By Hans Leguízamo Romero. Peninsula 360 Press [P360P] Nvidia CEO Jensen Huang shared in an interview with Yahoo Finance on the sidelines of the GTC (Graphics Processor Technology Conference), a grim sight for those waiting for GPU prices to stabilize. “It’s going to take quite a while for supply to outstrip demand, I think next year, demand is going to far exceed supply,” Jensen said.
"People are starting to build more and more workstations and the reason is that their home is now their office," he added.
He also said that more people are playing video games due to the health measures. “People are starting to play more video games because they can’t travel as much.”
Unfortunately, the price of graphics cards, which are necessary for playing video games and working on various applications, has skyrocketed. The start of cryptocurrency mining marked the first part of the increase in demand, but it was the COVID-19 pandemic and the disruption of the production chain that severely impacted the graphics processor market.
As of today, older models in the GFORCE series sell for the same price they were released at in 2016, mid-range cards are double their price, and the most powerful graphics cards can be worth several times their original price. That is, of course, if you can afford them, as they are in such short supply that resellers have taken to snapping them up as soon as they become available.
Hopes of seeing an end to this situation this year are fading with comments from Jensen Huang who predicts a horizon full of difficulties not only for those who want a powerful computer, as the chip shortage has also affected PlayStation, which is struggling to keep its console available. Likewise, manufacturers of cars, televisions and electronics in general are seeing their options reduced by the disruptions in the production chain.
Just like video games, which greatly increased their profits during the pandemic, Nvidia has seen significant growth this year. Many fear that graphics card prices will never return to normal, as Nvidia has no incentive to combat the skyrocketing prices.
To Pamela Cruz. Peninsula 360 Press [P360P] El gobernador Gavin Newsom otorgó indultos a dos miembros de las tribus de California, la Nación Koi del Norte de California y la Ranchería Resighini, tras reconocer los esfuerzos y los éxitos de los beneficiarios en la rehabilitación posterior a la condena, así como su extraordinario servicio a sus comunidades.
El primer indulto fue para Robert Morgan, miembro de la Nación Koi del norte de California y residente del estado, quien lo solicitó luego de que el 3 de agosto de 2006 fuera condenado en el Tribunal Superior de California, condado de Sonoma, por agresión con arma mortal.
Morgan golpeó a dos víctimas durante una pelea en una fiesta. Fue sentenciado a tres años de libertad condicional y 91 días de cárcel.
Así, el señor Morgan presentó una solicitud formal de clemencia ejecutiva en forma de “indulto de gobernador”, y tras haber proporcionado pruebas de que lleva una vida recta y ha demostrado su aptitud para el restablecimiento de los derechos y responsabilidades cívicas, la solicitud fue aceptada.
«Este acto de clemencia para el señor Morgan no minimiza ni perdona su conducta ni el daño que causó. Reconoce el trabajo que ha realizado desde entonces para transformarse. Según las leyes de este estado, es apropiado que yo, como Gobernador del Estado de California, dé testimonio de que, al completar su sentencia y su buena conducta en la comunidad, el señor Morgan merece este indulto», refiere el documento con el cual se aprobó el perdón.
El segundo indulto fue para Frank Spa-ghe Dowd, miembro y líder electo de Resighini Rancheria y residente de California.
El 15 de marzo de 2002, el señor Dowd fue condenado en el Tribunal Superior de California, Condado de Del Norte, por agresión con arma mortal, pues golpeó a su víctima con un bate durante una pelea en una fiesta, por lo que fue sentenciado a cinco meses de libertad condicional y 270 días de cárcel.
These pardons coincide with Native American Heritage Month, which honors the vitality and resilience of Native American culture.
La Constitución de California permite al gobernador otorgar el indulto ejecutivo en forma de indulto, como tal, conmutación o perdón.
El gobernador consideró que este derecho es parte importante del sistema de justicia penal que puede incentivar la rendición de cuentas y la rehabilitación, así como aumentar la seguridad pública al eliminar las barreras contraproducentes para el reingreso exitoso.
«Un indulto puede eliminar las barreras contraproducentes al empleo y al servicio público y restaurar los derechos y responsabilidades cívicos. Un indulto no borra ni perdona una condena», señaló la oficina del gobernador en un comunicado.
Asimismo, subrayó que los indultos reconocen los esfuerzos de una persona en el autodesarrollo después de su crimen y sus esfuerzos por reparar el daño.
Detalló que el Gobernador examina detenidamente cada solicitud de indulto y considera una serie de factores, incluido el desarrollo personal y la conducta del solicitante desde el delito, el remordimiento del solicitante y los esfuerzos por enmendar, si la subvención es compatible con la seguridad pública y en interés de la justicia, y el impacto de una subvención en la comunidad, incluidas las víctimas y supervivientes de delitos.
Durante su cargo como gobernador, Newsom ha otorgado un total de 88 indultos, 91 conmutaciones y 29 perdones.
To Pamela Cruz. Peninsula 360 Press [P360P] Luego de que a inicios de este mes, la legislatura del estado de Alabama aprobara nuevos mapas de redistritación, de acuerdo con los datos emitidos por el Censo de 2020, la situación en el estado no ha mejorado y lejos de ello, se han presentado demandas en contra de la implementación de esos mapas, que afectan de manera discriminatoria a personas de color.
Así lo señalaron expertos durante una sesión con medios realizada por Alabama Values y Ethnic Media Services, en donde se aseguró que esos mapas han diluido intencionalmente el poder de voto de las comunidades minoritarias, particularmente las afroamericanas.
Ante ello, los demandantes han solicitado a la corte federal que ordene a Alabama que detenga dicha redistritación, y de ser posible, que los mapas sean nuevamente trazados.
Jack Genberg, abogado senior del Grupo de Práctica de Derechos Electorales del Southern Poverty Law Center, señaló que a las comunidades afroamericanas en el estado de Alabama se les ha negado la igualdad en la protección de las leyes, lo que les impide elegir a sus candidatos de preferencia.
«El resultado en general es reducir la fuerza del voto de los ciudadanos de color. De modo que este segmento de votantes no puede elegir a sus candidatos de elección con la misma frecuencia con la que podrían hacerlo si los distritos se trazaran de forma justa y legal», detalló el experto.
Aseguró que los mapas de redistribución de distritos de Alabama han sido racialmente manipulados, y estos han vuelto a poner de manifiesto la importancia de una nueva ley federal como la del derecho al voto de John Lewis para restablecer las protecciones de la Sección 5 de la Ley del Derecho al Voto.
«Este es el primer ciclo de redistribución de distritos desde 1960 sin las protecciones de la Sección 5 de la Ley del Derecho al Voto. La Sección 5 requiere que los estados como Alabama con registros de discriminación racial, en la votación, presenten cualquier cambio relacionado con la votación que incluya planes de redistribución de distritos al gobierno federal para su aprobación», dijo.
«La Ley de Derecho al Voto es fundamental para cualquier esfuerzo por construir una democracia representativa, en la que las personas de color tengan acceso a la representación equitativa y a los recursos», agregó.
Asimismo, destacó que cuando la raza es el factor predominante en el trazado de las líneas divisorias de los distritos, y el uso de la raza no está estrictamente diseñado para cumplir con la Ley de Derechos Electorales o justificado por cualquier otro interés gubernamental convincente, el distrito es un gerrymander inconstitucional.
«Durante el último ciclo de redistribución de distritos ‒después del censo de 2010‒, la corte federal determinó que 12 de los distritos legislativos estatales de Alabama fueron manipulados racialmente en violación de la constitución de los Estados Unidos», dijo Genberg.
Uno de los mandatos constitucionales es que los distritos deben ser aproximadamente iguales en su población.
Sin embargo, el gerrymandering «agrupa» a tantos votantes de una comunidad objetivo en un solo distrito. Si bien eso significa que pueden elegir un representante de su elección en el Congreso, también reduce su capacidad para influir en los resultados en otros distritos en donde su número es reducido.
En sentido contrario, en el «Cracking» los bloques más pequeños de votantes se asignan a distritos en donde estarán en minoría y no podrán superar a los bloques de votantes más grandes con una agenda u objetivos políticos diferentes.
Por su parte, Felicia Scalzetti, miembro de la Coalición del Sur para la Justicia Social de la Red de Protección Electoral de Alabama, en dicho estado, «un examen detenido muestra que la demografía de la representación no ha cambiado», mientras que el mapa propuesto para los distritos del Congreso «mantiene el núcleo de los mapas racistas de 2011, desafortunadamente».
Y es que, aunque Alabama tiene una población afroamericana en edad de votar del 25.9 por ciento, sólo uno de los siete distritos del Congreso ofrece a los afroamericanos la oportunidad de elegir su candidato.
Explicó, además, que en el mapa del Congreso, los republicanos tienen un 85 por ciento de representación mientras que los demócratas un 14 por ciento. «A lo que voy es que nuestros distritos demócratas y nuestros distritos de mayoría negra son los mismos, y este es el caso en cada uno de los mapas. Por lo tanto, tenemos un problema de «gerrymandering» potencialmente partidista aquí también».
El Gerrymandering es un término de ciencia política referido a una manipulación de las circunscripciones electorales de un territorio, uniéndolas, dividiéndolas o asociándolas, con el objeto de producir un efecto determinado sobre los resultados electorales.
Ello también pasa en las comunidades tribales, aseguró Scalzetti, quien informó que las comunidades tribales fueron divididas y asignadas a distritos dispares según los mapas propuestos.
A su vez, las poblaciones latinas y asiático-americanas también han aumentado durante la última década, pero los nuevos mapas no tienen en cuenta sus derechos constitucionales como comunidades de interés para elegir a los candidatos de su elección, lo que afectará profundamente en su calidad de vida diaria.
En su momento, la consejera de Redistribución de Distritos del Fondo de Defensa Legal NAACP, Kathryn Sedasivan, destacó que, Alabama tiene una larga y bien documentada historia de supresión de votantes, particularmente de los afroamericanos, y que al igual que muchos estados del sur profundo, quedó bajo la cobertura de la Ley federal de Derechos de Voto ‒VRA, por sus siglas en inglés‒, promulgada en 1965.
Según la VRA, los estados y jurisdicciones seleccionados tenían que presentar cambios en sus procedimientos de votación al Departamento de Justicia de EE. UU. o a un tribunal federal para su aprobación. Ese proceso, conocido como autorización previa, fue resentido por las partes afectadas, en parte porque consideraron la supervisión federal como una afrenta a la soberanía de su estado.
La VRA fue un esfuerzo del Congreso de los Estados Unidos para prohibir las regulaciones y procedimientos electorales en Alabama y otros estados, principalmente en el Sur, que sirvió para negar los derechos electorales a los afroamericanos.
En 2013, en una controvertida decisión denunciada por los defensores del derecho al voto, la Corte Suprema despojó a la VRA de su disposición de supervisión, pero en algunos casos atacar a los votantes por raza, color e incluso por idioma, sigue siendo inconstitucional según la Sección 2 de la VRA.
Para Khadidah Stone de Alabama Forward, una organización sin fines de lucro que promueve la participación cívica en todo el estado, el corazón de la redistribución de distritos es la participación personal.
Así, animó a los residentes a compartir sus preocupaciones sobre la redistribución de distritos con sus representantes electos en todos los niveles de gobierno, particularmente porque la redistribución de distritos determina en gran medida quién toma las decisiones sobre cómo se asignan los fondos federales y estatales.
To Pamela Cruz. Peninsula 360 Press [P360P] La periodista Adriana Sivori, del canal venezolano Telesur, relató para la cadena UNETV de aquel país, que le fue negada la entrada en el aeropuerto de Tegucigalpa, cuando pretendía cubrir las elecciones generales de Honduras del próximo 28 de noviembre.
«Los superiores no autorizan su ingreso. Le están aplicando el artículo 87 de la Ley de Migración y Extranjería», le dijeron a la periodista en el Aeropuerto Internacional Toncontín, cuando arribó a Honduras, la tarde del viernes 19 de noviembre, relató el CESPAD.
Con ese argumento, dijo, el gobierno de Juan Orlando Hernández ‒actual presidente de Honduras‒prohibió a Sivori el ingreso al país, con la finalidad de que no cubriera las elecciones generales que se llevarán a cabo este próximo domingo.
La periodista venezolana señaló que la única explicación posible fue que el gobierno no quería que se cubriera la jornada electoral.
Y es que la cuenta regresiva ha dado inicio, pues el próximo domingo 28 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones generales en Honduras, mismas que según expertos en materia electoral en aquel país, serán los comicios que marcarán el futuro del país en términos de democracia.
Ante el hecho registrado, el Centro de Estudio para la Democracia en Honduras (CESPAD) rechazó y denunció la negativa de ingreso al país a la periodista de Telesur «porque deja clara la señal de intolerancia a la crítica y a los cuestionamientos, una actitud propia de gobiernos hostiles con la democracia».
A través de un comunicado, destacó que la sociedad recibió con sorpresa y preocupación la determinación del gobierno hondureño de impedir el ingreso al país a la periodista, quien ha cubierto con regularidad, entre otros eventos, procesos de elecciones generales.
«La determinación del gobierno abona al clima de irrespeto del derecho a la libertad de expresión que persiste en el país y ratifica la percepción de que Honduras es uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo, según organizaciones internacionales y nacionales como Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Libre Expresión (C-Libre)», subrayó.
La organización agregó que igual de preocupante es que dicha acción se produzca en un momento político tan importante para este país, «que requiere, más que nunca, que estas sean las elecciones generales más supervisadas, vigiladas, muy bien informadas y mayormente reportadas, tomando en cuenta los acontecimientos suscitados durante y después de las elecciones generales de 2017».
Ante ello, el CESPAD exhortó al Alto Comisionado de Derechos Humanos a pronunciarse sobre el caso, así como investigar los hechos y demandar al gobierno de Honduras el respeto a las libertades democráticas para las y los periodistas nacionales e internacionales que cubrirán las elecciones generales.
A su vez, pidió a la relatoría de la Libertad de Expresión, exhortar y demandar de Honduras tolerancia y respeto a la libertad de expresión, de informar y dar acceso a la información que tiene la prensa, además de sancionar moralmente el comportamiento de la actual administración de gobierno.
Al gobierno de Honduras, lo llamó a abstenerse de continuar con estas prácticas que menosprecian el respeto básico de la libertad de información, «una herramienta que contribuirá a asegurar que las elecciones serán, efectivamente, transparentes y limpias».
Pretexts to silence voices
Al revisarse, el artículo 87 de la Ley de Migración y Extranjería, que se refiere a los «casos en los que procede el rechazo de un extranjero», dijo la organización, contiene cinco incisos de los cuales dos se relacionan con esta situación.
Y es que, el segundo inciso no permite la entrada al país de extranjeros «cuando exista prohibición de ingreso ordenada por autoridad competente», mientras que el tercero detalla que «cuando se encuentre en una de las situaciones señaladas en el Artículo 81 de esta Ley».
El artículo 81, por su parte, contiene 8 incisos. El número 6 dice, literalmente, que se prohíbe ingreso a: «quienes aconsejen, inciten, enseñen o practiquen la desobediencia a las leyes y autoridades hondureñas, el derrocamiento del gobierno hondureño, el desconocimiento del sistema democrático de gobierno o promuevan o actúen en su contra o se alíen a causas o países que agredan a Honduras y a sus intereses nacionales», precisó.
En las elecciones generales de Honduras 2021 se elegirá al presidente que reemplazará a Juan Orlando Hernández Alvarado del Partido Nacional, quien ganó la presidencia en 2013, fue reelegido en 2017 en unas elecciones turbias que le dieron la victoria tras un «apagón», y también se renovarán representantes legislativos y municipales.
Apenas este sábado 20 de noviembre, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció que el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, visitará Tegucigalpa, capital de Honduras, del 21 al 23 de noviembre para vigilar que las elecciones en dicho país sean «libres y justas».
*Business owners consider moving to Redwood City Por Pamela Cruz. Prenínsula 360 Press [P360P] con información de Bay City News Diversos comercios de gama alta del Área de la Bahía han sido blanco de una serie de saqueos y vandalismo durante las últimas semanas, lo que ha derivado en arrestos y preocupación por parte de varios empresarios que viven en ciertas zonas y que ya consideran mudarse a zonas como Redwood City.
Apenas el sábado por la noche, la tienda Nordstrom en Walnut Creek fue blanco de saqueadores, según la policía de la ciudad.
La tienda, ubicada en el 1200 de Broadway Plaza, ubicada en el elegante distrito comercial del centro de la ciudad fue tomada por alrededor de 80 personas, los cuales, de acuerdo con diversos medios de comunicación, bloquearon entradas con autos para después bajar de ellos y entrar a robar a la tienda.
They really hit up Nordstrom in Walnut Creek (California). That’s a lot of heads too. pic.twitter.com/DO1gy85kYe
A su vez, la policía señaló que los asaltantes agredieron a tres empleados y se llevaron miles de dólares en bienes de alta gama. Tres personas fueron arrestadas, pero decenas se escaparon.
El incidente se produjo aproximadamente 24 horas después de que los saqueadores llegaran a varios puntos de venta en Union Square de San Francisco.
Este domingo 21 de noviembre, la policía de Hayward dijo que de 8 a 10 personas que portaban mazos entraron en Sam’s Jewelry en Southland Mall alrededor de las 17:25 del domingo, rompieron varias cajas de joyería y huyeron con una cantidad desconocida de botín.
En este caso no se realizaron arrestos. Los sospechosos huyeron en varios vehículos, dijo el teniente Mark Ormsby de la policía de Hayward.
Another large mob robs a jewelry store in Hayward California. Keep voting for filthy and lawless Democrats if you want more of this.
El incidente de Hayward ocurrió aproximadamente una hora antes de que un grupo de ladrones atacara la tienda de ropa deportiva de alta gama Lululemon en San José aproximadamente a las 6:30 pm del domingo y se fueran con la mercancía.
Ormsby dijo que aún es demasiado pronto para saber si los incidentes están relacionados.
Y es que, efectivamente, la policía de San José informó que un grupo de sospechosos ingresó a la tienda de ropa deportiva de alta gama Lululemon en Santana Row aproximadamente a las 18:30 h del domingo y se fue con la mercadería.
El portavoz de la policía, el sargento Christian Camarillo dijo que el grupo se había ido antes de que llegara la policía y no podía proporcionar más información sobre la investigación en curso.
El incidente del domingo fue el último de una ola de grupos que se apresuraron descaradamente a las tiendas de ropa y joyería del Área de la Bahía y se llevaron mercancía.
Por otra parte, empresarios de alto nivel del Silicon Valley con residencia en San Francisco, en una reunión privada el domingo por la noche en el lujoso vecindario de Woodside, a la que P360P tuvo acceso, expresaron su preocupación por considerar que la delincuencia en San Francisco «está desbordada».
Algunos de estos empresarios hablaron de la posibilidad de mudarse a Redwood City, un suburbio al sur de la bahía de San Francisco, en donde aseguraron que existe mayor seguridad y hay mejor calidad de vida.
La policía de San Mateo dijo que un miembro de la comunidad jugó un importante papel en la detención del presunto agresor sexual de una mujer en una lavandería el lunes pasado.
La persona reconoció al sospechoso luego de que la policía compartiera una fotografía en la que se pedía ayuda al público para localizar al presunto agresor.
Fue así que una persona de la comunidad reconoció al agresor y llamó a la policía, lo que llevó a su detención.
En el incidente del lunes denunciado en la lavandería, la víctima dijo que el sospechoso tomó a propósito la palma de su mano y le tocó las nalgas. Poco después del contacto, el sospechoso huyó a pie.
By Peninsula 360 Press [P360P] with information from Radio Progreso The National Electric Energy Company of Honduras (ENEE) is on the verge of bankruptcy. It pays $990 million annually to private generators, which represent about 70 percent of its operating budget, and has an accumulated deficit of $2.3 billion.
This was reported by Radio Progreso, which highlighted that while the State generates each kilowatt at 2 cents of a dollar, the private sector pays more than 12 cents: it is the second most expensive energy in Central America, only below Nicaragua.
In order to find out which companies with political or family ties, or even with drug trafficking, tend to benefit from these lucrative contracts or why the State has allowed this multimillion-dollar debt to accumulate, Radio Progreso has produced a special report to answer these questions.
Thus, through an exhaustive investigation of the mechanisms and business and family networks that are behind the contracts with the State, this special report reveals who profits from the energy production that makes up companies and financial maneuvers to try to hide their real names.
The reports highlight that in Honduras there are three business groups that make the most profits from private energy production: Grupo Terra, owned by businessman Fredy Nasser; Grupo Iresa and Lufu Quessa, linked to companies owned by members of the Larach and Kafie families; and commercial companies in which members of the Canahuati family have shares. Every year, ENEE must pay these three groups a total of 642.1 million dollars.
According to the media outlet, selling energy to the State is not a crime as long as the law is respected, but in Honduras the institutions have been vulnerable to the influence of business elites, politicians and even people linked to drug trafficking.
The result is that the State pays more than it needs to and companies make more profits at the cost of putting ENEE into debt and bringing it to the brink of bankruptcy.
The State does not have the capacity to produce the energy that the country needs, which is why it is forced to hire private companies. Juan Carlos Rodríguez, coordinator of the Patriotic Fuel Coalition, said that the problem lies in the conditions under which this service is contracted, since it is not governed by market values and, furthermore, because government administrations have never seen the strengthening of state generation as a strategic development mechanism.
According to Rodríguez, to get ENEE out of the crisis, it would be enough to review private contracts and strengthen state energy: "remember that ENEE's hydroelectric plants produce the cheapest energy, which is around 2 cents per kilowatt generated, while at the private level it is paid at 12 cents. This helps us to balance the high rate of private generators and help lower it for the end user."
ENEE began buying private energy in the 1990s, but from 2007 onwards, contracting costs became more expensive due to reforms that encouraged a shift in the matrix towards energy production with renewable resources, through tax exemptions, bonus payments and generation prices, which cannot be assumed by the state-owned company. Businessmen, politicians and people linked to drug trafficking, such as trusted executives of “Los Cachiros”, who also became energy suppliers, benefited from this.
Mario Rubén Zelaya, an energy specialist, explained that the State's policy was to "pay more per kilowatt hour to private generators, which is irrational." Zelaya regretted that, in Central America, ENEE is the only state-owned electricity company with a deficit.
Economist Claudio Salgado explained that, given ENEE's inability to pay for the private energy it contracts, the State has to "ask for loans to pay the generators. These loans will be paid by the people through taxes and high energy rates."
A shared responsibility
All energy contracts go through the National Congress, but they must first be signed by the ENEE management, analyzed by the Electric Energy Regulatory Commission (CREE) and ratified by the Executive Branch. It is a shared responsibility, the media said.
Relatives of public officials signed energy contracts while they were in office, violating the State Contracting Law. This is the case, among others, of the former vice president of the National Congress, Gladis Aurora López.
According to audits by the Superior Court of Accounts (TSC), a large part of the generation contracts have been signed in violation of the law; in the case of photovoltaic energy, they were signed at the highest price in Central America.
In 2018, the International Monetary Fund (IMF) concluded that contracts with private companies should be reviewed as an essential condition for the financial rescue of ENEE. This review was unsuccessful because the companies did not agree to lower generation costs.
Following the IMF's recommendations, President Juan Orlando Hernández created an intervention commission, led in the first instance by the Minister of the Revenue Administration Service (SAR), Miriam Guzmán, who reported that there are currently 98 high-cost contracts that are financially drowning ENEE.
He added that to save the company from its financial deficit, it would be necessary to recover technical and non-technical losses and renegotiate contracts with the generators: “the cost of generation is very high, Honduras needs to become competitive.” ENEE pays more than 495 million dollars a year to thermal companies alone.
According to sources consulted, most energy contracts approved by Congress are never socialized, are not discussed and the way in which they were negotiated is unknown. Even so, the State continues to go into debt with million-dollar loans to pay private generators.
Radio Progreso pointed out that the pieces that make up this special are a public information service that details the network of those behind this business and how they obtain energy contracts.
The Telesur correspondent's rejection comes in the context of the upcoming 2021 general elections
Journalist Adriana Sivori from the Venezuelan channel Telesur, who traveled to cover the Honduran general elections on November 28, told that country’s UNETV network that she was denied entry at the Tegucigalpa airport, where immigration officials took her to a site for an interview in which they asked her for the same information she had already declared on the forms and the same questions she had previously filled out: “where would she stay during her stay, where she came from, the name and phone number of the contacts she had.” In addition, the journalist said that they made her sign a document to confirm that the information was correct and after a brief wait, she was told that she did not have authorization to enter the country.
The reporter said that the only explanation she has is that the government did not want the election day to be covered and that there was no immigration reason to support this restriction. She said that for her the decision not to allow her entry had already been made because there was very little time between the agents leaving her waiting and informing her of the refusal.
The 2021 Honduran general elections will elect the president to replace Juan Orlando Hernández Alvarado of the National Party who won in 2013, re-elected in 2017, and will also renew legislative and municipal representatives.
By Pamela Cruz. Peninsula 360 Press [P360P] / Bay City News Trabajadores miembros del sindicato de profesionales de salud mental como enfermeras, optometristas y farmacéuticos de Kaiser Permanente planean caminar este viernes en solidaridad con ingenieros en huelga.
Los ingenieros operativos y los miembros del Sindicato Internacional de Ingenieros Operadores (IUOE, por sus siglas en inglés) de la Local 39 han estado en huelga durante los últimos dos meses, en medio de negociaciones contractuales por supuestas prácticas laborales injustas y salarios.
En respuesta, miembros del Sindicato de Trabajadores de la Salud – Oeste, afiliado al Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU-UHW, por sus siglas en inglés) local 20 y 29, la Asociación de Enfermeras de California y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (NUHW) en las instalaciones de atención del norte de California están realizando una huelga que incluye a 40 mil personas en el Área de la Bahía, Sacramento, y otras áreas.
Este apoyo a la huelga se produce a pesar de los recientes avances de Kaiser en la realización de acuerdos provisionales con la Alianza de Sindicatos del Cuidado de la Salud y el Gremio de Farmacéuticos Profesionales.
Los miembros de la Junta Ejecutiva de SEIU-UHW Kaiser publicaron en una carta colectiva que decía que Kaiser solía abrazar el movimiento laboral y tratar de ser el proveedor preferido de los miembros del sindicato.
«Pero ahora, Kaiser está en un camino diferente, participando en la represión de los sindicatos al permitir que la huelga de ingenieros continúe durante más de siete semanas», se lee en el comunicado.
«La posición de Kaiser de que los trabajadores de primera línea están “sobrepagados” es degradante, especialmente porque continúa acumulando miles de millones de dólares en ganancias durante la pandemia y paga a docenas de ejecutivos salarios de millones de dólares».
En respuesta, los funcionarios de Kaiser dijeron que el sindicato está pidiendo «aumentos irracionales» que superan a las demás solicitudes sindicales, afirmó la empresa.
Kaiser dijo que entiende la solidaridad sindical, aunque estas huelgas no están protegidas por la ley para SEUI-UHW, Local 20 y Local 29. Una huelga conjunta tampoco es «apropiada en este caso», según el comunicado de la compañía.
Los funcionarios de Kaiser dijeron que esta huelga no acercará a las dos partes a un acuerdo.
«Estamos ofreciendo salarios a los empleados del Local 39 que son similares a los de nuestros otros empleados y que, además de los generosos beneficios médicos y de jubilación más ricos del Local 39, mantendrán a nuestros ingenieros entre los mejor remunerados en su profesión, en un promedio de más de 180 mil dólares en salarios y beneficios totales», según el comunicado de Kaiser.
«No estamos proponiendo ninguna conclusión y nuestras propuestas no diferencian entre empleados actuales y futuros», agregó.
Anticipándose a las huelgas, la compañía envió un mensaje a sus clientes sobre los posibles impactos de la atención en la farmacia, el laboratorio y el departamento de radiología, los servicios ópticos, la atención de emergencia y la atención de rutina.
«En caso de huelga, es posible que tengamos que reprogramar algunas cirugías electivas, citas no urgentes o cambiar su cita a una visita por teléfono o video. Nos comunicaremos con usted si hay cambios en sus citas», escribió Kaiser en un correo electrónico a los clientes. «No es necesario llamar o enviar un correo electrónico a su médico en este momento. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente».
Las farmacias para pacientes ambulatorios pueden estar cerradas los jueves y viernes, aunque sus servicios de entrega por correo y la atención de un representante inmediato permanecerán abiertos, junto con las farmacias para la atención de pacientes hospitalizados.
Los departamentos de laboratorio y radiología pueden estar cerrados o funcionando en horarios reducidos. Kaiser sugiere a los miembros programar una cita para necesidades no urgentes.
La atención de emergencia estará abierta durante las huelgas, aunque se espera que aumenten los tiempos de espera. Los funcionarios dijeron que los departamentos de emergencia de otros hospitales que no pertenecen a Kaiser podrían atender a los pacientes más rápido hasta el 19 de noviembre.
«Lamentamos mucho cualquier interrupción que puedan experimentar los miembros a medida que tomamos medidas para garantizar que continuaremos brindando atención segura y de alta calidad durante esta huelga sindical», según el comunicado de Kaiser.
Este viernes, la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó el uso de emergencia para las vacunas COVID-19 Moderna y Pfizer-BioNTech, con una única dosis de refuerzo para todas las personas de 18 años de edad o mayores después de completar el esquema básico con cualquiera de las vacunas.
En tanto, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) se reunirá este mismo viernes para discutir más recomendaciones clínicas.
«Las vacunas COVID-19 han demostrado ser la mejor y más eficaz defensa contra la enfermedad. Autorizar el uso de una sola dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19 Moderna o Pfizer-BioNTech para personas mayores de 18 años ayuda a brindar protección continua contra la enfermedad, incluidas las consecuencias graves que pueden ocurrir, como hospitalización y muerte», dijo la comisionada interina de la FDA, Janet Woodcock.
Antes de las autorizaciones de hoy, se había dado luz verde a una sola dosis de refuerzo de las vacunas Moderna y Pfizer-BioNTech COVID-19 para personas de 65 años o más, personas de 18 a 64 años con alto riesgo de COVID-19 grave, e individuos de 18 a 64 años de edad con exposición institucional u ocupacional frecuente al SARS-CoV-2.
La acción de esta mañana, amplía el uso de dosis de refuerzo de ambas vacunas para incluir a todas las personas mayores de 18 años al menos seis meses después de completar la serie de vacunación primaria de las vacunas Moderna o Pfizer-BioNTech COVID-19 o al menos dos meses después de completar la vacunación primaria con la vacuna Janssen COVID-19.
«La FDA ha determinado que los datos actualmente disponibles respaldan la ampliación de la elegibilidad de una única dosis de refuerzo de las vacunas Moderna y Pfizer-BioNTech COVID-19 a personas mayores de 18 años», dijo Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación de Productos Biológicos de la FDA.
Agregó que simplificar los criterios de elegibilidad y hacer que las dosis de refuerzo estén disponibles para todas las personas mayores de 18 años, al tiempo que ayudará a eliminar la confusión sobre quién puede recibir estas terceras dosis.
La FDA destacó que tanto Pfizer como Moderna están realizando estudios posteriores a la autorización y la comercialización para evaluar los riesgos graves conocidos.
