Los funcionarios del condado de Santa Clara apoyan firmemente un nuevo proyecto de ley estatal presentado la semana pasada que tiene como objetivo reforzar los fondos disponibles para las jurisdicciones locales, con la finalidad de proteger legalmente a los residentes de las políticas instituidas por la administración entrante de Trump.
El Proyecto de Ley Senatorial X1-1, redactado por el presidente del Comité de Presupuesto del Senado, Scott Wiener, proporcionaría 10 millones de dólares en subvenciones a los abogados de los condados y ciudades de todo el estado para apoyar la presentación de acciones civiles contra el gobierno federal.
Entre lo que se busca proteger está la salud reproductiva, la justicia ambiental, los derechos civiles LGBTQ+, los derechos de los inmigrantes y otras comunidades vulnerables.
Tony LoPresti, asesor legal del condado de Santa Clara, dijo que las subvenciones, si se aprueban, aumentarán y se alinearán con las acciones internas del condado, como los 5 millones de dólares en fondos adicionales para la defensa de los inmigrantes aprobados por la Junta de Supervisores la semana pasada.
El condado también está realizando un examen intensivo de otras medidas que se pueden tomar antes de la toma de posesión del nuevo presidente el 20 de enero.
“Lo que está sucediendo a nivel legislativo estatal nos alienta a prepararnos para la multitud de amenazas que se están fomentando en el seno de la administración entrante”, señaló LoPresti.
“Los gobiernos locales desempeñan un papel vital en la defensa de sus residentes y eso incluye desafiar las políticas mediante acciones legales; la propuesta del senador Wiener es una ayuda bienvenida para lograr esos fines”, agregó.
Además de los 10 millones de dólares para los bufetes de abogados locales, el proyecto de ley otorgaría 25 millones de dólares en subvenciones a organizaciones de asistencia jurídica que defienden a los residentes de cuestiones como la deportación.
Gavin Newsom, gobernador del estado de California, también propuso asignar 25 millones de dólares a agencias estatales y al Departamento de Justicia de California como fondo de defensa contra las políticas de Trump.
Cabe destacar que, durante el primer mandato de Trump, el condado de Santa Clara luchó contra varias medidas adoptadas por Trump. Junto con San Francisco, impugnó, y consiguieron la primera orden judicial a nivel nacional, la orden ejecutiva del mandatario de retener fondos a las ciudades y condados que no lo ayuden a deportar inmigrantes.
El condado de Santa Clara y San Francisco también presentaron las primeras demandas para impugnar la norma de carga pública de Trump, y obtuvieron una orden judicial que impedía a la Administración exigir una prueba de riqueza para los inmigrantes que ingresaban al país o que buscaban ajustar su estatus migratorio.
Así, el condado de Santa Clara también se unió a Chicago, Los Ángeles y la ciudad de Nueva York para apoyar una demanda que impugna una restricción de viajes dirigida a las naciones de mayoría musulmana.
Fuera de los tribunales, durante el primer mandato de Trump, el condado financió servicios legales de inmigración y programas para educar a la comunidad sobre sus derechos, lanzó la campaña “Un condado, un futuro” e implementó la Red de Respuesta Rápida, un proyecto de defensa comunitaria desarrollado para proteger a las familias inmigrantes de amenazas de deportación.
El ejecutivo del condado, James R. Williams, aplaudió los esfuerzos del estado para asegurar la financiación y reafirmó el compromiso del condado de resistir acciones federales injustas.
“Estamos preparados para proteger a nuestra comunidad y sabemos que esta lucha requerirá de recursos considerables”, dijo Williams. “Es alentador saber que tenemos representantes a nivel estatal que están igualmente comprometidos a hacer frente a los ataques a nuestros valores que sabemos que se avecinan”.
Se espera que el Senado estatal considere la ley X1-1 en enero de 2025.
La financiación apoyaría las actividades de litigio de los fiscales civiles locales, incluidos los miembros de la Coalición de Fiscales Civiles, que está formada por muchas de las oficinas de abogados de ciudades y los condados más grandes de California, que representan a más del 40 por ciento de la población de California y millones de residentes en todas esas jurisdicciones.
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