California Attorney General, Rob Bonta, codirigió este lunes una coalición de 20 fiscales generales que emitieron una declaración conjunta en defensa del acceso a la mifepristona, un medicamento utilizado en abortos tempranos y en el manejo de abortos espontáneos.
Ello tras conocerse que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) evalúa su revisión a petición de fiscales generales republicanos.
La mifepristona ha sido utilizada durante más de 25 años de manera segura y eficaz en Estados Unidos y en otros países y, actualmente, constituye el método más común para la atención de interrupciones de embarazos tempranos en el país y es considerado el estándar médico en el manejo de abortos espontáneos.
La coalición de fiscales calificó como “infundada y carente de base científica” la carta enviada por un grupo de fiscales generales republicanos a la FDA para solicitar restricciones o incluso la retirada del medicamento.
Según la declaración conjunta, “las decisiones médicas deben quedar en manos de pacientes, familias y profesionales de la salud, guiadas por la ciencia y no por agendas políticas”.
Bonta reiteró su compromiso de defender el acceso de los californianos a la atención médica reproductiva y recordó que a inicios de 2025 presentó una petición a la FDA para eliminar restricciones innecesarias sobre la mifepristona, en particular las vinculadas al Programa de Evaluación y Mitigación de Riesgos.
En 2024, el fiscal presentó una demanda contra el Hospital Providence St. Joseph, en Eureka, por negarse a brindar atención de aborto de emergencia, lo que resultó en una sentencia histórica que marcó un precedente para que gobiernos locales cumplan con la legislación estatal de salud reproductiva.
Ese mismo año, anunció un acuerdo que obliga a la ciudad de Beverly Hills a garantizar el acceso a servicios de aborto de emergencia, convirtiéndose en un punto de referencia para autoridades municipales en California.
La declaración conjunta fue codirigida por Bonta junto con las fiscales generales de Massachusetts y Nueva York, y contó con el respaldo de los representantes de Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington.
La coalición advirtió que, de imponerse restricciones a la mifepristona, tomará medidas legales para garantizar la protección del acceso a este medicamento en sus estados.
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