El Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, oficina del Área Metropolitana de Los Ángeles (CAIR-LA), condenó enérgicamente las redadas federales de inmigración realizadas el jueves 10 de julio en dos granjas del condado de Ventura, las cuales dejaron un saldo devastador: un trabajador agrícola muerto, varios heridos y aproximadamente 200 personas detenidas.
La organización calificó las acciones como “militarizadas, caóticas e inconstitucionales”, y denunció un uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos durante lo que podría ser la mayor operación de control migratorio en un solo día en la historia del estado.
Las redadas se llevaron a cabo en Glass House Farms, en Camarillo, y en otra granja ubicada en Carpintería. De acuerdo con la Unión de Trabajadores Agrícolas, la operación federal sembró el caos entre los trabajadores, muchos de los cuales fueron detenidos sin previo aviso.
Informes preliminares indican que un trabajador perdió la vida tras caer de una altura de 30 pies, sufriendo una lesión cerebral fatal.
La situación generó una fuerte protesta en el sitio de Camarillo, donde cientos de personas se congregaron en rechazo a los operativos. La tensión escaló cuando agentes federales utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes, lo que obligó a los paramédicos a instalar un centro de triaje en el lugar para atender a múltiples personas heridas.
“Estas operaciones, cada vez más descaradas, caóticas, violentas e inconstitucionales, constituyen un uso vergonzoso e inaceptable de la violencia estatal contra algunas de las personas más vulnerables de nuestra sociedad”, declaró Amr Shabaik, director jurídico de CAIR-LA, en un comunicado.
“Es evidente que estas acciones buscan generar miedo en las comunidades inmigrantes, incluyendo a los trabajadores agrícolas, en todo el país”, agregó.
CAIR-LA también lamentó profundamente la muerte del trabajador agrícola y expresó sus condolencias a la familia de la víctima.
“No hay lugar para la violencia y el terrorismo patrocinados por el Estado en nuestra sociedad, y exigimos plena rendición de cuentas por el daño que ha causado ICE”, enfatizó Shabaik.
La organización informó que está colaborando con aliados locales para brindar asistencia legal, recursos informativos sobre derechos civiles y apoyo comunitario a las personas afectadas por la redada. También llamó a la comunidad a mantenerse alerta, documentar cualquier abuso y contactar a organizaciones confiables en caso de necesitar ayuda.
Para quienes hayan sido afectados por la actividad reciente de ICE o por acciones policiales, CAIR-LA puso a disposición su Departamento de Inmigración para recibir apoyo.
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