Más de 250 líderes del Condado de Saint Matthew se movilizaron este martes en Redwood City para exigir al gobierno estatal la restitución de más de 157 millones de dólares en fondos que, aseguran, les corresponden legalmente, y para demandar una solución permanente a un mecanismo de financiamiento que califican como injusto y obsoleto.
La concentración, realizada en la estación de bomberos número 9 del centro de Redwood City, reunió a funcionarios electos, líderes de seguridad pública, salud, educación, vivienda, organizaciones comunitarias y laborales, quienes advirtieron que la falta de acción estatal podría traducirse en la pérdida de más de mil millones de dólares en la próxima década.
“Este no es un pedido de recursos adicionales, es exigir lo que legalmente nos corresponde”, afirmó la presidenta de la Junta de Supervisores, Noelia Corzo.
“Necesitamos el pago completo de los montos adeudados y una solución legislativa permanente para que esto no vuelva a ocurrir”, agregó.
El conflicto gira en torno a los ingresos del Vehicle License Fee (VLF), un impuesto estatal relacionado con el registro vehicular que, según autoridades locales, no está siendo distribuido de manera equitativa.
Mientras 55 condados en California reciben el total de estos fondos, San Mateo es uno de solo tres que continúan siendo afectados por una fórmula de pago derivada de un acuerdo presupuestario de 2004.
Ese acuerdo implicó que los gobiernos locales aceptaran una reducción permanente en el impuesto a cambio de recibir ingresos estatales de reemplazo. Sin embargo, líderes del condado aseguran que esa promesa no se ha cumplido.
Las consecuencias, advierten, serían inmediatas y severas, pues de no restituirse los fondos, ocho refugios que albergan a cerca de 3 mil personas podrían cerrar; más de 5 mil 500 familias y adultos mayores en riesgo de desalojo perderían asistencia para renta; programas de alfabetización temprana para unos 7 mil 400 niños enfrentarían recortes, y servicios psiquiátricos para cientos de personas sin hogar podrían desaparecer.
“La demora no es solo un número en un presupuesto”, subrayó la supervisora Jackie Speier. “Es la diferencia entre tener suficientes camiones de bomberos para responder a emergencias o no, entre tener camas disponibles en refugios o no”.
Desde el sector social, la directora ejecutiva de Samaritan House, Laura Bent, advirtió que los recortes afectarían directamente a las poblaciones más vulnerables.
“Estos servicios no son opcionales; salvan vidas todos los días”, señaló.
El impacto también alcanzaría a la seguridad pública, dijeron, al tiempo que el jefe de bomberos del condado central, Dave Pucci, alertó que podrían incrementarse los tiempos de respuesta a emergencias, reducirse el personal y limitarse el mantenimiento de equipos e infraestructura.
A nivel estatal, legisladores como la asambleísta Diane Papan y el senador Josh Becker han respaldado la demanda del condado, advirtiendo que la falta de financiamiento comprometería avances en áreas prioritarias como vivienda y salud mental.
En paralelo, el condado y sus 20 ciudades, junto con Mono y Alpine, han emprendido acciones legales contra el estado para recuperar los fondos, mientras impulsan una campaña pública para visibilizar el problema.
El tema será analizado el próximo 21 de abril en un subcomité presupuestario estatal, mientras el gobernador tiene hasta finales de junio para definir el presupuesto.
“El reloj está corriendo”, advirtieron los funcionarios locales. Y con él, la capacidad de sostener servicios esenciales para miles de residentes.
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