{"id":31868,"date":"2026-01-27T12:36:49","date_gmt":"2026-01-27T19:36:49","guid":{"rendered":"https:\/\/peninsula360press.com\/?p=31868"},"modified":"2026-01-27T12:39:41","modified_gmt":"2026-01-27T19:39:41","slug":"reformas-a-la-ley-de-abuso-infantil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/peninsula360press.com\/es_mx\/reformas-a-la-ley-de-abuso-infantil\/","title":{"rendered":"Legisladores de California consideran reformas a la ley de abuso infantil en medio de un litigio costoso"},"content":{"rendered":"

Por Thomas Peele. EdSource.<\/p>\n

\"Reformas
Legisladores de California consideran reformas a la ley de abuso infantil en medio de un litigio costoso<\/figcaption><\/figure>\n

En lo que probablemente ser\u00e1 uno de los temas m\u00e1s pol\u00e9micos que la Legislatura de California enfrentar\u00e1 en 2026, los legisladores debaten nuevamente la reforma de una ley de 2020 que elimin\u00f3 el plazo de prescripci\u00f3n de las demandas por abuso sexual infantil. Dicha ley, el Proyecto de Ley 218 de la Asamblea, desencaden\u00f3 una oleada de costosos litigios contra escuelas y otras agencias p\u00fablicas.<\/p>\n

El debate sobre la ley enfrenta a las v\u00edctimas de abuso infantil y a sus defensores, que buscan justicia por agresiones que les causaron la muerte hace mucho tiempo, con las agencias p\u00fablicas, que calculan cada d\u00f3lar en una econom\u00eda incierta y un a\u00f1o presupuestario inestable. Un esfuerzo similar se estanc\u00f3 el a\u00f1o pasado.<\/p>\n

El presidente de la Asamblea, Robert Rivas, ha asignado un grupo de legisladores para “explorar soluciones que logren el equilibrio adecuado en este tema cr\u00edtico”, escribi\u00f3 su portavoz en un correo electr\u00f3nico.<\/p>\n

Entre las posibles reformas buscadas por los distritos escolares y otras agencias p\u00fablicas se encuentran un acuerdo pagado por el estado a trav\u00e9s de un fondo de compensaci\u00f3n para las v\u00edctimas, un l\u00edmite a los pagos a las v\u00edctimas que presenten reclamos, un l\u00edmite a los honorarios de los abogados y un est\u00e1ndar legal m\u00e1s alto para probar un reclamo, dicen aquellos que apoyan el cambio.<\/p>\n

Desde que la AB 218 se convirti\u00f3 en ley, los distritos escolares han pagado cientos de millones de d\u00f3lares para resolver demandas en las que las personas han denunciado haber sido abusadas sexualmente por maestros, directores y personal escolar desde la d\u00e9cada de 1960. Decenas de denuncias similares, que a menudo tardan a\u00f1os en resolverse, siguen pendientes en los tribunales de todo el estado.<\/p>\n

Los defensores y abogados de las v\u00edctimas est\u00e1n preocupados de que cualquier cambio pueda cortar la justicia para quienes sufrieron abusos.<\/p>\n

“Creo que van a intentar dar el golpe de gracia”, dijo Thomas Moore, un destacado abogado demandante de Irvine, sobre los legisladores que buscan reformas. “Lo que realmente quieren es limitar dr\u00e1sticamente la capacidad de las v\u00edctimas actuales y futuras de abuso sexual infantil para demandar a las entidades p\u00fablicas y obtener una compensaci\u00f3n justa”.<\/p>\n

Un portavoz de Rivas, que se neg\u00f3 a ser entrevistado, escribi\u00f3 en un correo electr\u00f3nico que el orador es “un firme defensor de los sobrevivientes de agresi\u00f3n sexual infantil, y cualquier afirmaci\u00f3n de lo contrario es inequ\u00edvocamente falsa”.<\/p>\n

La asamble\u00edsta Dawn Addis, dem\u00f3crata de Morro Bay, defensora de las v\u00edctimas de abuso y del derecho a demandar, dijo que ella es una de las legisladoras que Rivas asign\u00f3 para trabajar en el asunto.<\/p>\n

“Me motiva asegurarme de que las v\u00edctimas est\u00e9n representadas”, dijo. El portavoz de Rivas se neg\u00f3 a identificar a otros legisladores a quienes la presidenta de la C\u00e1mara ha solicitado que trabajen en el tema.<\/p>\n

A medida que los legisladores comienzan su trabajo, el clamor de las agencias p\u00fablicas que buscan ayuda se hace m\u00e1s fuerte.<\/p>\n

La reforma es “la m\u00e1xima prioridad” ante el aumento de costos, declar\u00f3 a EdSource Faith Borges, cabildera de la Asociaci\u00f3n de Autoridades de Poder Conjuntas de California. Conocidas como JPAs, estas autoridades son agencias p\u00fablicas poco conocidas que los distritos escolares utilizan para reunir fondos para financiar los costos de responsabilidad civil y, en \u00faltima instancia, pagar la mayor parte de los acuerdos.<\/p>\n

“Cualquier soluci\u00f3n debe tener a las v\u00edctimas en primer plano”, dijo, pero “tambi\u00e9n debe equilibrar la realidad de que los recursos son limitados y provienen del \u00e1mbito de las aulas”.<\/p>\n

El seguro de responsabilidad civil para todos los distritos es uno de los gastos de mayor crecimiento en el presupuesto de un distrito, y el impacto de los casos de la ley AB 218 ha impulsado dicho crecimiento. Por ejemplo, durante la \u00faltima d\u00e9cada, un peque\u00f1o distrito, el Distrito Escolar Unido de Buckeye, con 4 mil 200 estudiantes en el condado de El Dorado, experiment\u00f3 un aumento del 146 por ciento. Pagar\u00e1 389 mil d\u00f3lares en el a\u00f1o escolar 2025-26 por seguro de responsabilidad civil, en comparaci\u00f3n con 158 mil d\u00f3lares en el a\u00f1o escolar 2017-2018.<\/p>\n

Los acuerdos son “todo dinero p\u00fablico” que fluye a trav\u00e9s de las JPA, dijo Eric Bengtson, abogado de San Jos\u00e9 que ha defendido a distritos escolares en casos de abuso. No hay compa\u00f1\u00edas de seguros privadas “emitiendo cheques. La gente necesita entender eso”, dijo.<\/p>\n

 <\/p>\n

AB 218 y el movimiento #MeToo<\/b><\/p>\n

Patrocinada por la ex asamble\u00edsta Lorena Gonz\u00e1lez, la AB 218 surgi\u00f3 del movimiento #MeToo, que se volvi\u00f3 viral en 2017 con acusaciones de d\u00e9cadas de abuso y agresi\u00f3n sexual por parte del ahora deshonrado magnate del cine de Hollywood Harvey Weinstein.<\/p>\n

La ley permite demandar por abuso sexual infantil hasta los 40 a\u00f1os o m\u00e1s tarde, si es entonces cuando recuerdan el abuso o descubren sus efectos psicol\u00f3gicos. La edad l\u00edmite anterior era de 26 a\u00f1os. Tambi\u00e9n cre\u00f3 un plazo de tres a\u00f1os para presentar demandas que antes estaban bloqueadas por prescripci\u00f3n.<\/p>\n

Una ley relacionada de 2024, el Proyecto de Ley 452 de la Asamblea, de la cual Addis es autor, elimin\u00f3 cualquier plazo de prescripci\u00f3n para demandar por agresi\u00f3n sexual infantil ocurrida despu\u00e9s del 1 de enero de 2024. Esta ley tambi\u00e9n podr\u00eda formar parte de las discusiones sobre la reforma. El senador John Laird, dem\u00f3crata por Santa Cruz, quien impuls\u00f3 las reformas el a\u00f1o pasado, afirm\u00f3 que algunos miembros de la Asamblea “quer\u00edan, en esencia, la derogaci\u00f3n” del proyecto de ley de Addis como parte de las reformas.<\/p>\n

Casi todas las demandas presentadas hasta la fecha se han resuelto extrajudicialmente, algunas por m\u00e1s de 5 millones de d\u00f3lares, seg\u00fan consta en los registros. Las pocas que han llegado a juicio con jurado han resultado en cuantiosas indemnizaciones para los demandantes, que posteriormente se redujeron en negociaciones que pusieron fin a las apelaciones de los veredictos.<\/p>\n

En 2023, un jurado del condado de Riverside otorg\u00f3 135 millones de d\u00f3lares a dos exalumnos del Distrito Escolar Unificado de Moreno Valley, quienes, seg\u00fan se determin\u00f3, fueron abusados \u200b\u200bsexualmente por un profesor de secundaria, Thomas Lee West, en la d\u00e9cada de 1990. West fue sentenciado a 52 a\u00f1os de prisi\u00f3n estatal. El distrito finalmente lleg\u00f3 a un acuerdo con los demandantes despu\u00e9s del juicio por 45 millones de d\u00f3lares, seg\u00fan consta en el acuerdo de conciliaci\u00f3n del caso.<\/p>\n

El Distrito Escolar de la Ciudad de Roseville, en el Condado de Placer, llev\u00f3 a juicio en febrero del a\u00f1o pasado una demanda AB 218, presentada a principios de 2020. El jurado otorg\u00f3 a la v\u00edctima poco m\u00e1s de 3 millones de d\u00f3lares, seg\u00fan consta en los registros. Sin embargo, cuando el distrito apel\u00f3 el veredicto, las negociaciones culminaron en un acuerdo de 1.5 millones de d\u00f3lares, seg\u00fan consta en los registros.<\/p>\n

En un caso pendiente de la ley AB 218, muy vigilado, los registros muestran que el Distrito Escolar Unificado de Long Beach enfrenta demandas de 18 exalumnos que afirman haber sido abusados \u200b\u200bpor el exprofesor Mark Anthony Santo en la d\u00e9cada del 2000. Santo fue declarado culpable de delitos sexuales en 2022 y condenado a entre 80 a\u00f1os y cadena perpetua en una prisi\u00f3n estatal. Perdi\u00f3 la apelaci\u00f3n de ese veredicto el a\u00f1o pasado.<\/p>\n

A medida que se acumulaban las demandas, Laird afirm\u00f3 que se mostr\u00f3 dispuesto a proponer reformas tras escuchar las preocupaciones de los l\u00edderes escolares de su distrito. Esto incluy\u00f3 un acuerdo de 4,5 millones de d\u00f3lares que la Escuela Municipal de Santa Cruz alcanz\u00f3 con dos v\u00edctimas que alegaron haber sido abusadas por un profesor a finales de la d\u00e9cada de 1980. Laird declar\u00f3 al medio de comunicaci\u00f3n local Lookout Santa Cruz que su iniciativa de reforma era “pol\u00edticamente ingrata”.<\/p>\n

La legislaci\u00f3n que present\u00f3 fue aprobada f\u00e1cilmente en el Senado, pero se estanc\u00f3 en la Asamblea. Habr\u00eda dificultado que una persona mayor de 40 a\u00f1os probara las denuncias de abuso. Tambi\u00e9n habr\u00eda elevado el est\u00e1ndar legal para probar las denuncias. En una entrevista el mes pasado, Laird expres\u00f3 su frustraci\u00f3n por el fracaso de su proyecto de ley debido a los desacuerdos entre quienes respaldaban sus reformas y quer\u00edan ir m\u00e1s all\u00e1, y quienes defienden los derechos de las v\u00edctimas.<\/p>\n

“Es un desastre”, dijo Laird a EdSource. “Me mantengo al margen. La Asamblea tiene que resolver esto”.<\/p>\n

 <\/p>\n

Afirmaciones falsas<\/b><\/p>\n

Tambi\u00e9n est\u00e1 alimentando los pedidos de reforma de la AB 218 una investigaci\u00f3n de fraude criminal sobre presuntas reclamaciones falsas presentadas contra el condado de Los \u00c1ngeles y sus centros de detenci\u00f3n juvenil y de acogida.<\/p>\n

El fiscal de distrito del condado de Los \u00c1ngeles, Nathan J. Hochman, investiga las acusaciones de que un bufete de abogados supuestamente pag\u00f3 a personas para inventar denuncias de abuso cuando el condado asign\u00f3 casi 5 mil millones de d\u00f3lares a resolver casos no relacionados con los distritos escolares. La Oficina del Asesor Jur\u00eddico del Condado de Los \u00c1ngeles tambi\u00e9n investiga las acusaciones de fraude que involucran al Grupo Legal Downtown LA. Este ha resuelto m\u00e1s de 2700 casos de abuso con el condado. Sus directores han negado cualquier irregularidad.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n por fraude en Los \u00c1ngeles cobra gran importancia mientras los legisladores consideran qu\u00e9 hacer, dijo Addis.<\/p>\n

“Algo sali\u00f3 muy mal” en la verificaci\u00f3n de los casos, dijo. “Sin duda, se necesita m\u00e1s transparencia y mayor rendici\u00f3n de cuentas por parte de los actores maliciosos”.<\/p>\n

Pero ella dijo que le preocupa que el esc\u00e1ndalo ponga en duda a v\u00edctimas con reclamos leg\u00edtimos.<\/p>\n

“No queremos caer en esa narrativa peligrosa de que las v\u00edctimas son el problema. Es un clich\u00e9 muy antiguo que nos trajo hasta aqu\u00ed: que no se debe creer ni confiar en las v\u00edctimas”, dijo Addis.<\/p>\n

El asamble\u00edsta Chris Ward, dem\u00f3crata por San Diego, est\u00e1 dialogando con otros miembros de la Asamblea sobre posibles reformas, seg\u00fan inform\u00f3 su portavoz. El portavoz a\u00f1adi\u00f3 que desconoc\u00eda si Ward forma parte del grupo que Rivas asign\u00f3 al asunto.<\/p>\n

V\u00edctimas de abuso y sus defensores, preocupados por la posibilidad de que Ward impulse reformas que limiten los derechos de las v\u00edctimas, protestaron frente a su oficina de distrito el mes pasado. En respuesta a la protesta, Ward declar\u00f3 que pretende “recoger las aportaciones de una amplia gama de partes interesadas para abordar cuestiones cruciales como el aumento explosivo de las responsabilidades y los riesgos que esto supone para los servicios p\u00fablicos en nuestras escuelas, ciudades y condados”.<\/p>\n

 <\/p>\n

‘Amenaza existencial’<\/p>\n

Para los distritos y las juntas escolares, el dolor de los casos en curso y la amenaza de acuerdos significa que puede haber menos dinero para la instrucci\u00f3n de los estudiantes y otros servicios.<\/p>\n

Andy Sheaffer, vicepresidente de la junta del Distrito Escolar Unificado de Carpinter\u00eda en el condado de Santa B\u00e1rbara, escribi\u00f3 en un comentario de EdSource en julio que la AB 218 es “una amenaza existencial para la educaci\u00f3n p\u00fablica en California”.<\/p>\n

Los costos de las demandas “se extraen directamente de los presupuestos de las aulas, no de las reservas estatales ni de los pagos de seguros. En algunos casos, las reclamaciones son anteriores a cualquier documentaci\u00f3n conocida, testigos o incluso a la existencia del personal o los miembros de la junta directiva”, escribi\u00f3.<\/p>\n

La Asociaci\u00f3n de Juntas Escolares de California est\u00e1 “abierta a abordar reformas que proporcionen alg\u00fan alivio a los distritos escolares, respetando al mismo tiempo que en estos casos se han cometido errores y que las v\u00edctimas merecen una compensaci\u00f3n”, dijo el portavoz de la asociaci\u00f3n, Troy Flint.<\/p>\n

“Pero sin poner en riesgo la solvencia financiera del distrito y su capacidad de satisfacer las necesidades de los estudiantes”.<\/p>\n

 <\/p>\n

Poco seguimiento de demandas<\/b><\/p>\n

No est\u00e1 claro cu\u00e1ntas demandas y acuerdos se han presentado en relaci\u00f3n con la AB 218. Hay poco seguimiento de las demandas y los distritos escolares. Dave George, director ejecutivo de un gran fondo de seguros que asegura a cientos de distritos \u2014el Fondo de Responsabilidad Excesiva de las Escuelas (SELF)\u2014, afirm\u00f3 que no publica anuncios sobre acuerdos. Los distritos escolares tampoco suelen anunciar acuerdos, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n

Pero lo que se sabe proviene de informes de los medios de comunicaci\u00f3n, registros judiciales y acuerdos de conciliaci\u00f3n publicados por los distritos escolares y las JPA.<\/p>\n

En muchos casos, las acusaciones de abuso se remontan a d\u00e9cadas atr\u00e1s.<\/p>\n

En un caso resuelto el a\u00f1o pasado, una mujer que demand\u00f3 por abusos cometidos por un profesor del Distrito Escolar Unificado de San Francisco entre 1963 y 1969 recibi\u00f3 una indemnizaci\u00f3n de 750 mil d\u00f3lares. El Distrito Escolar Unificado de Oakland pag\u00f3 1.1 millones de d\u00f3lares en total para resolver cuatro demandas que alegaban agresiones a menores por parte de empleados escolares en la d\u00e9cada de 1970, seg\u00fan consta en los registros.<\/p>\n

Los registros tambi\u00e9n detallan algunas de las agresiones que las v\u00edctimas alegaron haber sufrido en su infancia, incluyendo a una estrella del deporte de secundaria que afirm\u00f3 haber sido violada por sus entrenadores. Otra involucraba a un ni\u00f1o con discapacidad intelectual que fue abusado por el conductor de una camioneta escolar. Otro era un estudiante de tercer grado que declar\u00f3 en documentos judiciales que su maestro lo invit\u00f3 a una pijamada y luego lo agredi\u00f3.<\/p>\n

La mejor estimaci\u00f3n del costo estatal para los distritos escolares proviene del Equipo de Asistencia para la Gesti\u00f3n y Crisis Fiscal (FCMAT), que ayuda a los distritos escolares con emergencias financieras. Se proyecta que el total podr\u00eda eventualmente superar los $4 mil millones.<\/p>\n

“No sab\u00edamos muy bien qu\u00e9 pasar\u00eda con la AB 218”, declar\u00f3 a EdSource Caroline Heldman, profesora de estudios de g\u00e9nero, mujeres y sexualidad en Occidental College y fundadora de Stand With Survivors, un grupo de sobrevivientes de abuso sexual. “El gran volumen y el trauma extremo no eran algo que pudi\u00e9ramos haber previsto. Lo que estamos encontrando en t\u00e9rminos de pagos anticipados y el costo previsto de compensar a los sobrevivientes es mayor de lo que se predijo cuando se aprob\u00f3 la ley”.<\/p>\n

 <\/p>\n

Fondo de compensaci\u00f3n para las v\u00edctimas del Estado<\/b><\/p>\n

El FCMAT recomend\u00f3 que una reforma podr\u00eda ser un fondo de compensaci\u00f3n a las v\u00edctimas pagado por el Estado.<\/p>\n

David Levine, profesor de Derecho de la Universidad de California en San Francisco, que ha escrito sobre la AB 218 en publicaciones jur\u00eddicas, dijo que la ley es esencialmente “un mandato sin fondos” para las agencias locales porque “los legisladores simplemente abrieron, sin pensarlo dos veces, el plazo de prescripci\u00f3n” y “sin proporcionar ning\u00fan mecanismo para al menos ayudar a las entidades p\u00fablicas a pagar por esto”.<\/p>\n

Una soluci\u00f3n podr\u00eda ser un fondo de compensaci\u00f3n para las v\u00edctimas, dijo, similar al creado para pagar a las v\u00edctimas del 11-S y a casos importantes como el de intoxicaci\u00f3n por el herbicida Roundup. Estos fondos “normalmente imponen l\u00edmites, sobre todo a los da\u00f1os no econ\u00f3micos y, a menudo, a los honorarios de los abogados”, explic\u00f3. Esto ayuda a reducir las cifras y, al mismo tiempo, garantiza que las v\u00edctimas reciban su compensaci\u00f3n, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n

Pero los abogados litigantes se oponen vehementemente a un fondo para las v\u00edctimas, dijo Moore, el abogado de Irvine que representa a las v\u00edctimas.<\/p>\n

“Los fondos de compensaci\u00f3n a las v\u00edctimas no funcionan en general y definitivamente no funcionar\u00edan en una situaci\u00f3n de abuso sexual infantil, principalmente porque estos casos tienen enormes diferencias en t\u00e9rminos de la naturaleza del abuso y la naturaleza de las lesiones”, dijo.<\/p>\n

Moore, quien dijo que los honorarios de contingencia est\u00e1ndar de su firma en casos de abuso son del 40 por ciento, dijo que un fondo s\u00f3lo perjudicar\u00e1 a las v\u00edctimas y eliminar\u00e1 la responsabilidad p\u00fablica del proceso al eliminar el trabajo de investigaci\u00f3n que implica una demanda.<\/p>\n

Con un fondo estatal, “no hay ning\u00fan descubrimiento contra el distrito escolar”, dijo, refiri\u00e9ndose al proceso legal a trav\u00e9s del cual los abogados de los demandantes en casos de abuso obtienen registros del distrito escolar y testimonio de los funcionarios del distrito.<\/p>\n

Casi siempre que un ni\u00f1o denuncia haber sido abusado y el depredador es arrestado, la primera declaraci\u00f3n del distrito escolar a la prensa es: ‘No ten\u00edamos ni idea de que este sujeto abusaba de menores’. Pero a trav\u00e9s del litigio, nos dicen que este maestro lo sab\u00eda, que el director lo sab\u00eda”, dijo. “Y de repente, tenemos una explicaci\u00f3n completamente contraria de lo ocurrido en el caso”.<\/p>\n

Addis expres\u00f3 su escepticismo ante la posibilidad de que se apoye un fondo para v\u00edctimas en el presupuesto de 348.9 mil millones de d\u00f3lares propuesto por el gobernador Gavin Newsom, dado que el estado probablemente operar\u00e1 con d\u00e9ficit durante el pr\u00f3ximo a\u00f1o fiscal. La oficina de prensa de Newsom no respondi\u00f3 a preguntas.<\/p>\n

De hecho, Addis dijo que los problemas financieros del estado no deber\u00edan ser una raz\u00f3n para cortar la capacidad de las personas de presentar reclamos en casos de abuso sexual infantil.<\/p>\n

“Lo m\u00e1s perjudicial que podemos hacerles a las v\u00edctimas ahora mismo es impedirles el acceso a la justicia”, dijo. “No llegamos hasta aqu\u00ed porque nadie haya sido victimizado”.<\/p>\n

El periodista de datos de EdSource Daniel J. Willis y el editor general John Fensterwald contribuyeron a esta historia.<\/p>\n

Tambi\u00e9n te puede interesar:\u00a0Ex concejal de San Jos\u00e9 es condenado a 18 a\u00f1os de c\u00e1rcel por abuso infantil<\/a><\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Por Thomas Peele. EdSource. En lo que probablemente ser\u00e1 uno de los temas m\u00e1s pol\u00e9micos que la Legislatura de California enfrentar\u00e1 en 2026, los legisladores debaten nuevamente la reforma de una ley de 2020 que elimin\u00f3 el plazo de prescripci\u00f3n de las demandas por abuso sexual infantil. Dicha ley, el Proyecto de Ley 218 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":31869,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,10],"tags":[],"class_list":{"0":"post-31868","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-community","8":"category-politics"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/peninsula360press.com\/es_mx\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31868","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/peninsula360press.com\/es_mx\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/peninsula360press.com\/es_mx\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/peninsula360press.com\/es_mx\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/peninsula360press.com\/es_mx\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31868"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/peninsula360press.com\/es_mx\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31868\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31872,"href":"https:\/\/peninsula360press.com\/es_mx\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31868\/revisions\/31872"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/peninsula360press.com\/es_mx\/wp-json\/wp\/v2\/media\/31869"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/peninsula360press.com\/es_mx\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31868"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/peninsula360press.com\/es_mx\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31868"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/peninsula360press.com\/es_mx\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31868"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}