En un fallo considerado como un hito en la defensa del federalismo y los derechos civiles, un juez federal concedió hoy una orden judicial que bloquea la toma de control de la Guardia Nacional de California (CalGuard) por parte del presidente Donald Trump.
La medida también impide el despliegue no autorizado de fuerzas militares en el área metropolitana de Los Ángeles, en un contexto de protestas crecientes contra operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
La demanda, presentada por el gobernador Gavin Newsom y el fiscal general Rob Bonta, denuncia la “militarización ilegal” de la ciudad mediante la federalización de 2 mil efectivos de la Guardia Nacional y el despliegue de marines, sin el consentimiento del estado, en violación de la Constitución y de la autoridad del Título 10 del Presidente.
“Nuestro éxito de hoy en los tribunales es una victoria para todos los estadounidenses”, declaró el gobernador Newsom. “La decisión del presidente de usar a las fuerzas armadas contra sus propios ciudadanos amenazó nuestra democracia y nos acercó peligrosamente al autoritarismo. Seguiremos defendiendo nuestra democracia y los derechos de todos los estadounidenses. El país nos observa”.
La controversia estalló el 6 de junio, cuando comenzaron protestas locales contra las agresivas redadas de ICE en el sur de California. Al día siguiente, el presidente Trump emitió un memorando ordenando la movilización de tropas bajo la premisa de enfrentar una “forma de rebelión”, instruyendo al Departamento de Defensa a federalizar las milicias estatales.
La administración Newsom argumentó que esta acción representó un abuso de poder federal y una amenaza directa a la soberanía estatal, dado que no se consultó ni se obtuvo el consentimiento del gobernador para la federalización, tal como lo exige la ley.
El documento legal presentado ante la corte acusa al expresidente Trump, al entonces secretario de Defensa Pete Hegseth y al propio Departamento de Defensa de violar la Constitución de los EE. UU. y de excederse en el uso del Título 10, que regula la activación federal de la Guardia Nacional.
Además, se denuncia que los efectivos de CalGuard fueron utilizados para tareas de apoyo a ICE, incluyendo arrestos de civiles, lo que contradice el principio de que las fuerzas militares no deben involucrarse en actividades de aplicación de la ley interna sin autorización expresa del Congreso.
Lejos de calmar los ánimos, el despliegue militar impulsado por Trump agravó las tensiones sociales. Las protestas crecieron de 250 personas el sábado a más de tres mil el domingo, tras la llegada de las tropas.
La presencia militar fue interpretada como un acto de intimidación y provocó una respuesta masiva de la comunidad.
Las fuerzas del orden estatales y locales, con más de 800 agentes, se vieron obligadas a redoblar esfuerzos para contener la situación y “limpiar el desastre causado por el presidente Trump”, según expresó la oficina del gobernador. Mientras tanto, los soldados federales permanecen apostados frente a edificios federales, en espera de nuevas órdenes.
El equipo legal de California subrayó la contradicción de Trump, quien en 2020 prometió no federalizar la Guardia Nacional sin autorización estatal. Incluso su propio secretario de Seguridad Nacional advirtió entonces que una medida de ese tipo sería “un ataque directo a los derechos de los estados”.
El caso ha encendido el debate nacional sobre los límites del poder presidencial y el rol de los estados en tiempos de crisis interna. Aunque la orden judicial representa una victoria temporal para el estado de California, el proceso legal podría tener consecuencias duraderas para el equilibrio de poderes entre el gobierno federal y los estados.
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