Por Joyce Chu. San José Spotlight.
Legisladores estatales y federales de Silicon Valley se están preparando para contrarrestar la aplicación de las leyes de inmigración en sus distritos de origen y más allá.
Varios legisladores del Área de la Bahía han presentado leyes este año para reducir la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) imponiendo más impuestos a los centros de detención de inmigrantes, reforzando la supervisión y garantizando que las personas puedan demandar a los agentes federales por daños monetarios.
El asambleísta Alex Lee, quien representa a zonas de San José, Milpitas, Fremont, Newark y Sunol, presentó el Proyecto de Ley 1675 para garantizar que los contratistas de ICE, como las prisiones privadas, no reciban exenciones fiscales. El proyecto de ley se presentó este mes.
“Creo que, en un momento como este, cuando ICE está asesinando a ciudadanos estadounidenses a plena luz del día, secuestrando niños pequeños y allanando hogares, es importante que las empresas tomen la decisión correcta”, declaró Lee a San José Spotlight. “Esta es una herramienta financiera para que lo hagan”.
El mes pasado, agentes del ICE asesinaron a dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis mientras observaban la actividad del ICE. Esta agencia federal ha llevado a cabo operativos a gran escala en ciudades como Los Ángeles y San Francisco desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo el año pasado.
Si bien acciones de cumplimiento masivo como el despliegue federal en Minneapolis no han ocurrido en el condado de Santa Clara, la región ya es una de las áreas más impactadas por operaciones específicas de ICE, según Huy Tran, director ejecutivo de Servicios, Derechos de los Inmigrantes y Red de Educación (SIREN). La organización es parte de la Red de Respuesta Rápida, un grupo de voluntarios que documenta la actividad de ICE, envía alertas a la comunidad y brinda asistencia legal de emergencia gratuita para inmigrantes.
Tran dijo anteriormente que la línea directa de la red recibe más de 120 llamadas algunos días. El temor al ICE ha impedido que los estudiantes de San José asistan a clases y ha ralentizado el tráfico peatonal en los negocios de propiedad latina. Algunos residentes indocumentados han optado por auto deportarse.
Las corporaciones en California, incluyendo a los contratistas de ICE, reciben alrededor de 40 mil millones de dólares en exenciones fiscales subsidiadas por los contribuyentes, según datos proporcionados por la oficina de Lee. Además de las prisiones privadas, entre las industrias que se benefician de los contratos de ICE se encuentran empresas de software, servicios de seguridad armados y compañías de transporte, entre otras.
“Esperamos que las corporaciones pongan fin a toda complicidad con el ICE y dejen de abastecer a la fuerza paramilitar que es el ICE”, dijo Lee. “Así que, si desaparece por completo, se verán enormemente inhibidas de llevar a cabo su campaña de terror”.
A nivel federal, el congresista Ro Khanna ha presentado un plan de 10 puntos para reforzar las medidas de seguridad del ICE. El distrito de Khanna abarca el norte de San José, Cupertino, Santa Clara, Sunnyvale, Milpitas y partes del condado de Alameda.
Su proyecto de ley “Acabar con el Abuso del ICE”, o HR 1030, implica despojar al ICE de su financiación, iniciar audiencias de destitución contra la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, y la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, garantizar que los centros de detención de inmigrantes sean humanos mediante inspecciones independientes, atención médica y requisitos de presentación de informes, entre otros. El proyecto de ley acaba de ser presentado y será analizado por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes próximamente.
“No autorizaré ni un dólar adicional para ICE”, dijo Khanna en un comunicado.
Pomaikai Neil, enfermero de Kaiser Permanente en Santa Clara y miembro de la Asociación de Enfermeras de California, apoya el plan de Khanna.
“Esos fondos asignados a ICE y (Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.), los $75 mil millones que se gastan en militarizar nuestras comunidades, deberían destinarse a Medicaid, Medicare, la inseguridad alimentaria y la educación”, declaró Neil a San José Spotlight. “Deberían destinarse a apoyar la infraestructura de nuestras comunidades”.
En una reciente conferencia de prensa, Khanna se comprometió a rechazar futuras donaciones de la empresa de software Palantir Technologies, que ha contratado al ICE para crear una plataforma de rastreo y seguimiento de inmigrantes. Khanna aceptó casi 50 mil dólares en contribuciones de campaña de Palantir desde 2011, incluyendo casi 7 mil dólares el año pasado, según un sitio web que registra donaciones. Khanna afirmó que donará el dinero a organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes.
“Ro (Khanna) es el primer miembro del Área de la Bahía que se compromete a rechazar todas las futuras contribuciones individuales de Palantir”, dijo la portavoz de Khanna, Sarah Drory, a San Jose Spotlight.
El senador estatal Scott Wiener, de San Francisco, presentó el Proyecto de Ley Senatorial 747, la “Ley Sin Reyes”, que permitirá demandar al ICE por daños y perjuicios, incluyendo violaciones de la Primera Enmienda. El proyecto de ley fue aprobado por el Senado y se encuentra en trámite en la Asamblea.
También propuso el Proyecto de Ley Senatorial 627, la “Ley de No a la Policía Secreta”, que exige a los agentes federales que no usen máscaras, y fue coautor del Proyecto de Ley Senatorial 805, la “Ley de No a los Vigilantes”, que exige a las fuerzas del orden usar placas. Aunque el gobernador Gavin Newsom promulgó estas políticas en septiembre, están bloqueadas en un tribunal federal.
A principios de este mes, el Ayuntamiento de San José votó a favor del Proyecto de Ley 1633 de la Asamblea, presentado por el asambleísta de San Francisco Matt Haney. Esta política busca imponer un impuesto del 50 por ciento sobre las ganancias obtenidas por empresas privadas que operan centros de detención de inmigrantes. El otoño pasado se inauguró un nuevo centro de detención en el condado de Kern, administrado por la empresa privada de prisiones CoreCivic. Este centro, con 2560 camas, es el mayor centro de detención del ICE en California.
“Si un modelo de detención se basa en lucrar con el encarcelamiento, no debería beneficiarse también de incentivos fiscales”, declaró Miriam Arif, portavoz de SIREN, a San José Spotlight. “Estas iniciativas legislativas demuestran que nuestra región se toma en serio la alineación de la política fiscal con nuestros valores y la garantía de que las comunidades inmigrantes sean tratadas con justicia, transparencia y respeto”.
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