Ethnic Media Services organized a briefing to shed light on new realities regarding redistricting maps in states south of California, especially since they now include vulnerable populations and minorities that are now represented.
The redistricting process in the country is coming to an end, so it is important to know where we are assigned to better understand the needs of our environment. The new maps of the southern states have reduced or dismantled the electoral opportunities of the region's rapidly growing Afro-descendant communities.
Mitchell Brown, Voting Rights Advisor, Southern Coalition for Social Justice noted, “By ignoring where Black people live, where Latinx people live, where AAPI communities are in North Carolina, they are ignoring the humanity of the voters who are trying to elect their candidates.”
Similarly, Deborah Chen, an attorney and community organizer with OCA-Asian Pacific American Advocates in Texas, said they encountered difficulties — maps were not available in advance, there was no information to understand how the lines were drawn, and therefore a congressional district like District 22 “was drawn to make it whiter.”
Sean Morales-Doyle, acting director of the Brennan Center for Justice, said the year is beginning with more bills “restricting access to voting” in state legislatures than is typically seen in an entire year.
Such was the case with the restriction on voting by mail, which occurred immediately after the 2020 elections, following a dramatic increase in the number of people voting by mail.
Charles Mann, a redistricting activist in Spartanburg, South Carolina, said that “we have to deal with so much cruelty about drawing lines or creating fair opportunities to elect the people we want.” He stressed that none of the Democratic members of the Senate committee were consulted before the maps were made public, leading to inequality.
He announced that the maps would be challenged, adding: “Now we can focus on the next election cycles and we can raise voter awareness.”
San Mateo police arrested two men Wednesday in connection with the theft of catalytic converters.
Samuel González y José Guerrero Ramírez, ambos de 33 años, y del poblado de San Pablo, fueron arrestados bajo sospecha de hurto mayor, posesión de propiedad robada y conspiración, mientras que González fue arrestado adicionalmente bajo sospecha de posesión de metanfetamina, según el Departamento de Policía de San Mateo.
De acuerdo con el reporte, el miércoles 12 de enero a las 8:15 pm, los oficiales fueron enviados a informar sobre el robo de un convertidor catalítico en la cuadra 700 de la calle S. Claremont.
Un testigo escuchó el sonido de una sierra afuera de su negocio y observó a un sujeto quitando un convertidor catalítico de un vehículo.
Posteriormente, el sujeto huyó de la escena con otra persona dentro de un Honda color oscuro.
El testigo proporcionó a los investigadores una descripción del vehículo sospechoso y los dos ocupantes, y los oficiales ubicaron el vehículo en la calle S. B.
La policía detuvo a los hombres y fueron identificados como sospechosos de robo.
Durante una búsqueda posterior del vehículo sospechoso, la policía encontró dos convertidores catalíticos, dos sierras, hojas de sierra, un gato para auto, parafernalia de drogas y presunta metanfetamina.
Debido a los protocolos de COVID-19, los sospechosos recibieron citaciones para comparecer y no fueron llevados a la cárcel.
Luego de que más de 10 millones de dólares en equipo médico de protección personal (PPE) fuera desperdiciado y olvidado a la intemperie, trabajadores del condado de San Mateo han buscado ocultar el desastre.
El error cometido por personal del condado fue descubierto por el equipo de investigación del medio ABC7, quienes dieron a conocer la noticia este jueves.
Los hechos se dan en medio de un creciente número de casos positivos de COVID-19, impulsado por la variante Ómicron, la cual ha sido catalogada como una de las cepas más transmisibles, por lo que la pérdida de equipo tan necesario ha causado indignación.
El medio detalló que aunque sea difícil de creer, los altos funcionarios del condado no sabían que miles de cajas de PPE fueron olvidados a la intemperie durante meses.
De acuerdo con el reportero Dan Noyes, recibió recientemente una pista en un día lluvioso que lo condujo directamente a la puerta 9 del Centro de Eventos del Condado de San Mateo, en donde halló «miles» de cajas con equipo de protección personal nuevo pero «empapado bajo la lluvia».
«Montones de cajas colapsando, demasiadas para contarlas, algunas rompiéndose y derramando su contenido», detalló ABC7.
Noyes aseguró haber encontrado batas de hospital, protectores faciales, gafas con ventilación y varios tipos de overoles.
Mientras Noyes realizaba su trabajo de investigación y tomaba algunas fotos, fue abordado por un guardia de seguridad, quien lo amenazó con reportarlo a sus superiores, pues a menos que fuera invitado, no podía estar en la propiedad.
Dana Stoehr, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro que administra el centro de eventos del condado fue quien se acercó a él y le solicitó que dejara de filmar las cajas, sin embargo, Noyes se negó y comenzó a cuestionar a la funcionaria, quien respondió que el equipo estaba ahí debido a que ya estaba dañado, producto de una tormenta anterior.
Stoehr no proporcionó más detalles. Más tarde el equipo de investigación se enteró que el centro de eventos había sacado todo ese PPE en septiembre de 2021 «porque necesitaba el espacio», y las fuertes tormentas de esos meses dañaron el equipo.
Dana Stoehr detalló a Noyes que el equipo fue cuidado como debía ser. Sin embargo, el supervisor del condado de San Mateo, David Canepa, no estuvo de acuerdo con esa declaración.
«Es debido a su investigación, que debemos reconocer nuestro error. Y el público necesita saberlo», dijo Canepa al medio.
De acuerdo con la investigación, esas cajas podrían equivaler a varios millones de dólares en equipo que fue pagado con los impuestos de todos los contribuyentes.
«Callagy nos dijo que no sabía nada de todo ese PPE que se ha estado deteriorando afuera durante meses hasta que llamé. Inmediatamente ordenó a los trabajadores del condado que llevaran los suministros adentro, para hacer un inventario y ver cuánto se podía recuperar» señaló el reportero.
«Claramente es un error del condado y, en última instancia, soy responsable del condado. Así que asumo toda la responsabilidad por ello… Estamos tomando medidas para asegurarnos de que eso no suceda de nuevo» dijo Mike Callagy, administrador del condado de San Mateo al ser cuestionado sobre quién era el responsable de dicha pérdida.
Finalmente, una fuente confirmó al medio que un convoy de camiones de basura recogió el PPE nuevo y lo llevó al basurero.
Ante el aumento de casos en el Condado de San Mateo por la variante Ómicron de COVID-19 se han implementado nuevas medidas sanitarias en los centros de detención, con el fin de proteger a los presos y al personal que ahí labora.
A statement from the San Mateo County Sheriff's Office explains that due to the increase in cases and in order to reduce the spread of the disease, the visits have been cancelled.
Sólo se permitirán visitas de abogados, y las ordenadas por la corte serán aceptadas hasta próximo aviso. También el uso de mascarillas N-95 o KN-95 es obligatorio para todo el personal dentro de los centros y para los presos que irán a corte tendrán que utilizar mascarillas N-95 o KN-95.
Todos los nuevos encarcelados serán puestos en cuarentena por reglas de la CDC, según la oficina del Sheriff.
Para el personal, las vacunas contra el COVID-19 no han sido requeridas pero sí recomendadas.
En el caso de las detenciones se deberán hacer pruebas una vez a la semana. Si algún preso presenta síntomas de COVID-19 serán puestos en cuarentena. Todos los presos llenarán cuestionarios de salud y serán sometidos a un intensivo examen médico, especifica el comunicado.
Enfermeras del Área de la Bahía se preparan para realizar una serie de manifestaciones este jueves 13 de enero, en nueve hospitales de la zona, con el fin de exigir condiciones de trabajo más seguras.
La acción sindical, planeada por la Asociación de Enfermeras de California/National Nurses United y Caregiver Healthcare Employees Union, también condenará la decisión anunciada el sábado por el Departamento de Salud Pública de California que permite a los trabajadores asintomáticos que dan positivo a COVID-19, regresar al trabajo de inmediato sin aislamiento o pruebas.
Se prevén actuaciones en distintos momentos en los siguientes hospitales de la región:
6:30 am: Universidad de California, Centro Médico de San Francisco, Campus de Parnassus, San Francisco.
La marcha y desfile anual realizada en San Francisco en honor a Martin Luther King Jr. se canceló este año debido a la pandemia por COVID-19.
El sitio web de la Fundación Comunitaria Dr. Martin Luther King, Jr. del norte de California, con sede en San Francisco, tiene una alerta que pospone hasta 2023 el desfile y el festival de música en un parque del centro, misma que había sido programada para el lunes 18 de enero.
Sin embargo, la ciudad, junto con el comité de eventos de celebración del cumpleaños del doctor King, la NAACP del condado de Hayward-South Alameda, el distrito escolar unificado de Hayward y Chabot College, retransmitirá el evento de celebración virtual de 2021 en el canal de cable 15 de KHRT y en el canal de YouTube de la ciudad.
La retransmisión comienza a las 4:30 pm el 17 de enero.
Según el sitio web de la organización, la cancelación es «para apoyar los esfuerzos de nuestra región en la lucha contra los impactos de la última transmisión de COVID-19 durante la ola actual de ómicron, al tiempo que mantenemos nuestro compromiso con el servicio y la comunidad».
La cancelación en San Francisco sigue al anuncio realizado hace una semana al otro lado de la bahía, en Hayward, de posponer otro desfile en honor a King.
Los miembros del comité del evento están trabajando con organizaciones patrocinadoras y líderes comunitarios para programar una fecha y un lugar alternativos en 2022, y así poder celebrar y reconocer presencialmente el legado del luchador en pro de los derechos humanos.
HORIZONTAL – Police car lights for stories with crime, accidents or other emergencies as logo or placeholder. (Special to Bay City News/ArtOlympic)
De acuerdo con datos de la Patrulla de Carreteras de California, la violencia armada en las autopistas del Área de la Bahía se han disparado en los últimos tres años; los tiroteos se han duplicado, lo que se suma a la creciente inseguridad.
De acuerdo con el medio NBC, la Patrulla de Caminos de California señaló que hubo 82 tiroteos en las autopistas del Área de la Bahía en 2019, los cuales resultaron en seis muertes y 50 heridos.
En tanto, en 2020, aumentó en más de 50 por ciento, a 124, con cinco personas muertas y 54 heridas; para 2021, el número de tiroteos llegó a 178: ocho personas murieron y 62 fueron heridas.
Entre las autopistas con mayor número de incidentes de violencia con armas de fuego, se ubican la Interestatal 80, con 86 desde 2019; seguida por la I-580 con 79 y la I-880 con 57, durante los últimos tres años.
El medio también destacó que, de acuerdo con las autoridades, los tramos de carretera más peligrosos en 2021 fueron en la I-580 en el condado de Alameda con 31 tiroteos.
Le sigue la ruta estatal 4 en el condado de Contra Costa,en donde se registraron 23 tiroteos; la I-880 en el condado de Alameda, siguió con 21, y la I-80 en el condado de Solano con 15 de estos delitos.
In turn, the stretch of I-80 in Contra Costa County is added with 14.
Si bien es cierto que los datos muestran que el número de tiroteos aumentó, también lo es el de que los arrestos disminuyeron durante el mismo lapso.
In 2019, with 82 shootings and six fatalities, 22 arrests were made, representing 17 percent of all cases.
Para 2020, cuando el número de tiroteos aumentó a 124, solo hubo 16 arrestos, lo que significa que hubo algún detenido en sólo el 11 por ciento de los eventos.
And in 2021 with 178 and eight deaths there were only 22 arrests, 10 percent of all incidents.
A estos números, se sumó el tiroteo fatal registrado el martes por la tarde, en donde un recluta del alguacil del condado de Alameda perdió la vida mientras conducía hacia el oeste por la Interestatal 580.
In early December 2021, San Mateo County authorities said they collected 425 firearms during a buyback event held in San Carlos.
En dicho evento, se pagaron 100 dólares por pistola, escopeta o rifle y 200 por arma de asalto.
Of the 425 weapons collected, six were assault weapons and three were "ghost" weapons.
Last month, the San Mateo County Board of Supervisors approved spending up to $208,000 in reserves from revenue raised through Measure K, a voter-approved 2016 extension of a half-cent sales tax.
The San Mateo County Sheriff's Office added $100,000 and the community group Citizens for a San Mateo County Gun Buyback contributed $67,000 to fund the events.
Dos eventos más de recompra de armas se llevarán a cabo este año, según el condado.
A este tipo de acciones se han sumado otros condados del Área de la Bahía, con la intención de reducir la violencia armada en toda la zona.
Redwood City Mayor Giselle Hale announced Tuesday that she is running for a seat in the state Assembly.
Hale, quien ha estado en el Concejo de Redwood City desde 2018, contiende por un lugar en el Distrito 21, ubicado en el Valle de San Joaquín e incluye el condado de Kings y parte de los condados de Fresno, Kern y Tulare.
Asimismo, incluyen desde Belmont, hasta el sur de San Francisco a lo largo del Área de la Bahía.
«Me postulo para la Asamblea de California en el Distrito 21 porque con los problemas que enfrentamos, necesitamos líderes que sepan que las acciones hablan más que las palabras. Como su asambleísta, haré el trabajo», señaló Hall en sus redes sociales.
El puesto ha quedado libre luego de que el asambleísta Kevin Mullin se postulara para ocupar el escaño de Jackie Speier, quien se jubila en el Congreso.
Hale fue elegida miembro del concejo municipal de Redwood City en 2018 y se convirtió en alcaldesa en diciembre de 2021. Sin embargo, anteriormente se desempeñó en la comisión de planificación de la ciudad y en la junta de la Fundación para la Educación de Redwood City.
La contendiente que señaló ser empresaria y líder comunitaria, recordó a través de un breve mensaje que todos tienen la misma oportunidad para prosperar, independientemente de su pasado.
Agregó que el condado de San Mateo enfrenta grandes desafíos, por lo que «necesitamos líderes con visión de futuro, orientados a resultados. No solo los típicos políticos».
Ante ello, dijo haber construido un historial de cumplimiento sobre los principales problemas de la comunidad, tal es el caso de la vivienda, al trabajar con grupos como «Habitat for Humanity» para crear proyectos y programas de casa más asequibles, y con ello reducir la falta de vivienda.
Asimismo, recordó que se ha apoyado a niños durante la pandemia por COVID-19; sus familias pudieron tener acceso al programa «Safe Childcare», además de encontrar financiamientos a escuelas locales, para que todos los niños puedieran tener acceso a una educación de calidad.
A ello, sumó todas aquellas acciones en materia de economía, medio ambiente y respuesta ante la pandemia por COVID-19.
«Tomaré el mismo enfoque en la Asamblea Estatal, trabajando fuerte y obteniendo resultados», destacó.
Hail llamó a visitar su sitio web, www.gisellehale.com, para unirse a su campaña, misma que está respaldada por la representante Anna Eshoo, del Distrito de Palo Alto; la tesorera estatal Fiona Ma; el senador estatal Scott Weiner, del Distrito de San Francisco; el asambleísta Marc Berman, del Distrito de Palo Alto, y la asambleísta Buffy Mechas.
The family of a deceased man who said he was repeatedly sexually abused by a Bay Area Catholic priest when he was a child is suing the Diocese of Oakland.
Under provisions of a new state law allowing suit in such cases, the family and estate of Jim Bartko, former Fresno State University athletic director filed it last week in Alameda County Superior Court.
It alleges that Bartko suffered repeated sexual abuse between 1972 and 1975 at the hands of Stephen Kiesle, then a priest of the Oakland Diocese and assigned to St. Joseph Parish in Pinole.
It also claims the diocese knew of Kiesle’s “history of sexual conduct and sexual assault against minors” prior to his alleged abuse of Bartko and negligently allowed Kiesle to continue working with children.
Kiesle was convicted in 2004 of sexually abusing a child, was released from prison in 2009 and lives in Walnut Creek, according to the California Megan's Law website.
He was also convicted in 1978 of sexually abusing boys at Our Lady of the Rosary Parish in Union City, but was allowed to return to work while on probation, according to Bartko's attorneys.
Kiesle left the priesthood in 1981 but returned to St. Joseph's in 1988 as a volunteer youth minister, Bartko's attorneys said.
He is listed as a “credibly accused clergyman” on the diocese’s website, which says he was removed from ministry in 1978 and “laicized” — independent of all religious influence — in 1987.
Bartko, who wrote a book about his abuse and subsequent struggles titled “Boy in the Mirror,” sued the diocese in 2020 but died at the age of 54, just three days after announcing his lawsuit.
"The cause of death was cirrhosis of the liver, a result of decades of alcohol use to cope with his childhood trauma," Bartko's attorneys said in a news release Monday.
"Jim's first drink came at the age of 7, provided by Father Stephen Kiesle as a means to make Jim more vulnerable to Father Kiesle's sexual advances," the statement said.
The new law, SB447, went into effect on January 1 and allows families of deceased victims of child sexual abuse and other crimes to sue for non-economic damages, or “pain and suffering,” on their behalf.
Under previous law, such claims typically ended when the victims died.
"Now it doesn't matter what they die from, the case is still alive no matter what the cause is," said Bartko's attorney, Rick Simons.
"It also means that the gain from stopping these cases and keeping them secret until the end of life, the gain from making as many motions and delaying tactics as possible in the hope that people will die is taken out of the equation," Simons said.
A diocesan spokesman said Monday that they have not yet received the complaint and declined to comment.
California Governor Gavin Newsom on Monday proposed his 2022-2023 state budget, which includes extending health care coverage to all low-income residents in the state, including undocumented immigrants; if successful, the state would become the first to offer universal health coverage.
While California taxpayers already pay for health care for people under 26 and undocumented low-income people over 50, the new bill provides for coverage for everyone.
Newsom’s proposal, which would expand access to Medi-Cal — the state’s version of Medicaid — is estimated to cost about $2.7 billion annually once the expansion is fully implemented by 2024.
"We're doing something no other state has done," Newsom said during the announcement of his proposal.
The overall project, which would have a total budget of about $286.4 billion, with a general fund of $213.1 billion, will focus on five points, which he called "existential threats": combating the current COVID-19 pandemic, climate change and its effects, homelessness, income inequality and public safety.
“With significant new investments to address the greatest threats to our state’s future, California’s Blueprint lights a path forward to continue the historic progress we’ve made on our near- and long-term challenges, including responding to the evolving pandemic, combating the climate crisis, confronting persistent inequality and homelessness, and keeping our streets safe,” said Governor Newsom.
He also noted that with a surplus of $45.7 billion, the California Plan contemplates a fiscal base that includes $34.6 billion in reserves, and continues to pay long-term pension debts.
Fighting Covid-19 with science
Newsom said he will continue to protect Californians by fighting COVID-19 based on science and with a focus on keeping schools open and the economy moving.
The plan includes an additional $2.7 billion to increase vaccinations, boosters, testing statewide, and increased medical staff to address potential surges in cases.
Fighting the climate crisis
On climate, the bill seeks to address the extreme weather conditions that have occurred in the state, such as forest fires, and will provide $648 million to support firefighters, obtain more helicopters and bulldozers, along with an additional $1.2 billion, based on last year's $1.5 billion investment, to intensify forest management and other life-saving practices.
The government will also seek to address drought, with an additional $750 million in water spending to help residents, farmers and wildlife in addition to last year's $5.2 billion water package.
The ambitious plan also calls for reducing California's dependence on fossil fuels and a complete transition to clean energy, seeking to invest billions of dollars in research and development of climate technology, clean cars, and preparing Californians for career opportunities in the field.
Facing homelessness
The governor's plan will seek to ensure that vulnerable people have the help they need to get off the streets and receive the mental health treatment they need. The plan adds $2 billion for housing and mental health services and cleanup camps.
Governor Newsom’s new investments expand on last year’s $12 billion package, creating a total of 55,000 new housing units and treatment spaces for people exiting homelessness.
Addressing the cost of living
Too many Californians find themselves on the wrong side of income inequality, crushed by the rising costs of even the most basic expenses like health care, housing, child care and keeping a small business open.
To that end, Newsom seeks to create universal access to health care coverage, with universal access to health coverage for all state residents, regardless of immigration status.
Additionally, it will seek to invest in students by adding thousands of child care spaces and increasing access to summer school programs.
The project will add $2 billion in new grants and tax credits to create more housing, while supporting small businesses by cutting red tape and providing hundreds of millions in grants and tax breaks.
Security
The project includes its Royal Public Security Plan, which focuses on three key areas to combat and prevent crime:
Strengthen law enforcement and local response to stop and apprehend criminals, including $255 million in grants for local law enforcement and creating a new “Smash and Grab” Enforcement Unit to combat organized retail crime and grants for impacted small businesses.
It also calls for more prosecutors to hold perpetrators accountable by ensuring district attorneys prosecute criminals effectively and efficiently, and by creating a new statewide team of investigators to pursue perpetrators.
He added that other plans include creating a new statewide gun buyback program, holding the gun industry accountable with state-leading legislation and interdicting drugs at the border.
