Tras un nuevo homicidio cometido por agentes federales en Minneapolis, la organización Amnistía Internacional lanzó un llamado urgente al Congreso para detener el financiamiento al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza, al advertir que sus operaciones no solo no mejoran la seguridad pública, sino que profundizan un patrón de violencia e impunidad.
Amy Fischer, directora de Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes de la organización, afirmó que los disparos mortales realizados por agentes federales “son un devastador recordatorio” de que estas agencias “están actuando sin consecuencias, utilizando fuerza letal a plena luz del día, aterrorizando barrios enteros y separando a niños pequeños de sus familias”.
La activista subrayó que este homicidio no es un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático de abusos.
Además, señaló que el ICE ha sido autorizado para operar con tácticas de tipo paramilitar, con escasa supervisión y sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas, lo que ha derivado en muertes en las calles y violaciones graves de derechos humanos.
Amnistía Internacional recordó que, además de los tiroteos mortales, existen múltiples denuncias documentadas sobre tortura, negligencia médica y otros abusos dentro de los centros de detención migratoria en Estados Unidos, sin que las agencias responsables enfrenten sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos.
Fischer cuestionó duramente que, pese a este historial, la Cámara de Representantes haya votado recientemente a favor de incrementar la financiación del ICE por miles de millones de dólares.
“¿Cuánta gente más tiene que morir para que los dirigentes estadounidenses actúen?”, preguntó, al advertir que seguir destinando recursos públicos a estas agencias equivale a avalar prácticas letales.
La organización destacó que el Senado de Estados Unidos enfrenta una decisión crítica en los próximos días, pues analizarán si continúan financiando a una agencia que, a su juicio, opera “sin ley y con impunidad”, o tomar medidas concretas para frenar sus abusos, imponer controles estrictos y exigir responsabilidades por las muertes ocurridas.
Tras ello, Amnistía Internacional instó al Congreso a rechazar cualquier asignación adicional de recursos al ICE y a avanzar hacia una reforma profunda de la política migratoria y de aplicación de la ley, centrada en la protección de los derechos humanos y la seguridad real de las comunidades.
“No debe perderse ninguna vida más. No debe gastarse ni un céntimo más en permitir este horror”, concluyó la organización, al reiterar que la violencia institucional no puede seguir siendo financiada con dinero de los contribuyentes.
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