A un año del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, San Francisco ha logrado preservar miles de millones de dólares en financiamiento federal en medio de un escenario que autoridades locales califican como “oscuro y aterrador” para el país.
Durante los últimos doce meses, la Fiscalía de la Ciudad, encabezada por el fiscal municipal David Chiu, ha presentado 14 demandas contra la Administración Federal, además de participar como amicus curiae en 20 litigios adicionales y registrar 19 comentarios formales en procesos de elaboración de normas federales.
“El último año ha sido un momento oscuro y aterrador para muchos estadounidenses, pero San Francisco mantiene su compromiso con sus valores y defenderá el estado de derecho en los tribunales”, afirmó Chiu al tiempo que destacó que las acciones legales han permitido preservar miles de millones de dólares destinados a programas clave para la ciudad.
Entre los frentes legales se encuentran la defensa de la ciudadanía por nacimiento, las políticas de ciudades santuario, la protección de datos de salud pública, así como el bloqueo de condiciones ilegales impuestas a subvenciones federales en áreas como vivienda, seguridad pública, preparación ante emergencias y programas sociales.
Uno de los litigios centrales impugnó órdenes ejecutivas que buscaban retirar fondos federales a jurisdicciones que no colaboraran con la aplicación de la ley migratoria civil.
San Francisco, que recibe cerca de 3 mil 700 millones de dólares anuales en recursos federales, encabezó una coalición de 50 gobiernos locales que obtuvo órdenes judiciales para frenar esas medidas.
La Fiscalía también logró la restauración de bases de datos y sitios web de salud pública eliminados por la Administración Federal, recursos de los que dependen profesionales médicos y autoridades sanitarias para proteger a la población.
En otros casos, los tribunales emitieron medidas cautelares para impedir la eliminación de programas de diversidad, equidad e inclusión, así como la imposición de requisitos ideológicos a fondos federales de vivienda, transporte y salud, que en conjunto representan más de 2 mil 700 millones de dólares para la ciudad.
Además de litigar, San Francisco ha colaborado con 96 estados y jurisdicciones locales para enfrentar lo que considera acciones ilegales del gobierno federal, incluidas amenazas a comunidades inmigrantes, personas LGBTQ+, programas de asistencia social y proyectos de energía limpia.
“Mi oficina no cejará y seguirá acudiendo a los tribunales para proteger a San Francisco”, sostuvo Chiu, al subrayar que, frente a un gobierno federal marcado por la confrontación, la ciudad ha optado por la vía legal para defender sus políticas, su financiamiento y a sus residentes.
En un país que atraviesa un periodo de fuerte polarización y desgaste institucional, San Francisco se ha posicionado como uno de los principales contrapesos legales frente a la administración Trump, apostando por los tribunales como última línea de defensa del estado de derecho.
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