En nuestro actual entorno rico en información, el resultado de la actual guerra por el acceso a los datos tendrá tanto o más impacto que un aumento en la financiación de las operaciones sobre el terreno.
By Edward Kissam. American Community Media (ACoM). Peninsula 360 Press.
Cada vez hay más pruebas que demuestran que la administración Trump está utilizando el análisis de datos como arma para detener y deportar a inmigrantes, avanzando rápidamente. Los continuos avances en la tecnología de inteligencia artificial contribuyen a este esfuerzo.
La continua erosión de la privacidad digital que esto conlleva podría pronto permitir a la administración no sólo ampliar su guerra contra los inmigrantes sino también atacar de manera más eficiente a los enemigos políticos.
Un elemento central de la estrategia de la administración Trump es la explotación de las lagunas en la Ley de Privacidad, mediante la cual la mera acusación de criminalidad es suficiente para erosionar incluso la protección de la privacidad de los ciudadanos estadounidenses.
Las protecciones bajo la Ley de Privacidad solo se aplican a ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes, lo que deja a los inmigrantes indocumentados particularmente vulnerables. Sin embargo, incluso la protección de la privacidad de los ciudadanos estadounidenses se desvanece si se alega que están siendo investigados, como es el caso de dos exasesores de Trump acusados por el presidente de traición por las críticas que formularon durante y después de su primer mandato.
Más preocupante es la deferencia judicial a las afirmaciones del gobierno de que sus enemigos están “siendo investigados”, sin evidencia de que una investigación real esté en marcha o tenga alguna base.
En junio, la Corte Suprema falló a favor de una solicitud del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para acceder a los datos de la Administración del Seguro Social con el argumento de que estaba “investigando” fraude y despilfarro.
Los tres liberales del tribunal discreparon del fallo, y el juez Ketanji Brown Jackson escribió que la justificación de “emergencia” del fallo se basaba únicamente en que el tribunal “no podía molestarse en esperar a que se resolviera el litigio”. (Las demandas que impugnaban la solicitud de DOGE estaban pendientes).
Tal pretexto, añadió Jackson, “tradicionalmente ha sido insuficiente para justificar el tipo de intervención extraordinaria que busca el Gobierno”.
Mientras tanto, la adopción de tecnología de inteligencia militar (desarrollada en parte con base en el trabajo analítico de “cadena de asesinatos” de Palantir Technologies) para examinar estos datos recientemente disponibles significa que ahora el gobierno puede hacerlo con mayor precisión y a un menor costo.
Estos enfoques de análisis de datos en el campo de batalla ya se están utilizando para mejorar la capacidad del DHS para identificar, detener y deportar a inmigrantes. En abril, el DHS otorgó a Palantir un contrato de 30 millones de dólares para mejorar su Sistema de Gestión de Investigaciones y así identificar mejor a los inmigrantes para su detención.
“El software de Palantir ya está configurado para respaldar la misión y el entorno del ICE”, señaló el DHS al anunciar el contrato.
Juan Sebastián Pinto, ex empleado de Palantir Technologies ahora profundamente preocupado por la violación por parte de la compañía de sus principios iniciales para el análisis ético de datos, explica cómo funciona el proceso.
“En las operaciones militares actuales basadas en IA, las primeras fases de la cadena de ataque —encontrar y reparar— se centran en la recopilación de datos y la entrada de datos de sensores para identificar y categorizar a los sujetos como objetivos, amenazas o no objetivos”, escribe Pinto en su página de Substack . “Este tipo de categorización, conocida como ‘reparación’ en el contexto militar, permite a las corporaciones marcar a individuos para acciones específicas”.
Para los regímenes autoritarios, estos algoritmos de focalización —que se perfeccionan continuamente con nueva tecnología de IA— se pueden aplicar a cualquier grupo definido por el gobierno de enemigos percibidos, inmigrantes o no, con una eficiencia asombrosa y por unos pocos centavos.
Como era de esperar, el ICE y la CBP llevan mucho tiempo utilizando sus propios datos administrativos para determinar, por ejemplo, dónde realizar una redada en un lugar de trabajo. El problema radica en que la información puede estar desactualizada, faltar o ser ambigua (por ejemplo, varias personas con el mismo nombre).
Organizaciones como Palantir, con sofisticados análisis de datos basados en múltiples conjuntos de datos, pueden determinar mejor dónde se encuentra un objetivo específico. Además, gracias a una Orden Ejecutiva anterior, «Detener el Despilfarro, el Fraude y el Abuso mediante la Eliminación de los Silos de Información», firmada en marzo, el número de conjuntos de datos disponibles se ha ampliado significativamente. Entre ellos se incluyen:
- Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS)
- Servicio de Impuestos Internos (IRS)
- Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)
- Administración del Seguro Social (SSA)
- Departamento de Educación de Estados Unidos
- Servicio Postal de los Estados Unidos
Una consecuencia inevitable de este intercambio de registros es que la información proporcionada por los hogares de estatus mixto (en los que uno o más miembros de la familia son indocumentados) para obtener servicios como el SNAP para niños ciudadanos estadounidenses elegibles proporciona indicadores del estatus migratorio que permitirían que un padre indocumentado sea el blanco de ataques.
El acceso a los datos de una persona en particular en muchos de estos casos proporciona acceso a datos de todos sus miembros, algunos de los cuales pueden convertirse en “daños colaterales” cuando el registro de datos se utiliza para detenciones selectivas.
De manera similar, los algoritmos desarrollados por los expertos de Palantir podrían incorporar “indicadores” como inscripción en ESL o tratamiento médico que requiera un intérprete que no reflejan definitivamente la ciudadanía/estatus legal, pero que podrían usarse para construir modelos impulsados por IA para la segmentación.
En principio, cada agencia denegaría normalmente el acceso a los registros con información personal identificable de las personas, según lo exige la Ley de Privacidad. En el contexto actual, con la administración Trump debilitando las barreras que antes garantizaban nuestra privacidad, tales suposiciones son cualquier cosa menos ciertas.
En nuestro actual entorno rico en información, el resultado de la actual guerra por el acceso a los datos será tan importante o, podría decirse, más importante que el aumento de la financiación para las detenciones sobre el terreno por parte del ICE o la CBP, cuya autoridad ahora se ha extendido a todo el país.
Lamentablemente, la tradicional deferencia judicial hacia el poder ejecutivo, basada en el supuesto de que el objetivo del gobierno es una mejor gobernanza, ya no se justifica. Lo único que cabe esperar en este momento es una oleada de presión pública a favor de la integridad del gobierno y el compromiso con el Estado de derecho.
Edward Kissam es un destacado investigador y defensor de estrategias para abordar los problemas de salud que afectan a las comunidades inmigrantes. Ha dirigido investigaciones sobre cuestiones relacionadas con los trabajadores agrícolas y los inmigrantes, patrocinadas por el Departamento de Trabajo, la Comisión de Trabajadores Agrícolas y el Instituto Nacional para la Alimentación y la Agricultura. También es fideicomisario del Fondo de Donaciones Caritativas de la WKF.
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