The Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la solicitud del gobierno de Donald Trump para suspender una orden judicial que bloquea una nueva norma del Servicio Postal, por lo que el proceso vigente de voto por correo continuará sin cambios para las elecciones intermedias del 3 de noviembre.
La decisión se produjo en el caso United States Postal Service v. California. En una breve orden emitida este 14 de septiembre, el máximo tribunal concluyó que el gobierno tiene pocas probabilidades de lograr que se revoque la suspensión preliminar y que los factores de equidad tampoco justifican permitir la aplicación inmediata de la norma.
La Corte Suprema no resolvió definitivamente la legalidad de los cambios, y su determinación mantiene vigente una orden preliminar mientras el litigio continúa en tribunales inferiores.
La norma, publicada por el Servicio Postal el 26 de agosto, exigía que los sobres utilizados en elecciones federales incluyeran un logotipo electoral, características que permitieran su procesamiento mediante equipos de alta velocidad y un código de barras único para cada votante.
Los funcionarios estatales y locales también tendrían que presentar los diseños de los sobres al USPS para su aprobación y cargar información básica de los votantes en un nuevo portal, mientras que los envíos que no cumplieran los requisitos podrían ser rechazados y devueltos a las autoridades electorales.
Un tribunal federal de Massachusetts suspendió temporalmente la aplicación de esos cambios y posteriormente emitió una orden preliminar de alcance nacional. El gobierno federal apeló, pero el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito rechazó el 10 de septiembre su solicitud para levantar el bloqueo.
El Primer Circuito consideró que los estados no contaban con tiempo suficiente para rediseñar e imprimir millones de sobres, adaptar sus sistemas tecnológicos y cumplir los nuevos requisitos antes de las elecciones. También señaló que el portal del Servicio Postal todavía no estaba en funcionamiento.
La corte de apelaciones concluyó que aplicar la norma con tan poca anticipación podría provocar retrasos, confusión y la posible exclusión de millones de votantes.
El juez Brett Kavanaugh coincidió con la decisión de negar la suspensión, aunque consideró que existe una posibilidad razonable de que la norma se encuentre dentro de las atribuciones legales del Servicio Posta; sin embargo, sostuvo que aplicarla en las elecciones de 2026 sería arbitrario debido al escaso tiempo disponible.
Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas disintieron. Alito argumentó que algunos demandantes podrían carecer de legitimación para presentar el caso y que el gobierno había cumplido los requisitos necesarios para obtener la suspensión. La administración Trump ha defendido la norma como una medida destinada a mejorar la identificación del correo electoral y proteger la integridad de las elecciones.
California participó en la demanda junto con una coalición de 24 fiscales generales y el gobernador de Pensilvania. El fiscal general de California, Rob Bonta, calificó la decisión como “una victoria para nuestra democracia y una contundente reafirmación del estado de derecho”.
El gobernador Gavin Newsom también celebró el resultado y aseguró que “California defendió la democracia y ganamos”, además, llamó a los votantes del estado a participar en las elecciones de noviembre.
La secretaria de Estado de California, Shirley Weber, afirmó que la decisión elimina la incertidumbre que pesaba sobre los procedimientos electorales y resumió su mensaje con una frase: “Ahora, que vote el pueblo”.
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