La expulsión masiva de migrantes sin documentos está impactando las industrias que dependen de su mano de obra barata, como la agricultura, la construcción, el turismo y la hostelería. Gobernadores y congresistas republicanos de Arkansas, Florida, Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Iowa, Ohio y Wisconsin creen tener la solución: eliminar normas que protegen a los menores de edad del abuso laboral para que ocupen los empleos abandonados.

Los republicanos están enfrentando fuertes reclamos por el impacto que su persecución de migrantes tiene en los distintos sectores de la economía que dependen de su mano de obra barata. Su propuesta es que los reemplacen niños y adolescentes.
El esfuerzo de reforma comenzó a tomar fuerza en 2022, cuando en Nueva Hampshire and New Jersey, cuyas legislaturas estatales se encuentran bajo control republicano, aprobaron las primeras leyes destinadas a permitir que los menores de 14 a 17 años trabajen más horas y por la noche.
En 2023, tomaron el relevo las gobernadoras republicanas de Iowa y Arkansas: la del primer estado, Kim Reynolds, permitiendo que desde los 14 años trabajen en ocupaciones peligrosas como la construcción, la fabricación de fuegos artificiales, la demolición de construcciones y las lavanderías industriales, y desde los 16, sirviendo alcohol en restaurantes; la del segundo, Sarah Huckabee Sanders, de plano eliminó la obligación de que los empleadores verifiquen la edad del niño u obtengan el permiso de sus padres.
Actualmente, los republicanos están impulsando iniciativas en este sentido en dos congresos donde tienen mayorías, Ohio y Wisconsin (en este último, rebajando la edad para trabajar sirviendo alcohol en bares y restaurantes hasta los 14 años), además de que el gobernador de Florida Ron DeSantis ha tomado el protagonismo en esta área con la propuesta más ambiciosa de desregulación del trabajo de menores, la Ley SB 918.
0Según la Coalición contra el Trabajo Infantil, es menos probable que los menores de edad rechacen los salarios bajos y que traten de sindicalizarse o exigir mejores condiciones laborales.
“¿Por qué decimos que necesitamos importar extranjeros, incluso ilegalmente, cuando antes los adolescentes trabajaban en estos complejos turísticos?”, declaró DeSantis. “¿Y qué hay de malo en esperar que nuestros jóvenes trabajen a tiempo parcial ahora? Bueno, así era cuando yo era niño”.

UNA COSTOSA CAMPAÑA ANTI-MIGRANTES
Varias figuras republicanas han expresado su rechazo en este tema. Por ejemplo, en 2012, el expresidente de la Cámara de Representantes Newt Gingrich llamó “realmente estúpidas” las leyes sobre trabajo infantil y propuso que los niños trabajaran como conserjes en las escuelas. Tres décadas antes, en 1982, el presidente Ronald Reagan intentó que los chicos de 14 y 15 años laboraran más horas y cobraran menos del salario mínimo, pero lo impidió un movimiento de demócratas, sindicatos, maestros, padres y grupos de desarrollo infantil.
Ahora, esa añeja inquietud se conjuga con la necesidad de atender las consecuencias de las políticas migratorias republicanas en las industrias de la agricultura, la construcción, el turismo y la hostelería, de las que el caso de Florida ofrece un buen ejemplo.
Una ley anterior, la SB 1718, impulsada por el gobernador DeSantis y vigente desde julio de 2023, impone el uso obligatorio de la plataforma digital E-Verify para empleadores con 25 o más puestos laborales, con multas de hasta mil dólares diarios por contratar trabajadores indocumentados, y la posible revocación de licencias comerciales; establece penas de hasta cinco años de prisión por transportar a un indocumentado a través de fronteras estatales y de hasta 15 años si se transporta a un menor o a más de cinco personas (un ciudadano estadounidense podría ir a la cárcel por llevar a su pareja o familiar indocumentado a Florida); prohíbe a los gobiernos locales emitir tarjetas de identificación a indocumentados y anula licencias de conducir emitidas por otros estados a personas sin estatus legal (lo que restringe la movilidad de los indocumentados y dificulta su acceso a empleos y servicios básicos); obliga a los hospitales a requerir el estatus migratorio de los pacientes (lo que los disuade de buscar atención médica), entre otras previsiones.
El resultado es la salida masiva de la mano de obra barata que empleaban granjas, construcciones, hoteles, restaurantes y otros servicios, e incluso el agravamiento de situaciones de crisis como las que se producen tras el paso de huracanes, cuando falta quién se encargue de las tareas de limpieza y reconstrucción. El Florida Policy Institute estimó que el costo de esta norma para la economía sería de 12 mil 600 millones de dólares solo en su primer año, debido a la pérdida de trabajadores y la derivada reducción en el consumo.

DEJAD QUE LOS NIÑOS TRABAJEN
El proyecto de ley SB 918, que está actualmente en discusión en el Congreso de Florida y fue redactado en la oficina del gobernador DeSantis, se ha planteado específicamente enfrentar la escasez de mano de obra causada por las políticas migratorias restrictivas y plantea lo siguiente:
Eliminar las restricciones que limitan la jornada de los adolescentes de 16 y 17 años a 30 horas semanales durante el ciclo escolar; a trabajar no más de ocho horas si van a la escuela al día siguiente; que les otorgan pausas obligatorias de 30 minutos para comer; y que les impiden trabajar después de las 11 de la noche.
Lo mismo con los de 14 y 15 años: no tendrán límite de horas de trabajo si terminaron la secundaria, cuentan con un permiso de exención escolar o están en programas de educación en casa o virtual; ni será obligatorio que descansen 30 minutos cada cuatro horas.
El proyecto fue aprobado el 25 de marzo por la Comisión de Comercio y Turismo del Senado floridano, y de ser aprobado por esa cámara, entrará en vigor el 1 de julio.
LOS MALOS RESULTADOS
Los críticos a estas iniciativas republicanas señalan los malos resultados en estados que ya han flexibilizado las leyes de trabajo infantil, como Iowa y Arkansas: aumento en las violaciones laborales, casos de lesiones y muertes de menores, y un impacto negativo en la educación y el bienestar de los jóvenes trabajadores, sin que hayan resuelto de manera sostenible la escasez de mano de obra.
Sindicatos como la AFL-CIO han denunciado un intento de reemplazar la mano de obra migrante con trabajadores más vulnerables, como los menores, que carecen de la experiencia y la formación para desempeñar trabajos físicamente exigentes o peligrosos, en lugar de mejorar las condiciones laborales o facilitar la integración de migrantes legales.
Grupos como la Coalición de Inmigrantes de Florida, han acusado a DeSantis de usar el trabajo infantil como una herramienta para justificar políticas anti-inmigración, ignorando el impacto económico y social de estas restricciones.
Además, el Florida Policy Institute presentó estudios que demuestran que trabajar más de 20 horas semanales durante el período escolar está asociado con mayores tasas de abandono escolar y problemas de salud mental.

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