Dr. Kismet Baldwin-Santana, San Mateo County Executive Office
Dr. Kismet Baldwin-Santana has become the new health officer for the the San Mateo County Board of Supervisors, luego de que esta semana iniciara su mandato como funcionaria, y que su visión incluye abordar la epidemia de opioides, mejorar la preparación para desastres y expandir la equidad en la salud.
Baldwin-Santana atrajo la atención del público durante la pandemia de COVID-19 y es la primera mujer en ocupar el cargo en la historia del Condado. Sucede al doctor Scott Morrow, quien se jubiló después de 31 años de servicio.
«El papel del oficial de salud es un desafío único», dijo Dave Pine, presidente de la Junta de Supervisores. «Si bien la pandemia puso a los oficiales de salud en el centro de atención, el trabajo diario implica mejorar la salud general de toda nuestra comunidad».
Pine destacó que Baldwin-Santana está en una posición única para guiar al condado a medida que continúa dando forma a un sistema de salud pública que ayudará a los residentes del condado de San Mateo a vivir una vida más larga y mejor.
Nombrada por la Junta de Supervisores, la selección coloca a Baldwin-Santana en un rol con amplia autoridad bajo la ley de California para prevenir enfermedades y la autoridad para emitir órdenes de salud. El oficial de salud sirve como portavoz principal y una voz confiable durante brotes o emergencias.
Sin embargo, la mayor parte del trabajo diario implica desarrollar políticas de salud pública, trabajar con organizaciones comunitarias y asesorar a funcionarios electos sobre estrategias de salud pública.
Baldwin-Santana ha sido oficial adjunto de salud en el condado de Sonoma, oficial de salud en el condado de San Joaquín y oficial médico de cuarentena para los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Además, ha estado profundamente involucrada en el trabajo de salud pública desde que obtuvo su licenciatura en microbiología y un doctorado en medicina en la Universidad Estatal de Ohio. Hizo un trabajo posdoctoral en UCLA, donde estudió formas de reducir la incidencia de la enfermedad de células falciformes.
Al principio de su carrera como neonatóloga en New Hampshire, Baldwin-Santana desarrolló planes de tratamiento y controló la atención de los recién nacidos que experimentaban el síndrome de abstinencia neonatal debido a la exposición a los opioides en el útero.
Los bebés a menudo sufrían de temblores, malos reflejos de alimentación e irritabilidad. En algunos casos, descubrió que las madres que habían desarrollado una adicción a los analgésicos a menudo escalaban a la heroína y otras drogas callejeras durante sus embarazos.
Se asoció con obstetras y ginecólogos que trabajan en clínicas de metadona para ayudar a las madres a participar en programas de tratamiento. Tales experiencias de primera mano ayudaron a dar forma a su carrera.
«Realmente disfruté ese trabajo», dijo en su primera entrevista como Oficial de Salud del condado de San Mateo. «Me permitió ver el aspecto ascendente de la medicina, abordando las causas de los problemas que enfrentan mis pacientes».
Tal trabajo la llevó al campo más amplio de la salud pública. Ha trabajado con coaliciones que involucran a las fuerzas del orden público, escuelas, proveedores de tratamiento de trastornos por uso de sustancias, proveedores de atención médica general, servicios médicos de emergencia y otros actores clave para abordar las sobredosis de opioides y las muertes.
Cuando comenzó la pandemia de COVID-19, se desempeñó como oficial médico de cuarentena para los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en el Aeropuerto Internacional de San Francisco. Supervisó los procedimientos de detección de entrada y evaluó la exposición a enfermedades de los viajeros, trabajando con proveedores y agencias locales de atención médica, incluido el Departamento de Salud del Condado de San Mateo, para evitar una mayor propagación.
La Corte de Distrito del Condado de Travis decidió desestimar el cargo de homicidio contra la mexicana Rosa Estela Olvera Jiménez, quien fue sentenciada en 2003 a 99 años de prisión, acusada del homicidio por ahogamiento de un menor de edad.
Representada por la organización no lucrativa Innocence Project, con sede en Nueva York, en 2021, Olvera Jiménez fue puesta en libertad por la jueza de Distrito en Austin, Karen Sage, 18 años después de haber sido encarcelada.
Lo anterior, luego de considerar que no había delito que perseguir y que la mexicana era inocente, con base en evidencia científica emitida por expertos que confirmaron reiteradamente que el incidente en el que falleció el menor de edad en realidad se había tratado de un accidente y no de un homicidio.
En el juicio original de la señora Olvera Jiménez, la Fiscalía de ese entonces presentó un testimonio erróneo que afirmaba que era físicamente imposible que el menor de edad se hubiera ahogado accidentalmente, razón por la cual fue encontrada culpable.
Esta exoneración se origina después de la decisión en mayo pasado de la Corte de Apelaciones de Texas, la cual anuló la condena original y dictaminó que la Fiscalía del estado había utilizado en su momento testimonios falsos para condenar a la connacional, por lo que el caso regresó a la Corte de Distrito de Travis para su revisión.
En esa misma instancia, la Fiscalía de Distrito decidió desestimar los cargos, argumentando que en el proceso fueron considerados testimonios médicos falsos, por lo que la juez y la defensa aceptaron concluir el caso con la exoneración de los cargos.
En su intervención, la juez Karen Sage pidió una disculpa pública a la señora Rosa Estela Olvera Jiménez por la falla en el proceso penal que se siguió en su contra y que la mantuvo en prisión durante 18 años.
«Aquí no se cometió ningún delito… La señora Jiménez es inocente», dijo la juez Sage.
Mediante un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México señaló que el Consulado General de México en Austin tuvo conocimiento del caso desde 2003, y desde entonces brindó la asistencia consular correspondiente.
En ese sentido, refirió que mantuvo una comunicación constante con la señora Olvera Jiménez y sus familiares, así como con sus abogados defensores.
Además, dijo, se proporcionó apoyo financiero al caso y se hicieron gestiones de alto nivel ante autoridades migratorias en 2021 cuando obtuvo su libertad, para que permaneciera en Estados Unidos y así enfrentar y concluir su proceso penal, además de estar al lado de sus hijos, con quienes no había convivido desde 2003.
«El Gobierno de México se congratula de esta decisión judicial, la cual finalmente ofrece justicia a la connacional y el correcto debido proceso en su caso. Se reconoce la importante labor de la organización Innocence Project de Nueva York, quienes en ningún momento dejaron de creer en la inocencia de la señora Olvera Jiménez y estuvieron permanentemente presentando evidencias y argumentos legales en diversas instancias judiciales para comprobar los errores cometidos en el proceso penal», destacó la cancillería.
Finalmente, refirió que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Consulado General de México en Austin, continuará dando seguimiento al caso y a la situación de salud de la señora Olvera Jiménez.
Get your tiki glasses, best hip moves and get your family and friends ready to enjoy the Bay Area Aloha Festival this Saturday, August 12 at the San Mateo County Events Center.
Every year, thousands of islanders and islanders at heart come together to celebrate culture through music, dance, arts and crafts, authentic food, and educational workshops. Due to covid restrictions and protocols, we will be having a one-day Aloha Concert in the Bay Area.
The free event, hosted by the Pacific Islander Cultural Association, will take place on August 12 from 10 a.m. to 5 p.m. at the San Mateo County Events Center (SMCEC), located at 1346 Saratoga Drive in San Mateo.
The Aloha Festival will be held entirely outdoors. The entertainment stage is in front of the Central Mall Lawn area, food vendors will be in the west parking lot, and community booths and craft vendors will be in and around the Central Mall Lawn area.
The east parking lot at 1346 Saratoga Drive is the parking lot that all attendees must use and costs $18 per vehicle. Walk to the entrance at Gate 8.
Of note, the west parking lot is strictly for food vendor stands.
The event will feature workshops, for which registration is not required. All are generally free unless they have a material or supply component.
Some of the workshops are music-oriented, so bring your own ukulele, sing and play! A workshop schedule will be available at the web site and you can also consult at the Information Desk.
Alcohol is not welcome at the Aloha Festival, which is known for its relaxed atmosphere that welcomes family and friends of multiple generations, from keiki (young children) to kupuna (elders) and everyone in between.
Alcohol is not served or permitted on the premises. In addition, illegal drugs, glass containers and weapons are prohibited on the premises. Security guards will inspect coolers, backpacks and purses. All prohibited items must be returned to your vehicle or disposed of.
It is expected that there will be food stalls at the event, however, the organisers are aware that sometimes budgets are limited or some people may have specific dietary requirements, so they have maintained their policy of allowing outside food and drink.
Don't wait any longer, get everything ready and enjoy music, dancing, food, workshops, and information about Pacific island culture.
La oficina del Área de la Bahía de San Francisco del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas ‒CAIR-SFBA‒, ha exigido a la Junta de Supervisores del Condado de Santa Clara y a la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Clara a tomar medidas, después de señalar un incidente de eliminación de hiyab por un policía de Santa Clara a la fuerza a una mujer musulmana mientras estaba bajo custodia.
La organización de defensa y derechos civiles musulmanes más grande del país detalló en un comunicado que, entre las medidas deberán incluirse una disculpa pública y un acuerdo monetario.
«¡Ha vuelto a ocurrir! Pocos años después del último incidente, agentes de la oficina del sheriff del condado de Santa Clara quitaron por la fuerza el hiyab a una musulmana», precisaron.
CAIR-SFBA explicó que cuando los agentes del sheriff encarcelaron a Asia Aden, una mujer musulmana de la localidad, la obligaron a quitarse el hiyab, la fotografiaron sin él y no se lo devolvieron durante tres días mientras estuvo en la cárcel.
Agregaron que la señora Aden explicó a los agentes que llevaba el hiyab por motivos religiosos y que iba en contra de sus creencias quitárselo delante de hombres que no eran parientes suyos, pero fue en vano. Aun así, dijeron, le quitaron el hiyab a la fuerza -se lo arrancaron de la cabeza- y no le proporcionaron otra cosa para cubrirla, a pesar de sus reiteradas peticiones.
«Siempre he tenido en alta estima a las fuerzas del orden público por el trabajo importante y difícil que realizan. Desafortunadamente, eso ha cambiado ya que esta experiencia traumática me ha roto hasta la médula. Decidí compartir mi historia con la esperanza de proteger el derecho de todos los estadounidenses a practicar su religión libremente, incluido el derecho de la mujer a usar un hiyab. Nadie debería experimentar una violación tan grave de sus derechos constitucionales como yo», dijo Aden.
«Quiero evitar que cualquier otra persona sea humillada y deshonrada como yo. Quiero asegurarme de que la Oficina del Sheriff rinda cuentas por sus acciones».
La organización puntualizó que «la Junta de Supervisores del condado de Santa Clara debe poner fin a estas reiteradas violaciones de los derechos civiles en nuestro condado. Exigimos al condado que elimine todos los registros electrónicos de la fotografía de fichaje de la señora Aden, que le pida disculpas, que le pague por la grave angustia emocional que le ha causado y que vuelva a formar a todos sus funcionarios. Ya es suficiente».
El abogado senior de derechos civiles de CAIR-SFBA, Jeffrey Wang, refirió que «es espantoso que la Oficina del Sheriff, que sirve a una región geográfica donde residen miles de musulmanes, permita nuevamente a sus oficiales despojar a una mujer musulmana de su velo religioso y violar sus derechos constitucionales».
«Este no fue el primer incidente de este tipo que ocurrió en Elmwood, pero debe ser el último. El condado de Santa Clara y la Oficina del Sheriff prometieron implementar cambios de política y capacitación en 2021, y ahora nos quedamos cuestionando su efectividad», agregó.
Por su parte, la Oficina del Sheriff de Santa Clara negó los hechos a través de un comunicado, y argumentó que dichas prendas, como el hiyab, deben revisarse.
«La Oficina del Sheriff recibió la denuncia y revisó las imágenes de vigilancia. No se usó la fuerza para quitarse el hiyab y, de hecho, se le pidió a la denunciante que se lo quitara ella misma», dijo la oficina de información pública del Sheriff.
«En general, estas prendas deben revisarse al ingresar a las instalaciones antes de que se devuelvan o se emita otra. La Oficina del Sheriff se compromete a proteger los derechos religiosos de las personas y al mismo tiempo garantizar la seguridad de todos en las instalaciones», explicó
Según la Oficina del Sheriff, su colaboración con CAIR después de una preocupación similar en 2021, condujo a la creación de su «política de Prácticas Religiosas» para garantizar que cualquier persona que use un hiyab, kufi, turbante o yarmulke sea «razonablemente acomodada, sujeta a las condiciones convincentes”. interés por la seguridad de las instalaciones o para prevenir las autolesiones».
«El personal de reservas recibió información sobre la actualización de la política», abundó la Oficina del Sheriff.
La situación en la frontera de Texas es muy complicada para los migrantes que están en riesgo, viven en condiciones inhumanas en su lucha por buscar el «sueño americano», pues se enfrentan a altas temperaturas, tráfico de personas, extorsiones, robo y agresión por grupos de delincuentes, todo ello sin garantía de lograr entrar a Estados Unidos.
Esta situación preocupa a muchos debido a las medidas implementadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, las cuales ponen en riesgo a miles de personas que quieren cruzar por el Río Bravo o a través de otros lugares sumamente peligrosos, y que han provocado bajas en su popularidad y apoyo, escenario que le restará o sumará puntos en las próximas elecciones.
Así lo señalaron un grupo de especialistas durante una conferencia de prensa organizada por Ethnic Media Services, en la que Manuel Ortiz, sociólogo y periodista audiovisual, precisó que la situación es muy difícil para los migrantes que ponen en riesgo su vida para cruzar.
Ortiz se encuentra en Texas recorriendo el territorio y platicando con la gente involucrada. Desde el lente de su cámara fotográfica muestra el mundo real que se vive en la frontera donde mujeres embarazadas, hombres y niños se encuentran en condiciones inhumanas, estar en ese lugar se siente como «una zona de guerra» señaló el periodista.
Photo: Manuel Ortiz, P360P.
«Ayer que me encontraba en Eagle Pass encontré un grupo de 30 a 35 personas migrantes que habían cruzado la frontera y es muy triste decir que hay gente que está traficando con las personas, pero no solo eso, las personas pueden llegar a cruzar a temperaturas de hasta 150 grados a medio día, esto es por indicación de los contrabandistas al señalar que hay menos patrullas fronterizas cuando el calor es más alto, eso es algo muy arriesgado», explicó.
También comentó que entre periodistas locales se habla de una conexión cercana entre las autoridades y los traficantes que aprovechan la situación de los migrantes para extorsionarlos, abusar físicamente de ellos o hasta desaparecerlos.
Además, Manuel Ortiz platicó sobre una experiencia que tuvo con un policía que lo detuvo diciendo que había excedido la velocidad permitida, pero también para realizarle varias preguntas y preguntarle sobre su opinión acerca de Greg Abbott.
El policía contestó que no podía dar su opinión, pero de manera personal dijo que no estaba de acuerdo con ciertas medidas, mientras que varias personas en la frontera ya no apoyan al gobernador por sus medidas tan fuertes con los migrantes.
La opinión de este policía es la de muchas personas en la frontera que no ven de manera correcta las medidas que está tomando su gobernador y esto le quita fuerza política ante el escenario de las próximas elecciones.
Gianna Borroto, representante de American Immigration Council explicó cómo cambiaron las cosas al terminar el Título 42, la medida que se implementó durante la pandemia.
Explicó que, para solicitar asilo, ahora se debe sacar cita a través de la aplicación CBP One de la Oficina Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, sin embargo, no es una medida conveniente, pues muchos migrantes no tienen acceso a internet, un teléfono inteligente o simplemente la capacidad de comprender el uso de la aplicación.
Photo: Manuel Ortiz, P360P.
Borroto comentó ser el idioma un problema también «aunque tengas un teléfono con la ampliación, tienes que poder navegar, incluso si es en un idioma que no entienden o no saben leer o escribir, porque la aplicación solo está disponible en tres idiomas: inglés, español y haitiano».
Tras una encuesta entre migrantes de la frontera sur, los resultados arrojaron que muchos de ellos hablaban más de 20 idiomas diferentes, incluso lenguas indígenas que limitan la capacidad de realizar una cita, sumado a esto, solo están disponibles mil 450 citas en toda la frontera, y se determinan por un sistema de sorteo.
Cal Jillson, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Metodista del Sur y autor de varios libros, destacó que durante toda la historia de Estados Unidos se ha tratado de crear un sistema de migración efectivo con mejores y peores medidas sin importar el partido político presente.
«Yo creo que la esperanza de los demócratas es que la frontera y el tema de inmigración no sean temas masivos en el 2024, porque los demócratas sienten que esa podría ser un ventaja para los republicanos, por eso estos casos no tendrán mucho protagonismo para el 2024", he commented
for the teacher Jillson, el proceso de selección con los 24 candidatos, va a favorecer probablemente a los republicanos en las primarias, sin embargo, resultará en su contra en las elecciones generales, por lo que el expresidente Donald Trump será el nominado republicano, pero será derrocado en las elecciones generales, explicó.
Por otra parte, refirió que el gobernador Greg Abbott no deja que nadie vaya a su derecha, y está apelando a ese 3 o 5 por ciento texano que forma a la mayoría, y dado que hay pocas personas que van a la primaria republicana, ganar una republicana en Texas pondría al gobernador en una posición dominante en las elecciones.
Si bien los migrantes no dejarán de llegar a la frontera de Estados Unidos, la solución tampoco es impedirles el paso a toda costa, al final del día los migrantes son personas que buscan una mejor oportunidad de vida y esa vida se debe respetar.
Desde el contacto humano y cercano de la cámara del periodista Manuel Ortiz, la defensa de los derechos y las demandas por parte de Gianna Borroto, representante de American Immigration Council, hasta el panorama político del profesor Cal Jillson, todo muestra una realidad lejana a ambos gobiernos, los cuales no están haciendo lo necesario para proteger vidas humanas que hoy ya se encuentran en peligro.
The U.S. Food and Drug Administration The FDA approved Zurzuvae (zuranolone), the first oral medication for postpartum depression (PPD) in adults.
Postpartum depression is a major depressive episode that usually occurs after childbirth, although it can also begin during the later stages of pregnancy.
Until now, treatment for PPD was only available as an intravenous injection administered by a healthcare provider at certain healthcare facilities.
“Postpartum depression is a serious and potentially life-threatening condition in which women experience sadness, guilt, worthlessness, and even, in severe cases, thoughts of harming themselves or their children. And because it can disrupt maternal-infant bonding, it can also have consequences for the child’s physical and emotional development,” said Tiffany R. Farchione, MD, director of the Division of Psychiatry in the FDA’s Center for Drug Evaluation and Research.
“Having access to an oral medication will be a beneficial option for many of these women who are dealing with extreme and sometimes life-threatening feelings,” she added.
As with other forms of depression, PPD is characterized by sadness and/or loss of interest in activities that one used to enjoy and a decreased ability to feel pleasure. It may present with symptoms such as cognitive impairment, feelings of sadness or inadequacy, loss of energy, or suicidal ideation.
The efficacy of Zurzuvae for the treatment of PPD in adults was demonstrated in two multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled studies.
Trial participants were women with PPD who met Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders criteria for a major depressive episode and whose symptoms began in the third trimester or within four weeks of delivery.
Patients in the Zurzuvae groups showed significantly greater improvement in their symptoms compared to those in the placebo groups. The treatment effect was maintained at day 42, four weeks after the last dose of Zurzuvae.
The label contains a boxed warning stating that Zurzuvae may impair a person's ability to drive and perform other potentially hazardous activities, so patients should not perform such activities for at least 12 hours after taking the medication.
The most common side effects include drowsiness, dizziness, diarrhea, fatigue, nasopharyngitis (common cold), and urinary tract infection.
San Mateo police have released surveillance photos of three robbery suspects during July.
The San Mateo Police Department said Wednesday that officers responded to three residential break-ins in the 1300 block of Palos Verdes Drive and the 2300 block of Ticonderoga Drive on July 14 and 16.
Surveillance cameras from neighbors showed the three suspects at each location, police said.
One of the suspects was described as a white or Hispanic male, approximately 5 feet 10 inches tall and weighing approximately 230 pounds. Still another was described as a Hispanic male, about 5 feet 6 inches tall, weighing about 160 pounds.
San Mateo Police were unable to describe the third suspect.
Anyone with relevant information is urged to call the San Mateo Police Department at 650-522-7676 or send a message to porourke@cityofsanmateo.orgAnonymous tips can also be submitted at http://tinyurl.com/SMPDTips.
Mourners attend a memorial organized by the city immediately after the mass shooting. City officials say Chinese farmworkers did not attend out of fear of backlash, given the identity of the shooter and ongoing attacks against the AAPI community. (Manuel Ortiz Escamez/Peninsula 360 Press via Bay City News)
By Peter Schurmann, Video and Photos by Manuel Ortiz.
Half Moon Bay, CA – Mr. Huang lives in a modest one-bedroom apartment off Highway 1, just a few miles from the town of Half Moon Bay. Originally from Hong Kong, he stands at the front door to welcome the group of support providers arriving for one of their regular visits.
Before January, Huang and a handful of other Chinese farmworkers here were so invisible that few in this otherwise close-knit coastal community even knew they existed.
“We are like goldfish in a fish tank,” said Mr. Huang – asking that only his last name be used – speaking in Cantonese through a translator. “We swim around and around, with no connection to the outside.”
Huang has lived and worked in Half Moon Bay for nearly two decades. He is part of a small group of Chinese farmworkers directly affected by the mass shooting on January 23, 2023, that claimed seven lives. All of the survivors of that day say they are still struggling in the aftermath of the tragedy. (Manuel Ortiz Escamez/Peninsula 360 Press via Bay City News)
That near-total isolation was shattered on Jan. 23, when Chunli Zhao, 66, opened fire at California’s Terra Garden, where Wang lived and still works, and at another farm, killing seven. The deaths came just days after another mass shooting in Southern California — the shooter in that case was also an older Asian man — and just after the Lunar New Year, a typical time of celebration and family gatherings.
More than six months later, a half-dozen Chinese farmworkers affected by the shooting remain under a cloud of uncertainty about their long-term housing and employment. All say the images from that night continue to haunt them.
“I have a lot of nightmares,” says Mr. Liu, 65, sitting next to his wife in a rental townhouse a few miles outside the city. They both lived and still work at Concord Farms, the second of two farms hit that night, and were there the night of the shooting. “I wake up at night and I’m very alert.”
The couple, originally from China’s Shaanxi province, first came to the Half Moon Bay farm in 2006. They heard about the job through an advertisement in a local Chinese newspaper while staying with a relative. “The owners of both farms involved in the shooting are Chinese-American.”
Ms Liu says that when they first arrived at the farm, she was concerned about the housing conditions and low wages, but adds that they were grateful to have a job and a roof over their heads. “The place was damp and humid, with mould. I was worried about my husband’s health.” But she adds: “Being here in the US is much better for us. We can earn money and support our relatives in China.”
The five Chinese farmworkers interviewed for this story say they returned to work almost immediately after the shooting, largely out of financial necessity. But according to Mr. Liu, those hours after work, sitting in his new temporary home with nothing to distract him, are the hardest. “I still see their faces,” he says of those he spent years working with.
Five of the seven victims killed that night were Chinese, most of them elderly like the Lius. Contact with relatives has been sporadic, with few or no details available about who the victims were, meaning their deaths, like the lives they led on the farm, remain in the dark.
One of those killed was Jingzhi Lu, 64. The meals she prepared on the farm provided a nightly point of contact between the mostly Latino farmworkers and the small group of Chinese, according to Enrique Bazán of the nonprofit Helping Latinos Dream ‒WINGS‒. “Mama Lu, they called her,” says Bazán, referring to the group of children aged 4 to 6 who participate in a weekly group therapy session organised by WINGS. They still ask about her.
Half Moon Bay Community Services Analyst Julissa Acosta (left) and Community and Economic Vitality Officer Karen Decker have worked closely with the shooting survivors, aided in large part by San Francisco-based nonprofits Chinese for Affirmative Action, Self Help for the Elderly and Chinatown Youth Council, which were vital in breaking the isolation surrounding the city’s handful of Chinese farmworkers. (Manuel Ortiz Escamez/Peninsula 360 Press via Bay City News)
Karen Decker is Half Moon Bay’s community and economic vitality manager. She says that in the days after the shooting, Chinese farmworkers were hesitant to approach or participate in a memorial organized by the city. “They were afraid of backlash,” she notes, pointing to the suspect’s ethnicity and the ongoing wave of attacks against Asian Americans.
Connecting the group with support services also proved daunting in the immediate aftermath, adds Decker, who is biracial and herself a member of the Asian Pacific Islander community. City officials quickly turned to a handful of nonprofits in nearby San Francisco, including Chinese for Affirmative Action, Self Help for the Elderly and Chinatown Community Youth Center, whose efforts were key to establishing an open line of communication and trust.
But, Decker says, the toll of the shooting on survivors has deepened over time.
“As the days turn into weeks and months, I see struggles in some of our survivors as to how they can cope with a tragedy like this,” she explains. “Because after the funeral, after the bodies have been repatriated to their home countries, after the media has left, that’s when it really starts to set in… There’s no going back.”
A makeshift memorial takes shape in Half Moon Bay’s central plaza in honor of the victims of the Jan. 23 mass shooting. Karen Decker, the city’s community and economic vitality officer, reflected on the events: “After the funeral, after the bodies were repatriated to their home countries, after the media left, that’s when it really starts to sink in… There’s no turning back.” (Manuel Ortiz Escamez/Peninsula 360 Press via Bay City News)
Both farms were recently fined for federal health and safety violations, fueling anxiety among survivors that the farms could close and leave them unemployed and potentially homeless.
The 40 households affected by the shooting, which remains an open investigation, were initially housed at a local hotel and then placed in individual Airbnb units before moving into temporary rentals paid for by San Mateo County until early next year.
Plans are underway to build more permanent housing for older farmworkers, though in the Bay Area's notoriously expensive housing market, it will be difficult to do so quickly and at a low cost.
Gov. Newsom’s office announced in June that it would provide $16 million to support homeownership for farmworkers in the state, including $5 million set aside for survivors of the Half Moon Bay shooting. But that’s still a drop in the bucket in an area where median home prices are approaching $2 million.
“We have a housing emergency,” says Half Moon Bay City Manager Matthew Chidester. “There are just no places for these people to live. We’re taking advantage of state money and land … and we’re trying to do this rapid development to build a nice community for them to live in the future.”
Meanwhile, this small group of Chinese farm workers, including the shooter's spouse, must ponder an uncertain future in this idyllic coastal town that they all say they cherish, despite the isolation.
“It’s beautiful,” agrees Mr. Huang, who has worked here on the farm for nearly two decades.
«He then recalls the first time he met another Chinese speaker at a local coffee shop – Mr Huang describes himself as a coffee lover –. «I was so happy,» he says, «just to be able to talk to someone.»
This is the first in a series of reports from EMS and Peninsula 360 Press examining the long-term impacts of the January 23 mass shooting in Half Moon Bay, in partnership with the Vincent Chin Institute.
El calor no da tregua en la frontera entre México y EE. UU., temperaturas superiores a los 100 grados Fahrenheit se registran entre Piedras Negras, Coahuila, y Eagle Pass, Texas. La situación empeora para aquellos que llevan más de 6 horas caminando, migrantes que viven situaciones inhumanas en su lucha por buscar el «sueño americano».
Tras recorridos entre la ciudad texana de Eagle Pass y Piedras Negras, Coahuila, en México, puntos opuestos en la frontera, Manuel Ortiz, sociólogo y periodista audiovisual, señaló que el punto se siente como «una zona de guerra», donde si bien hay guardias de ambos lados, el crimen organizado controla quién pasa y quién no, desde el lado de México.
Así lo contó el también fundador y director de Península 360 Press en una charla con Marcos Gutiérrez, durante el programa de radio «Hecho en California», donde precisó que las medidas extremas, que rayan en lo fascistas, impuestas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, como el poner una barrera flotante con boyas de 1.20 metros en el Río Grande, han provocado ya la muerte de dos personas, mientras que orilla a migrantes a buscar la entrada a la unión americana por puntos mucho más complicados en términos de seguridad.
Mallas de alambres con púas y contenedores de carga se suman a las medidas, éstas se pueden ver a lo largo de la frontera en Eagle Pass. A ello se suman las boyas gigantes y patrullajes en lancha, incluso del lado mexicano, acción por la cual ya hay denuncias, narró Ortiz.
«La situación aquí está muy complicada… Las condiciones son muy duras. La temperatura aquí rebasa los 100 grados Fahrenheit, es bastante, nada más de caminar aquí unos 50 o 60 metros uno se sofoca y te cuesta trabajo respirar, pero las personas me dijeron que ellos caminaron aproximadamente 6 horas antes de encontrarse con la patrulla fronteriza», detalló.
A ello se suman denuncias de que, por mandatos del gobernador Abbott, la patrulla fronteriza no puede ofrecerles agua a estos inmigrantes, y si bien Manuel no encontró casos como ese, hay reportes de que se han dado varios casos. En cuanto al trato, hay de todo, dijo, pues como existen oficiales amables que preguntan por el estado de salud, hay otros que se limitan a dar órdenes.
«Se siente como una zona de guerra. Están llegando muchas familias con niños pequeñitos. Tengo una fotografía de una mujer embarazada, hay bebés de meses de nacidos, hay niños de 4, 5, 7 años, que están exhaustos y los padres y madres los tienen que cargar. Yo estoy caminando en esta zona, solo traigo mi cámara y me pesa por el calor que se siente. Entonces, imagínense lo que se siente aquí cargar a un niño de 6 o 7 años por un trayecto de 6 horas, es verdaderamente fuerte».
Las temperaturas son superiores a los 100 grados Fahrenheit entre Piedras Negras, Coahuila, y Eagle Pass, Texas, los migrantes pueden llevar más de 6 horas caminando, y entre ellos hay familias con niños pequeños, bebés de meses de nacidos o mujeres embarazadas. Foto: Manuel Ortiz, P360P
Uno de los tantos migrantes que encontró en el camino, contó a Manuel qué buscan.
«Yo soy de Venezuela y cruzamos el Río Bravo hasta la orilla, y pues nos entregamos a los oficiales de Estados Unidos. Queremos ingresar al país de Estados Unidos por un mejor futuro para nuestras familias, queremos asilo político, que nos acepten y que todo sea en nombre de Dios. Que todo salga bien», se escuchó en un audio.
The cost of an opportunity
Manuel Ortiz se reunió con periodistas locales que cubren la situación desde México, la única manera de poder conocer las entrañas de cómo se negocia una oportunidad para buscar el «sueño americano», eso sí, sin nada garantizado, ni el llegar con vida.
La frontera está tomada por el crimen organizado. Más allá de cárteles de droga, diversos puntos se encuentran secuestrados por grupos criminales de trata de personas y, alegando que la situación se ha complicado, pasaron de cobrar 500 a mil 500 dólares por persona, solo para cruzarles, un tipo de tarifa local que se suma a los 5, 6 o 12 mil dólares que ya han pagado por llegar desde sus países de origen hasta lugares cercanos a los puntos de cruce.
Depending on the toad, the stone
Los cobros no son parejos, pues dependiendo el país de origen es el costo de pasar. Ortiz contó que aquellos migrantes provenientes de China, son a quienes más cobran, no así con los originarios de Haití, pues, dijo, saben que no cuentan con muchos recursos.
La situación, señaló, de acuerdo con colegas, es complicada cuando estos grupos criminales se encuentran coludidos con las autoridades mexicanas.
«Sin la colaboración de estos colegas yo no hubiera podido realizar este trabajo, porque ellos me llevaron a los puntos. Nos metimos, me dieron el recorrido, es muy complicado entrar. El tráfico de personas está completamente controlado, de acuerdo a ellos, y coludido con las autoridades mexicanas particularmente con «Fuerza Coahuila» y con la policía del estado. Me dicen que aquí, a diferencia de otros puntos, no operan tanto los cárteles de la droga, pero sí grupos criminales que no necesariamente están identificados como cárteles».
Lo anterior sumado a las medidas de Abbott, refirió Manuel, ha provocado que los migrantes se vean obligados a buscar otros puntos de entrada a EE. UU., unos mucho más aislados, pero también más peligrosos, tal es el caso de un lugar llamado «El Moral».
Medidas extremas, que rayan en lo fascistas, impuestas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, como el poner una barrera flotante con boyas de 1.20 metros en el Río Grande, han provocado ya la muerte de dos personas. Foto: Manuel Ortiz, P360P
«Los traficantes de personas quienes controlan estos territorios están completamente coludidos con las autoridades mexicanas. Lo que yo estoy viendo es que, por el lado de los Estados Unidos, el gobierno de Texas está desplegando todas estas medidas inhumanas que están poniendo en riesgo la vida de los migrantes porque los están obligando también a ir a zonas mucho más peligrosas, mucho más aisladas, y del lado mexicano también se están yendo a un lugar que se llama El Moral. Son zonas más lejanas a la ciudad por lo tanto están mucho más a expensas de estos traficantes de personas».
Sin embargo, migrantes señalan que prefieren entrar por Piedras Negras, pues destacan que «los grupos criminales parece que son más tranquilos, a diferencia de otros puntos de la frontera, donde es imposible».
Sueños truncados
«Cuando llegan a Estados Unidos, las personas que entrevisté piensan que ya la hicieron, que lo lograron. “Ya estamos aquí, ya estamos en Estados Unidos, ya nos sentimos bien, fue muy duro, pero sobrevivimos”. Lamentablemente estas personas van a ser deportados al día siguiente», precisó Manuel.
Los traficantes, cruzan a los migrantes ‒junto con sus sueños‒ en las horas de mayor calor, entre las 12 y 13 horas, justificando la hora al señalar que, debido a la temperatura, habrá menos patrullas fronterizas.
Las deportaciones ocurren a las mismas horas. Algunos migrantes que lograron cruzar y son detenidos por la patrulla fronteriza, pasan la noche del lado estadounidense, pero son regresadas al día siguiente, hecho que se traduce en un riesgo enorme para quienes son devueltos, pues ya son esperados nuevamente por el crimen organizado.
Los migrantes deportados no portan más dinero, han dejado todo lo que poseen en el camino. Los grupos criminales lo saben y aprovechan la situación, ellos como sea buscan ganar.
Así, dijo Ortiz, los criminales abusan de mujeres y niños, mientras que algunos que tienen familia en Estados Unidos son secuestrados intentando extorsionar a sus conocidos, para que sean liberados.
En Piedras Negras no hay un refugio como tal, por lo que los migrantes se albergan en iglesias metodistas o católicas que brindan protección a los migrantes, haciendo, muchas veces, el trabajo que no hacen las autoridades.
While the Mexican government has spoken out against Abbott's inhumane measures, it has done little to stop criminal groups on the border.
«‒En México‒ las autoridades se han enfocado en frenar migrantes, incluso desde la frontera sur, pero parece que no se está haciendo lo suficiente para frenar grupos del crimen organizado que también ponen en riesgo la vida de los migrantes del lado mexicano. Un panorama muy complejo de los dos lados».
«Una verdadera tragedia lo que está pasando en la frontera, por lo que es necesario hacer mucho más trabajo de manera humana de los dos lados, de los dos gobiernos, de los dos países. No es fácil darle solución al asunto migratorio; sin embargo, se nota que de los dos lados no se está haciendo lo que se debe de hacer», finalizó Ortiz.
San Mateo County Gets $1.43 Billion to Support 5 Affordable Housing Projects . Workers install new siding, decking and support beams at an apartment complex in Redwood City. Credit: San Mateo County Executive's Office.
Supervisors of the the San Mateo County Board of Supervisors awarded nearly $30 million to spur the development of five affordable housing projects totaling 483 units.
“We are committed to building, preserving and protecting affordable housing for a wide range of individuals and families,” said Board of Supervisors Chairman Dave Pine. “These projects will provide quality housing close to jobs, schools and public transportation and help make our county a stronger, more equitable community for all.”
Supervisors voted 5-0 to allocate funding for projects from Daly City to Menlo Park that will make it easier to live and thrive on the Peninsula.
$9,495,420 was awarded to a 158-unit housing project at 1051 Mission St. in South San Francisco, developed by Bridge Housing; $8 million went to 112 units at Midway Phase II, 45 Midway Drive in Daly City, developed by Midpen Housing; $4,403,263 went to 65 units at The Ridge at Ralston, 678 Ralston Ave., Belmont, by Allied/CRP Affordable.
Additionally, $4 million was earmarked for 86 units at North Fair Oaks, 429 MacArthur Ave., the unincorporated area of North Fair Oaks, developed by Affirmed; and $3.5 million for 62 units at the Menlo Park Veterans Administration, 795 Willow Road in Menlo Park, operated by Midpen Housing.
Local officials noted that each project has specific income levels and other qualifications for residency.
All of these projects anticipate leasing dates in 2026. For more information on whether or not your household qualifies to live in these apartments, officials suggest contacting the developer closer to the leasing date.
In 2013, supervisors created the county's Affordable Housing Fund, which over the past decade has provided approximately $285 million to help build or preserve 4,100 units of affordable housing countywide.
This fund marked the 11th round of Affordable Housing Fund allocations approved by the Board of Supervisors.
