Por Álvaro Meneses Gutiérrez
Lima, Perú. – Tras nueve semanas de protestas y represión de las fuerzas del orden en Perú, la Misión de Solidaridad Internacional de Derechos Humanos llegó este 7 de febrero a la ciudad capital de Lima para recoger testimonios e información respecto a la violación de los derechos humanos y elaborar un informe sobre la situación en el país, que se presentará ante organismos internacionales.
Cabe recordar que el pasado 7 de diciembre, el exmandatario Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado al anunciar el cierre inconstitucional del Congreso de la República. No obstante, sin respaldo político y militar, el Congreso lo destituyó, la policía lo detuvo y la Fiscalía lo acusó por los presuntos delitos de rebelión y conspiración en agravio del Estado. Actualmente Castillo cumple 18 meses de prisión preventiva.
Tras la caída de Castillo, la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia de la República con el respaldo de los grupos políticos de ultraderecha, lo que provocó protestas a nivel nacional que exigen su renuncia, el cierre del Congreso, la convocatoria de nuevas elecciones generales y la consulta para una Asamblea Constituyente.
En el marco de estas protestas contra Boluarte, se cuenta, hasta la fecha, con 60 ciudadanos fallecidos y más de mil 500 heridos.
«Nos duele las graves violaciones a los Derechos Humanos que se están sufriendo en Perú», dijo en conferencia de prensa Marianela Navarro, militante del Frente de Organizaciones en Lucha de Argentina y miembro de la Misión de Solidaridad Internacional de Derechos Humanos que viajó a Perú.
Sobre la represión de las fuerzas del orden, Navarro señaló que se ha observado «no solo el asesinato de ciudadanos pacíficamente movilizados, sino también detenciones arbitrarias masivas, el uso de armas por parte de las fuerzas policiales y del Ejército que son utilizadas habitualmente para dispersión, con disparos directamente dirigidos a corta distancia. Hay un ciudadano en Lima asesinado por una bomba lacrimógena disparada a corta distancia».
Respecto al trabajo de la misión internacional en el país, el abogado y dirigente social argentino Juan Grabois Gismondi informó que se dedicarán a entrevistar a las víctimas de la represión de las fuerzas del orden, así como a dialogar con los actores sociales, políticos e institucionales involucrados.
«Vamos a ir a relevar las denuncias de las víctimas. Y a partir de esas denuncias, nosotros elaboramos un informe que presentamos en distintas instancias como Naciones Unidas, la OEA ‒Organización de los Estados Americanos‒ y la Santa Sede», precisó Grabois.
«Hay un desentendimiento sistemático de las pautas del Estado de Derecho y de los estándares más elementales de derechos humanos. Hay una situación de crisis absoluta. La respuesta estatal frente a una serie de demandas es el asesinato, la represión y la violación de sus derechos humanos, además de promover una campaña de estigmatización, discriminación y difamación que profundiza esta situación», opinó Grabois sobre Perú.
Con la información recogida, explicó el abogado Pablo Garciarena de la organización Xumek y miembro de la misión internacional en Perú, se elaborará un informe final que «también tendrá estándares mínimos que permitan fundar peticiones ante los sistemas interamericanos o universales de protección».
Por su lado, el diputado argentino Juan Marino, precisó que la misión internacional no ha venido para intervenir en asuntos de política interna.
«Venimos a velar por el respeto a los derechos humanos que son universales», dijo. «El derecho a la vida, a la protesta, a un debido proceso y a la defensa legal».
Con estas acciones, dice Marino, se espera «frenar la masacre y que se respeten los derechos humanos».
Esta nota se realizó con el apoyo de la organización Global Exchange en colaboración con Península 360 Press.
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