At the Bay Area Renaissance Faire, people can try their hand at axe throwing, watch Shakespearean comedy, dress in period costumes and enjoy a trip back to the Elizabethan era. The Northern California Renaissance Faire in Hollister runs every weekend through Oct. 23.
The event, held in a glen in Casa de Fruta, recreates a village during the reign of England's Queen Elizabeth I. Attendees are encouraged to dress to suit the theme, but even if you're not up for donning a corset or speaking Old English, there should be more than enough to keep you entertained. Entertainment includes live music, jousting, dancing and refreshments.
“I don’t eat fire to impress the crowd. I just like the taste of kerosene,” said Brian Howard, one of the Fair’s entertainers. The Los Angeles resident is not only a fire-eater, he’s also an improv comedian, which adds a whole new dimension to the concept of multitasking.
The Fair's shows also include an abbreviated version of "Twelfth Night," one of the world's first romantic comedies. Written by William Shakespeare, it is packed with comedy and various machinations by characters with names like Toby Belch and Andrew Aguecheek.
Pirates will invade the event next weekend, according to organizers, although International Talk Like a Pirate Day was already celebrated on Monday. Guests are encouraged to dress like pirates, and there will be a pirate costume contest for children under 7. Children under 12 are admitted free to the Fair; adult admission is $35.
Jousting has long been one of the most popular activities at the Fair, with what organisers describe as full-contact jousting “for the entertainment of the Queen”. As well as watching others risk life and limb, there are plenty of participatory activities, including axe throwing, archery and knife throwing.
As you wander around the 11-acre glen, if you work up an appetite, there are plenty of provisions including turkey legs, tri-tip sandwiches and grilled artichokes.
The origins of the popular event are often disputed, but many sources report that the California Renaissance Faire began in 1963 in Agoura Hills in Southern California. The event also has a considerable history in Northern California. The Northern California version began in Marin County in 1967 at China Camp State Park, according to numerous media outlets.
This year's Fair opened last weekend and continues through October 23, Saturdays and Sundays from 10 a.m. to 6 p.m. Tickets must be purchased online at www.norcalrenfaire.com.
¿Quiere ayudar en la primera línea de la democracia? La División de Registro y Elecciones del Condado de San Mateo busca candidatos para numerosos puestos durante las próximas elecciones que se llevarán a cabo el 8 de noviembre.
Poll workers can earn $22.30 per hour to start as an office assistant helping with the pre-election period.
Numerosos otros puestos remunerados a corto plazo también están disponibles para ayudar a llevar a cabo una elección justa, precisa, segura y transparente, señaló el condado en un comunicado.
These positions include Polling Place Representative at $22.30 per hour; Warehouse and Field Technician at $26.37 per hour; and Office Specialist at $26.77 per hour.
It is worth noting that several positions require fluency in English, as well as Burmese, Cantonese, Hindi, Japanese, Korean, Mandarin, Spanish and/or Tagalog and Filipino.
Bajo la Ley de Elección del Votante, los Centros de Votación reemplazan los lugares de votación tradicionales, los cuales están abiertos en todo el condado hasta un mes antes del día de las elecciones.
Todos los puestos son remunerados, incluso los «voluntarios de los centros de votación» pueden ganar un estipendio de hasta 280 dólares por trabajar el día de las elecciones y asistir a una sesión de capacitación.
Other positions have immediate openings for office hours from 8:00 a.m. to 4:30 p.m. Monday through Friday.
El condado ha resaltado que cualquiera puede postularse para estos importantes puestos. El proceso de examen consistirá en una selección de solicitudes, seguida de una entrevista departamental.
If you do not have a computer, you can access one for free at any San Mateo County library.
Cabe resaltar que el pasado 20 de septiembre fue el Día Nacional de Registro de Votantes, por lo que si no está registrado no es demasiado tarde y puede hacerlo accediendo al sitio web http://registertovote.ca.gov to register.
La producción agrícola en condado de San Mateo en 2021 totalizó casi 98 millones de dólares, lo que significó un aumento de 5 por ciento con respecto al año anterior, según el Informe de cultivos agrícolas del año pasado.
El pasado 2021 fue especialmente un año fuerte para los cultivos florales y de vivero y los productos forestales, ello impulsado por la extracción de madera en el área quemada del CZU Lightning Complex, lo que ayudó a los productores a revertir una tendencia a la baja que comenzó en 2019.
Así, los valores de los cultivos totalizaron 97 millones 969 mil dólares en 2021, un aumento de 5.17 por ciento desde 2020. El alza se produce después de una fuerte caída del 28.5 por ciento en el valor de producción en 2020 debido a la sequía, el incendio del CZU Lightning Complex, la pandemia y otros desafíos.
«Nuestra industria agrícola local se ha visto muy afectada por la sequía y otros factores fuera del control de la mayoría de los agricultores», destacó Don Horsley, presidente de la Junta de Supervisores cuyo Distrito 3 incluye la mayor parte de las tierras agrícolas del condado.
«Una fuerte industria agrícola local proporciona alimentos de alta calidad que todos podemos disfrutar, mientras que las granjas productivas ayudan a equilibrar el desarrollo con la preservación de la costa que todos conocemos y amamos. Continuaremos haciendo lo que podamos para ayudar a fortalecer la industria cuando y donde podamos», subrayó.
The county's most valuable agricultural products are floral and nursery crops worth $60.2 million in 2021: $43.9 million grown in greenhouses and $16.3 million grown outdoors. This represents a 3.79 percent increase in value, a positive trend for area producers.
Las coles de Bruselas siguieron siendo la hortaliza con el valor de producción más alto con 8.88 millones de dólares, casi un millón menos de los 9.5 millones reportados en 2020.
Sin embargo, los productos forestales experimentaron un aumento del 618 por ciento desde 2020 debido a la extracción de madera del área quemada por incendios del complejo CZU, a 4.9 millones de dólares en 2021.
«Esperamos ver un aumento en la recolección de madera en 2022 a medida que continúan las actividades de recuperación de madera después del incendio», precisó Koren Widdel, comisionado de agricultura del condado.
Cabe destacar que la sequía en curso continúa presionando a la industria local. Los totales mensuales de lluvia para Half Moon Bay en 2021 promediaron alrededor del 50 por ciento de lo normal. Mientras tanto, dos grandes tormentas o ríos atmosféricos inundaron los campos y provocaron la descomposición de las verduras a finales de año.
La buena noticia del informe es que las tendencias a la baja en varias categorías se han estabilizado en su mayoría. Los cultivos florales y de vivero, por ejemplo, tuvieron un valor de 106.9 millones de dólares en 2018, 90 millones en 2019 y 58 millones en 2020 antes de recuperarse a 60.2 millones en 2021.
El condado comenzó a publicar informes anuales de cultivos a partir de 1940, cuando el valor total de la producción fue de tan solo 7.7 millones de dólares ‒las flores eran el cultivo más valioso, incluso entonces, seguidas de las verduras‒. Los informes son utilizados por la industria agrícola, así como por planificadores y formuladores de políticas.
El condado de San Mateo ocupa el puesto 56 de 58 en California en términos de área ‒más grande que los condados de Santa Cruz y San Francisco‒, pero ocupa el puesto 38 en producción agrícola total.
Horsley dijo que los desafíos que enfrenta la industria agrícola como sequía, importaciones baratas, y el alto costo de hacer negocios en el Área de la Bahía, apuntan a la necesidad de políticas adicionales que promuevan la producción local de alimentos.
El condado de San Mateo detalló en un comunicado que la Comisión Asesora Agrícola del Condado utilizará el informe para hacer recomendaciones de políticas a la Junta de Supervisores, al tiempo que está lanzando la primera Comisión Asesora de Trabajadores Agrícolas en el estado.
Si bien los cultivos florales y de vivero pasaron de 58 millones 065 mil en 2020 a 60 millones 268 mil dólares en 2021, las verduras disminuyeron casi un millón de dólares al pasar de 22 millones 275 mil a 21 millones 167 mil dólares.
El ganado mostró un ligero repunte al pasar de 5 millones 585 mil a 5 millones 697 mil dólares, mientras que los productos extranjeros crecieron de 684 mil dólares a 4 millones 908 mil dólares; en tanto que los cultivos de frutas y nueces bajaron de 3 millones 520 mil dólares a 2 millones 648 mil dólares.
Los cultivos de campo avanzaron poco más de 200 mil dólares al pasar de un millón 624 mil dólares a un millón 877 mil dólares, mientras que los productos ganaderos y apiarios registraron un pequeñísimo aumento de mil dólares luego de registrar 1 millón 403 mil dólares en 2020 a un millón 404 mil dólares en 2021.
The Governor Gavin Newsom anunció que ha firmado varias medidas para fortalecer las leyes de cannabis en California, expandir el mercado legal de esta y reparar los daños de la prohibición de la planta.
Aunque el estado ha logrado un progreso significativo desde la legalización del cannabis, la oposición local, la burocracia rígida y la prohibición federal continúan planteando desafíos para la industria y los consumidores.
In light of this, the governor called on legislators to redouble their efforts to address and eliminate these barriers.
«Para demasiados californianos, la promesa de la legalización del cannabis sigue estando fuera de su alcance», dijo Newsom. «Estas medidas se basan en los importantes avances que nuestro estado ha logrado hacia este objetivo, pero queda mucho trabajo por hacer para construir una industria de cannabis legal equitativa, segura y sostenible. Espero asociarme con la Legislatura y los legisladores para realizar completamente la legalización del cannabis en las comunidades de California».
Así, Newsom firmó la SB 1326 de la Senadora Anna Caballero, que crea un proceso para que California celebre acuerdos con otros estados para permitir transacciones de cannabis con entidades fuera de California.
Además de la SB 1186 del Senador Scott Wiener que anula las prohibiciones locales sobre la entrega de cannabis medicinal, ampliando el acceso de los pacientes a productos de cannabis legales y regulados.
El gobernador también firmó dos proyectos de ley para relajar aún más la historia fallida de prohibición del cannabis en California, la AB 1706 de la asambleísta Mia Bonta, que asegura que los californianos con condenas antiguas relacionadas con el cannabis finalmente verán selladas esas sentencias.
A su vez, signó la AB 2188 del asambleísta Bill Quirk, misma que protege a los californianos de la discriminación laboral basada en su uso de cannabis fuera del horario laboral y fuera del lugar de trabajo.
Cabe destacar que como parte del presupuesto estatal de este año, el gobernador promulgó una legislación para otorgar desgravación fiscal a los consumidores y la industria del cannabis; apoyar negocios de capital; fortalecer las herramientas de aplicación contra los operadores ilegales de cannabis; reforzar las protecciones de los trabajadores; ampliar el acceso al comercio minorista legal; y proteger los programas juveniles, ambientales y de seguridad pública financiados por los ingresos fiscales del cannabis.
Para acelerar las reformas de políticas que priorizan y protegen la salud y la seguridad de los consumidores de California, Newsom ordenó al Departamento de Salud Pública de California que convoque a expertos en la materia para examinar la investigación científica actual y los mecanismos de políticas para abordar la creciente aparición de cannabis y cáñamo, productos de alta potencia.
De igual manera, ha ordenado al Departamento de Control del Cannabis que promueva la comprensión científica de la potencia y sus impactos en la salud relacionados al priorizar la financiación de la investigación relacionada con la potencia del cannabis a través de sus subvenciones universitarias públicas existentes.
A medida que la comunidad AAPI ‒Asiático-Americana y de las Islas del Pacífico‒ crece, se ha hecho cada vez más evidente la segregación que estas sufren, incluso en temas de salud.
La comunidad AAPI abarca actualmente más de 25 por ciento de las personas nacidas en el extranjero en Estados Unidos y expertos estiman que para el 2050 alcancen los 50 millones.
«Somos asiáticos y somos tratados como un gran grupo, pero somos un monolito», declaró Bryant Lin, físico, educador e investigador, durante una rueda de prensa organizada por Ethnic Media Services where experts met to discuss the importance of considering all members of the AAPI community in health issues.
Y es que, como lo declaró Lin, a la comunidad AAPI se le ha restado importancia, tratándola como un solo grupo de personas asiáticas, aunque dentro de esta existen subgrupos de comunidades chinas, vietnamitas, coreanas, japonesas, filipinas y sur asiáticas que tienen condiciones físicas, económicas, culturales y de salud distintas.
Un hombre de 74 años con «gota» –una enfermedad que se caracteriza por ser un tipo de artritis que causa dolor, enrojecimiento e inflamación en las articulaciones en quienes la padecen– fue afectado por esta generalización de las comunidades, pues le prescribieron Alopurinol para prevenir la enfermedad, sin embargo tuvo una reacción desfavorecedora y fue internado en un hospital debido a que la información del producto en Estados Unidos no indicaba el riesgo que sufren las personas de ascendencia china.
«Necesitamos mejores datos sobre las personas de ascendencia asiática», puntualizó Lin, pues a pesar de que son considerados, las variables de los subgrupos no son consideradas, lo que pone en riesgo la salud de estos.
Por su parte, Winston Wong, becario residente en el Centro Kaiser Permanente para la Equidad Sanitaria de la UCLA, señaló que la falta de datos de la comunidad AAPI tiene grandes impactos en la salud de estas y puntualizó que durante la pandemia por COVID-19, los miembros de esta comunidad fueron de los grupos con tasas más altas de hospitalización, sin embargo no se hizo evidente en medios de comunicación.
«Lo que puede hacer el periodismo es identificar “otro” como una categoría que refleja los déficits en nuestro sistema de salud», puntualizó Wong y señaló además la importancia de que se consideren todos los factores que pueden afectar la salud de los subgrupos de la comunidad AAPI.
Diferencias culturales afectan la participación de la comunidad AAPI en estudios clínicos
A pesar de los esfuerzos de asociaciones y centros de investigación, las barreras culturales, informativas y de idioma minan la participación de la comunidad AAPI en estudios clínicos, pues entre 1992 y 2018, la toma en cuenta de esta comunidad en estudios fue de menos de 1 por ciento.
Además, solo el 2.7 por ciento de 45 mil 923 personas participantes en los estudios clínicos de Alzheimer y otros problemas de salud mental eran miembros de la comunidad AAPI.
A raíz de esto, Van Ta Park, profesora de la Universidad de California en San Francisco, señaló que asociaciones crearon Care Registry, en el que miembros de la comunidad AAPI, mayores de 18 años, que hablan o leen inglés, chino, hindi, coreano, vietnamita o samoano que estén interesados en participar en estudios clínicos, se pueden registrar.
Finalmente, los expertos llamaron a los medios de comunicación y proveedores de salud a desagregar los datos de los miembros de la comunidad AAPI, para evitar la generalización y evitar los daños en la salud de esta.
Multiple Bay Area residents have been convicted in federal court of COVID-19-related fraud, largely among those who wrongly claimed they could treat an infection resulting from the SARS-CoV-2 virus or effectively test for it.
Earlier this month, a federal jury convicted Mark Schena, president of a Sunnyvale-based allergy and COVID testing company, of participating in a scheme to defraud investors.
Schena claimed his company could detect diseases with a few drops of blood and told investors the company was valued at $4.5 billion when in fact it was on the verge of bankruptcy.
Federal prosecutors also obtained a guilty plea in April from a Napa woman who allegedly sold fake COVID immunization pills and allegedly forged vaccination cards from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
The woman is set to be sentenced in November on one count of wire fraud and one count of making false statements about health care.
Federal prosecutors on the COVID-19 Fraud Task Force, which was formed in May 2021, have also investigated allegations of fraud related to the Paycheck Protection Program, pandemic-related unemployment insurance, and other health care fraud.
Additionally, the U.S. Department of Justice has launched a trio of strike force groups tasked with expanding the department’s ongoing fraud prevention efforts related to COVID-19.
The U.S. Attorney's Offices in Sacramento and Los Angeles will collaborate as one team, while strike force teams will also operate out of the U.S. Attorney's Offices in the Southern District of Florida and the District of Maryland.
“The work done by our prosecutors, trial attorneys, agents, and partners on our COVID-19 Fraud Enforcement Task Force has been extraordinary,” said Assistant Attorney General Kevin Chambers, the Justice Department’s director of COVID-19 fraud enforcement.
"We're going one step further… with the announcement of strike force teams to support, enhance and continue the great work being done across the department," he added.
“Since the beginning of this pandemic, the Department of Justice has seized more than $1.2 billion in relief funds that criminals were attempting to steal and charged more than 1,500 defendants with crimes in federal districts across the country, but our work is far from over,” said Attorney General Merrick Garland. “The department will continue to work tirelessly to combat pandemic fraud and hold those who perpetrate it accountable.”
El condado de Los Ángeles continúa su lucha por la salud reproductiva al garantizar el acceso a la información y servicios, después de la decisión de la Corte Suprema de revocar Roe v. Wade.
A raíz de que el 24 de junio de este año, la Corte Suprema decidiera revocar Roe v. Wade —que permitía que el acceso al aborto en Estados Unidos fuera un derecho constitucional— los estados del país han podido decidir individualmente acerca de la legalidad del aborto, lo que ha provocado que muchos de estos los prohiban o restrinjan, afectando a miles de mujeres.
Sin embargo, el condado de Los Ángeles continúa luchando por la salud reproductiva y busca que sus habitantes tengan acceso a la información y servicios sobre ella —incluyendo el aborto—, además, de buscar prevenir los embarazos no deseados.
Y es que, el Departamento de Salud Pública de Los Ángeles ha señalado que en el 2017, aproximadamente el 18 por ciento de los embarazos en Estados Unidos terminaron en un aborto y que las razones por las que las mujeres deciden acabar con el embarazo, son por problemas económicos, falta de tiempo, e incluso el estado de su relación con la pareja.
«Desde que la Corte Suprema anuló Roe v. Wade a principios de este verano, 21 millones de personas han perdido el acceso a servicios de aborto», señaló Sylvia Castillo, directora de asuntos de gobierno y comunidad, en una rueda de prensa organizada por Ethnic Media ServicesThe event, in which experts gathered to discuss this county's efforts on reproductive health, was held in the city of San Antonio, CA, and the county's efforts on reproductive health.
Susie Baldwin, directora médica de la Oficina de Salud de la Mujer en el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, señaló la necesidad de reducir la desigualdad que existe para que todos puedan acceder a los servicios de salud reproductiva que necesitan, sin importar su raza, idioma, edad, condiciones de salud mental o preferencias sexuales.
Y es que, anticipando las acciones de la Corte Suprema y las afectaciones que esto tendría para las mujeres, el condado de Los Ángeles aprobó una moción para garantizar el acceso a los servicios de salud reproductivos, creando así la iniciativa Abortion Safe Haven, en la que agencias del condado, organizaciones sin ánimos de lucro y defensores de la justicia reproductiva abogan y trabajan en pro del acceso seguro a la atención reproductiva.
Además, esta iniciativa permite que el aborto sea cubierto por Medi-Cal, poniendo a California como uno de los ocho estados que utiliza sus propios fondos para cubrir los costos de salud reproductiva.
«El condado de Los Ángeles está trabajando con numerosas organizaciones comunitarias asociadas y expertos académicos para planificar la ampliación y el aumento del acceso a los servicios de aborto y otros servicios de salud reproductiva, creando el proyecto Abortion Safe Haven del condado de Los Ángeles», señala el sitio web del condado de Los Ángeles.
El proyecto no sólo permite el acceso a estos servicios, sino que busca que quienes lo deseen tengan embarazos saludables y seguros.
«Es mi trabajo hoy estar aquí para dejarle saber a las mujeres que sin importar su estatus migratorio, raza o los idiomas que hablen, los cuidados reproductivos —incluyendo en aborto— todavía son legales y asequibles en el condado de Los Ángeles», dijo Chanel Smith, directora ejecutiva de la Iniciativa para mujeres y niñas del condado de Los Ángeles.
Smith reconoció que a pesar de los esfuerzos del condado, existe la necesidad de aumentar el número de trabajadores de la salud para cubrir la demanda de estos servicios, pues se espera que incremente debido a que los estados han estado promulgando nuevas restricciones en cuanto al aborto.
«El condado de Los Ángeles es un destino para los cuidados de aborto», puntualizó Sasha Nochimow gerente de Healthline en Access Reproductive Justice y señaló la importancia de proveer servicios a los habitantes del condado, pero también a quienes llegan de otros estados debido a las restricciones que se han impuesto en los últimos meses.
Por su parte, Rigoberto Reyes, director ejecutivo de la oficina de asuntos migratorios del condado de Los Ángeles, señaló la disposición de dicha oficina para ofrecer apoyo a cualquier persona que lo requiera, inclusive en materia de salud reproductiva.
Finalmente, los expertos reconocieron al condado de Los Ángeles como un lugar seguro al cual no solo su comunidad puede acudir en cuestiones de salud reproductiva, sino también aquellos que lleguen de otra parte sin importar el idioma, raza, estatus socioeconómico o preferencias sexuales.
The latex-gloved hands of the woman in uniform pass over my breasts, swollen from producing milk every day. “Turn around,” the woman told me. And her hands go back over my buttocks and between my legs. They treat me like a criminal. My “crime” was taking my son to the bathroom at the Panama airport. Absolutely outrageous and degrading, the inhuman treatment of immigration in Latin America and of Copa Airlines to its customers.
Everyone who travels knows it: check-in, immigration stamp, and security. Those who travel with children understand the hassle that results from putting the diaper bag, the backpack with toys, the stroller, the suitcase, and in our case, the camera equipment through the x-rays. It is difficult, to say the least, and it is so complicated that the fact that they allow us to go through a "special" line is not something to congratulate anyone on, it is a right.
We went through the usual security to enter the airport boarding areas and, to keep the baby hydrated and happy, we immediately bought snacks for the trip, accompanied by cans of coconut water and juice to watch movies with our son, the family's favorite plan.
Room 128 indicates the giant screen after passing through security. There is half an hour left before boarding, so we take precautions and get there with time, as everything always takes longer with a child and a baby.
The room is surrounded by a blue tape with the words Copa Airlines written in white letters, held together by metal tubes, and placed explicitly to force people to go through a second security filter exclusively for our flight. We are the first to arrive and they immediately tell us that we cannot bring in liquids, that they might make an exception because we are carrying a three-month-old baby. My companion and I look at each other, we already know what is coming.
Our son takes a few gulps of his juice, which goes almost all of it in the trash. We drink a coconut water among the adults standing in line in the living room, the second one stays in the bag.
At first I laugh at the absurdity of not allowing liquids, because I could easily leave my juices on the floor, "outside" the cordoned-off room, and drink them from "inside." My feet are inside the room and my head is in the hallway. The requirement is ridiculous, from the start.
"Miss, that water is not for the baby and you know it," the uniformed woman tells me with authority, holding the unopened can of water she had just bought, even though I told her I had a baby.
I really wanted to answer her: "How do you know what I'm giving my baby?"
How can they possibly demand that we lock ourselves in a room cordoned off by a cloth tape, with no liquids or bathrooms, for more than an hour to wait for boarding to begin and for our flight to depart?
"I have milk in my breasts, is she going to squeeze that out of me too?" I think.
The stupid excuse that they are flights to the United States, while the "güeros" from the north must laugh out loud at the tricks they make us Latin Americans go through. The backyard of the "big bully" who looks down with disdain, while the others kneel down to smile when they are treated as always: with the tip of the foot.
I only managed to say in passing that I was the one making milk and needed to hydrate, and that that should be important enough, but nobody cares. It is unfortunate that they try to tell us that the United States is the one who gives the orders. And if that were the case, it would be worse if the foreign ministers of Latin American countries and the airline personnel of those countries allow themselves to be trampled on.
First of all, because they somehow accept that the security of their airports is deficient. And, therefore, it is their duty to carry out a second review.
Photo: P360P
To continue, this type of inhuman treatment corresponds to a colonial logic reproduced in all spheres of Latin American societies, where those who are on top treat those “below” worse… by stepping on others, they make them somehow… better? They get on the brick and get dizzy, we say in my town.
We are already in the lounge ready to board, our spirits calm down after the degrading treatment and, suddenly, my son announces that he needs to go to the bathroom. That's what motherhood and fatherhood are like.
My son and I have to go to the bathroom through the improvised access set up in minutes by security guards who I don't know what Hollywood superheroes they think they are.
Blue tapes that I still don't know what they protect us from in the corridor at the takeoff terminal, but how they complicate our lives.
Upon returning from the bathroom, I again had to show my passport, ticket and take off my shoes. I had no jewelry, no watch, no wallet, nothing. A strict search because the sensor lights lit up. I had my passports in my hand and the uniformed woman, who dedicates her life to checking that the light is always green when people pass by, didn't think to tell me that it was the passports that possibly activated the sensor and preferred to touch me in front of my son and in public in my most intimate parts, while I kept my arms stretched out to the sides. Like a criminal.
When I got back to the lounge, I asked the Copa employee at the counter for a glass of water. “I don’t have any here. You have to wait for the plane,” the guy said with all the kindness of someone who is lying to you with a smile on their face.
My partner and I had already learned our lesson from flying for the Copa. The outward journey was no less terrible.
The first flight left at 1 a.m. on a Monday in August. Flying with children in the early hours of the morning is difficult, not only because their sacrilegious routine is disrupted, but also because you usually have to carry them and put up with bad moods or some madness caused by lack of sleep.
Fifteen minutes before the flight, we were informed that the departure was delayed. It was three hours before we were informed that the flight was definitely cancelled.
Two hundred people stranded at 4:00 a.m. at the San Francisco airport. Our checked bags were returned to us.
The only information they could give us was that the flight would leave the next day and that we had to return to the airport at 6:00 p.m. I confirmed this information in the morning by calling Copa, where they told me to follow the supposed instructions from the previous day.
We arrived at 5:30 p.m. at the airport only to find that the Copa counter was closed. No sign, no nothing.
We walked through the airport carrying a baby, a stroller, suitcases, backpacks and a six-year-old child by the hand. There was no one and nothing who could tell us anything about the flight.
We spoke to Information, and nothing.
We spoke to security, but there was no certainty about what to do with the suitcase.
They all referred us to the same white telephone attached to the wall which connected to the Copa switchboard. And, in turn, the agents at the white telephone instructed me to speak to someone at the airport since the movement there could not be resolved by telephone.
Finally, at 7:00 pm, two hours after arriving at the airport late, an hour before our flight was due to leave, we recognized a passenger from the night before whom we followed to find a newly opened Copa Airlines counter. All the other passengers looked as tired and fed up as we did, but no one dared to complain. For the few of us who do, the answer is the same: “download the app and request a refund for your Uber from yesterday and you can file your complaint.”
The process is bureaucratic, to say the least; inhumane is a closer description.
Copa Airlines thus joins our list of unpunished and arrogant airlines, with which we will never fly again.
El aumento de los delitos motivados por el odio en California y en EE. UU. ha creado llamados a la acción generalizados, por lo que la organización «Act Against Hate Alliance» realizó el primero de una serie de encuentros contra los delitos de odio, mismo que reunió a miembros de los medios de comunicación con otras partes interesadas clave en la lucha para detener delitos de odio.
Los oradores del programa Act Against Hate Alliance Media incluyeron a David McMurrin, Fiscal Adjunto de Distrito del Condado de Orange, Unidad de Fiscalía Especial, quien habló sobre el desafío de definir y enjuiciar los delitos de odio y la importancia de presentar el caso más sólido posible para reforzar la posibilidad de condenas.
McMurrin enfatizó la imortancia que es denunciar los delitos de odio percibidos a las fuerzas del orden para que se puedan recopilar pruebas y tomar decisiones por parte de quienes están en la mejor posición para hacerlo, y sobre si se debe o no enjuiciar.
Por su parte, el detective Jan Wong, coordinador de Crímenes de Odio del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, resaltó que las fuerzas del orden público en dicha área han realizado acciones como la recopilación de datos y compartirlos con otras agencias para ayudar a los detectives con las investigaciones de los delitos de odio denunciados.
Sin embargo, explicó, lo fundamental para detener los delitos de odio es educar y trabajar en conjunto.
«Dos de los pasos más importantes que estamos tomando en nuestro departamento son la educación y la colaboración», señaló Wong. «Promulgamos educación y capacitación en todo el departamento relacionadas con los delitos motivados por el odio… lo básico que estamos tratando de enseñar es qué es un delito motivado por el odio y cómo difiere de los incidentes de odio».
Destacó que se están documentando adecuadamente dicho tipo de delitos de odio, acción «realmente importante» para el seguimiento y los datos, de modo que se entienda cuáles son las tendencias y se puedan utilizar mejor los recursos para atacar los delitos de odio en ciertas áreas.
«Colaboramos con organizaciones comunitarias como esta ‒Act Against Hate Alliance‒ y fomentamos buenas relaciones y animamos a las personas a denunciar. Brindamos diferentes recursos que hacen que las personas se sientan más cómodas para denunciar delitos de odio», puntualizó.
Regina Wilson, directora ejecutiva de California Black Media, destacó la importancia del papel de los principales medios de comunicación para escuchar a la comunidad, presentar informes equilibrados y ayudar a construir relaciones.
«El trabajo en el que nos estamos enfocando es asegurarnos de que los líderes de las comunidades se conozcan», refirió Wilson. «Lo que esperamos es que podamos crear comunidades que estén lo suficientemente bien conectadas para que, si hay un problema, podamos hablar de ello y resolverlo».
El ex senador estatal de California Bob Huff y Mei Mei Huff, cofundadores de Act Against Hate Alliance ‒AAHA‒, reiteraron que el enfoque principal de la organización es detener el aumento de los delitos de odio y proponer soluciones.
«Este programa fue un excelente comienzo para exponer algunos de los problemas más importantes», dijo Mei Mei Huff. «Las soluciones que surgieron hoy fueron el papel clave que jugó la educación y el fortalecimiento de la colaboración. Ambos temas oportunos serán el tema de nuestro próximo programa de esta serie».
El próximo segmento de Act Against Hate Alliance se llevará a cabo el 12 de octubre.
This publication was supported in whole or in part by funding provided by the State of California, administered by the California State Library.
A Redwood City driving instructor at a San Mateo County driving school is facing federal child pornography charges after he allegedly coerced and enticed teenage girls, some of whom were his students, into producing explicit content, U.S. Attorney Stephanie Hinds said Thursday.
According to the indictment, Jonnatan Zelaya Izaguirre, 39, of Redwood City, allegedly offered monetary rewards to teenage girls and purchased sex toys for them to encourage them to film child pornography, both for his own use and for sale. He also offered to manage their sales of explicit content, the indictment said.
El presunto agresor se enfrenta a dos cargos de coerción y seducción de un menor, un cargo de recepción de pornografía infantil y un cargo de posesión de pornografía infantil.
Zelaya se graduó de una academia de policía local y es propietario de una escuela de manejo en el condado de San Mateo. Los fiscales alegan que persuadió a las niñas para que crearan videos explícitos haciéndose pasar por una «posición de autoridad» en las redes sociales y afirmando falsamente que estaba en la policía, aunque nunca se unió a un departamento de policía.
Los documentos judiciales alegan que Zelaya preparó a sus víctimas y desarrolló «amistades sexualizadas» con ellas. Supuestamente, enumeró las cantidades de dinero que las víctimas podían ganar con los videos en función de cuán explícito era el contenido.
También amenazó con filtrar videos de una víctima a todos sus conocidos si dejaba de hacer videos, alegan los documentos judiciales.
Fue arrestado el 4 de enero después de que un oficial de policía encubierto se hiciera pasar por un estudiante de manejo de 17 años.
«Los archivos judiciales del gobierno describen múltiples comunicaciones entre el oficial encubierto, que se había hecho pasar por un estudiante de manejo, y Zelaya que incluían conversaciones altamente sexualizadas con instrucciones sobre cómo masturbarse, discusiones sobre futuras interacciones en las que copularía oralmente y tendría relaciones sexuales con ella, y una solicitud para que el oficial realice una sesión de fotos con él», se lee en un comunicado de prensa de la oficina de Hinds.
Zelaya está detenido hasta que se realicen nuevos procedimientos, según lo ordenado por el juez federal principal Joseph Spero. Está programado para comparecer ante un tribunal de distrito el 6 de octubre.
