California ha encabezado una demanda interestatal para impedir que la administración de Donald Trump condicione fondos federales de seguridad pública a la adopción de políticas electorales y migratorias, bajo la amenaza de retirar hasta 20 por ciento de los recursos a los estados que no cumplan.
En disputa se encuentran 150 millones de dólares anuales aprobados por el Congreso mediante el Programa de Subvenciones para la Seguridad Nacional, conocido como HSGP, y administrados por el Departamento de Seguridad Nacional y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.
Los recursos permiten capacitar a los servicios de emergencia, fortalecer la ciberseguridad, mejorar las comunicaciones, adquirir equipo y preparar a las comunidades ante actos terroristas y otras amenazas graves.
El gobernador Gavin Newsom y el fiscal general Rob Bonta sostienen que el gobierno federal carece de autoridad para utilizar ese financiamiento como instrumento de presión sobre la administración de las elecciones estatales.
“Una y otra vez, los tribunales le han dicho a la corrupta administración de Trump que no puede coaccionar a California para que haga su voluntad amenazando con retener fondos para la seguridad pública. Sin embargo, vuelven a la carga”, declaró Newsom.
“Esta vez exigen que los estados modifiquen sus propias leyes electorales para acceder a fondos que financian la preparación y respuesta ante emergencias de seguridad pública, fondos que el Congreso ya aprobó. Sencillamente, no lo permitiremos”, agregó.
Según la demanda, los estados tendrían que verificar la ciudadanía de los votantes mediante un sistema federal que California considera propenso a errores, adoptar boletas marcadas a mano y conciliar los votos mediante una metodología federal aún no definida.
Las entidades que incumplan estas condiciones podrían perder 20 por ciento de sus fondos del HSGP.
La administración Trump también exigiría que los estados destinen personal y recursos locales a colaborar en la aplicación de las leyes federales de inmigración civil, una condición que ya fue bloqueada anteriormente por tribunales federales.
Otro requisito otorgaría a FEMA la facultad de interrumpir el financiamiento en cualquier momento con base en “prioridades de la agencia”, lo que, según los demandantes, generaría incertidumbre sobre recursos autorizados por el Congreso.
“El presidente Trump cuenta con escaso apoyo tanto para su agenda de deportaciones masivas como para sus acusaciones infundadas de fraude electoral. Por ello, está intentando presionar a los gobiernos estatales y locales para que adopten sus políticas preferidas a cambio de fondos muy necesarios”, declaró Bonta.
“La Administración ya ha perdido batallas similares en los tribunales, y prevemos que este último intento ilegal también fracasará”, añadió.
La coalición argumenta que el Congreso nunca autorizó al Departamento de Seguridad Nacional ni a FEMA a imponer esas condiciones. También sostiene que las dependencias incumplieron los procedimientos obligatorios y violaron la Cláusula de Gastos de la Constitución al establecer requisitos ambiguos y sin relación con la finalidad de las subvenciones.
En mayo, Newsom promulgó el Proyecto de Ley 73 del Senado para fortalecer las protecciones sobre las boletas, la tecnología de votación y la intervención de las fuerzas del orden durante los procesos electorales.
California también ha impugnado anteriormente condiciones similares. En 2025, un tribunal bloqueó permanentemente requisitos que vinculaban subvenciones de seguridad nacional y transporte con la colaboración estatal en acciones migratorias.
En mayo de 2026, la administración Trump retiró su apelación en otra demanda interestatal sobre recortes de última hora al HSGP, con lo que quedó firme una resolución favorable para California.
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