Miles de camioneros inmigrantes de California se encuentran en un limbo legal después de que la administración Trump ordenara al estado revocar sus licencias a principios de este año. Muchos se encuentran ahora sin trabajo y sin poder mantener a sus familias.
Se han presentado numerosas demandas para restablecer los permisos de conducir comerciales, también conocidos como permisos de transporte de mercancías por carretera, pero hasta el momento, ninguno de los casos ha logrado que esos conductores permanezcan en las carreteras.
Hasta 61 mil camioneros de California perderán sus licencias en los próximos años como consecuencia de las medidas federales, lo que representa entre 5 y 10 por ciento de los titulares de licencias en el estado. Aproximadamente 13 mil 0 conductores ya han perdido sus licencias, lo que, según expertos del sector, podría aumentar los costos de transporte en todo el estado.
Muchos de los conductores afectados son solicitantes de asilo o personas con estatus de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Tienen derecho legal a vivir y trabajar en Estados Unidos, pero la administración Trump ha alegado, sin datos rigurosos, que estos camioneros conducen de forma más peligrosa que los ciudadanos estadounidenses o los inmigrantes con estatus más permanente, como los titulares de la tarjeta verde.
Para justificar su represión, el gobierno federal citó algunos accidentes mortales ocurridos el año pasado en los que se vieron involucrados camioneros punyabíes, incluido uno en Ontario en octubre en el que murieron tres personas.
Para los conductores inmigrantes afectados, la pérdida de sus licencias de transporte pone en peligro su sustento.
Uno de ellos, cuyo apellido es Singh, tiene dos hijos y vive en el Área de la Bahía de San Francisco. Durante años, rara vez estuvo en casa debido a su trabajo como camionero de larga distancia, transportando mercancías por todo el país. CalMatters acordó no publicar su nombre de pila porque teme que las autoridades de inmigración lo tomen como objetivo.
Singh tiene derecho legal a vivir y trabajar en Estados Unidos porque un juez aprobó su solicitud de asilo. Solicitó la residencia permanente hace tres años, pero aún no la ha recibido. Si la hubiera recibido, estaría exento de las medidas y políticas federales de control migratorio.
Como contratista independiente, Singh trabaja por contrato con empresas para entregar mercancías, ganando entre 11 mil y 16 mil dólares al mes. Pero los gastos son elevados. Hace cuatro años compró su propio camión por 160 mil dólares y tiene que pagar 3 mil dólares mensuales de préstamo, además de mil 500 dólares al mes de seguro.
Debido a las nuevas medidas de control, Singh perdió su licencia comercial el 6 de marzo y ya no puede conducir su camión. El Departamento de Vehículos Motorizados de California le emitió una licencia temporal que le permite conducir un automóvil, pero dicha licencia no es suficiente como identificación, según Singh, ya que muchos empleadores no la reconocen. La licencia temporal no es física ni tiene fotografía.
Singh dijo que su esposa ha empezado a trabajar como niñera mientras él busca trabajo.
“¿Qué tipo de trabajo me va a permitir pagar el alquiler y todos estos gastos?”, dijo durante una entrevista telefónica con CalMatters, mientras sus hijos, de 4 y 8 años, le gritaban de fondo.
Una espera de un año para obtener una resolución.
En septiembre, la administración Trump criticó al Departamento de Vehículos Motorizados de California por emitir licencias comerciales con fechas de vencimiento que no coincidían con las de los permisos de trabajo de los conductores.
El gobierno federal ordenó entonces a California que revocara miles de licencias de transporte para ciertos no ciudadanos y creó una nueva política que prohíbe a dichos conductores inmigrantes obtener licencias en el futuro. El gobernador Gavin Newsom afirmó que las acusaciones eran injustas o falsas, pero el estado finalmente acató la orden.
En febrero, un juez del Tribunal Superior del Condado de Alameda ordenó al estado que diera a conductores como Singh la oportunidad de recuperar sus licencias después de que un bufete de abogados y dos grupos de defensa legal, el Asian Law Caucus y la Sikh Coalition, presentaran una demanda en nombre de los camioneros.
Pero California aún no ha vuelto a emitir ni una sola de las 13 mil licencias que revocó.
“El tribunal dictaminó que el DMV debe aceptar nuevas solicitudes y tramitarlas en un plazo razonable”, declaró Jonathan Groveman, portavoz del DMV, a CalMatters por correo electrónico. El DMV informó a Singh y a otros conductores afectados que pueden volver a solicitar sus licencias y que el trámite puede tardar hasta un año. Aun así, el DMV comunicó al juez del Tribunal Superior del Condado de Alameda que es posible que no pueda tomar una decisión sobre las licencias.
El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) está demorando la decisión debido a la presión del Departamento de Transporte de EE. UU., que ha amenazado con sancionar a California si emite licencias comerciales a estos inmigrantes.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, ya anunció que retendrá aproximadamente 160 millones de dólares en fondos federales para carreteras destinados al estado por su gestión anterior de las licencias de transporte. También indicó que, si el estado vuelve a emitir las licencias, el Departamento de Transporte consideraría medidas más severas, incluyendo la revocación total de la capacidad del estado para emitir licencias de transporte.
El Departamento de Vehículos Motorizados de California demandó al Departamento de Transporte en febrero en respuesta a las amenazas. Otras demandas, incluyendo una en Washington, D.C., podrían revocar algunas de las políticas que afectan a los conductores inmigrantes de California, pero aún están pendientes.
En marzo, Singh llamó a su banco para preguntar sobre un aplazamiento en los pagos del préstamo de su camión mientras esperaba una decisión sobre la restitución de su licencia. Dijo que el banco estaba al tanto de su situación porque había recibido varias llamadas similares esa semana de otros camioneros. Sin embargo, le negaron su solicitud.
El 2 de abril, el juez de Alameda celebró otra audiencia para obtener información actualizada sobre los intentos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de restablecer las licencias. El estado declaró que aún está resolviendo su disputa con la administración Trump y que espera la resolución de los trámites legales relacionados, lo cual podría demorar meses. El juez acordó volver a tratar el asunto en octubre.
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