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Por Brandon Pho. San José Spotlight.
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Un escudo legal que protegía a los agentes de policía de demandas por uso excesivo de la fuerza ha sufrido un duro golpe en San José.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos denegó el miércoles la inmunidad calificada a Michael Panighetti, un oficial del Departamento de Policía de San José que disparó a un activista afroamericano, Derrick Sanderlin, en la ingle con una bala de espuma mientras sostenía un cartel en 2020.
El incidente ocurrió durante las protestas locales por el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. El fallo permite que la demanda por uso excesivo de la fuerza de Sanderlin siga adelante, a pesar de los esfuerzos de los funcionarios de la ciudad por evitar que siga adelante.
“Estamos contentos de que el caso siga adelante. Ha sido un proceso largo, más de cuatro años en este momento, por lo que todos mis clientes están ansiosos de que su caso finalmente sea escuchado por un jurado”, dijo a San José Spotlight la abogada Sarah Marinho, quien representa a Sanderlin y a otras seis personas en la demanda.
Marinho señaló que espera que el caso avance pronto en los tribunales de primera instancia.
“Estoy esperando en cualquier momento que el juez de primera instancia me dé la fecha del próximo juicio. Eso podría ocurrir dentro de un mes, no hay forma de saber cuándo exactamente”, puntualizó Marinho.
Los jueces de apelación coincidieron con un tribunal inferior al negar la inmunidad a Panighetti y a otros tres agentes demandados por uso excesivo de la fuerza durante la misma protesta en el centro de San José. Sin embargo, en una presentación separada el miércoles, dictaminaron que el tribunal inferior se equivocó al negar la inmunidad calificada al capitán de policía Jason Dwyer, quien estaba a cargo de la respuesta policial durante la protesta.
Los jueces argumentaron que Dwyer no violó los derechos claramente establecidos de nadie, lo cual es un estándar para negar la inmunidad.
El caso vuelve a los juzgados de primera instancia tras un retraso de un año. Otros seis codemandantes también denuncian que la policía empleó fuerza excesiva contra ellos mientras participaban en la protesta. Dicen que la policía les golpeó con proyectiles y dispositivos de control de multitudes. Una demandante, Vera Clanton, afirma que la maltrataron con rudeza y la tiraron al suelo mientras los agentes la arrestaban.
Los incidentes provocaron una presión para prohibir que la policía utilice gases lacrimógenos y proyectiles durante las manifestaciones, y pedidos de que se publiquen imágenes que capturen el uso de la fuerza por parte de la policía en las protestas.
La abogada municipal Nora Frimann se negó a hacer comentarios. Los funcionarios del SJPD también se negaron a comentar el fallo.
Los representantes de la ciudad han argumentado anteriormente que el tiroteo de Sanderlin en mayo de 2020 no fue un uso excesivo de la fuerza ni una represalia o supresión de los derechos de Sanderlin en virtud de la Primera y la Cuarta Enmienda.
Panighetti ha argumentado que no estaba tratando de contener a Sanderlin, sino de obligarlo a abandonar el área. Panighetti también argumentó que Sanderlin estaba impidiendo que los oficiales tomaran medidas contra los sospechosos y que no es una actividad protegida por la constitución.
Sin embargo, a la hora de decidir si el caso merecía ser llevado a juicio, los jueces de apelación dijeron que tenían que analizar los hechos desde una perspectiva que favoreciera más a Sanderlin. También rechazaron la idea de que Panighetti estuviera tratando de obligar a Sanderlin a marcharse.
“El método de fuerza que utilizó Panighetti tiene como objetivo, por su naturaleza, incapacitar a su objetivo, lo que dificulta que pueda alejarse libremente”, escribió la jueza Jacqueline Nguyen en la opinión del tribunal de apelaciones. “Un juez razonable que analizara estas pruebas podría concluir que al disparar un proyectil de 40 mm a la ingle de Sanderlin, Panighetti manifestó objetivamente su intención de inmovilizar a Sanderlin”.
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