El presidente Donald Trump ha emitido la orden de prohibir el derecho de ciudadanía por nacimiento; es así que, el próximo 15 de mayo, el Tribunal Supremo escuchará los argumentos relativos a las órdenes judiciales, de ser aprobada, afectaría a 255 mil niños cada año, creando una clase marginada de 2 millones 700 mil niños para 2045.
La orden del presidente estadounidense, emitida en su primer día en el cargo, afectaría a los niños nacidos de padres indocumentados, pero también afectaría a los niños nacidos en Estados Unidos con visas temporales, pues muchos de estos infantes se convertirán en apátridas.
La ciudadanía por derecho de nacimiento está consagrada en la 14ª Enmienda y se considera un derecho extendido a cualquier niño nacido en Estados Unidos desde 1868, mientras que, la orden ejecutiva de Trump intenta definir quién puede ser estadounidense.
Sin embargo, por mandato presidencial no es posible llevar a cabo estos cambios, pues se necesita un proceso legal, aseguró Martin Kim, director de defensa de la inmigración en Asian Americans Advancing Justice, durante una sesión informativa realizada por American Community Media (ACoM).
Kim comentó que la orden ejecutiva implícitamente se enfoca en individuos con padres sin estatus migratorio y con personas con una visa temporal, pero el argumento que utiliza el presidente Trump, es que, el presidente tiene el poder unilateral para decidir quién puede ser un ciudadano de Estados Unidos, y eso “es una propuesta muy peligrosa”.
Julia Gelatt, directora asociada del programa de Política de Inmigración de EE.UU. del instituto de Política Migratoria, explicó que el objetivo de la orden ejecutiva es reducir la migración ilegal y reducir el tamaño de la población inmigrante, pero al realizar una estimación del impacto, esta medida genera el efecto opuesto.
Incrementando la población ilegal unos 2 millones 700 mil niños en los próximos 20 años y 5.4 millones en los próximos 50 años, por lo que, la orden ejecutiva tendría un efecto negativo de varias generaciones.
“La anulación de la ciudadanía por derecho de nacimiento daría como resultado no intencional, aumentar el número de personas ilegales en Estados Unidos, en vez de disminuirla”, afirmó Gelatt.
Por su parte, Cesar Ruiz, consejero asociado de Latino Justice, explicó que este tema va más lejos de ser aprobado o no, pues demostraría que el presidente tiene demasiado poder frente al sistema judicial de Estados Unidos.
“Si el presidente tiene el poder a través de una orden ejecutiva para cambiar la constitución, entonces presentamos una crisis constitucional de muchas maneras”, reiteró Cesar Ruiz.
Además, dijo que el derecho a tener una ciudadanía, es un derecho universal de los seres humanos sin importar el estatus migratorio de los padres y eso no depende de la constitución, sino de la condición humana de las personas.
“No hay justificación en la constitución o en ninguna de nuestras leyes para la posición que ha tomado esta administración, no ha sido apoyado por ningún estatuto, está directamente fortalecido por la retórica de Trump y nada más”, expresó el también abogado.
Finalmente Ruiz comentó, “Creemos firmemente que ningún presidente debe tener el poder de modificar la constitución, ese poder es del pueblo y no del presidente porque si no sería muy catastrófico”.
El profesor Robert S. Chang, director ejecutivo del Korematsu Center for Law & Equality de la Facultad de Derecho de la UC Irvine, comentó que históricamente el derecho a la ciudadanía en Estados Unidos ha sido difícil de determinar, pues no existe estándares establecidos en color de piel, rasgos, raza u origen.
“Esto tiene que ver con quien puede determinar, si las personas pueden ser miembros integrales de Estados Unidos. Históricamente, las personas de color han sido atacados para negarles la ciudadanía, a través de naturalización o por derecho de nacimiento, si esta ley se elimina, entonces quien va a determinar las medidas para ser ciudadanos”, expresó Robert S. Chang.
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