En Minneapolis ya no se discute si hubo un “incidente”. Se discute cuántas muertes más está dispuesto a tolerar el gobierno federal antes de admitir que su estrategia de fuerza se ha convertido en una política de impunidad.
Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos, ciudadano estadounidense, 37 años, fue asesinado a tiros por agentes federales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE). Es la segunda persona muerta por fuerzas federales en la ciudad este mes, tras el asesinato de Renee Good. Dos nombres. Dos cuerpos. Una misma narrativa oficial que se repite: “defensa propia”. Y, casi siempre, videos que cuentan otra historia.
El Departamento de Seguridad Nacional afirma que Pretti “resistió violentamente”. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, tras ver grabaciones desde múltiples ángulos, lo llamó por su nombre real: “mentiras”. No medias verdades. No errores de comunicación. Mentiras.
Y entonces aparece el libreto conocido: antes de que exista una investigación, antes de que se analicen pruebas, el aparato político del trumpismo decide quién era la víctima. Stephen Miller lo llamó “terrorista doméstico”. Donald Trump habló de “insurrección”. JD Vance culpó a autoridades locales por no “coordinarse” con ICE. Todo sin una sola conclusión oficial, sin un solo dictamen independiente.
El mensaje es brutalmente claro: primero se dispara, luego se criminaliza al muerto.
Lo más grave no es solo la muerte. Es el blindaje inmediato del poder federal. Trump acusa al gobernador y al alcalde de Minneapolis de incitar a la violencia, cuando el propio jefe de policía local confirmó que fueron los agentes federales quienes impidieron el acceso de la policía al lugar del tiroteo. La realidad se invierte. La responsabilidad se desplaza. La culpa siempre cae hacia abajo.
Mientras tanto, la respuesta no es rendición de cuentas, sino militarización. La Guardia Nacional es desplegada para proteger un edificio federal —el mismo escenario del asesinato anterior— no para proteger a la comunidad, sino para garantizar que la maquinaria migratoria siga funcionando sin estorbo ciudadano.
ICE no llega para coordinar. Llega para imponer. Y cuando algo sale mal, el gobierno federal no investiga: ataca. Ataca a gobernadores, alcaldes, senadores, periodistas, manifestantes. Ataca incluso la evidencia visual.
La ironía es obscena: un gobierno que habla sin parar de “ley y orden” se niega a someter a sus agentes al mismo estándar legal que exige al resto. Un gobierno que acusa “fraude” y “caos” es incapaz de explicar por qué dos personas han muerto en semanas bajo balas federales en una sola ciudad.
Esto ya no es solo Minneapolis. Es un ensayo nacional. Un modelo donde ICE opera como fuerza paralela, donde el uso letal se normaliza y donde la Casa Blanca decide la verdad antes que los tribunales.
Walz lo dijo con claridad: “Gracias a Dios hay video”. Porque sin cámaras ciudadanas, sin grabaciones incómodas, la versión oficial sería la única historia.
Y ahí está el verdadero peligro: un Estado armado que no solo dispara, sino que controla el relato. Cuando eso ocurre, la democracia no muere de golpe. Se desangra lentamente, una ciudad a la vez, un nombre a la vez.
Hoy son Renee Good y Alex Pretti. Mañana, ¿quién?
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