Por Joe Dworetzky. Bay City News.
Un juez federal de San Francisco ordenó el jueves a la administración Trump que reincorpore a miles de empleados en período de prueba despedidos por orden de la Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos.
Los empleados en prueba son trabajadores federales en el primer o segundo año de su empleo, dependiendo del tipo de servicio.
El juez federal de distrito William Alsup dictaminó desde el estrado que los empleados de seis departamentos federales (Asuntos de Veteranos, Agricultura, Interior, Energía, Defensa y Tesoro) fueron despedidos indebidamente y deben ser reincorporados inmediatamente.
El fallo se produjo en una demanda presentada contra la OPM por sindicatos que representan a trabajadores federales y organizaciones no gubernamentales que se vieron afectados por los despidos.
La disputa surge de una directiva del 13 de febrero de la OPM y su nuevo director interino, Charles Ezell, que establecía que las agencias federales de todo el país debían despedir a decenas de miles de empleados federales en período de prueba. Las agencias debían utilizar un formulario estandarizado, supuestamente elaborado por la OPM, para notificar el despido.
La demanda, presentada el 19 de febrero, solicitaba al tribunal que invalidara los despidos alegando que la OPM no tiene autoridad legal para despedir a los empleados de la agencia. Esa facultad corresponde a las agencias.
El 23 de febrero, los demandantes pidieron una orden de restricción temporal para detener los despidos en curso mientras la disputa estuviera pendiente.
Alsup, un juez conocido por su enfoque directo y sensato, escuchó los argumentos de los abogados el 27 de febrero y, con base en dichas presentaciones, emitió una orden de restricción temporal. Concluyó que, si bien la OPM tenía autoridad para contratar y despedir a sus propios empleados, “no tenía la autoridad para ordenar el despido de empleados, en período de prueba o de otro tipo, en ninguna otra agencia federal”.
La OPM alegó que no ordenó los despidos, sino que simplemente solicitó a las agencias que realizaran una revisión exhaustiva de sus empleados en período de prueba. Alsup afirmó que los demandantes habían presentado una gran cantidad de documentación que demostraba lo contrario y, con base en ello, concluyó que los despidos eran probablemente ilegales, inválidos y debían ser detenidos y anulados.
El juez ordenó entonces la audiencia probatoria del jueves. Al término de la audiencia, prorrogó la orden anterior y ordenó la reincorporación inmediata de los empleados despedidos de las seis agencias.
Alsup también ordenó que no se despidieran más empleados en período de prueba y ordenó a la OPM no dar orientación a ninguna agencia federal sobre qué empleados deberían ser despedidos.
El juez aún no ha emitido su opinión por escrito, pero según Erik Molvar, director ejecutivo de Western Watersheds Project, uno de los demandantes en el caso, quien observó la audiencia, al juez le preocupaba que los documentos presentados al tribunal por el gobierno estuvieran “desinfectados” e incompletos.
Molvar dijo que el juez estaba “básicamente acusando al Departamento de Justicia de ocultar documentos que no respaldan su caso”.
Asimismo, estimó que el fallo afecta a miles de empleados de las seis agencias, aunque aún no se conoce el número preciso.
Según Danielle Leonard, una de las abogadas de los demandantes, “la ley es clara: la OPM no tiene autoridad para ordenar a las agencias federales que despidan a sus empleados. El fallo de hoy es un primer paso importante para responsabilizar a esta administración por estos actos ilegales”.
“Estos despidos masivos de empleados federales no fueron solo un ataque a las agencias gubernamentales y su capacidad de funcionar, sino también un ataque directo a las tierras públicas, la vida silvestre y el estado de derecho”, agregó.
Una solicitud de comentarios al abogado que representa al gobierno no fue aceptada de inmediato.
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