El condado de San Mateo pasa a «verde» lo que quiere decir que se ha movido al nivel comunitario de COVID-19 a «bajo», ya que las tasas de casos y las hospitalizaciones están disminuyendo.
Sin embargo, la medida del jueves de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ‒CDC, por sus siglas en inglés‒ no significa el fin de la pandemia, señaló el condado en un comunicado.
Overall, COVID-19 cases, driven by the Omicron variant, remain high compared to previous periods and local health officials continue to recommend caution.
In the Bay Area, San Mateo, Marin, Sonoma, San Francisco and Alameda counties are also in the low or green community tier.
Los CDC enumera los «Niveles comunitarios» para las jurisdicciones de Estados Unidos como una forma para que las personas y los funcionarios decidan las estrategias de prevención en función de la información más reciente.
Para pasar al nivel comunitario bajo de COVID-19, el condado de San Mateo tuvo que cumplir con ciertas métricas establecidas por los CDC, incluidas menos de 10 nuevas admisiones hospitalarias por COVID-19 semanales por cada 100 mil residentes. La tasa más reciente del condado fue 8.7.
Las tasas de casos de COVID-19 también deben descender por debajo de 200 en los últimos siete días; la tasa de casos más reciente es 185.63 en el condado de San Mateo.
El Departamento de Salud del Condado de San Mateo aún recomienda estar al día con las vacunas y los refuerzos, hacerse la prueba si tiene síntomas y usar máscaras de alta calidad como N95 o KN95 en entornos donde la ventilación es deficiente o si tiene un alto riesgo de enfermedad o enfermedad grave.Para estrategias de prevención de COVID-19, un calendario de clínicas de vacunas, paneles de datos y más, los interesados puede visitar la página web de recursos de County Health COVID-19.
Por Karina Alvarado, Anna Lee Mraz Bartra y Manuel Ortiz Escámez
Calexico, California. — La pandemia por COVID-19 afectó a todo el mundo, sin embargo, perjudicó significativamente a los más desfavorecidos.
«Tenía un paciente, joven de unos 40 años, sin problemas médicos, sólo obesidad, es decir, con un índice de masa corporal —IMC— arriba de 50 y le dio COVID a principios de 2020 y murió. Es muy triste», relató el doctor Tien Vo de la clínica Vo Medical Center en Calexico, una ciudad fronteriza en el condado Imperial al sur de California.
Imperial County, with a population of about 197,000, is one of the poorest regions in the United States. More than 86 percent of the area's total population is Latino.
Before the pandemic, this region was already suffering from serious health problems, as in addition to being a low-income community, it is located near Lake Salton, a highly toxic place due to pollution.
La polución del aire y del suelo en la región ha provocado que zonas del condado Imperial tengan una de las tasas más altas de asma en infantes, además de altos índices de obesidad y diabetes.
«Otra cosa, muy importante aquí, además de la obesidad, es que hay muchas personas con asma y enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Estamos muy contaminados debido al “Salton Sea” y eso también contribuyó a la alta tasa de mortalidad por COVID», explicó el doctor Vo para Península 360.
Foto de un paciente con COVID-19 en la clínica del doctro Vo, quien explica que en la región «hay muchas personas con asma y enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Estamos muy contaminados debido al “Salton Sea” y eso también contribuyó a la alta tasa de mortalidad por COVID» Foto: Manuel Ortiz Escámez.
Con la llegada de la pandemia por COVID-19, el condado Imperial —que es una región compuesta mayormente por trabajadores agrícolas— fue uno de los más afectados por la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, provocando una de las tasas más altas en hospitalización y mortalidad del país.
Al ser una ciudad fronteriza, el valle Imperial recibe a diario a cientos de trabajadores provenientes de México que cruzan la frontera para laborar en los campos agrícolas.
Estos trabajadores, aunque son reconocidos como necesarios para la supervivencia de miles de personas por las organizaciones de la sociedad civil, son grupos que han sido marginados e ignorados por los gobiernos federales y estatales históricamente.
«El presidente Trump nos abandonó», declaró Luis Olmedo, director ejecutivo del Comité Cívico del Valle.
A pesar de que la región fue altamente afectada, las autoridades federales y estatales no le prestaron la debida importancia, abandonando así a las comunidades vulnerables que viven en esa área.
Este abandono no solo trajo incertidumbre a las comunidades desfavorecidas del condado, sino que también desencadenó que otras organizaciones y fundaciones cesaran el apoyo.
Cuando comenzó la pandemia por COVID-19, a pesar de que el estado de California tuvo intenciones de trabajar con el Valle Imperial para dar pie a mejoras en temas de salud, tecnología, economía e infraestructura, «los rancheros han controlado la política aquí… ellos quieren gente que no tenga futuro para que sigan levantando la cosecha de esos campos», apuntó Raúl Ureña, vicealcalde de la ciudad de Calexico.
Pinta de protesta por la contaminación en el lago Salton en el condado Imperial. De acuerdo con el vicealcalde de Calexico Raúl Ureña, este condado recibió la menor cantidad de vacunas al ser considerada «zona rural». Foto: Manuel Ortiz Escámez. P360P – Ethnic Media Services.
«Fue evidente que las primeras alocaciones [sic] que hace el estado de California de todos los condados, favorece desproporcionadamente a aquellos con más población y con mayor poder político. Estamos hablando de San Diego, Los Ángeles, San Francisco. No sé cuál fue el pensamiento de los oficiales en Sacramento, pero el Valle Imperial durante casi toda la pandemia tuvo la mayor tasa de mortalidad de casi todo el país», relató Ureña.
«Nos tocó proporcionalmente una burla aquí en Valle Imperial», destacó Ureña quien además señaló que las primeras campañas de vacunación no eran eficientes para las comunidades desfavorecidas, pues los lugares donde estaban ubicadas no tenían acceso a transporte público, además de las barreras tecnológicas y de idioma.
Ureña subrayó que, a nivel estatal, dicha zona recibió una menor cantidad de vacunas por ser considerada «zona rural», sin embargo, destacó que alrededor de 50 mil personas al día cruzan la frontera para trabajar, por lo que fue fundamental considerar la interacción que se tiene, incluso con las ciudades mexicanas.
Luis Olmedo, reconoció que «cuando estaba el presidente Obama hubo mucho apoyo». Asimismo, refirió que esa ayuda fue utilizada para resolver los problemas económicos y de salud de la zona.
Al verse abandonados por las autoridades durante la emergencia por COVID-19, nacieron organizaciones sin fines de lucro como «Salud sin fronteras», mismas que buscan ayudar a las comunidades más desfavorecidas sin tomar una posición política, pues para ellos la prioridad es contribuir a mejorar la calidad de vida de estas poblaciones.
Luis Olmedo, director ejecutivo del Comité Cívico del Valle y fundador fundador de la coalición de organizaciones Salud sin Fronteras, misma que nació ante el abandono de las autoridades a el condado Imperial durante la pandemia por COVID-19 y que hicieron posible que las campañas de vacunación contra el virus comenzaran a ser exitosas. Foto Manuel Ortiz Escámez. P360P – Ethnic Media Services.
Las campañas de vacunación comenzaron a ser exitosas gracias a estos grupos de la sociedad civil, quienes avanzaron estratégicamente en la protección de la población más vulnerable a pesar de las dificultades económicas y de transporte.
Además, combatir la desinformación fue uno de los más grandes retos para las organizaciones sin fines de lucro que buscaban apoyar a las comunidades. Pues, según Olmedo, las preferencias políticas influyeron negativamente en la toma de decisión, ya que los discursos anti-mascarillas y anti-vacunas se expandieron por todo el territorio.
Mitos sobre supuestas afectaciones al corazón, hasta la supuesta implantación de chips por la vacuna contra COVID-19 circulaban prominentemente en el condado Imperial a pesar de que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades —CDC, por sus siglas en inglés— han señalado que dicha información es falsa.
Organizaciones como «Salud sin fronteras» le hicieron frente a la pandemia aún ante dificultades particulares de la región, tal es el caso de las afectaciones de salud debido a la contaminación del aire, del agua y del suelo.
La población de esta región fue blanco de la desinformación, pero para Olmedo, el acceso a la vacuna fue una barrera importante.
«Muchas veces a nuestra comunidad no se le da la decisión», comentó Luis Olmedo en relación con la influencia que tuvieron los mitos en la comunidad para recibir la inoculación contra COVID-19, pues a pesar de que la desinformación ha sido uno de los factores que ha minado la confianza de la gente en la vacuna, al inicio de las campañas de vacunación había pocas oportunidades de recibirla en el condado Imperial.
A los recursos del Estado, focalizados en apoyar a la población ante la emergencia sanitaria, también se sumó el sector filantrópico que comenzó a proveer recursos a organizaciones como «Salud sin fronteras» para crear campañas en los ambos lados de la frontera, de manera que las barreras económicas, tecnológicas y de idioma disminuyeran, creando oportunidades para que las comunidades latinas y de trabajadores agrícolas fueran registradas y posteriormente vacunadas.
Las organizaciones de la sociedad civil fueron clave ante la emergencia por COVID-19 pues apoyaron principalmente a campesinos y otros trabajadores esenciales a través de recursos estatales y federales.
Olmedo reconoció que «con la administración de Joe Biden, de nuevo se abrieron las puertas», de la misma manera, la administración estatal también incrementó los recursos.
Tras el incremento de recursos y las campañas de vacunación extensivas, el racismo en esta parte del país se hizo notar, según relata Ureña, quien escuchó que diversos grupos de personas comenzaron a quejarse debido a que se ofrecían vacunas y apoyo a las personas que diariamente cruzan la frontera o que no tienen residencia estadounidense: «estás dando los recursos de este país a gente que no vive aquí o que no se los merece», decían.
El condado Imperial tuvo el índice de mortalidad más alto por COVID-19 de todo el país y, gracias a la labor de organizaciones de la sociedad civil comprometidas, logró colocarse como uno de los de mayor tasa de vacunación de todo California.
Con la pandemia atenuada, surgen problemáticas aún vigentes que afectan de manera importante la salud y el bienestar de las personas que habitan la zona o que entran desde México para trabajar cosechando para empresas norteamericanas.
Uno de los problemas actuales más importantes es el de la contaminación del Lago Salton.
Con una superficie de más de 200 mil acres, este lago es el más grande de California y es alimentado por el río Nuevo que corre desde Mexicali, recorre Calexico y desemboca en Salton Sea.
Este enorme lago es uno de los más contaminados en los Estados Unidos pues recibe enormes descargas de aguas residuales de México. La contaminación y las sequías han levantado la preocupación de trabajadores, funcionarios y organizaciones.
Río Nuevo Calexico en la frontera con Mexicali, este río alimenta al lago Salton, el cual es uno de los más contaminados en los Estados Unidos. Foto Manuel Ortiz Escámez. P360P – Ethnic Media Services.
Salton Lake affects the health of Imperial County residents and workers
«A los campos agrícolas se les aplican pesticidas y químicos muy tóxicos, y se han descargado por más de 100 años en el Lago Salton», señaló Olmedo.
«El mayor lago de California ofrece más de 380 millas cuadradas de actividades recreativas al aire libre, como la navegación, la observación de aves, la acampada y la pesca», anuncia Tripadvisor sobre el Salton Sea. Lo que deja fuera esta descripción es que las aves aparecen muertas a media calle y la pesca está estrictamente prohibida.
Pobladores del condado Imperial, señalaron a P360P que aves que se acercan al lago Salton para tomar agua mueren en los alrededores de éste debido a la contaminación derivada de más de cien años de descargas de pesticidas y químicos tóxicos en dicho lago. Foto Manuel Ortiz Escámez. P360P – Ethnic Media Services.
Lo que alguna vez fue un bello lugar turístico, rodeado de casas de descanso para personas adineradas, ahora es un poblado seco y peligroso. Olmedo advirtió que, de secarse por completo el lago, más de 100 millas alrededor resultarán afectadas en temas de salud y de alimentos, incluyendo Los Ángeles y San Diego, entre otras ciudades, alcanzando estados como Arizona y Nevada.
Blanca suffered decades of psychological abuse from her husband, whose behaviors fall under the category of abuse that sociologists and family law experts call coercive control.
After two decades of marriage, Blanca finally reached a breaking point. Watching her husband tear apart the wedding dress she had so carefully sewn, and then preserved over time, caused something to change inside her.
The emotional abuse had continued for years, Blanca said. She said he constantly denigrated her appearance and her Hispanic accent when speaking English, refused to include her and their two children on the health insurance he had from his job as a mechanic, and made her pay all the rent on the Bay Area home they shared with his relatives.
Sociology and family law experts call this type of behavior coercive control, in which people – usually men – non-violently manipulate their intimate partners to do their bidding. It can also lead to physical violence, as research shows.
Coercive control, as well as abuse in general, is underreported. It often hides in plain sight.
“I started to feel ugly and worthless,” Blanca said. “I started to get depressed.”
She spoke to us on condition that we not reveal her last name and that she not contact her husband for comment, for the safety of her family. Since 2017, Blanca has worked as a domestic worker for several people, including this journalist.
Blanca said she was aware that leaving an abuser was the most dangerous time for a woman. But after decades of damage to her self-esteem, she has finally cut ties.
And under a California law passed in 2020, the government is finally offering some acknowledgement of the harm he suffered.
Recognizing the harm that coercive control can cause
Coercive control encompasses a wide range of behaviors that cause emotional distress, according to social scientists. Common practices include isolating someone from friends and relatives; depriving the person of basic needs; or controlling communications, daily behavior and economic resources.
At its core, "coercive control is an imbalance of power achieved through cruel, powerful, and manipulative means," said Chitra Raghavan, a forensic psychologist at John Jay College of Criminal Justice in New York.
There are no federal laws addressing coercive control in this country. But a handful of states have recently taken action to criminalize it.
In 2020, the California Legislature amended the state's Family Code to include coercive control as evidence of domestic violence, which expanded the definition contained in the Domestic Violence Prevention Act. The statute defines coercive control as “a pattern of behavior which by purpose or effect unreasonably interferes with the free will and personal liberty of a person.”
California made its decisions a month after Hawaii added coercive control to its definition. Connecticut passed a similar law in June, and bills are pending in New York, South Carolina and Maryland.
"The fact that so many jurisdictions want to codify coercive control into law means that it is recognized as a harm for which there must be a legal remedy," said Julie Saffren, who teaches a course on domestic violence at Santa Clara University School of Law as an adjunct professor.
A person subject to a restraining order is prohibited from possessing or purchasing firearms while the order is in effect. A person subject to a restraining order is prohibited from possessing or purchasing firearms while the order is in effect.
“The law can also be used when a victim seeks custody of a child and the court decides in the best interest of the child,” said Pallavi Dhawan, director of domestic violence policy and prevention for the Los Angeles City Attorney’s Office, the bill’s sponsor.
State Senator Susan Rubio introduced the coercive control legislation as a survivor of domestic abuse herself.
“I have endured domestic abuse myself and I know what survivors go through,” she said, adding: “It’s about time that domestic violence is recognized as more than just physical abuse. This bill protects survivors of domestic violence by making their cases harder to dismiss and easier to prosecute.”
Dhawan, who worked closely with Rubio in drafting the legislation, said the bill initially faced resistance from those who wanted to make coercive control a crime.
Rubio said he decided not to make it a crime because the issue was "foreign to some of my colleagues and making it a criminal offense would have bogged down the bill."
Women's advocates also point out that a criminal response is not the most effective way to obtain justice for survivors who simply want the abuse to end.
“The criminal response creates barriers to reporting,” said Shiwali Patel, who advocates for cultural and policy change for women and girls at the National Women’s Law Center near Washington, D.C. “If it’s a civil matter, the survivor will have more control over the process.”
«I always felt tied down»
Blanca, 50, said her husband, a Mexican-American citizen, initially seemed nice and attentive.
But within a few months of her marriage, her husband began to belittle her. The insults became more personal after she confronted him about an affair he was having. “Your hands are rough and not very soft,” he would tell her. “You have chicken legs.” “You have a masculine build and stretch marks on your stomach.”
Yet it was her way of acting that made the relationship coercive. Blanca had no control over her finances, even though she earned as much cleaning houses as her husband, who worked as a mechanic.
He insisted that she pay all the rent on a four-bedroom home they shared with their children, his mother and brother in Contra Costa County. He told her to pay for utilities, groceries and other household expenses.
"I always felt tied down," Blanca said, crossing her wrists in front of her as a few tears escaped.
It was particularly humiliating, Blanca said, when her husband had his new girlfriend call her to tell her she had only herself to blame, a tactic many abusers use to maintain power and control.
“In terms of mental health, I think it’s a form of projection where it’s unbearable for the abuser to acknowledge their behavior because deep down they know it’s wrong, so they project outward to hold their partner accountable,” Saffren said.
Last fall, Blanca filed for divorce, citing irreconcilable differences. Court documents show her husband has also filed for divorce, citing the same reason.
When asked why she hadn't left her husband earlier, Blanca said she couldn't imagine a life without him.
“I was always forgiving him for his behavior,” she said, frowning. After a pause, she continued. “Now that I’m filing for divorce, I wonder why.”
This article is part of a series on California’s coercive control law produced by San Francisco Public Press, a nonprofit investigative news organization. Read the full article and others in the series at sfpublicpress.org/series/coercive-control. This report was funded by a grant from the Domestic Violence Impact Reporting Fund at the Annenberg Center for Health Journalism at the University of Southern California. It was excerpted, edited and translated by Ethnic Media Services.
A Southern California judge has upheld a new state law allowing victims to claim coercive control, designed to tip the balance in favor of women seeking child custody and restraining orders.
It didn't take long for Emily Caesar to realize that Trevor, her husband, had to have everything his way — how she dressed, who she talked to, how much she ate, where she went. He always reminded her that he was the head of the family, Emily told the court.
Emily was able to prove with written documents and audio how he had allegedly abused her again and again. “I felt like I wasn’t allowed to have my own thoughts,” she recalls.
Her attorney, Minty Siu-Kootnikoff, filed a request for a temporary restraining order in February 2021 and for custody of the couple's six-year-old son.
Siu-Kootnikoff was one of the first attorneys to invoke a new legal tool that California had enacted just a month earlier, allowing victims to allege a pattern of “coercive control” — psychological abuse that does not necessarily result in physical harm.
Siu-Kootnikoff, director of legal services at Sojourn, a domestic violence shelter in Santa Monica, saw the newly enacted law as the best tool to get her client legal relief.
“Domestic violence is about control, and it is not limited to physical abuse,” she said, noting that the new law is “crucial to addressing abuse that is not covered by criminal codes, but is just as damaging and destructive as a black eye or a broken arm.”
While not all judges are sympathetic, the conclusion of the judge who heard Emily's case shows that at least some jurists seem to have gotten the message.
“Courts’ views of domestic violence are evolving over the years,” Los Angeles County Superior Court Judge Michael J Convey noted in his Feb. 5, 2021, ruling, “to reflect more subtle, more insidious behaviors, if you will, that can be called violence or abuse.”
Convey agreed with Siu-Kootnikoff that what Emily endured for years was indeed coercive control, and said that advocates say the purpose of reform is to give victims like Emily the benefit of the doubt.
California's 2020 law, introduced by state Sen. Susan Rubio, a survivor of domestic abuse herself, expands the definition of domestic violence and allows victims to present evidence of coercive control in family court applications for restraining orders or child custody. The coercive control law applies to civil cases, but not criminal ones.
California became the second state in the country to adopt such a reform, after Hawaii in September 2020.
July 2021, Connecticut passed a law similar to California's, with two additional provisions: It set up barriers that prevent abusers from dragging their partners to court for frivolous reasons, while also establishing a grant program for low-income survivors who need legal help when seeking a restraining order.
Coercive control occurs when an abuser isolates an intimate partner from friends and family, takes control of their personal finances and monitors their activity, or uses verbal attacks to reinforce his authority.
It's about "domination and control," noted David A. McLeod, an associate professor in the Department of Social Work at the University of Oklahoma who has researched and published articles on intimate partner violence. “If the abuser feels that he or she is losing control, he or she will pressure his or her partner to become docile again.”
The view from the podium
Women's rights advocates say embracing the concept of coercive control gives family courts additional options for criminalizing behavior that has economic and mental consequences for victims and can turn violent if not addressed early.
But they acknowledge that it is difficult to convince court officials that they should take victims who allege coercive control seriously. In fact, educating judges on how to apply the law will be key to their success.
Chitra Raghavan, a women's rights advocate and forensic psychologist at John Jay College of Criminal Justice in New York, says it can take at least 10 years to figure out how the laws work.
A long court battle
Emily married Trevor in 2011, two years after they started dating. She was 30 and he was 28.
They ran their web design business out of their home in Castaic, Los Angeles County. But early on, she also noticed how “controlling and narcissistic” Trevor could be, she said. In 2015, they divorced, and had joint custody of their son, who was an infant.
Three years later, they got back together, agreeing that it would be best if Trevor became more involved in his son's life, they both said.
"He's everything to me," Trevor said of his son in a recent phone conversation.
But once together again, Emily said the abuse just intensified.
In November 2020, when Emily was trying to get her son dressed for school and asked Trevor for help because the boy was uncooperative, Trevor grabbed her by the arms and pushed her “multiple times” in front of her son, according to her testimony. She included photos of the bruises on her arm as documentary evidence.
Trevor's attorney, Matthew J. Chung, defended his client's behavior that day.
"Emily was the one who was provoking Trevor," Chung told the court. "Emily was the one who was yelling" at the boy.
Trevor claimed he was a victim, too. “It’s hard to sum up these very personal events,” he said over the phone. “But I can tell you that she did a lot of violence against me.”
At trial, Chung said Emily smoked marijuana in the presence of her son to deal with a diagnosed anxiety disorder, which diminished her parenting skills.
But Convey dismissed that claim: "There has been insufficient evidence that this use of prescription drugs or marijuana has altered or impacted her ability to care," he said.
She equally emphatically dismissed Emily's allegations that Trevor used unprescribed opioids and excessive alcohol.
But in his ruling, Convey granted Emily a temporary restraining order against her ex for three years along with sole custody of their son.
"I've made mistakes," Trevor said in an interview. But he said he found the judge's decision distressing: "I have to trust our son to someone who is not stable."
Trevor and Emily were ordered to attend separate parenting classes, while Emily said she continues to attend court-ordered group therapy.
When asked why she got back together with Trevor after everything she had experienced, Emily said that's a question she's often asked herself.
"Everything I suffered," he said, "is now in the past."
This article is part of a series on California’s coercive control law produced by San Francisco Public Press, a nonprofit investigative news organization. It was excerpted, edited and translated by Ethnic Media Services. Read the full article and others in the series at sfpublicpress.org/series/coercive-control. This reporting was funded by a grant from the Domestic Violence Impact Reporting Fund at the Annenberg Center for Health Journalism at the University of Southern California.
The current president of Brazil, Jair Bolsonaro, has used in recent months the same strategy as Trump, former US president, who used fake news and misinformation to avoid losing the presidential elections that will take place on October 2.
Fake news, misinformation and the delegitimisation of the electoral bodies that gave him victory in 2018 have been one of the main themes of Bolsonaro's campaign. Facebook, the main social network used by the Brazilian population, has been one of the most constant instruments used by the current president.
Although the social media company has expressed its commitment to democracy and its rejection of disinformation and fake news, its security mechanisms are weak and insufficient, according to the non-governmental organization Global Witness.
The organization published a report in which it reports having tested the security controls and the application of Meta policies on Facebook to prevent fake news and misinformation by promoting 10 advertisements, of which 5 contained fake news and 5 delegitimized the electoral process.
Even though the account from which the ads were posted was not logging into Facebook from Brazil, was not paying for the ads with Brazilian currency, and was not even verified, the ads were approved by the social network without Global Witness having to argue in favor of posting the ads.
Facebook’s vulnerability to disinformation and electoral delegitimization campaigns has been widely exploited by Bolsonaro and his supporters. The president has gone further in his attempts to delegitimize the elections on October 2 by organizing a meeting with diplomatic representatives from around 40 countries on July 19 in which he explained for 47 minutes that the elections might not be legitimate due to alleged problems in the electronic system of the Superior Electoral Court, the highest electoral authority in the country.
The strategy of delegitimizing the elections seems to be a response to the results of the polls that place the leftist leader Luis Inácio Lula da Silva, who has already been the country's first president, above the current president.
"It's a lie with the sole purpose of discrediting or delegitimizing the elections that he might lose, and creating some kind of justification for some kind of extraconstitutional, illegal or even violent effort to reverse the outcome of the elections or even cancel them," Steven Levitsky, professor of Latin American Studies at Harvard University, told BBC News Brazil.
Bolsonaro's concern about losing the election may have to do not only with the fact that he is not president, but also with the possibility of even going to prison due to the multiple accusations and investigations he is the subject of.
Bolsonaro is being investigated and could be prosecuted for three reasons: his participation in anti-democratic acts, such as orchestrated campaigns on social media to delegitimize the elections and to tarnish the political careers of his opponents. This is according to investigations by the Federal Police.
He has also been questioned and is under investigation for acts of corruption. According to an investigation, the president may have had people on his payroll of presidential advisers who have not actually fulfilled that role, with the aim of appropriating those salaries. Similar questions have been raised against two of his sons, who are also public officials.
In addition, the Senate has considered that his statements and handling of the COVID-19 pandemic did not contain the spread of the virus but rather accelerated it, which is why they consider him responsible for up to 679 thousand deaths.
The President's response has been to push for orders to reserve information for 100 years or to directly obstruct justice by directly interfering in investigations.
There are many and varied reasons why Bolsonaro could end up in prison if he does not win the presidential elections that will take place in October.
Ingrid Sanchez. Journalist and Latin Americanist. She has worked on issues of social movements, gender and violence.
Parents were notified via text message about a shooting in Hoover Park on the afternoon of Friday, August 19.
The official version of the authorities is that, according to a witness who was at the scene, two adult men were apparently having an argument in the center of the grass field, after which one of them took out a gun, pointed it at his opponent and fired several times, the subjects then fled the area where some children were with their parents.
Following the initial report to authorities, staff at The Boys & Girls Club called police to report that two of the windows in the vicinity were hit by bullets. Staff at the location confirmed that no one was injured by the gunfire, but that one of their employees was injured by one of the broken windows.
Meanwhile, Hoover Elementary School, which is south of the park and was still in operation, placed students and members of the school community on lockdown.
Thirty officers, two K-9 units, four sergeants and two lieutenants from the Redwood City Police Department, the San Mateo Sheriff's Office and the San Mateo Police Department responded to the scene. They also received support from the San Mateo County Gang Intelligence Unit.
Authorities escorted 300 students and 40 staff members to their families after a perimeter was set up around Hoover Park, Hoover Elementary School and the Boys & Girls Club to search for those responsible.
Following this, a search for evidence collected several .9mm ammunition casings in the center field of Hoover Park.
Hoover Park sports fields. Photo: Christian Herrera P360P
The Redwood City Police Department also advised residents to stay home and pay attention to warnings issued.
Later, a second shooting was reported and although there is no official information, residents claim that a person aboard a vehicle opened fire for no apparent reason in front of The Forest High School Center —located at 2001 Spring Street in Redwood City—, however hours later people continued with their recreational activities.
People continue with their recreational activities after the reported shooting in Hoover Park. Photo: Christian Herrera P360P
Anyone with information is asked to call the Redwood City Department of Investigations Unit at 650-780-7111.
Created in 1999 as a police force to control protests by coca growers in northern Colombia, the Mobile Anti-Riot Squad (ESMAD) bears the infamous reputation of being responsible for direct attacks against protesters that have left more than 300 people seriously injured since 2019.
El sello distintivo de esta represión son los disparos, con balas de goma, directamente al rostro de las personas con la intención de provocar heridas graves en los ojos, que en muchos casos (sobre todo, pero no exclusivamente, a quienes pertenecían a las Primeras Líneas1 en las manifestaciones) causaron la pérdida del órgano o de la vista.
El 23 de noviembre de 2019 un agente del ESMAD disparó contra Dilan Cruz, estudiante de 18 años de edad, quien protestaba para exigir garantías por parte del gobierno para el acceso universal a la educación superior. El proyectil que impactó la parte trasera de su cabeza estaba fabricado con un material textil relleno de perdigones de plomo. Tras su muerte, se convirtió en un símbolo de la lucha contra la represión oficial.
En los albores del nuevo gobierno encabezado por el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez Mina, en el que muchos colombianos han puesto su esperanza para una verdadera transformación en materia de derechos humanos, estos son los testimonios de algunos de los miembros del MOCAO, recabados en Bogotá, a finales de mayo de 20222.
Cristian Rodríguez Zárate
Cristian Rodriguez Zárate, joven víctima de un disparo de ESMAD el 16 de diciembre de 2019 en Bogotá, Colombia y fundador de MOCAO. Foto: Manuel Ortiz Escámez P360P
Desde mi punto de vista crítico, desde mi reflexión e indignación y también desde el sufrimiento, de que en Colombia no hay garantías para la vida, no hay derechos fundamentales, esto me lleva a sumarme a los movimientos sociales y a realizar activismo en las calles desde hace seis o siete años.
En el paro nacional del 21 de noviembre del 2019 se empieza a iniciar todo este fenómeno del abuso policial. Y dentro de ese concepto de abuso policial hay varios tipos, y uno de esos son las agresiones oculares. Ya en 2019, 2020 y 2021 se hace público y se hacen muy visibles este tipo de agresiones en las manifestaciones por parte de la fuerza pública.
Mi caso personal fue en el año 2019, exactamente el 16 de diciembre. Sucedió en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá. Yo me encontraba concentrado en una manifestación que íbamos a hacer en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, con varias organizaciones, movimientos estudiantiles, movimientos obreros, sindicalistas.
Sobre las 3 de la tarde partimos de la Universidad Nacional hacia la Plaza de Bolívar y ahí nos encontramos con muchísimas organizaciones, con la bancada de oposición del Congreso de la República. Duramos aproximadamente dos, tres horas y sobre las 5 o 6 de la tarde nos ordenaron evacuar.
La policía nos dijo a todos que nos fuéramos de la Plaza porque iba a haber un evento navideño, así que decidimos devolvernos otra vez a la Universidad Nacional y ahí, sobre las 7, 7:15 de la noche, en la entrada principal de la Universidad empezaron a haber confrontaciones entre el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y los manifestantes.
En ese momento yo me encontraba en lo último de la manifestación; iba ingresando y cuando ya iba sobre la entrada siento… primero escucho un estruendo y después siento un impacto en la parte izquierda de la cara. Soy consciente de la situación e inmediatamente me doy cuenta de que pierdo la vista del ojo izquierdo. Me toqué la cara, tenía mucha sangre; empecé a pedir auxilio. Los medios de enfermería, los boy scouts, ellos me auxiliaron; me llevaron rápido a un hospital cercano, que es la Clínica Mederi.
Ahí estuve tres, cuatro días interno y después de salir del hospital comencé todo un proceso de recuperación en lo psicosocial, en el tema jurídico, el tema personal. Entonces comencé a demandar y a visibilizar este tipo de ataques.
A inicios del 2020 empecé a conocer a muchas personas que fueron agredidas también en uno de sus ojos por medio de una ONG que se llama el Centro de Atención Psicosocial. Comencé a conversar con los muchachos, empezamos a intercambiar experiencias, puntos de vista sobre lo que nos sucedió y llegamos a una gran conclusión y a «¿por qué no nos organizamos y denunciamos este tipo de ataques, no sólo desde las demandas individuales que hacemos sino a través de un colectivo, un movimiento?»
Tomamos esa decisión por lo que estaba sucediendo en Chile en 2019, ese movimiento tan vasto que hubo de víctimas de trauma ocular, más de 600 personas, algunas de las cuales quedaron sin vista.
En el año 2021, exactamente el 9 de abril, que en Colombia se conmemora el Día Nacional de las Víctimas, salimos a hacernos públicos, no sólo a través de un evento que hubo en la sede de Naciones Unidas aquí en Bogotá sino también en las redes sociales. Comenzamos todo ese proceso de visibilización con una tarea muy importante y muy grande, que es convocar y juntar a todas las víctimas de trauma ocular de todo el país.
Yo creo que esto es lo más complejo y lo más de largo aliento que hemos tenido que hacer: convocar chicos de la costa, chicos del eje cafetero, del sur de Colombia, de Cundinamarca.
Hablando del objetivo general: básicamente es, que a través de las acciones políticas, judiciales, artísticas, culturales, se empiecen a generar reformas, fallos, reestructuraciones, para que en un largo plazo se pueda generar el desmonte y la desaparición del ESMAD dentro de la fuerza pública.
Este movimiento me ha generado una motivación muy grande, también una estabilidad emocional y una iniciativa no sólo para buscar esa reparación simbólica que queremos sino para también reencauzar el estilo de vida que no sólo yo, sino todas las personas que sufrieron este tipo de ataques, llevaban antes de la agresión.
Este tipo de ataques son actos de lesa humanidad, someten a la persona a una tortura sistemática en todos los ámbitos de su vida: en lo laboral, en lo personal, en lo emocional. Se generan todo tipo de cambios fuertes, de alto impacto en su vida. Entonces, la esencia de este movimiento es traducir, y darle otra lógica, otra perspectiva, a este tipo de agresiones.
People who suffer these aggressions are subjected to mourning, they are subjected to mourning; we have seen family breakups, suicide attempts. The whole issue of mental health is quite affected.
Entonces MOCAO le da como esa vuelta de detener esa perspectiva del dolor y el sufrimiento a una perspectiva de resiliencia, de que hay un nuevo estilo de vida, otra forma de afrontar y de asumir las cosas para llevar no sólo una vida estable como seres humanos sino también como parte de este movimiento.
Lo que buscamos es justicia porque esto es bastante visible y está bastante claro que este tipo de agresiones son sistemáticas. Esto está preparado, hay todo un manual para generar este tipo de agresiones.
MOCAO en mí ha sido mi balanza; yo tengo una teoría muy bonita que es la teoría del trampolín: este tipo de situaciones, de momentos que uno vive, para mí son un impulso para seguir arriba, en donde siempre me he mantenido. MOCAO para mí ha sido ese símbolo de resiliencia y de unidad, y también de resistencia para todo lo que hemos hecho hasta el momento y lo que nos toca hacer más adelante.
Daniel Alejandro Jaimes
Daniel Alejandro Jaimes, fue víctima de un ataque de ESMAD en mayo de 2021 por el cual perdió el ojo derecho, diez piezas dentales, desprendimiento del maxilar superior y nariz. Foto Manuel Ortiz Escámez – P360
Ese día fue bastante fuerte. Se formó un tropel en la localidad bastante grande. Fue el primero de mayo de 2021. Estábamos con unos amigos; había mucha presencia de la policía, había ESMAD. Incluso esa tarde yo fui a acompañar a una chica y en una parte me alcancé que ya se estaban poniendo sus chalecos, se estaban alistando los manes y entonces en ese momento me dio muchísima rabia.
Hubo mucha concentración. En ese momento el paro estaba con todas las fuerzas posibles y entonces nosotros, con esa alegría de todo lo que estaba pasando ese día, estábamos pasando un rato chévere, un rato bacán con los amigos.
Al momento que íbamos subiendo alcanzamos a ver que había muchísima fuerza disponible y estábamos listos con nuestros escudos. Cuando llegamos al cruce pasaron 20, 30 segundos y empezaron a tirar gases; entonces la gente corrió. Empecé a ver cómo niños y sus padres iban corriendo de la mano y eso me generó mucha rabia.
Ese gas es muy fuerte, así que me puse una bufanda y la capota porque había un dron tomando fotos. Me tapé muy bien la cara.
La gente ya estaba muy ofendida. Los gases los tiraban al cuerpo, completamente. Pasaron más o menos 15 matrimonios (o sea, parejas formadas por un policía y un oficial del ESMAD) que iban con sus escudos y unos con el lanzagranadas.
Al momento que vimos eso, dijimos: donde nos cojan en la principal no tenemos dónde correr, así que hicimos una barricada con contenedores de basura que son como de dos metros, más o menos. Todas las balas de goma pegaban en el contenedor.
Me quedé viendo a un oficial por la izquierda; al momento que me lo quedé mirando así veo una ráfaga del lado derecho, entonces mi reflejo fue voltear. Al momento que volteé, me impactó en la nariz. Yo digo que por ese reflejo no perdí la vida.
Al momento que dispararon sentí como si fuera el flash de una foto. No sentí ningún dolor, pero me caí sobre los codos y escuché ¡pum! Sentí que alguien me agarró de los brazos y me empezó a arrastrar. Después llegó otro chico y me arrastró de las piernas.
El del ESMAD estaba recargando nuevamente. Hubo un espacio para que a mí me jalaran y no me llevaran ellos. La herida fue bastante grande. En ese momento caí aturdido y lo vieron, me dispararon. No reaccionaba. Cuando reaccioné me toqué los dientes con la lengua y sentí que estaban rotos; me ofendí muchísimo, me enojé bastante.
Sentí que la nariz se me tapó. No podía respirar. Tenía mucha sangre en la nariz. Me llevaron a la estación de bomberos en una rejita. Ahí me atendieron. Me estaba ahogando con mi propia sangre.
Al momento llegó la ambulancia. Yo no sabía bien qué había pasado. Sentía tapada la nariz y se me hincharon mucho los párpados. Abrí los ojos y alcancé a ver que llegué al hospital.
Pasé cuatro días muerto en vida porque no se sabía a ciencia cierta qué había pasado conmigo. Me cortaron las camisas, tenía el pantalón lleno de sangre y sentía sangre en la cabeza, en los hombros, me llegaba al torso.
Estaba muy deshidratado y lloraba por un vaso de agua, pero no daban porque no sabían si me iban a operar al otro día. La enfermera a escondidas trajo unas gasas con agua y me tocó espicharlas para al menos tomar agua.
Al tercer día me quitaron las vendas y me dijeron: «bacan, ¿alcanzas a ver algo?» Vi un azul, como una escala de grises, muy oscuro, y alcanzaba a percibir luz. En ese instante tuve la esperanza de que iba a poder seguir viendo.
Con el tiempo fueron mirando los daños y no fue sólo el ojo, fueron también 10 piezas dentales, desprendimiento de maxilar superior, y la nariz. En ese momento vieron que tenía una hemorragia en el ojo izquierdo y tocaba controlarla, pues podía perder el ojo izquierdo también.
En el ojo derecho me dijeron que el impacto estalló la retina. Estuve un mes hospitalizado. La estancia en el hospital fue muy dura. A mi mamá le tocó acostarse en un sofá por un mes. De estar acostado, yo tenía estrías en la espalda.
Mi visión era muy corta, como de aquí a donde tú estás. Había un televisor y no lo alcanzaba a mirar. Después, con el tiempo fui dando un desarrollo muy bueno y alcancé a aclarar muchísimo la vista.
Pero nunca perdí la compostura. Siempre me mantuve alegre, siempre me reía con mi mamá. No caí en una pena moral, no me puse triste porque sentía que mi familia estaba ahí.
Es complejo acostumbrarse a mirar con un solo ojo, hacer cosas con un solo ojo: tú quieres agarrar algo y está un poquito más lejos, entonces pierdes esa profundidad.
Me di cuenta de MOCAO por un canal de televisión. Mi tío me dijo: «Dani, venga rápido»; yo le dije: «¿qué pasó?», y pues estaban hablando de MOCAO, de qué trataba el colectivo. Y tuvimos contacto con Cristian.
Me genera muchísima fuerza. Siendo parte del MOCAO todos tenemos esa voz y ese voto. Estamos muy pendientes de los chicos. MOCAO no se convirtió en un colectivo nomás para mí; se convirtió en una familia. Con Cristian hablamos bastante, nos reímos y más de una vez nos encontramos en muchos espacios, entonces se genera una confianza bastante bacana.
Una vez un chico llegó y me dijo: «Parce, no sé, estar con ustedes me da muchísima fortaleza«».
Gareth Sella, recibió tres disparos por parte de ESMAD durante una manifestación pacífica del grupo «Escudos Azules» contra la brutalidad policial. Foto Manuel Ortiz Escámez P360
No es que haya sido una experiencia sino que sigue siendo una experiencia. Al menos yo voy para un año y sigo descubriendo muchas cosas aún, aceptando muchos sentires, muchos dolores, muchos cambios.
Pero puntualmente el hecho, que ni siquiera empieza en el momento en que me disparan sino que yo hacía parte de una primera línea que se llama Escudos azules, empieza unos días antes, cuando la inteligencia de la policía de acá saca una alerta criminal interna tachando a Escudos azules como un grupo radical y violento que estaba convocando a destrozos el 24 de febrero.
Sacan esa alerta el 22 de febrero, el 23 nos la filtran a nosotros y ese día hacemos la denuncia pública. El 24 de febrero, el día de la movilización oficial contra la brutalidad policial, un policía en radio dice: «no, la alerta era cierta pero nosotros los conocemos y no, ellos son pacíficos y nos gustaría un día hablar con ellos». Y unas horas después, me disparan.
Ya estaba esta estigmatización, este señalamiento, esta forma de volvernos un objetivo.
El momento en que me disparan es en el centro de Bogotá, en la Carrera Séptima con Calle 23. La intervención se da en la calle 24, viene un escuadrón del ESMAD, empieza a dispersar la movilización que no era muy grande, eran 200 personas, pero en ese momento todo el mundo se estaba yendo, o sea, no había un enfrentamiento, yo me estoy yendo y mientras me trato de retirar, en la siguiente cuadra, en la 24, me doy la vuelta y desde atrás es desde donde me disparan.
They shoot three bullets from markers, which are rubber bullets, that hit me in the head, in the eye and next to my nose.
Y lo que sigue es un montón de estigmatización, amenazas, seguimiento, reivindicación, seguir peleando, conocer un montón de gente que sigue peleando, que sigue luchando, aceptar lo que pasó, dolerse, etcétera.
Hoy estoy haciendo televisión. Me he graduado hace tiempito, en el 2019, en abril, y antes de salir de mi carrera yo había formado una productora con unas compañeras de la universidad. Desde antes mi trabajo siempre ha sido audiovisual.
En un principio, cuando me disparan, duré 60 días en cama. Porque tengo una primera cirugía, luego otra cirugía, y resulto con una incapacidad final de 60 días.
También lo que pasa cuando a uno le disparan es que hay una estigmatización muy fuerte, entonces uno tiene que cambiar la narrativa, luchar contra esa narrativa porque uno no puede dejar que ellos definan qué es lo que es uno.
Es una criminalización de los procesos sociales. Es decir, ellos han criminalizado el pertenecer a la Primera línea.
Visualmente no se nota tanto el disparo pero hay muchos chicos a los que se les nota mucho, y entonces hay una marca y es una forma en que la gente los señala y también es muy difícil encontrar trabajo.
Entonces no sólo es la violencia del hecho, que se le llama trauma ocular no solamente por el golpe, sino por lo que genera, que es una marca para toda la vida que te dificulta tener acceso al derecho al trabajo y otros lugares.
La Primera línea es una manifestación popular que también se da en otros lugares: en Chile, en Hong Kong, en diferentes espacios del planeta frente a la represión policial. Aquí se viene dando sobre todo desde el 2019.
[A partir del asesinato de Dilan Cruz, en noviembre de 2019] necesitamos defender a la gente, necesitamos alguien que nos defienda porque en ese momento yo no hacía parte de las Primeras líneas.
Aparecen un montón de chicos a lo largo de 2019 y todavía más fuerte en el 2021 que dicen: vamos a ponernos cautos porque nos están disparando en la cabeza. Vamos a ponernos gafas porque nos están disparando a los ojos. Vamos a ponernos máscaras de gas porque nos están gaseando y además con diferentes tipos de gases; no solamente es un gas lacrimógeno, sino que es el gas lacrimógeno vencido de hace ocho años, diez años, que es más perjudicial para la salud.
We use shields because they are going to want to hit us, because they are going to shoot at us with everything, with gas, with stun guns, with rubber bullets.
Nosotros no estábamos formándonos en nuestra vida para cubrir un escudo; estábamos haciendo otras cosas, queríamos otras cosas y es tanto ese dolor de ver a los compas que les disparan y los matan.
La policía acá es casi una policía militar. No hace parte del Ministerio de Defensa pero se forma militarmente con una lógica del enemigo interno que tiene que ir a enfrentarse contra insurgentes, contra guerrilleros, etc., entonces hay una estigmatización muy grande contra quien se manifiesta.
Persiguen a la gente hasta en los hospitales. A mí me llegaron tres agentes de la inteligencia policial cuando estaba medicado. Y eso lo hacen con muchos: van y se pasean allá afuera, como haciendo una presión bien violenta para amedrentar.
Y aquí estoy, con un ojo. Prácticamente sin un ojo, aunque yo no lo perdí, lo que perdí fue mi visión, pero es como no tenerlo. Es difícil, complicado al principio.
Para mí [estar en el MOCAO] ha sido un proceso curioso y extraño porque cuando me disparan me propongo cambiar esa narrativa. Inicio un trayecto muy delicado y muy solitario. A veces es más fácil tener un proceso en solitario pero que no va a llegar más lejos, y empieza a ser duro porque resulta muy difícil ver que estas cosas siguen pasando, ver que aparecen más chicos, más chicas, etc., y entonces el cuerpo genera una distancia, un poco como no quiero sentirme en ese lugar porque me es muy duro aún enfrentarlo.
Entonces, en un momento me es difícil involucrarme rápidamente. Es difícil sentirse identificado con un montón de gente y uno lo enfrenta en un momento tratando de decir «no me pasó, no fue tan grave». Pero llega un punto de decir: «sí me pasó y hay un montón de gente que le pasó y que la sigue pasando mal», y es otro lugar de lucha, y hay que luchar, y juntarse, y construir desde ahí, que es mucho más provechoso para llegar más lejos y apoyarse, hacer compañía y refuerzo.
A la gente le cuesta mucho entender qué le pasó a uno, y sirve hablar con compañeros que ya llevan tiempo y están pasando por lo mismo que uno. Es bueno encontrarse y reconocerse con otros para no quedarse solos con esa sensación tan extraña que es perder la visión en un evento tan violento. Quedarse solo resulta peligroso, y beneficioso para el estado que lo reprimió a uno de esa manera.
Nosotros salimos a las calles sin que nadie nos dé plata, sin que nadie nos dé nada, sin que nadie nos financie, sino con un montón de amor y ese amor no nos lo quita nadie.
Hay diferentes formas de ver, y tener más ojos no es ver más. Cierren los ojos a veces y vean con el corazón, con el alma, con el amor. Porque los ojos mienten mucho; la gente cree en unos políticos que los están mirando a los ojos y les están mintiendo.
Topo
Topo se encontraba en un parque haciendo actividad física con amigos el 26 de septiembre de 2021, cuando integrantes de Primera Línea y ESMAD tuvieron un enfrentamiento en ese lugar, al intentar alejarse una bala de goma lo impactó. Foto: Manuel Ortiz Escámez P360P
Mi caso, al principio fue complicado. Después de la cirugía me fue difícil porque no podía ver bien. Mi caso empezó el 26 de septiembre del año pasado (2021). Esa semana se estaba celebrando la semana por la paz acá en Bogotá. Yo hacía parte de un grupo, y junto con todo el grupo hicieron un partido contra la policía; una forma diferente de hacerle el combate a ellos.
Yo estaba en el partido con ellos, los acompañé; yo por distraerme, pasar la mente por otro lado, fui, jugué un rato y me fui.
Ese día un parcero me llamó para irnos a jugar al Parque Marruecos y nunca supimos qué iba a pasar. Estábamos jugando, haciendo actividad física, cuando de un momento a otro se empezaron a reunir unos pocos muchachos.
Obviamente yo hice parte de una Primera línea pero ese día yo estaba en otro cuento, y precisamente en el parque donde fui se armó una pequeña confrontación con los auxiliares. Después los muchachos volvieron al parque, ya después llegó el ESMAD.
En el momento en que entraron al parque atacando todo el mundo salió a correr, entonces yo también corrí. Cuando volteé un chico estaba enfrente de mí y cuando se agachó fue que me impactaron. Caí al piso y cuando me levanté salí corriendo por las escaleras del parque y fue ahí donde me caí y perdí el conocimiento.
Después me desperté y los muchachos me estaban haciendo fotos, videos, aunque yo les decía que no. Pero hicieron viral por TikTok el video de cuando estaba lesionado en el piso.
Estaba en el hospital, con un parcero y [tres agentes] vinieron a hacerme preguntas, que qué había pasado, que si estaba seguro que había sido la gente del ESMAD. Les dije «es obvio, porque es un golpe con una bala de goma». Igualmente había un policía que empezó como a mirarme, como a decirme «me lo voy a llevar si la caga».
Yo estaba como dormido, me despiertan con que «¿qué estabas haciendo?», y yo, «estoy medicado; lo que me están pidiendo es ilegal. No tengo porqué decir eso en este momento», pero se van un rato y vuelven.
Pero eso pasa con muchos. Por ejemplo, a las defensoras de derechos humanos que a mí me ayudaron las estuvieron llamando y diciendo: «ustedes defienden guerrilleros, luego las vamos a buscar», como para generarles un miedo para que no testifiquen las cosas que vieron.
Yo no había hecho nada malo. Sí fui parte de una Primera línea, pero ese día no estaba activo, ese día estaba en mi cuento aparte, andaba con mis amigos. La Primera línea sale en defensa del manifestante. No somos guerrilleros o terroristas, como nos han llamado. No somos eso, nosotros somos el escudo del pueblo.
Mi pregunta es: ¿por qué la mayoría de los chicos que han sido afectados ocularmente siempre es en el ojo derecho? Te pones a ver eso y ya tiene toda la intención de bajarle la cabeza al muchacho. Porque para ellos es un terrorista, es un guerrillero y es un objetivo militar.
Por el momento estoy bien. Sí me afecta un poco porque para buscar trabajo no en todos lados nos pueden recibir así. Ahorita estoy estudiando, terminando mi académico y los fines de semanas hago bachitas, o sea, los trabajitos que se puedan hacer.
Para mí el MOCAO también es una familia donde aprendí mucho cuando no sabía cuáles eran mis derechos. Al salir a la calle y pasar lo que me pasó me cambió: saber un poquito más del país y de mis derechos. Como despertar, decir «no más». Decir: «defiendo a mi pueblo y defiendo mis derechos».
Yo tengo una frase: «el que no la vive no la siente, parce».
Requests to the new government
A mediados de agosto de 2022, por medio de audios de Whatsapp, dos miembros del MOCAO hacen llegar a esta reportera sus peticiones para el gobierno que lleva menos de un mes en el cargo. Topo lo hace a título personal, mientras que Cristian aporta las propuestas oficiales del Movimiento.
Topo
De mi parte, como víctima, que no nos fallen, que cumplan con su palabra porque si no créanme que esto va a volver a ser un infierno y peor. Por eso lo único que yo le pido al gobierno es que sea un proceso bueno porque el temor de nosotros, el temor mío, es que vuelva a ocurrir lo que pasó el año pasado, y la verdad ya no quiero ver más sangre derramada sobre el asfalto.
Cristian
Desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Trauma Ocular MOCAO, desde esta justanza social y política, en este nuevo gobierno hacemos una gran invitación a esta nueva agenda legislativa a que podamos trabajar mancomunadamente en tres propuestas puntuales:
Las garantías de reparación y no repetición de este tipo de actos de lesa humanidad y de tratamientos de guerra en manifestaciones y protestas, que este tipo de actos en una manifestación jamás vuelvan a suceder en ninguna parte del territorio nacional.
La construcción y la ejecución de una ruta de atención integral y vitalicia para todos los lesionados, víctimas de trauma ocular en todo el país porque somos más de 180, 200 personas no solo en el contexto del paro de 2021 sino en otros años anteriores. Que podamos trabajar articuladamente con los distintos representantes de los ministerios de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo, para que podamos tener una atención integral y se puedan reivindicar los derechos que fueron vulnerados.
Que desde la parte jurídica, la parte de justicia, los casos, las demandas de reparación directa puedan ser llevadas por la justicia penal ordinaria.
1 Grupo de manifestantes (casi siempre jóvenes) que se colocan adelante en las manifestaciones para proteger y cuidar al resto. 2 Se han respetado al máximo los testimonios originales de los chicos; sólo se han editado repeticiones de palabras o reiteraciones de ideas para una lectura más fácil.
Irma Gallo es reportera y escritora. Además de Peninsula 360 Presshas collaborated with Letras Libres, Revista de la Universidad de México, Revista Lee Más Gandhi, Gatopardo, Revista Este País, Sin Embargo, El Universal, Newsweek en Español. Su libro más reciente es Cuando el cielo se pinta de anaranjado. Ser mujer en México (UANL/VF Literary Agency, 2020). Twitter: @irmagallo IG: @irmaevangelinagallo.
During the first two years of operation, Stop AAPI Hate Information Center, people across the country have reported 11,467 hate incidents against the AAPI (Asian American and Pacific Islander) community, but that number is just “the tip of the iceberg,” the organization said in a recent report.
“This number is just the tip of the iceberg. Our nationally representative survey conducted in collaboration with Edelman Data & Intelligence found that one in five Asian Americans and one in five Pacific Islanders experienced a hate incident in 2020 or 2021,” the document details.
In February and March 2020, AAPI communities across the country experienced a rise in harassment, intimidation and other acts of hate, while media outlets cited a growing number of “horrific” attacks targeting this population group, the report said.
And, she points out, a large number of these incidents employed anti-China rhetoric that blamed AAPI communities for the emerging COVID-19 pandemic.
In response, Chinese for Affirmative Action, AAPI Equity Alliance ‒formerly the Asian Pacific Policy & Planning Council‒, and San Francisco State University’s Department of Asian American Studies launched the Stop AAPI Hate clearinghouse on March 19, 2020.
In the first week, the organization received more than 600 reports from all over the country, and by the end of the month there were already 1,500.
Sadly, two years later, AAPI community members across the country continue to experience hate at alarming levels.
“Every day we receive stories of slurs, shunning, physical violence and other forms of discrimination against the AAPI community. The patterns are consistent: these terrible incidents occur as people try to go about their daily lives – buying groceries, riding public transportation or taking their children to school.”
Collectively, the voices of the people who have reported nearly 11,500 incidents over the past two years have become a powerful tool for the organization, not only because their stories have brought national attention to anti-AAPI hate, but the details they provide have facilitated a more nuanced understanding of what anti-AAPI hate looks like.
"We now know that most hate incidents, while harmful and traumatic, do not meet the legal definition of a crime and therefore require solutions that go beyond law enforcement," the study said.
“Each individual traumatic incident reported to Stop AAPI Hate reminds us of the urgent need to address systemic racism; our collective voice advocating for solutions is how we will do that,” she said.
Although they cause significant fear and trauma, the majority of hate incidents reported to Stop AAPI Hate are not hate crimes and would not be investigated or prosecuted as such.
Alarm figures
According to the organization, one in six (17 percent) of incidents involved physical violence, while one in six (16 percent) involved avoiding or fleeing.
Additionally, more than one in nine—12 percent—of the incidents involved potential civil rights violations, such as discrimination in a company or workplace.
Two in five incidents took place in public spaces, such as a street, sidewalk, park, hiking trail or beach; and more than one in four – 27 percent – took place in businesses, such as grocery stores, pharmacies or department stores.
Furthermore, one in ten (10 percent) incidents occurred online, and one in ten occurred on public transport.
AAPI people who are also women, nonbinary, or LGBTQIA+ experience hate incidents directed at them for their multiple identities.
Anti-AAPI hate has led to increased fear, with a 2021 national survey of AAPIs finding that only half (49 percent) felt safe going outside, while two in three (65 percent) worried about the safety of family members and the elderly.
On the other hand, one in three (32 percent) parents were concerned about their child being the victim of anti-AAPI hate or discrimination in unsupervised spaces and/or on the way to school.
Among Asian Americans who experienced a hate incident reported to Stop AAPI Hate, nearly all — 95 percent — felt the United States was more dangerous for them.
Those over 60 are especially vulnerable to fear, with nearly all — 98 percent — of those who experienced hate incidents believing the United States has become more physically dangerous for Asian Americans.
Hate has had a devastating impact on mental health. Among Asian Americans who experienced a hate incident reported to Stop AAPI Hate, nearly half — 49 percent — reported depression or anxiety.
Nearly three-quarters – 72 percent – named discrimination against them as their biggest source of stress, even ahead of their health concerns during the COVID-19 pandemic.
According to Stop AAPI Hate, the most effective solutions to addressing hate against the community are education, community-based solutions, civil rights legislation and enforcement, increased law enforcement, more leaders speaking out against hate or discrimination against AAPIs, more and increased ways to speak out against hate or discrimination, solidarity with other ethnic and racial groups, and more AAPIs in civic and leadership roles.
“Our data is just the starting point. By connecting our data to capacity building, policy advocacy, and narrative change, we are building a pathway from the experience of anti-AAPI hate to empowerment and healing. At the community level, we envision our data sparking a conversation to reimagine what safety and well-being means beyond law enforcement,” they detailed.
Finally, the organization called for local, state and national policymakers, the media and others in power to be held accountable and to help people understand that addressing hate against AAPI communities goes beyond law enforcement and requires long-term structural changes.
“Two years into our journey, our work is far from over. We will continue to leverage the power of our collective data to advance equity, justice and empowerment, dismantle systemic racism and build a more just society. dismantle systemic racism and build a multiracial movement to end anti-AAPI hate,” she concluded.
This publication was supported in whole or in part by funding provided by the State of California, administered by the California State Library.
The face of a pharaoh is displayed in the deYoung Museum’s “Ramesses the Great and the Gold of the Pharaohs,” opening Aug. 20, 2022. (Olivia Wynkoop / Bay City News)
Considered the Pharaoh of Pharaohs, known for his ruthless military might, unprecedented building campaign, and leadership that led ancient Egypt to its famed Golden Age, Ramesses II, also known as Ramesses the Great, and the dazzling treasures and artifacts surrounding his life are housed in San Francisco.
Until February 2023, the deYoung Museum will host an international traveling exhibition combining ancient objects with cutting-edge technology, called “Ramesses the Great and the Gold of the Pharaohs.”
It is the only museum on the West Coast to present the collection before it returns to museums in Egypt, likely not to travel again for decades, said Thomas Campbell, director and CEO of the Fine Arts Museums of San Francisco.
"With all the travel fiascos we've all been reading about lately, it's a pleasure to skip the plane ride and be transported to Egypt, right here at the museum, and indeed, even to the feel of the ancient Egyptian tombs," Campbell said at a news conference Thursday.
Visitors can parade through a trove of sarcophagi, masks, ornate tomb treasures and mummified animals, while immersing themselves in highlights of Ramses’ life, such as his monumental victory at the Battle of Kadesh, through immersive multimedia displays.
Not only known for his impressive leadership, Ramesses also lived for an impressive amount of time: he is said to have died around the age of 90 in an era when most were lucky to live to their 30s or 40s.
The exhibition features artifacts from several royal tombs across Egypt to paint a picture of what Ramses' tomb must have contained, said Renee Dreyfus, curator of ancient art.
The eyes of Ramses the Great stand on the front of the deYoung Museum, days before the new exhibit opens on Aug. 20, 2022. (Olivia Wynkoop/Bay City News)
"During the six decades of his reign, the Egyptian empire flourished and prospered, and Ramses secured and expanded the country's borders," Dreyfus said.
One of the exhibit's organizers, John Norman, executive director of the World Heritage Exhibition, said the team wanted to combine several presentation techniques to provide a special and entertaining experience that is more of a story than a history lecture.
There are cinematic videos, theatrical lighting, automatic show controls and even music composed especially for each gallery, he said.
"These are elements that you don't normally see in an art museum," Norman said.
And for an additional fee, museum visitors can also enter a virtual reality tour, guided by the spirit of Ramses' beloved wife, Nefertari. In the virtual tour, the queen floats through Ramses' iconic temple, Abu Simbel, as well as an animated version of his tomb.
"In an era of so many immersive experiences, there's a lot of junk out there. This is truly an immersive experience that engages all the senses, but with real force," Campbell said.
The exhibit runs from August 20 to February 12, 2023. Tickets are $35 on weekdays or $40 on weekends for adults.
More information about discounted rates for children, seniors and students can be found at deyoungmuseum.org.
The head of a colossal statue of Ramesses II, featured in the deYoung Museum’s new exhibition, “Ramesses the Great and the Gold of the Pharaohs,” opening Aug. 20, 2022. (Olivia Wynkoop / Bay City News)
Part of the ticket sales will go toward efforts to preserve and excavate ancient artifacts in Egypt, said Egyptian archaeologist and exhibit curator Zahi Hawas, who is also leading efforts to restore Ramses' tomb.
“I really enjoy seeing this exhibition. The technology, the lighting, the beauty, the art… it’s a message from us in Egypt that we are safe and to come and visit us,” Hawas said.
San Mateo County will begin repairing cracked and rough pavement along a series of roads between Highways 1 and 35 ‒Skyline Boulevard‒ beginning Monday, August 29.
Ultimately, the project will improve road surfaces in San Mateo County, but will cause short-term delays and inconveniences for bicyclists. This is the 15th year of the county’s “chip seal” road maintenance program, a proven, cost-effective method that improves surfaces and causes less disruption to the traveling public than other treatments.
The project involves 50 miles of county-maintained roads. Beginning Monday, August 29, work will begin on Sunshine Valley Road, then move to Higgins Canyon Road and Purisima Creek Road.
While work in specific areas may vary, the project typically involves laying a layer of oil emulsion over the existing roadway and applying a layer of crushed rock over the emulsion, a process known as “chip sealing” because of the small rocks, or chips, placed on the surface.
After that, sweep the roads immediately after placing the chip seal, repeat a week later and again after 90 days.
“It is important that we continue to invest in these roads, as we have been doing for several years, to maintain the condition of these roads and minimize deterioration over time,” said Ann Stillman, director of the Department of Public Works.
“Chip seals have a lower impact to the public since vehicles can drive over them immediately after the rocks are placed and rolled. There is no curing time or lengthy road closures,” Stillman noted. “Another reason to use a chip seal is that it allows some of the work to be completed by in-house personnel, resulting in additional savings for the county.”
Pros and Cons
San Mateo County detailed in a statement that it understands chip seals have advantages and disadvantages. Cyclists have expressed concerns during a community input process that loose chips that can remain on the roadway can pose a safety hazard.
Public Works crews will monitor the work to determine if additional street sweeping would be beneficial.
Additionally, he said Public Works will install signs along San Mateo County roads scheduled for maintenance. The signs will alert motorists and bicyclists about the project so they can take extra care when using the roads.
The signs will also include the Department of Public Works' Highway Division number to request sweeping or report problems once the project begins: 650-363-4103.
All roads scheduled for work have previously received gravel seals.
On the “pro” side, Public Works is committed to extending pavement life and maintaining the county’s 316 miles of road network in the most cost-effective manner. The current approach for many coastal roads allows each road to receive a surface treatment—sealing—roughly every 5 to 7 years.
Gravel seals are a widely used, cost-effective treatment for rural and low-traffic roads, and the past 15 years of gravel seal projects have greatly improved the condition and reliability of the road network in the county's coast.
Next steps
The San Mateo County road maintenance project is scheduled to begin on Monday, August 29, 2022, and will take approximately four weeks to complete the 50 miles of roadway.
Project updates with a schedule of affected roads will be posted on the site. Project website.
