By Thomas Hughes. Bay City News.
Más de una docena de jurisdicciones del Área de la Bahía están demandando nuevamente a la administración del presidente Donald Trump por retener fondos federales previamente autorizados por el Congreso, esta vez buscando desbloquear dinero para servicios de emergencia distribuidos a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.
La demanda civil presentada el martes en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California tiene como objetivo obligar al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos a desembolsar 350 millones de dólares en fondos que fueron asignados para la lucha contra incendios locales, preparación para terremotos e inundaciones, seguridad portuaria y de transporte, respuesta al terrorismo y otros programas relacionados con emergencias.
Se le unieron un total de 29 jurisdicciones en California, Arizona y Washington, incluidas cuatro jurisdicciones en el condado de Sonoma.
El abogado del condado de Santa Clara, Tony LoPresti, anunció el litigio en una conferencia de prensa en San José el miércoles junto con los abogados de la ciudad de San Francisco, San José y Oakland.
Otras jurisdicciones del Área de la Bahía que se adhirieron a la demanda civil incluyen las ciudades de Alameda, Berkeley, Palo Alto, Petaluma y Santa Rosa, así como los condados de Marin, San Mateo y Sonoma. La Comisión de Desarrollo Comunitario de Sonoma, la Agencia de Agua del Condado de Sonoma y el Distrito de Saneamiento del Condado de Sonoma también se unieron a la demanda.
La administración ha exigido el fin de los programas que incorporan consideraciones de diversidad, equidad e inclusión, políticas conocidas como iniciativas DEI, en las prácticas de empleo, y ha buscado condicionar la liberación del dinero al acuerdo de poner fin a dichos programas, así como a cooperar más con la aplicación de las leyes de inmigración.
“Los gobiernos locales no deberían tener que pasar una prueba de fuego política para poder cuidar de sus comunidades”, dijo LoPresti durante la conferencia de prensa afuera del Centro de Gobierno del Condado de Santa Clara en Hedding Street, que también se transmitió en la página de Facebook del condado.
Algunos de los fondos otorgados en el Área de la Bahía que han sido retenidos incluyen 3 millones de dólares para la prevención del terrorismo en el transporte público en San Francisco, 23 millones para la prevención de inundaciones en el Condado de Marin que afectan a 4 mil residentes y 3.6 millones de dólares para el Condado de Santa Clara que se utilizarán para el terrorismo y la mitigación de desastres, según la oficina del fiscal de la ciudad de San Francisco, David Chiu.
“En pocas palabras, amenazar esta financiación pone en riesgo vidas reales”, afirmó Chiu.
Aproximadamente el 43 por ciento del presupuesto para gestión de emergencias del condado de Santa Clara se financia con subvenciones federales de FEMA. El condado será sede del Super Bowl en febrero y de la Copa Mundial de la FIFA el próximo verano.
La fiscal de la ciudad de San José, Nora Frimann, también señaló que había alrededor de 10 mil direcciones residenciales en zonas designadas para incendios forestales en San José y que el área es una de las más activas sísmicamente en la nación y dijo que la financiación federal era fundamental para reducir los riesgos de esas amenazas.
Sylvia Arenas, representante del Distrito 1 y vicepresidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Santa Clara, afirmó que el condado tendría que retirar fondos de otros recursos esenciales para compensar la pérdida de fondos. Acusó a la administración de “priorizar la política sobre la vida de las personas”.
Arenas dijo que varios proyectos de gestión de emergencias podrían retrasarse o cancelarse.
Las subvenciones se otorgan a través de una variedad de programas específicos financiados por el Congreso que el DHS está obligado a pagar una vez que se aprueban las solicitudes, incluido el Programa de subvenciones para el desempeño de la gestión de emergencias, el Programa de subvenciones de seguridad nacional, la Iniciativa de seguridad de áreas urbanas, el Programa de subvenciones de seguridad en tránsito, el Programa de personal para una respuesta adecuada a incendios y emergencias (SAFER), la subvención de asistencia a los bomberos, las subvenciones para la prevención y seguridad de incendios, el Programa de subvenciones de seguridad portuaria, el programa de seguridad de las ciudades y el Sistema nacional de respuesta de búsqueda y rescate urbano.
Jill Habig, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro de derechos legales Public Rights Project, dijo en la conferencia de prensa que la administración estaba reteniendo fondos críticos para fines políticos.
“La administración Trump está utilizando el dinero de los contribuyentes como arma para obtener represalias políticas. Esto no solo es inconstitucional. Es peligroso”, afirmó Jill Habig, directora ejecutiva del Proyecto de Derechos Públicos.
Además de intentar lograr que las jurisdicciones pongan fin a las políticas DEI, el DHS también ha condicionado la liberación del dinero al cumplimiento de cualquier posible orden ejecutiva futura, algo que LoPresti también dijo que no era legal y que no se aceptaría.
Al igual que demandas anteriores que involucran a San Francisco y al condado de Santa Clara contra el intento de la administración Trump de retener subvenciones federales, la denuncia argumenta que el poder ejecutivo no puede dejar de pagar el dinero asignado por el Congreso, no puede establecer condiciones adicionales que originalmente se incluyeron en la legislación que autorizaba el dinero y no puede usar criterios “caprichosos” o arbitrarios para apuntar a jurisdicciones o retener fondos.
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