The Governor Gavin Newsom solicitó este miércoles al gobierno federal revelar cuánto le ha costado al país el despliegue militar que el presidente Donald Trump ordenó en el sur de California, pese a la oposición estatal.
La exigencia fue presentada formalmente mediante una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA), a 60 días de haberse activado a casi 5 mil miembros de la Guardia Nacional y de los Marines en Los Ángeles.
“Los estadounidenses merecen saber cuánto dinero de los contribuyentes gastó el presidente para orquestar este teatro político”, subrayó Newsom, quien denunció que la militarización ha tenido consecuencias económicas, sociales y legales en el estado.
Según testimonios presentados ante el Congreso, el Pentágono estimó en 134 millones de dólares el costo del despliegue, cifra que, hasta ahora, no ha sido aclarada con precisión. La solicitud presentada busca identificar todos los gastos relacionados con la activación militar desde el 7 de junio.
El despliegue federal y las redadas migratorias asociadas han provocado una caída del 3.1 por ciento en la asistencia laboral del sector privado, un descenso comparable solo al registrado durante el confinamiento por COVID-19.
Newsom ha sostenido reuniones con empresarios y líderes comunitarios para abordar las afectaciones. En Bell y Downey, escuchó testimonios de dueños de restaurantes y líderes religiosos sobre cómo estas acciones han dañado negocios locales.
De acuerdo con un análisis de UCLA Anderson, se prevé que la economía californiana se contraiga hacia finales de año como consecuencia de las medidas impuestas por Trump —incluyendo aranceles globales y operativos migratorios—, impactando sectores clave como la construcción, la hostelería y la agricultura.
Y es que, las proyecciones económicas son contundentes: las detenciones y deportaciones masivas podrían costarle al estado hasta 275 mil millones de dólares y una pérdida anual de 23 mil millones de dólares en ingresos fiscales.
Tan solo en 2022, inmigrantes indocumentados aportaron 8.5 mil millones de dólares en impuestos estatales y locales, cifra que podría aumentar a 10.3 mil millones si se les permitiera trabajar legalmente.
Hasta la fecha, 4 mil 700 de los 5 mil soldados desplegados ya han sido desmovilizados, pero 300 aún permanecen en servicio activo. Muchos de ellos han sido retirados de funciones esenciales en sus comunidades: médicos, policías, maestros, bomberos, técnicos, trabajadores agrícolas y servidores públicos.
Ante ello, Newsom urgió a liberar de inmediato a los soldados restantes para que puedan regresar a sus hogares y trabajos civiles.
La próxima semana, un tribunal federal escuchará argumentos en el caso Newsom vs. Trump, donde el estado de California cuestiona la legalidad de esta federalización de la Guardia Nacional.
La controversia ha provocado una reacción sin precedentes, pues un grupo bipartidista de 25 exgobernadores, junto a almirantes y generales de cuatro estrellas retirados y exfuncionarios de las Fuerzas Armadas, han presentado escritos amicus curiae en apoyo a California, señalando los riesgos que representa esta toma de control por parte del gobierno federal.
El consenso es claro: se trata de una amenaza directa a la soberanía estatal y a la correcta separación de poderes.
“Pongamos fin al acaparamiento de poder ahora”, concluyó el gobernador Newsom.
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