El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para poner fin a beneficios federales que apoyaran a inmigrantes indocumentados en el país, ello como parte de sus medidas contra este grupo de la población, pese a que contribuyen con más de 96 billones de dólares al año en impuestos.
La orden exige a los departamentos y agencias federales identificar todos los programas financiados por el gobierno federal que actualmente brindan beneficios financieros a inmigrantes indocumentados y tomar medidas correctivas.
A través de una hoja informativa, La Casa Banca detalla que los fondos federales destinados a estados y localidades no se utilizarán para apoyar políticas de “santuario” ni ayudar a la inmigración ilegal.
A su vez, exige mejoras en la verificación de elegibilidad para evitar que los beneficios lleguen a personas que se encuentran “ilegalmente” en Estados Unidos.
Y es que, detalla, “Los contribuyentes están pagando la factura de la inmigración ilegal: Con esta Orden Ejecutiva, el presidente Trump garantiza que los recursos de los contribuyentes se utilicen para proteger los intereses de los ciudadanos estadounidenses, no de los inmigrantes ilegales”.
Sin embrago, un informe reciente del Instituto sobre Tributación y Política Económica (ITEP, por sus siglas en inglés) muestra que los inmigrantes indocumentados pagaron 96.7 billones de dólares en impuestos federales, estatales y locales en Estados Unidos en 2022.
Los inmigrantes indocumentados, precisa, pagaron impuestos federales, estatales y locales por 8 mil 889 por persona en 2022. En otras palabras, por cada millón de inmigrantes indocumentados que residen en el país, los servicios públicos reciben 8.9 mil millones en ingresos fiscales adicionales.
En ese sentido, destaca que más de un tercio de los impuestos que pagan los inmigrantes indocumentados se destinan a impuestos sobre la nómina destinados a financiar programas a los que estos trabajadores no pueden acceder.
Estos inmigrantes pagaron 25.7 mil millones de dólares en impuestos de la Seguridad Social, 6.4 mil millones de dólares en impuestos de Medicare y 1.8 mil millones de dólares en impuestos del seguro de desempleo en 2022.
A nivel estatal y local, un poco menos de la mitad (46 por ciento, o 15.1 mil millones de dólares) de los pagos de impuestos que hacen los inmigrantes indocumentados se realizan a través de impuestos sobre las ventas y los impuestos especiales que gravan sus compras.
La mayoría de los demás pagos se realizan a través de impuestos sobre la propiedad, como los que se aplican a los propietarios e inquilinos (31 por ciento, o 10.4 mil millones de dólares), o a través de impuestos sobre la renta personal y empresarial (21 por ciento, o 7 mil millones de dólares).
Seis estados recaudaron más de mil millones de dólares cada uno en ingresos fiscales provenientes de los inmigrantes indocumentados que viven dentro de sus fronteras: California (8,500 millones de dólares), Texas (4,900 millones de dólares), Nueva York (3,100 millones de dólares), Florida (mil 800 millones de dólares), Illinois (mil 500 millones de dólares) y Nueva Jersey (mil 300 millones de dólares).
En una gran mayoría de estados (40), los inmigrantes indocumentados pagan tasas impositivas estatales y locales más altas que el 1 por ciento más rico de los hogares que viven dentro de sus fronteras, resalta el estudio de la organización.
El informe del ITEP también encontró que, si a los inmigrantes indocumentados se le otorgara acceso a la autorización de trabajo, sus contribuciones fiscales aumentarían, tanto porque sus salarios crecerían como porque sus tasas de cumplimiento tributario subirían.
En un escenario en el que se les otorgara autorización de trabajo a todos los inmigrantes indocumentados actuales, sus contribuciones fiscales aumentarían en 40 mil 200 millones de dólares por año, hasta alcanzar los 136 mil 900 millones de dólares. La mayor parte de los nuevos ingresos recaudados en este escenario (33,100 millones de dólares) irían al gobierno federal, mientras que el resto (7 mil 100 millones de dólares) irían a los estados y localidades.
De acuerdo con la nueva ordenanza de Trump, se están desviando dólares y servicios esenciales de los ciudadanos estadounidenses, mientras que los presupuestos estatales y locales se ven cada vez más limitados.
La hoja informativa destaca que, Según el Centro de Estudios de Inmigración (CIS), brindar asistencia social a un millón de inmigrantes ilegales podría costar a los contribuyentes estadounidenses 3 mil millones de dólares adicionales al año.
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