobada y firmada por Donald Trump, quien este lunes fue investido como el presidente 47 de la unión americana.
La aprobación podría convertirse en uno de los primeros triunfos de esta nueva administración en materia migratoria, luego de que el propio presidente Trump dijera en su discurso de inauguración que declarará emergencia nacional en la frontera sur del país, detendrá inmediatamente las entradas “ilegales” al país, y comenzará el proceso de deportación de millones de inmigrantes indocumentados.
Quizá se preguntee qué es la Ley Laken Riley y cómo podría afectarle.
La propuesta de ley está dirigida por republicanos con el apoyo de demócratas que actualmente se presentan a la reelección en estados rojos.
Laken Riley, que da nombre a la ley, era una estudiante de enfermería de 22 años de Georgia. Fue asesinada el 22 de febrero de 2024, tras recibir varios golpes en la cabeza con una piedra y ser asfixiada por José Antonio Ibarra, un inmigrante venezolano indocumentado en Estados Unidos.
Ibarra cruzó la frontera con Texas en 2022, pero en 2024 fue declarado culpable de 10 cargos, entre ellos asesinato, secuestro con lesiones corporales y agresión con agravantes con intención de violación.
Este proyecto de ley exigirá al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detener a los inmigrantes indocumentados que hayan sido acusados, detenidos o hayan admitido haber cometido robos con allanamiento de morada, hurtos o robos en tiendas.
El proyecto de ley también permite a los estados demandar al gobierno federal por decisiones o supuestos fallos relacionados con la aplicación de las leyes de inmigración.
De igual manera permitiría a los estados demandar al Departamento de Estado por expedir visados a inmigrantes de un país que deniegue o retrase injustificadamente la aceptación de inmigrantes de ese país; y prevé crear limitaciones a la libertad condicional para inmigrantes, exigiendo que sólo se conceda caso por caso.
De acuerdo con Aaron Reichlin-Melnick, miembro del Consejo Americano de Inmigración, “dar a los estados un poder de veto sobre miles de decisiones que toman todos los días los funcionarios y líderes encargados de hacer cumplir la ley federal complicará las cuestiones de inmigración en todas las comunidades y amenazará con desencadenar incidentes internacionales que podrían dañar los intereses estadounidenses en todo el mundo”.
Esta misma organización ha señalado que, si se aprueba este proyecto de ley, se exigirá la detención obligatoria de ciertos “no ciudadanos”, incluida cualquier persona indocumentada o beneficiario de DACA, arrestados por robo, hurto, hurto o delitos relacionados con hurto en tiendas, incluso si nunca son acusados de un delito.
Asimismo, precisa, dará a los fiscales generales estatales, incluidos los notoriamente antiinmigrantes de estados como Texas y Luisiana, el poder de dictar la política de inmigración a nivel federal y en el escenario internacional.
Para Sarah Mehta, asesora principal de políticas fronterizas de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés): “Este es un proyecto de ley extremo y reactivo que autorizará la mayor expansión de la detención obligatoria que hemos visto en décadas, abarcando a niños, DREAMers, padres de niños ciudadanos estadounidenses y otros miembros de larga data de sus comunidades que incluso ICE piensa que no deberían ser detenidos”.
La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés), se ha opuesto firmemente a la Ley Laken Riley pues, dijo, plantea serias preocupaciones sobre el debido proceso al exigir la detención obligatoria en casos en que se haya acusado a personas de “robo” y otros delitos menores.
Otras preocupaciones, precisó, incluyen el derecho garantizado a demandar a los estados que no están de acuerdo con la política federal de inmigración (incluida la amenaza de excluir la concesión de visados a países enteros).
En cambio, AILA insta a los miembros del Congreso a “implementar soluciones inteligentes para un sistema de inmigración efectivo y justo, como financiar las agencias federales de inmigración en niveles suficientes y garantizar que todo el sistema de inmigración pueda atender las necesidades de las familias y las empresas estadounidenses y de la nación en su conjunto”.
California tiene más inmigrantes que cualquier otro estado.
De acuerdo con el Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC, por sus siglas en inglés), California es el hogar de 10.6 millones de inmigrantes, el 22 por ciento de la población nacida en el extranjero a nivel nacional.
En 2023, el año más reciente con datos, el 27 por ciento de la población de California nació en el extranjero, la proporción más alta de cualquier estado y más del doble de la proporción del resto del país (12 por ciento). Casi la mitad (45 por ciento) de los niños de California tienen al menos un padre inmigrante. Mientras que un tercio (34 por ciento) de los adultos en edad laboral (entre 25 y 54 años) nacieron en el extranjero; la mitad (52 por ciento) de todos los californianos nacidos en el extranjero pertenecen a este grupo de edad.
El Pew Research Center estima que 1.8 millones de inmigrantes en California eran indocumentados en 2022, frente a los 2,8 millones de 2007; en tanto que la población de inmigrantes no autorizados o indocumentados en Estados Unidos aumentó a 11 millones en 2022.
PPIC precisa que los inmigrantes se concentran en los grandes condados costeros del estado. En 2023, los residentes nacidos en el extranjero representaban al menos un tercio de la población en los condados de Santa Clara, San Mateo, Alameda, San Francisco y Los Ángeles.
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