The Board of Supervisors of the the San Mateo County Board of Supervisors instruyó este martes a la Oficina del Ejecutivo del Condado a supervisar de manera directa las finanzas de la Oficina del Sheriff, luego de que una revisión revelara que sus reservas cayeron a menos del 0.5 por ciento, muy por debajo de lo estipulado en la Política de Reservas del Condado.
Las reservas actuales representan apenas una fracción del presupuesto anual de 324.2 millones de dólares de la corporación, situándose muy por debajo del mínimo del 4 por ciento que marca la normativa y del umbral del 2 por ciento que activa la supervisión obligatoria.
La decisión se tomó en cumplimiento de la Política de Reservas del Condado, diseñada para evitar que la inestabilidad financiera afecte la prestación de servicios esenciales. Dicho marco establece que, si se registra un déficit operativo en dos de los últimos cinco años fiscales, se aplicarán medidas de control adicionales.
En el caso de la Oficina del Sheriff, el uso constante de reservas para cubrir déficits desde 2023 encendió las alertas.
Pese a estas medidas, la gestión operativa de la Oficina del Sheriff continuará bajo responsabilidad de la titular y su equipo administrativo. La intervención del Ejecutivo del Condado se centrará en la revisión de contratos de servicios y bienes, así como en brindar asesoría financiera para restablecer el cumplimiento de la política de reservas.
“La Política de Reservas del Condado es coherente con nuestra obligación de supervisar nuestra organización. La Oficina del Sheriff no ha cumplido con el requisito de reserva en dos años”, advirtió la supervisora Jackie Speier.
“Dos de las responsabilidades más importantes de la Junta son la supervisión de los programas del condado y el uso prudente del dinero de los contribuyentes. Necesitamos controlar esta situación ahora, no más tarde”, agregó.
Con esta resolución, los supervisores buscan garantizar que el condado cuente con la estabilidad fiscal necesaria para sostener servicios críticos frente a posibles aumentos de costos, caídas en ingresos o nuevas demandas de seguridad pública.
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